Panorama del derecho a la propiedad colectiva en comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de Colombia frente a los intereses de empresas trasnacionales

Ariel Antonio Morán Reyes

Ph.D. (c) in Library and Information Science Profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, México



Resumen

En este trabajo se expone la apropiación (“legalizada” pero ilegítima) de tierras cultivables por parte de empresas trasnacionales agroindustriales en comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en las subregiones del Urabá y la Altillanura, en Colombia. Estas operaciones en territorio colombiano contravienen el derecho de propiedad colectiva establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y convalidado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Constitución Política de Colombia para el caso de los miembros de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas. Históricamente, estas prácticas han sido perpetradas por compañías de capital e interés extranjero, pero con testaferros nacionales, en colusión con autoridades gubernamentales de los tres niveles (municipales, departamentales y nacionales), además del aval de instituciones ambientales y representantes notariales.

Received: 2019 March 2; Accepted: 2019 June 29

5519. 2019 ; 7(14)

Keywords: Palabras clave derechos, propiedad colectiva, trasnacionales, agroindustria.
Keywords: Palavras-chave direitos, propriedade coletiva, transnacionais, agronegócio.
Keywords: Keywords rights, collective property, transnationals, agroindustry.

A la memoria de Carlos Enrique Restrepo Bermúdez (1975-2016)

Estamos bajo el imperio de la sociedad anónima. ¿Cómo llegó el mundo a tal estado? ¡Problema complejo! [...] La muerte de la libertad es un hecho cumplido hoy. Sindicatos, sociedades anónimas, etc. Todo, riqueza, honores, arte, ciencia, está dominado por la sociedad anónima.

Fernando González (2014, 98 y 101)

De ahí que en los pueblos de Suramérica vendan las riquezas potenciales, arreglen los conflictos internacionales sin atender a la herencia moral de los descendientes, sino a la tranquilidad de los gobernantes y al bienestar económico del presente. De ahí que en Suramérica, en donde la conciencia no pasa de los calzones, no prosperen las sociedades anónimas; se crean únicamente para especulaciones del momento.

Fernando González (2016, 17).

Preámbulo: Contexto internacional

El 13 de agosto de 2003 los miembros de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobaron las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. Estas normas tuvieron como finalidad vincular a las empresas con diversas responsabilidades en materia de derechos humanos, derivadas de sus operaciones industriales y mercantiles. Si bien no todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos estuvieron a favor de lo que se prescribía en el documento, muchos organismos sí apoyaron estos preceptos, dado que en su contenido se mencionaba explícitamente la necesidad de crear y reforzar los mecanismos nacionales e internacionales para que las empresas respondan por aquellas transgresiones a los derechos humanos que sean demostrables en tribunales facultados. En contraste, la mayoría de las corporaciones trasnacionales se opusieron a dichas normas sobre todo por la manera en que se les podría percibir por parte de la sociedad civil para tales casos. En este sentido, estas prescripciones representaron, un intento histórico para hacer que las empresas foráneas asumieran responsabilidades por sus abusos contra los derechos humanos: “Las Normas afirman haber recibido su autoridad legal de sus fuentes en tratados y del derecho internacional consuetudinario como una reafirmación de los principios jurídicos internacionales aplicables a las empresas” (Tapia Gutiérrez 2014, 209).

En su contenido, las formulaciones de tales normas constituyen una expresión reiterada y reelaborada de varios de los principios del derecho internacional (el derecho internacional humanitario, el derecho internacional del trabajo, el derecho ambiental internacional, derecho internacional privado) y de las leyes de cada país (derechos locales del consumidor y leyes anticorrupción nacionales, principalmente). A lo largo del último medio siglo, los Estados y las organizaciones internacionales han continuado con la labor de expandir la codificación de estos tratados internacionales sobre derechos humanos que protegen los derechos individuales y colectivos, contra las violaciones de empresas trasnacionales con apoyo de organismos gubernamentales. De forma paralela a la creciente atención al desarrollo del derecho penal internacional —y como respuesta a las violaciones de protección durante algún conflicto armado, el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad—, se ha puesto cada vez más atención en la responsabilidad corporativa de los graves abusos contra los derechos humanos.

