Formas de apropiación bioeconómica de los bienes comunes

Formas de apropriação bioeconômica de bens comuns

Forms of bioeconomic appropriation of common goods

 

 

Oscar Useche Aldana

Instituto de Noviolencia y Acción Ciudadana por la paz INNOVAPAZ

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO

Bogotá, Colombia

ouseche@uniminuto.edu

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8342-7015

 

Fanny Naranjo

Instituto de Noviolencia y Acción Ciudadana por la paz INNOVAPAZ

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO

Bogotá, Colombia

ligia.naranjo@uniminuto.edu

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8877-4622

 

 


 

Resumen: Colombia ha padecido un largo conflicto armado cuyas mortales y devastadoras consecuencias se han cargado sobre los hombros de la población más vulnerable. Las más afectadas han sido las mujeres, quienes han desplegado sus fuerzas para avanzar en la construcción de paz y la convivencia. La guerra ha contribuido a configurar el modo bioeconómico del poder sobre la vida y, con sus megaproyectos extractivos, ha creado nuevos territorios para el libre mercado. Estas estrategias expulsan numerosas comunidades de sus lugares y afectan en forma severa los ecosistemas. Al mismo tiempo, se hacen cada vez más intensas las expresiones de resistencia social y se ligan a la emergencia de territorios para la vida, a la conservación y ampliación de los bienes comunes y a la reconstrucción de las relaciones que fueron destruidas por la guerra y por formas voraces del mercado trasnacional vinculado al extractivismo.

 

Palabras clave: territorio; bioeconomía; mercado; comunidades; conflicto.

 

Resumo: A Colômbia sofreu um longo conflito armado cujas consequências mortais e devastadoras foram pesadas sobre os ombros da população mais vulnerável. As mais afetadas foram as mulheres, que empregaram suas forças para avançar na construção da paz e da coexistência. A guerra ajudou a moldar o modo bioeconômico de poder sobre a vida e, com seus megaprojetos extrativistas, criou novos territórios para o livre comércio. Essas estratégias expulsam numerosas comunidades de seus lugares e afetam gravemente os ecossistemas. Ao mesmo tempo, expressões de resistência social tornam-se cada vez mais intensas e estão ligadas ao surgimento de territórios para a vida, para a conservação e expansão de bens comuns e para a reconstrução das relações que foram destruídas pela guerra e pelas formas vorazes do mercado transnacional ligadas ao extrativismo.

 

 

Palavras-chave: território; bioeconomia; mercado; comunidades; conflito.

 

Abstract: Colombia has suffered a long armed conflict whose deadly and devastating consequences have disproportionally affected the most vulnerable population. The most affected have been women, who have deployed their strength to work toward the construction of peace and coexistence. War has shaped the bioeconomic mode of power over life and, with its extractive megaprojects, has created new territories for the free market. These strategies displace numerous communities from their lands and severely affect ecosystems. At the same time, expressions of social resistance intensify and are linked to the emergence of territories for life, to the conservation and expansion of the commons, and to the reconstruction of the relationships that were destroyed by war and voracious forms of the transnational market linked to extractivism.

 

Key words: territory; bioeconomy; market; communities; conflict.

 

 

 

Fecha de recepción: 19 de marzo de 2019.

Fecha de aceptación: 28 de junio de 2019.

 

 


 

 

 

 

 

*[1]

Introducción

En Colombia, muchos sectores de población tienden a organizarse y conformarse como sujetos solidarios y constructores de bienes comunes para aminorar los efectos de la crisis incrementada que ha traído consigo el neoliberalismo.

