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El machismo mata, la discriminación mata, la desigualdad mata…

Aportes para la denuncia y el debate sobre la grave situación de feminicidios en Argentina. Una mirada desde las mujeres migrantes

 

Silvia Romero

Abogada y traductora pública en inglés

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

silviacromero@hotmail.com

 

Ana María Téllez Luque

Psicóloga, Pontificia Universidad Javariana

Maestra (c) en Antropología Social

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

anmatelu5@gmail.com

 

 

Resumen: Estas líneas intentan compartir algunos elementos que serán expuestos en la participación en la audiencia de oficio convocada para el mes de julio de 2017, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, sobre los Asesinatos de Mujeres en Argentina.

Palabras clave: migrantes, mujeres,  feminicidios

 

 

 

 

Fecha de recepción: 7 de julio de 2017

Fecha de aceptación: 12 de julio de 2017

 

 

 

Es urgente y necesario aprovechar todos los espacios, públicos y privados, de los que dispongamos las mujeres para denunciar, contar, informar y exigir los cambios estructurales y en los patrones de relación, que nos exponen a situaciones de desigualdad y por lo tanto de vulnerabilidad a diferentes manifestaciones de la violencia. En las calles, en la casa, en el trabajo, en las letras y en las audiencias decimos: Las mujeres no somos vulnerables, la desigualdad nos vulnerabiliza, por ello es necesario analizar con detalle las diversas formas en las que operan las desigualdades siendo fundamental focalizar la mirada en ese entrecruzamiento/imbricación diferencial, que se da entre el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo.

Estas líneas intentan compartir algunos elementos que serán expuestos en la participación en la audiencia de oficio convocada para el mes de julio de 2017, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, sobre los Asesinatos de Mujeres en Argentina. Claramente, este organismo hace eco de una denuncia colectiva y una urgencia social de actuar para que se detenga la muerte sistemática de mujeres en el país. El Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei, reveló que en los primeros 43 días de este año, 2017, se produjeron un total de 57 femicidios. Los hechos no han mermado, al contrario, van en incremento ante la mirada cómplice de numerosos sectores del estado.

La diversidad de los hechos de violencia y los feminicidios son un reflejo de la complejidad del fenómeno y nos obliga a realizar análisis en diferentes escalas, dimensiones y contextos, de este modo nos referiremos a algunos puntos que consideramos claves para comprender y conocer la violencia de género y los feminicidios ocurridos contra mujeres migrantes en Argentina.         

En la Argentina, alrededor del 4,5% de la población total es migrante, el 84,6% provienen de países de la región, y según el último Censo 2010, el 53,9% son mujeres, la mayoría en edad activa (entre 15 y 64 años). Esto implica reconocer que las políticas migratorias que se tomen necesaria y mayoritariamente van a impactar en la vida de las mujeres, en tanto mayoría migrante; así como que las políticas de género necesariamente deben contemplar una mirada diferencial si su cometido es incluir y “proteger” a mujeres diversas, incluidas las migrantes.

Según está ampliamente documentado, las mujeres migrantes están sobreexpuestas a variadas situaciones de violencia tanto en los países de origen, en el tránsito migratorio como en los lugares de destino. Algunos de los factores que propician las situaciones de violencia son: las dificultades para regularizar la situación migratoria; la falta de redes de apoyo y contención; el acceso deficitario a derechos sociales; la falta de conocimiento del idioma; el desconocimiento de los derechos como mujeres y como migrantes; la discriminación social e institucional; entre otros. Por estos motivos se ha catalogado como sujeto de especial protección en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, sea cual fuere su situación migratoria.

Sin embargo, es necesario señalar que las mujeres migrantes somos diversas, las condiciones que nos vulnerabilizan varían en función del lugar de nacimiento,  la etnia, la clase social, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros. Contemplar este punto es clave para el diseño de las políticas públicas y construir estrategias efectivas y eficaces para la protección de nuestros derechos.   