Dentro de su amplio abanico, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, en su artículo 8, fracción 2, inciso (b, señala puntualmente que: “Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de [...] Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos” (UNESCO 2018, 7). Este derecho se funda, a su vez, en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prescribe el derecho de propiedad colectiva, y que tiene como antecedente al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Este derecho es convalidado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Vid. Toro Huerta 2010, 50), y por algunos países en sus mandatos nacionales, como la Constitución Política de Colombia, en el caso del derecho de propiedad colectiva de los miembros de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, en sus artículos 329 y el transitorio 55 (Corte Constitucional 2016, 90 y 113).

A pesar de todo lo anterior, y pese a que El Estado colombiano manifiesta abiertamente su adhesión a dichos protocolos sobre derechos humanos (celebrados por organismos internacionales), sus políticas públicas y planes de acción gubernamentales no son concordantes con los compromisos suscritos. Esta inconsistencia ha encaminado a la nación colombiana hacia una tensión constante en medio de conflictos latentes, situación descrita a través de lo que Carlos Enrique Restrepo denominó como una “paz armada”, es decir, “una paz bajo amenaza garantizada por toda especie de ‘organismos’” (Restrepo 2012, 37).

La agroindustria trasnacional en tierras comunales de los afrodescendientes en el Urabá chocoano

En Colombia se vive una larga tradición de violaciones sistemáticas a derechos humanos sobre sectores sociales vinculados con el aprovechamiento de recursos naturales, las cuales han sido perpetradas por el binomio empresas privadas/organismos gubernamentales, con ayuda de grupos paramilitares[1]. Durante las gestiones de los presidentes Andrés Pastrana Arango (en el periodo 1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (en su primera etapa de 2002-2006), se suscitaron una serie de despojos de títulos colectivos de tierras a consejos comunitarios afrocolombianos, lo cual trajo como consecuencia el desplazamiento de sus comunidades. Éste es un fenómeno complejo, y no se le puede considerar reciente, aunque vaya sumando rasgos contextuales de cada momento económico-político. La historia social colombiana en el siglo XX arroja una multiplicidad de ejemplos de este tipo. En 1936, Fernando González Ochoa, filósofo antioqueño y Cónsul de Colombia en Génova y Marsella entre 1932 y 1935, apuntaba lo siguiente sobre esta situación:

Colombia produce bananos, y son de la United Fruit Company; produce platino, y es de ingleses; produce petróleo, y es de anglosajones (excepción hecha de algunas acciones que poseen las familias de los expresidentes); produce café, y es de los yanquis, que lo compran barato durante las cosechas y lo venden caro a Europa apenas lo han reunido; y produce esmeraldas, que no se sabe quién se las roba: nunca han dado un centavo para el país. Tiene ocho millones de peones azadoneros y no hay leyes para ellos; ganan nada. Tiene unos treinta mil obreros de fábrica y empresas industriales, sifilíticos, para quienes se han dictado todas las leyes sociales imaginadas por el socialismo de los pueblos industriales (González 2014, 76).

Precisamente la compañía United Fruit participó con la Fuerzas Armadas de Colombia en la Masacre de la Bananeras, en 1928, en el Magdalena. Años más tarde, en el Departamento de Cundinamarca:

El nacimiento del cultivo de flores para la exportación en Colombia estuvo marcado por la alianza entre empresarios colombianos e inversores estadounidenses en la década de los sesenta. Desde entonces hasta los noventa el crecimiento de la floricultura fue exponencial [...] Actualmente, el sector está concentrado en grandes empresas y en los últimos años esta tendencia se ha intensificado: solo seis empresas concentran el 60% de las ventas de la mayor parte del sector (Campanini et al. 2014, 51).

En el caso de la palma africana (elaeis guineensis), es de gran importancia establecer que el plan para su producción ha tenido, en términos históricos, un notable motivo económico internacional, cuantimás en los últimos años, sobre todo por la crisis de los precios del banano, a partir de la apertura comercial, pero también por su utilidad para producir biodiesel. De hecho, el principal insumo para la producción de este agrocombustible es el aceite de palma, más aún que el aceite de soya y el aceite de colza (Elkisch Martínez 2018, 187-188). Tal situación orilló en los años noventa a la Asociación de Bananeros de Colombia (conocida como Augura, ya que anteriormente se designaba como Asociación de Agricultores y Ganaderos de Urabá) a convocar a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) para diseñar un esquema de regeneración agroindustrial para la subregión del Urabá, basado en la apropiación generalizada de tierras que tradicionalmente le han pertenecido a colectivos afrodescendientes. Este proyecto fue el que propició el despojo sistemático de tierras pertenecientes a comunidades negras por el derecho consuetudinario. Antes, incluso, de que se suscitara tal usurpación, ya había bananeros en esta zona atraídos por la posibilidad de un plan de expansión ilegal semejante. Con el tiempo, se adhirieron, por diversos intereses, empresarios foráneos (con prestanombres nacionales), cuerpos guerrilleros, palmicultores del Magdalena, grupos de transportistas de Medellín y floricultores del oriente antioqueño. Se conformaron así empresas de capital trasnacional ataviadas con una fachada nacional.