Con la entrada del neoliberalismo, surge el libre comercio, como una de las formas concretas de su aplicación y  se afianzan como un sistema que intenta dominar y someter a su administración integral no solo a las formas de vida humanas, sino a mirrumpiendo comohumanas a comoo,    vitales o bio econúltiples especies naturales, irrumpiendo como un espacio específico del biopoder (Foucault 2006). Esto es, ya no solo se disciplina el trabajo y se generan formas de encierro y disciplinamiento social, sino que se desarrollan potentes dispositivos de control y se activan grandes máquinas de subjetivación destinadas a conocer y dirigir los comportamientos de las poblaciones humanas y naturales. Como dice Foucault: “(…) tiende a tratar la “población” como un conjunto de seres vivos y coexistentes, que exhiben rasgos biológicos y patológicos particulares y, por consiguiente, corresponden a saberes y técnicas específicas.” (Foucault 2006, 415).

Las políticas neoliberales le asignan la mayor prioridad al campo de la gestión económica de las poblaciones y territorios y profundiza la lógica antropocéntrica por la cual se busca someter a la racionalidad económica de mercado las intrincados y singulares dinámicas de reproducción de sistemas naturales, queriendo hacerlos tributarios de la lógica de acumulación y ganancia capitalista. Estos procesos configuran la cuestión bioeconómica como una esfera específica del biopoder neoliberal. La gestión bioeconómica adelantada por el neoliberalismo abarca tres grandes planos:

  1. El del agenciamiento de los territorios y la implantación de políticas de población que le hagan posible el desarrollo de nuevas formas de producción, que no se restringen a la producción de bienes y servicios contenidos en esa relación social que es el capital, sino que, en sentido estricto, producen formas específicas de territorialidad y de modos de vida social.

La matriz territorial del neoliberalismo en estos aspectos es la de “despejar” los territorios para sus proyectos extractivos de gran minería y agroindustria de exportación, eliminando poblaciones enteras (humanas y no humanas), por la vía del destierro o de la aniquilación. Los bienes comunes constituidos por las sociedades locales son un objeto de captura de primer orden para esta bioeconomía neoliberal. Hay un enorme riesgo en el uso que el capitalismo les ha dado a los llamados bienes comunes y a la pérdida de su posesión por parte de las comunidades. Hay un agudo proceso de privatización de bienes, tan decisivos para la vida, como el agua y la tierra. Pero también sobre los bienes comunes construidos como monumentos históricos, las vías y los intangibles como las tradiciones y las costumbres ancestrales. Se ha roto el consenso social previo de que todos ellos están para ser usados, aprovechados y usufructuados por y para todos y todas por igual (Alonso y Piñeiro 2015; Federici 2010a, 2010b; Mattei 2013; Ostrom 2000).

En consecuencia, hay una clara dimensión política que hace que el concepto de los “Bienes Comunes”, y la ubicación de estos, no se restringe a la propiedad dentro de las esferas pública o privada, sino que atañen a la satisfacción de necesidades y al otorgamiento de condiciones de vida, y, por tanto, nos emiten los valores comunes en nociones como la justicia social.

2.  El de la expansión del campo de la gestión económica humana a los distintos componentes o confines de la biósfera, que es el complejo ecosistema de relaciones de vida natural. La bioeconomía dominante hace evidente el conflicto de racionalidades que allí surge: René Passet lo pone en estos términos:

(…) mientras que la naturaleza obedece a una lógica de la interdependencia y la circularidad (los grandes ciclos biogeoquímicos, la fotosíntesis en virtud de la cual los residuos de vida son a la vez fuentes de vida), la decisión económica se apoya en una relación lineal causal simple, que compara las relaciones de un gasto (…) con un resultado. (…). En los ritmos naturales, cuyo desarrollo y sincronización abarcan miles (a veces, millones) de años, la gestión económica introduce la ruptura de las maximizaciones a corto plazo (…) (Passet 1996, 30).

Este plano es el de la imposición de la lógica de la valorización económica a los flujos de la vida natural. Esto en los territorios tiene la consecuencia de la apropiación de los bienes comunes naturales (procomún) como un stock disponible para la acumulación ampliada capitalista mediante un uso intensivo y depredador fijado exclusivamente conforme a la ecuación costo-beneficio.