En el informe que entregamos a la Comisión, adjuntamos un listado de más de 40 asesinatos de mujeres migrantes ocurridos desde el año 2009. Es posible notar en dicho listado, que no es solamente la situación de “mujer” y “migrante” las que se configuran exclusivamente como elementos desencadenantes de las violencias, sino que es la intersección de múltiples factores de desigualdad social lo que ha llevado a estos hechos. Los asesinatos y la violencia de género contra mujeres migrantes alude necesariamente a condiciones socio-económicas específicas y a procesos culturales de discriminación.

Al respecto, vemos con preocupación algunas medidas que se han tomado en la Argentina en la actualidad y que profundizan las desigualdades, refuerzan la discriminación, y nos expone aún más a la violencia de género. Mencionamos específicamente dos:

 

  1. Medidas regresivas en la política migratoria, muestra de ello es la medida que tomó la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) en 2016 sobre la creación de un “centro para el alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 (ley de Migraciones)” considerando que esta medida criminaliza a los/as migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad. En la práctica, estas medidas establecen una privación de la libertad por cuestiones administrativas, recayendo sobre el migrante la responsabilidad de esta situación y evitándose al mismo tiempo que el Estado asuma su responsabilidad de contar con mecanismos idóneos para la resolución de esas dificultades administrativas. En la actualidad no se conocen mecanismos o disposiciones específicas para la protección de mujeres en situación de encierro en este tipo de establecimientos. 

Otra medida que preocupa enormemente y que puede invisibilizar y acrecentar la violencia de género contra las mujeres migrantes es la expedición por parte del Presidente Mauricio Macri del Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU- 70 de 2017. Este instrumento modifica la actual Ley de Migraciones en puntos fundamentales: Las condiciones de denegación de residencia y expulsión, la cancelación de la residencia, el trámite de expulsión, las condiciones para la asesoría legal, las condiciones de detención y la ley de ciudadanía. Estas modificaciones, justificadas en datos estadísticos manipulados sobre un supuesto inminente riesgo a la seguridad nacional a causa del narcotráfico, apuntan a facilitar y legitimar los procesos de expulsión de determinados “tipos” de migrantes (pobres y algunos en conflicto con la ley) so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, criminalizando no sólo la migración sino también la pobreza.

Este decreto significó una regresión en los derechos y las garantías de las mujeres migrantes porque las estigmatiza, debido a que aumenta las causales por las que se puede tramitar la expulsión de un/a migrante, principalmente relacionadas con la existencia de antecedentes penales, tanto del país de origen como los locales. Al/la migrante se le puede abrir un expediente de expulsión o pérdida de residencia por el sólo hecho de tener un proceso abierto, independientemente de tener una condena firme, lo que significa que se puede expulsar y que luego se demuestre se inocencia. Lejos de promover la integración de las personas migrantes a la sociedad argentina, este decreto equipara a los migrantes con delincuentes, generando una mayor discriminación y xenofobia hacia ellos/as. Observamos que el efecto que tiene esta modificación sobre las mujeres migrantes es alejarlas de la institucionalidad y disuadir las denuncias de los hechos de violencia que sufren, ya sea producidos en su lugar de trabajo, en su casa o la vía pública, por temor a ser expulsadas. A raíz de la estigmatización que el decreto promueve y la persecución a la que pueden verse sometidas las personas migrantes, las mujeres víctimas de violencia más difícilmente se acercarán a las instituciones para denunciar o recibir ayuda en su situación. También, se pone en peligro los lazos familiares de las mujeres migrantes, ya que la dispensa de reunificación familiar se ha reducido a un mínimo de supuestos y al momento de indicar si tiene hijos argentinos, se debe demostrar el vínculo, comprobando la convivencia, la relación económica y afectiva con el niño o niña en cuestión, pero claro, cabe preguntarse: La autoridad migratoria, encargada del procedimiento ¿Tiene las herramientas, el personal calificado y los recursos necesarios para asumir tal responsabilidad?