En 1999 se fundó la primera empresa surgida de este plan de renovación: la Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá, S. A. (Urapalma). De manera subsecuente, y casi en serie, se sumarían las compañías: Palmas del Curvaradó, Ltda., Inversiones Agropalma & Cía., S. en C., Agropecuaria Palmas de Bajirá, S. A., Inversiones La Tukeka, Palmura, S. A. y Extractora Bajirá, S. A. C. I. (Alfonso Sierra et al. 2011, 57-8). Esto trajo, por supuesto, el usufructo y la sobreexplotación de tierras por parte de estas compañías palmicultoras, en connivencia con entes del Estado, que tenían también un profundo interés en su producción (defendiendo convenios de comercio agrícola de la Organización Mundial de Comercio, que promovían la intervención de capital extranjero, derivados de la Conferencia Ministerial de Seattle de 1999). A partir de esto, los Estados comenzaron a apoyar cada vez más “leyes internacionales suaves” (Vid. Pariotti 2009), es decir, legislaciones no vinculantes, que no sancionan a las empresas trasnacionales por acciones que hayan cometido y que violen cualquiera de las libertades y prerrogativas asentados en el proyecto nacional de derechos humanos.

Según los economistas Angélica Giraldo y Adrián Gutiérrez, si se examina “con más especificidad las exportaciones de productos agrícolas es posible ver incrementos importantes durante el periodo 2001-2014 en algunos de los bienes considerados como ‘prioritarios’ por el gobierno colombiano y que en su mayoría son producidos por el sector agroindustrial, como es el caso del [...] aceite de palma (31%)” (Giraldo Durán 2018, 70). Este incremento de producción acarreó, por otro lado, consecuencias ambientales, ya que muchas tierras destinadas a otros recursos naturales fueron transformadas ex professo para los cultivos de la palma africana. Este cambio abrupto a un sistema de monocultivo hizo infértil gran parte del suelo (hasta 75 cm de profundidad), pues se elimina casi por completo la capa orgánica para otro tipo de cultivos, como el grano blanco (arroz), tan necesario para el desarrollo alimentario de la zona, por lo que también se violenta el derecho a la alimentación de las comunidades afrocolombianas. La tecnología empleada para sostener el monocultivo de la palma permite incrementar el rendimiento por hectárea cultivada, pero en el largo plazo, dada la pérdida de fertilidad del suelo de textura arenosa y limosa, se requieren cada vez más insumos para mantener dicha producción, e incluso “cuando existe una degradación severa, la productividad es limitada, aun utilizando grandes dosis de fertilizantes y pesticidas” (Rosset 2016, 282).

Estas tierras despojadas —emplazadas en los municipios de Curvaradó y Jiguamiandó— fueron restituidas en 2005 gracias a la Defensoría del Pueblo (un órgano constitucional autónomo), a través de la Resolución Defensorial núm. 39 (llamada “Violación de los derechos humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó”). Cabe reiterar que la conformación de estas compañías entramó la complicidad de organismos gubernamentales de los tres niveles (municipales, departamentales y nacionales), además del aval de instituciones ambientales y representantes notariales. Al respecto, Alejandro Teitelbaum apunta que:

El Estado colombiano ha ofrecido al capital foráneo ventajosas condiciones de inversión difícilmente superadas por otros Estados, a la vez que existen empresas trasnacionales que, deseosas de entrar a los microcírculos financieros internacionales, apuestan a la desnacionalización de sus capitales. Algunas empresas nacionales han sido llevadas a la quiebra y, aprovechando esta situación, conducidas a la privatización, jugando un papel importante la corrupción. Así mismo, muchas de las empresas estatales privatizadas, previamente han sido enfrentadas a inverosímiles condiciones de competencia y, como consecuencia de ello, señaladas como inviables permitiendo su absorción por los capitales internacionales (Teitelbaum 2007, 13).