  1. El plano de la seguridad. El aseguramiento de las poblaciones es el contexto que hilvana el lugar de enunciación del mercado, con los drásticos ejercicios políticos que hacen proliferar los estados de excepción. La guerra es la forma por excelencia de los estados de excepción y allí los principios constitucionales son sustituidos por la implantación, como norma, de regímenes endurecidos, arbitrarios y sumamente violentos. Allí: La excepción se hace regla y entonces toda arbitrariedad es posible: (Agamben 2005, 40 y 96).

El régimen se transfigura en una institución policiva que sofoca con medios militares lo que considera una amenaza continua a sus megaproyectos de parte de enemigos deslocalizados y, muchas veces, sin rostro. Por esta senda las sociedades van desembocando en una guerra civil molecular, una especie de confrontación micropolítica que desata nuevos órdenes regidos por la necesidad de protección. Las redes sociales y las adscripciones colectivas se disgregan y son reemplazadas ahora por la institucionalización de la guerra y del mercado y por la angustia producida por el miedo que nos arroja al individualismo y la desconfianza sin atenuantes.

La naturalización de la razón bioeconómica se expresa en un estado de guerra permanente que conduce a que los conflictos se conviertan en una amplia gama de espacios de entrecruzamiento entre la guerra y el mercado, entre la razón “biopolítica” encarnada en la “seguridad” y lo que podríamos denominar la razón “bioeconómica”.

Ahora bien, como todo esto ha implicado una profunda reingeniería del Estado por el modelo neoliberal y ello ha implicado su abandono de las obligaciones que había asumido el funcionamiento del Estado de Bienestar, en la etapa anterior de acumulación capitalista, ahora plantea que las necesidades vitales de la población sean resueltas con criterios de mercado, abandonado a su propia suerte a los empobrecidos. Esto ha traído consecuencias dolorosas y deterioro de la calidad de vida de las mayorías.

Pero, igualmente, ha propiciado la emergencia de espacios comunes que conduce a una reestructuración de lo público y a experimentaciones para la producción de los territorios de lo común, de la producción de bienes comunes, como modos concretos de resistencia a la bioeconomía neoliberal. De esa manera emerge un amplio campo de lo público no estatal y de los derechos auto gestionados por las comunidades.

Estas resistencias se ubican en el proceso de creación de nuevas fuerzas productivas de naturaleza social, que proyectan modos novedosos de comunidad, que aprenden en medio de la guerra, muchas veces sumidos en el desamparo del destierro y la agresión continuada de fuerzas violentas. El papel de la potencia resistente de las mujeres ha sido determinante para que emerjan territorialidades de paz que resisten a la guerra.

Oscar Se presenta en primer término, en este texto, un panorama de las relaciones entre guerra y bioeconomía, analizando algunos momentos particulares de la puesta en marcha en Colombia de la política de libre comercio y del impulso a la economía neocapitalista caracterizada por el extractivismo. Luego se aborda la cuestión de los bienes comunes y cómo, la disputa por estos, define en buena mediad la reconfiguración de los territorios del mercado, de la guerra, o de las resistencias. Más adelante se analiza la gestión de las mujeres de los bienes comunes, su papel en las territorialidades de paz y cómo juega la vida como bien común. Se finaliza con una reflexión sobre el devenir de las resistencias sociales en estos contextos tan difíciles.

Este artículo es un producto de la investigación: “Lo Común y el Uso de los Bienes Comunes como Expresiones de Nuevas Ciudadanías y Territorialidades para la Paz en Colombia”, del grupo de investigación, Ciudadanía, Paz y Desarrollo de UNIMINUTO.

 

 

Guerra, neoliberalismo y bioeconomía

Dentro de los análisis que hemos podido fortalecer como autores de la investigación, “Lo común y el uso de los bienes comunes como expresiones de nuevas ciudadanías y territorialidades para la paz en Colombia”, apoyados en Gutiérrez Francisco y los Informes del Centro de Memoria Histórica “Basta Ya”, el conflicto armado interno que sostuvo Colombia durante más de 60 años, generó grandes problemas estructurales que no se pueden corregir de la noche a la mañana. Entre ellos la economía de guerra y de mercados de libre competencia como el narcotráfico y la entrada de grandes megaproyectos de inversión extranjera para extraer las riquezas del suelo y del subsuelo colombiano, acentuaron las crisis de polarización política, económica y social en la población colombiana.  En el país es muy paradójico que las regiones más azotadas por la violencia, son las que registran mayor intensidad de las disputas entre los actores armados y la población local, también en donde se han dado las más graves y nefastas afectaciones en los ecosistemas y las comunidades que residentes en estos territorios.