  1. La insuficiente inclusión y desconocimiento de nuestra situación, en tanto mujeres migrantes, en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019. En primer lugar, en su diagnóstico se tiende a homogenizar e invisibilizar las condiciones diferenciales de las mujeres, y en el monitoreo y seguimiento no se incluye la participación de organizaciones sociales y la sociedad civil, lo cual deja mucho para pensar en términos de transparencia y participación democrática. Sin embargo, reconocemos que hay algunas medidas[1] en las que efectivamente se dicen contemplar algunos aspectos diferenciales, no obstante resultan insuficientes, acotadas o descontextualizadas según nuestras realidades. Un ejemplo claro, son los Lineamientos generales de los Protocolos de Detección y Atención en el ámbito de salud y el trabajo.

El Protocolo de detección de la violencia y atención en el ámbito de trabajo propone exclusivamente sugerencias para trabajos desarrollados en el ámbito de lo público y formales; dejando por fuera a quienes tienen un trabajo informal, precarizado y/o en el ámbito privado. Este protocolo, por ejemplo, no puede aplicarse en el caso de trabajadoras de casa particular. Esta cuestión resulta muy significativa si tenemos en cuenta que el 17% de las mujeres en edad laboral trabajan en casas particulares en Argentina; de ellas, el 13% son migrantes, y 1 de cada 4 mujeres migrantes en Argentina trabaja como trabajadora de casa particular.

Adicionalmente, las medidas que dicen propiciar la autonomía económica y el empoderamiento, prevén la incorporación a programas sociales que solicitan el Documento Nacional de Identidad –DNI- para su ingreso, con lo cual se excluye a muchas mujeres migrantes. Y además, esta respuesta tampoco colabora con el proceso de regularización de las mujeres, en algunos casos la autoridad migratoria solicita una certificación laboral en relación dependencia, lo cual no aplica para estos planes sociales. 

Frente a los Lineamientos generales del Protocolo de Detección y Atención en el ámbito de salud, no existe una recomendación específica sobre la necesidad de incorporar como “mínimos” una perspectiva interseccional que contemple las particularidades de las mujeres en ámbito de la salud. Esto es una dificultad, que se repite en el eje trasversal de formación, dado que la sola inclusión de la perspectiva de género es fundamental pero no suficiente. En el trabajo de acompañamiento y asesoría que realizamos, hemos tomado conocimiento de casos en donde mujeres han quedado en una situación de vulnerabilidad económica y social aguda, luego que personal médico “formado en género” denunciara hechos de violencia de género contra ellas, pero sin contemplar sus recursos y situaciones diferenciales, lo cual generó nuevas situaciones de revictimización.  

 

Contextos de riesgo y feminicidios de mujeres migrantes: Impunidad y discriminación

 

Realizando el seguimiento de algunos casos de asesinato de mujeres migrantes en la República Argentina hemos podido constatar el incumplimiento de parte del Estado argentino de sus deberes internacionales, estipulados tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

 

En primer lugar, según la casuística estudiada, el Estado no garantiza el respeto a los derechos de las mujeres migrantes en todos aquellos casos en los que el personal policial y los funcionarios no están capacitados, ni sensibilizados en materia de género y migración, es decir, en una perspectiva interseccional. Conocimos un caso en el que una mujer migrante víctima de violencia de género, golpeada y ensangrentada, estuvo encerrada en una celda de una comisaría durante nueve horas hasta que llegó el médico forense para evaluarla. Mientras tanto, el agresor tomaba café con el comisario en su despacho. De este modo, también hay incumplimiento en la obligación de erradicar patrones socioculturales discriminatorios y en la falta de imparcialidad de las autoridades, situación agravada por no contar con las herramientas para abordar la singularidad del caso. La causa, en este caso, fue caratulada como "lesiones recíprocas" ya que el agresor tenía una mordida en el antebrazo que la víctima le produjo cuando intentó ahorcarla. En la Justicia Penal la causa tramita actualmente como "lesiones agravadas" a pesar de la muerte de la víctima a causa de esos golpes recibidos, meses después.