El proceso de usurpación de estas tierras se concreta cuando son aseguradas por fuerzas policiales o militares inmiscuidas. Se presentan, entonces, fenómenos de desplazamiento y repoblamiento con personas y grupos ajenos a las comunidades originarias (Vicher 2015, 59-61). Toda esta orquestación estructural de actores privados y públicos ha posibilitado la usurpación ilegítima de los territorios afrocolombianos, a todas luces contraria lo que establecía la Ley 70 de 1993, que protege la propiedad territorial de las comunidades negras. Básicamente, se pueden identificar dos tipos de compraventa de posesión de derechos y mejoras para la “legalizar” el arrebato de tierras:

1) Compraventa a personas que adujeron poseer la propiedad de los territorios antes de la expedición de los títulos colectivos, o a los líderes de los consejos comunitarios. Inclusive, la expedición de actas de compromiso ficticias.

2) Compraventa de baldíos de propiedad privada adjudicados a miembros de las comunidades excluidos de la titulación colectiva.

A su vez, estas relaciones de compraventa se han realizado bajo las siguientes modalidades:

a) Adjudicatarios-personas naturales (testaferros);

b) Adjudicatarios-empresas productoras de palma de aceite;

c) Adjudicatarios-accionistas o ejecutivos de dichas empresas;

d) Adjudicatarios-paramilitares.

Por todo lo anterior, en los años de 2002 y 2005, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos emitió una serie de señalamientos al Estado colombiano, conminándolo a que implementara medidas administrativas para ejecutar una restitución legalizada de las tierras usurpadas. A partir de esto, el otrora INCODER se vio instado a admitir, a través de un informe, que “el 93% de las áreas sembradas con cultivos de palma de aceite se encuentran en territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras” (Alfonso Sierra et al. 2011, 58-9). Si bien estas acciones constituyen logros sociales de suma relevancia, debe acotarse que no son pocas las empresas palmicultoras que han optado por asumir una postura de insurrección frente a los dictámenes estatales y supranacionales. De hecho, varias de ellas se han organizado para formar un bloque estratégico a fin de que puedan conservar, al menos, algunas de las zonas anteriormente ocupadas, con medidas tan endebles como ofrecer empleos emergentes a los habitantes de las comunidades o crear regímenes conjuntos con los consejos comunitarios para promover el ecoturismo.

La agroindustria trasnacional en resguardos indígenas y tierras campesinas

Además de la población afrodescendiente, las comunidades indígenas también han sido objeto de usurpación de sus tierras y del usufructo ilegal y desmedido por parte de corporaciones trasnacionales. La etnia kuna tule, por ejemplo, situada en la subregión del Urabá antioqueño y chocoano, ha tenido que padecer la rapiña de los empresarios, además algunos otros hechos que los han constreñido socialmente, a saber: los brotes de virus endémicos, como la malaria (el plasmodium vivax); la reorganización del paramilitarismo con el surgimiento de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); además de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación en 1991 y su constante persecución por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Alì 2010, 130). Debido a estos acontecimientos, con reiterados repliegues a lo largo de los años, se han propiciado desplazamientos de comunidades, algunos forzados y otros voluntarios, debido a la presencia de estas facciones guerrilleras y grupos del narcotráfico, pero también del propio Ejército Nacional (un ejemplo de esto fue el atentado perpetrado por dos helicópteros militares que abrieron fuego contra los habitantes del resguardo Caimán Nuevo el 16 de diciembre de 2013).

Todo este contexto socio-político y económico es determinante para la intervención de compañías multinacionales, ya que “operan en zonas políticamente sensibles son susceptibles de encontrarse implicadas en acusaciones de violación de los derechos humanos; en particular, cuando una compañía está involucrada en una asociación empresarial conjunta con el gobierno del Estado de acogida (como es el caso de la empresa petrolera British Petroleum en Colombia y Repsol en Argentina)” (Giner 2008, 71). Juan Hernández recalca sobre este suceso que:

Las prácticas de Repsol en Arauca-Colombia son un ejemplo muy clarificador de lo expuesto [...] Repsol opera principalmente en el departamento de Arauca asumiendo la exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas u’wa y guahibo. Opera de tres maneras diferentes pero complementarias: asociada a la empresa estatal ECOPETROL [la empresa más grande de Colombia], en consorcio con la transnacional estadounidense Oxy y en solitario (Hernández Zubizarreta 2009, 301).

A este respecto, habría que hacer memoria y aludir el infame Caso Santo Domingo, perpetrado el 13 de diciembre de 1998. El hecho en cuestión se suscitó cuando aeronaves militares de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon la población de Santo Domingo, en el Departamento de Arauca, bajo el argumento de que se trataba de una plaza estratégica de las FARC (bajo el operativo Pantera II). El ataque dejó 17 muertos, 7 niños incluidos. Algunos estudios efectuados por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, señalaron que las víctimas murieron a causa de un dispositivo explosivo tipo clúster, bomba de fabricación estadounidense, arrojada desde un helicóptero equipado y destinado para la lucha antidroga, guiado por pilotos y aeronaves norteamericanas. Según los dictámenes de las investigaciones, los objetivos abatidos fueron establecidos por altos mandos del ejército colombiano y por la empresa estadounidense AirScan, Inc. Aunado a esto, se supo que la empresa petrolera estadounidense OXY (Occidental Petroleum Corporation) apoyó esta operación, ya que facilitó la transportación de brigadas de mercenarios, además del abastecimiento de combustible, e inclusive el pilotaje del helicóptero. Puede observarse que existió una relación estrecha entre las empresas AirScan y OXY, cuyo motivo (el interés económico) se derivó del interés por la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos, lo cual se agrava al estar involucradas en actos de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Los ganaderos y empresarios del banano (musa paradisiaca) en la zona del Urabá lograron imponerse en estas zonas de la región, apropiándose por vías legales e ilegales de porciones importantes de tierra pertenecientes, en realidad, a indígenas en situación de pobreza extrema, quienes tenían pequeños sembradíos de caña de azúcar, maíz, arroz, yuca, ñames, mangos, pimientos, etcétera, además de los guineos (Calvo Buezas 1990, 157; Román Saavedra 1974, 36-9). Maurizio Alì apunta que:

Estas empresas, obviamente, se realizaron partiendo de la ocupación ilegítima de la tierra de las familias kunas que vivían allí, las cuales se vieron obligadas a escapar y a refugiarse en Arquía: la misma suerte que tocó en seguida a las comunidades de Sapitanel (en 1962) y Cutty (en 1983). En estas últimas localidades, el proceso de colonización fue planeado por los sacerdotes claretianos, dirigidos por el padre Alcides Fernández, con el objetivo de fundar pueblos con la anuencia del Gobierno tanto local como nacional. Caburgana y Sapsur, a diferencia de los otros asentamientos tradicionales de los kunas, no fueron ocupados: sus habitantes acogieron las ofertas de compradores extranjeros interesados en adquirir aquellas hermosas bahías para convertirlas en centros de descanso (Alì 2010, 48).

Por esta razón, el Estado comenzó a declarar a algunas zonas con población preponderante indígena como áreas reservadas, denominadas por las leyes colombianas como “resguardos indígenas”, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia, en su artículo 329: “Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable” (Corte Constitucional 2016, 110). En estos espacios territoriales, los indígenas pueden ejercer su derecho de planeación, gestión y autodeterminación, ya que cuentan con un título de propiedad comunitario, de acuerdo a las prescripciones de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en su artículo 3°, numeral 17: “Para que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los raizales y la población Rom ejerzan su derecho de planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en armonía y concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales” (Ministerio del Interior y de Justicia 2011, 16).

Cabe destacar que los consejos comunitarios de asentamientos indígenas han implementado una serie de mecanismos para lograr la restitución de sus títulos colectivos. Entre ellos han estado la conformación de Zonas Humanitarias y de Refugio y Áreas Protegidas de Diversidad Biológica, bajo la tutela de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.[2] El grueso de la población kuna tule en el Urabá está emplazada en los resguardos indígenas de Arquía, en el Municipio de Unguía (Departamento de Chocó) —llamado Makkilakuntiwala en su propia lengua— y en el de Caimán Nuevo, situado entre las jurisdicciones de los municipios de Necoclí y Turbo (en el Departamento de Antioquia), en las tierras ribereñas del estuario del Río Caimán. Este último resguardo —conocido como Ipkikuntiwala por los indígenas— fue establecido con esta denominación jurídica a partir de 1998 por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), luego Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) —desaparecido desde 2015— y cuenta con una extensión territorial de 100.81 km2 de selva húmeda tropical. Como lo señala Maurizio Alì:

En la actualidad, hay muchas empresas nacionales y extranjeras que están mirando al Urabá como sede privilegiada para la realización de proyectos y megaproyectos con un fuerte impacto socioambiental, contando con la ya observada anuencia del Estado, en función de su interés hacia todo lo que pueda impulsar el desarrollo económico del país. El objetivo manifiesto de estas empresas es aquello de “destapar” el Darién y franquear así aquella barrera de selva que impide una comunicación directa entre las dos mitades del continente americano, dotándolo también de una infraestructura industrial y de transporte (Alì 2010, 113).