 

De igual forma, queremos informar del incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares; esto es la búsqueda de protección; la interposición de denuncias; litigar ante los tribunales civiles y penales y los procedimientos para el cumplimiento de la ley. En cuanto a la problemática específica de las mujeres migrantes, ellas deben soportar las prácticas institucionales discriminatorias por las cuales se le impide, por no contar con un documento argentino, realizar una denuncia en las comisarías y pedir medidas de seguridad. La falta de documento significa múltiples trabas burocráticas en el acceso a la justicia, lo que constituye un factor disuasivo. Esto ocurre a pesar que la ley plantea lo contrario.

 

Cabe mencionar que en algunos casos de feminicidios de mujeres migrantes, también hemos podido constatar denuncias realizadas por familiares de las víctimas contra fiscales que llevan los casos por tratos discriminatorios y violentos, e incluso por padecer comportamientos lascivos y amedrentamientos generando nuevas y graves re-victimizaciones. Lo que también resulta problemático en exceso sobre este punto, es que no se sabe de sanciones disciplinarias en estos casos, simplemente los funcionarios son cambados por otros, que reproducen, tarde o temprano, similares patrones.

 

En términos de acceso a la justicia, cabe también expresar la preocupación debida al cierre, reducción o “reacomodamientos” de algunos programas del Estado que han resultado claves para abrir alternativas territoriales al acceso a la institucionalidad de poblaciones “tradicionalmente” excluidas. Un ejemplo de ello son los Centros de Acceso a la Justicia –CAJs-, entidades que han resultado estratégicas para el acompañamiento de las mujeres migrantes en situaciones de riesgo y facilitar el acceso a medidas de protección y derechos sociales. 

 

Finalmente, dos cuestiones para cerrar este panorama: Algunas particularidades en los casos de feminicidios de mujeres migrantes sobre las condiciones para llevar adelante los procesos de acceso a la justicia, y el problema de las reparaciones.

 

Es totalmente atroz, terrible e inexcusable algún feminicidio, sus consecuencias trasforman radicalmente la vida de quienes hacen parte de los círculos más cercanos de las víctimas; así como trasforma y golpea la conciencia misma de la sociedad en su conjunto. Partiendo desde este lugar es que sólo pretendemos señalar algunas cuestiones que se refieren a los impactos diferenciales que sobrevienen en algunos casos de mujeres migrantes (internas e internacionales), como por ejemplo que es necesario tener en cuenta que estos feminicidios conllevan o pueden traer aparejadas otras migraciones forzadas, generalmente de otras mujeres, repitiendo un ciclo de violencias, discriminaciones y desigualdades. Familiares de las víctimas que no residían en el país se ven compelidos a migrar para asumir el proceso judicial en Argentina, lo cual altera totalmente con sus proyectos de vida y las/os expone situaciones muy problemáticas. No solamente deben conocer y enfrentarse a un sistema de justicia complejo y discriminatorio, sino que además deben acomodarse en el país de destino. Buscar trabajo, vivienda, regularizar su situación migratoria, todo ello implica altos costos, sumado al dolor por la pérdida del ser querido y la falta de redes de apoyo.   

 

En materia de reparaciones, el Estado tiene el deber de brindar reparaciones adecuadas e integrales a los y las familiares de las víctimas; así como llevar un mensaje a la sociedad por medio de la difusión y la acción simbólica que tienen estas medidas, para evitar la repetición de estas formas de violencia y lograr el “Nunca más” “Ni una menos”.