Tanto en el Urabá como en otras regiones agrícolas de Colombia, el discurso oficialista suele justificar el intervencionismo de empresas trasnacionales al aseverar que en estas zonas, ricas en recursos naturales, la pequeña producción agrícola no es factible (por lo que el Estado excusa la decisión de no brindar apoyo a los pequeños agricultores), así que el apoyo se otorga únicamente a los grandes productores. En la Altillanura colombiana, la pequeña producción ha mostrado ser más que sustentable y, de hecho, resulta ser más provechosa que las medidas que se fomentan a través de las deficientes políticas agrícolas dirigidas a los pequeños productores, las cuales consisten en pasar a ser mano de obra de la gran producción o rentar su tierra a ésta. Para ganar relevancia, ante la omisión gubernamental, han tenido que organizarse en asociaciones regionales.

A esto habría que sumar las consecuencias ambientales que suele traer la intervención de las empresas trasnacionales en estos terrenos. Por ejemplo: “La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, lanzó la campaña ‘Monsanto Mata’, en denuncia por el herbicida glifosato con el cual se fumigan las zonas rurales colombianas desde el inicio del Plan Colombia. Se propone el boicot a los productos de Monsanto, la formación y capacitación en cuanto a alternativas y acciones concretas” (Vicente 2013, 72).

Se confirma, pues, que existen, básicamente, dos formas en que las empresas trasnacionales pueden afectar las condiciones de los derechos humanos en el país receptor: a través de efectos directos e indirectos. Los efectos directos se traducen en afectaciones evidentes a la vida de la población del país de acogida, ya sea física, económica o de otro tipo:

Algunos de los impactos generados por las corporaciones transnacionales en Colombia son: privatización de los servicios públicos, precarización del trabajo (se denunció que hay 30,000 trabajadores precarizados en la industria petrolera), concentración de la tierra (64.7% de la tierra está en manos del 0.4% de los terratenientes), destrucción del medio ambiente y la biodiversidad. Es alarmante la denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos: 4 millones de desplazados (10% de la población), 50,000 desaparecidos en los últimos cinco años, 7,500 detenidos y detenidas políticas (Vicente 2013, 162).

En cuanto a los efectos indirectos de la actividad de las empresas trasnacionales, Bjørn Letnes señala que dependen de: (1) la relación entre la actividad de la empresa y el desarrollo económico; y (2) la relación entre el desarrollo económico y los derechos humanos o la democracia (2004, 169). Se asume, entonces, que las empresas trasnacionales llegan a aportar algún efecto positivo en la población que las acoge, el cual llega a ser sumamente visible, pero con consecuencias que no son fácilmente perceptibles, por lo que tampoco pueden ser atribuibles a sus operaciones mediante evidencia. No obstante, si se analiza con cuidado:

La inversión extranjera en Colombia era, en 1991, de 400 millones de dólares, mientras que, en 2005, era de 5.000 millones. Analizados los datos, se comprueba que el PIB se mantiene en sus niveles históricos, la tasa de paro crece debido a los despidos masivos efectuados por las empresas transnacionales tras las privatizaciones de las empresas públicas y el índice de pobreza por el ingreso también crece. Es decir, la extracción de capitales por parte de las transnacionales hunde el país y sus índices sociales y económicos se deterioran cada vez más (Hernández Zubizarreta 2009, 138).

La Altillanura es una subregión ubicada en la región de la Orinoquía colombiana. Está conformada por los municipios: Puerto López, Puerto Gaitán, Mapiripán (Departamento del Meta) y Cumaribo, Santa Rosalía, la Primavera y Puerto Carreño (Departamento del Vichada). La región hace parte de extensas sabanas tropicales, que ocupan un 20% de la superficie terrestre. Se caracterizan por tener una topografía plana que permite la mecanización agrícola, pero las condiciones físicas de los suelos sugieren un uso prudente de esa actividad (Rippstein 2001).

Antes de la década de 1980, esta subregión dedicaba grandes extensiones de tierra a la ganadería, ya que los tipos de suelo eran valorados como poco propicios para los diversos agrocultivos. No obstante, con el descubrimiento de técnicas cálcicas, para normalizar los niveles de acidez del suelo y hacerlo más fértil, fue posible expandir la frontera agrícola con cultivos de arroz, sorgo y algodón en algunas zonas, que recientemente se han ido sustituyendo por monocultivos de soya, maíz, palma africana y caucho. Actualmente las actividades económicas que priman son la ganadería extensiva y minería (Molina-Portilla 2016). Con la introducción de nuevas tecnologías de producción agrícola extrapoladas desde Brasil a la Altillanura, se despertó un fuerte interés hacia la región por parte del sector empresarial extranjero, la cual empezó a ser vista como una zona desaprovechada. A partir de los últimos años, en especial desde 2008, la inversiones en la Altillanura, al igual que la compraventa de tierras, ha incrementado de forma considerable, estimulada por los altos precios de los productos alimenticios y derivados del petróleo a nivel internacional, pero igualmente por el avance de la seguridad en la región, con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Esto ha traído como resultado el fomento a las políticas de desarrollo agroindustrial y minero-energético en la zona. Pese a que la Altillanura no posee precisamente una tradición consolidada en el desarrollo de agrocultivos (sumado este hecho al inadecuado uso del suelo en todo el país), las políticas agrícolas implementadas se han enfocado en la extensión de las actividades agrícola mediante la creación de zonas especiales y una feria de titulación de baldíos, en vez de reordenar la producción existente. El cambio abrupto del uso de suelo, ha traído consecuencias medioambientales. Con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se planteó una estrategia de aprovechamiento productivo, integración y desarrollo de la Altillanura. La infraestructura es la principal estrategia sobre la región, sobre todo en materia de carreteras entre Villavicencio y Puerto López y la navegación por el Río Meta, pero no contempla medidas de sustentabilidad en una zona que se ha vuelto vulnerable en los últimos años.

Dada la naturaleza de la producción de los cultivos, que consiste en la producción a gran escala con base en el capital de trasnacionales, las empresas pueden no necesariamente especializarse en un solo cultivo, ya que las grandes planicies de tierra son preparadas con la inyección de toneladas de cal y fertilizantes. Prácticamente cualquier terreno (sea cual sea su uso de suelo natural), puede ser intervenido para sembrar casi cualquier cosa, gracias a técnicas industriales. En esa medida, las empresas han podido saltar de cultivo en otro aun sin tener mayor experiencia en ello. Tal es el caso de Indupalma, Ltda., que adquirió en el Departamento de Vichada 25,000 hectáreas para la siembra de caucho, mientras que en el pasado se había dedicado a la siembra de palma de aceite en otras zonas del país.

La llegada de las empresas agroindustriales a zonas como la Altillanura ha traído algunos efectos económicos sobre los precios del suelo, un incremento de la concentración de la tierra y cambios en la producción agrícola de la región. Las recurrentes adquisiciones de grandes extensiones de tierra en la Altillanura han dado lugar a una fuerte especulación sobre los precios de la tierra. A esto, habrá que agregar (además de los mencionados megaproyectos de infraestructura) la proveeduría de bienes públicos y los incentivos fiscales y aduaneros a la producción agroindustrial emprendidos por el Estado. La falta de apoyo a pequeños y medianos agricultores ha provocado la subutilización de las tierras, y muchos han recurrido incluso a prácticas de ganadería extensiva. La reciente dinámica de fomento y difusión de la industria agrícola por parte de los organismos estatales ha conducido a un desarrollo “desordenado, injusto y poco inclusivo”, que como se vio en páginas anteriores no logra mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región y que al contrario ha generado conflictos por tierra (La Rota-Aguilera 2016).

Al igual que en el Urabá chocoano y en el Urabá antioqueño, el desarrollo de la agroindustria en la Altillanura ha mantenido como su principal mecanismo la apropiación tanto legal como ilegal. La re-escrituración de los títulos de tierras y la gestión de estas adjudicaciones ha estado inclinada, claramente, hacia las empresas trasnacionales, pasando por alto el derecho de propiedad colectiva. Cuando campesinos y comunidades indígenas acuden por protección y por su derecho de titulación (pues llevan muchos años allí asentados), la gestión suele ser dilatada, ante lo cual las instituciones gubernamentales argumentan al respecto que el proceso de restitución de tierras es oneroso en demasía. Pero cuando los que impugnan son corporaciones de grandes capitales, el otorgamiento llega a darse de forma casi inmediata y diligente (La Rota-Aguilera 2016). En el 2004, el INCODER otorgó títulos de cesión a tres empresas multinacionales para constituir el predio La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia guahibo, que hacen parte del resguardo Awalibá, en Puerto Gaitán, Departamento de Meta. No obstante, cinco años después, el mismo instituto restituyó los derechos de propiedad colectiva a esta comunidad indígena.