 

Sin embargo, la cifra de impunidad ya se constituye en una falta al proceso de reparación y resarcimiento individual y colectivo. Según la Oficina de la Mujer de la corte Suprema de Justicia de la Nación, con respecto a los femicidios cometidos durante 2016, 22 casos cuentan con sentencias condenatorias al momento de la recolección de los datos (marzo/mayo 2017) lo cual representa un 9% del total. Asimismo, se contabilizaron 3 sobreseimientos (1%) y no se registran sentencias absolutorias.  El 22% de las causas (53 de ellas) corresponden a otras formas de terminación del proceso durante la instrucción o en la etapa oral.  Asimismo, de las causas iniciadas en 2016, el 21% (52 causas) ya se encontraba al momento de la recolección de los datos en la etapa de juicio oral, mientras que un 47% (113 causas) permanece en la etapa de investigación.[2]

 

No obstante, las dificultades no quedan allí, hemos documentado situaciones en las que han sido negadas sistemáticamente las medidas de satisfacción solicitadas por  familiares de una mujer migrante víctima de asesinato. La falta de voluntad política, tanto el ejecutivo provincial de la provincia de Buenos Aires como de algunos sectores oficiales del legislativo es clara, algunas de las medidas por lo familiares de las víctimas no conllevan mayores recursos para el Estado y son fundamentales para restituir la dignidad de la víctima y su familia, así como también para transmitir un mensaje a la sociedad.

 

Por último, no hay información oficial sólida, unificada y amplia sobre los femicidios ocurridos en el país y esa ausencia dice mucho de las políticas estatales en materia de género. La legislación internacional estipula que los Estados son responsables de “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer[3]”, entre otras medidas necesarias para prevenir y erradicar la impunidad femicida. Por este motivo la ausencia de datos oficiales sistematizados, en un banco único, accesible y con información precisa y confiable es reveladora de cómo el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales.

 

Frente a los incumplimientos del Estado, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol esencial en la denuncia y visibilización de la problemática de la violencia de género que sufren las mujeres migrantes. En necesario generar acciones, incluida la  exigencia al estado, para informar a las mujeres migrantes sobre sus derechos, como mujeres y migrante, residentes en Argentina; realizar y fortalecer los procesos de capacitación para construir y sostener espacios de diálogos interdisciplinarios para facilitar el intercambio de experiencias, recursos y conocimientos, esto es asumir un rol activo y participativo dentro de la política como mujeres migrantes. Además, incidir en el diseño de estrategias para la orientación, acompañamiento e intervención específica que requieren las mujeres migrantes en el tránsito por instituciones vinculadas a la garantía de sus derechos sociales y los derechos vinculados al acceso a instancias judiciales. Y finalmente, llamamos a poner en valor el conocimiento que se gesta desde las organizaciones sociales, hay un saber emergente de la sistematización de las experiencias y prácticas que son insumos esenciales para la producción de conocimiento social y estadísticas en el campo de la violencia de género. De este modo, y sobre todo, como mencionó la Comisionada Margarette  May Macaulay, relatora de los derechos de la mujer, las organizaciones de la sociedad civil deben presionar al Estado para que éste cumpla con sus obligaciones internacionales e implemente la legislación nacional e internacional en sus políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres y los derechos humanos los derechos todas las mujeres, sin importar nuestras características, son titulares.

 

 

 

 

 

 

 



[1] Medida 11 y 12(Eje Prevención / comunicación) (Difusión y producción de material específico para diversos colectivos sobre línea 144, derechos y recursos de atención). Medida 14 (Eje: Atención integral/atención directa). Garantizar la atención a mujeres no hispanoparlantes. Medida 23 (Atención integral/salud). Efectivo cumplimiento de protocolos de atención en salud. Medida 24 (Atención integral/salud). Promover la figura del acompañante a mujeres migrantes en la ruta crítica. Medida 54 (Fortalecimiento institucional) Garantizar la participación de la sociedad civil consolidando un Programa de fortalecimiento institucional.   

[2] Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Oficina de la Mujer. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disponible en http://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2016.pdf.

[3] Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para". Art. 8, inc h.