Epílogo

En este trabajo, se realizó un sucinto análisis sobre algunos casos en los que empresas trasnacionales han interferido con el derecho de propiedad colectiva de algunas comunidades afrodescendientes e indígenas en Colombia. Estos casos de usurpación ilegal de tierras (y también de afectaciones ambientales), no sólo se presentan en el Urabá (en los Departamento de Antioquia y del Chocó) o en la Altillanura (en los Departamento del Meta y del Vichada), sino que ha sido una situación recurrente en regiones en las que abundan recursos naturales, que son potenciales insumos para la agroindustria extranjera.

Esto no significa que las acciones de ilegalidad de las compañías foráneas se limiten al despojo y al usufructo­, derivadas de la corrupción. En otros casos, se han violentado las condiciones de trabajo de ciertos sectores hasta llegar al esclavismo o al asesinato de líderes sindicales y campesinos, como ocurrió con Luciano Enrique Romero Molina (dirigente del sindicato de trabajadores de Nestlé en Colombia) (Teitelbaum 2007, 75-6) y otros más, como el hostigamiento de dirigentes gremiales por parte de la empresa bananera Chiquita Brands en el Urabá (Jiménez Peña 2014, 70). Cabe destacar la labor de algunos líderes que continúan en pie de lucha, como Ligia María Chaverra, matriarca de la comunidad afrodescendiente en Curvaradó, Chocó (corregimiento declarado zona humanitaria de refugio, mediante resolución de la CIDH).

La presencia de las trasnacionales también se hace sentir en los medios de comunicación, siendo TeleSUR una de las pocas herramientas “al servicio del ideal de integración latinoamericana y caribeña, es decir, una televisión para la integración” además de constituirse como “una alternativa informativa a las grandes cadenas privadas y su pensamiento único, con una agenda social latinoamericana” (Carballal Cano 2009,135).

Colombia ha sido el primer país en adoptar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) para su Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas. Gonzalo Berrón señalaba hace tres años que “Colombia es el único país de América Latina que tiene plan y, según esa lista, Brasil, México, Chile y Argentina están desarrollando los suyos” (2016, 153). En el Plan Nacional colombiano se puntualiza que el sector de la agroindustria, debe ser abordado como una prioridad, debido a que es uno de los rubros que genera mayor conflictividad social por sus impactos en derechos humanos y el medio ambiente. México tuvo su primer Plan Nacional de Derechos Humanos durante el periodo 2014-2018, en el cual se promovía el enfoque de los derechos humanos en el sector privado, así como en las políticas y actividades empresariales en las áreas de la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural, la pesca y la alimentación. Actualmente, está en espera para mediados de 2019 el nuevo Plan (Olivares Alonso, 2019). Contrario a lo que señala Gonzalo Berrón, Brasil cuenta con el Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) desde 2009. Chile, a partir de 2017, puso en marcha también su Plan Nacional de Derechos Humanos.


Notas
[1].

fn1 Gran parte de la literatura en esta materia no suele hacer distinción entre grupos paramilitares y las autodefensas. Para Mauricio Romero, los cuerpos paramilitares son “grupos armados organizados para realizar operaciones de limpieza política y consolidación militar, previas al dominio territorial de un área”, mientras que las autodefensas hacen referencia a aquellas “agrupaciones organizadas para defenderse de un agresor y mantener el control de un territorio, sin pretensiones de expansión” (Romero 2003, 38). Algunos trabajos más exhaustivos han abordado el fenómeno del paramilitarismo señalando cuatro enfoques: “el primero concibe el paramilitarismo como instrumento de contrainsurgencia y guerra sucia del Estado; el segundo resalta en su potencial estratégico y de coaliciones con actores locales y regionales [autodefensas]; el tercero concibe el paramilitarismo como actor autónomo del Estado, y el cuarto discute la subordinación del paramilitarismo al narcotráfico y a la búsqueda de otras rentas” (Cruz Rodríguez 2007, 118).

[2].

fn2Esta ONG está conformada por miembros adherentes a diversas confesiones religiosas cristianas. Se guía por las directrices del derecho internacional en materia de derechos humanos para acompañar procesos organizativos en comunidades afrodescendientes e indígenas, principalmente, las cuales reclaman la legitimidad de sus derechos sin recurrir al uso de la violencia, pese a estar localizadas en zonas de conflicto armado.

Referencias
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