En los últimos seis años, con las políticas de una puesta en marcha del libre comercio y el impulso a la economía neocapitalista, supuestamente abiertas para todos los ciudadanos, ha lanzado a los sectores populares y las clases menos favorecidas, a proponer sus propios medios de empleo, defendiéndose solas, en la creación de sus propias fuentes de subsistencia y de empleo.

A partir del año 2012, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia con Estados Unidos, la amplia capa de la población colombiana y los agentes económicos del país, tuvieron que afrontar nuevas condiciones para desarrollar sus actividades y competir de manera más directa con las empresas extranjeras, a pesar de que las actividades económicas de libre emprendimiento, figuren amparadas en el Artículo 333 de la Constitución Nacional de 1991, la cual señala “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. 

En la investigación que la coautora de este artículo adelanta con las mujeres rurales de Cantagallo, sur de Bolívar, en cuanto indagar por las afectaciones de la guerra y la creación de nuevas territorialidades para la paz, en donde los bienes comunes se convierten en potencia para defenderlos, administrarlos y posesionarse de ellos, hemos identificado vivencias de ecofeminismo práctico[2]. Así que la tan democrática apertura de que todos los emprendedores, pueden libremente incursionar en la generación de sus propios negocios y medios, para materializar la generación de empresas y promoción de iniciativas productivas competitivas, que les permitan contribuir a superar la desigualdad, no ha sido tan fácil. A los sectores rurales pobres, esta política los ha abocado a complejas dificultades, primero por la disputa de la propiedad y posesión de la tierra y también por las altas inyecciones de dinero que requieren los proyectos que se emprenden. Los esfuerzos competitivos son imposibles para los campesinos de las regiones que cultivan la tierra y extraen los productos alimenticios, lo cual los han trasladado a otros enfrentamientos, que se dan en el escenario de los territorios en guerra, por la producción, el mercado, la subsistencia y por la vida. En estas mismas condiciones también se ven afectadas las mujeres tanto de zonas rurales como urbanas con sus pequeñas empresas y proyectos productivos de emprendimientos individuales o colectivos. Los escasos recursos para poder competir en iguales condiciones son cortapisa para sus proyectos e iniciativas, pues caen en una mayor pobreza y desesperanza cuando no tienen recursos y se ven obligadas a endeudarse con bancas privadas, para poder producir a pequeña escala. En caso contrario, se ven orilladas al sometimiento de quienes poderosamente cuentan con la inversión en los recursos, los comercializan y capitalizan (Artículo: Bienes Comunes y Territorios de Paz en Colombia[3].

La readecuación de este modelo, construido a principios del siglo XIX, a las condiciones del siglo XXI, es la justificación teórica del abandono de los incipientes procesos de industrialización que se habían impulsado en la segunda mitad del siglo XX en regiones como América Latina. Se retorna entonces a un modelo primario exportador asentado en la idea de que nuestra ventaja comparativa es la producción de bienes del sector primario (especialmente el petróleo y la minería), desacelerando el proceso de la industria y de agricultura (ya que se dan pautas de producción especializada en este sector, que sean destinados a la agro-exportación), ese modelo podemos llamarlo extractivismo[4].

La generalización de la economía extractiva, en manos de grandes compañías trasnacionales, ha significado la depredación de los territorios, agravando su situación ambiental y despojando a las comunidades de sus bienes comunes (biodiversidad, agua, oxígeno, cultura, etc.) Esto se ha convertido en un proceso de intensificación de las políticas de captura de la vida (biopolítica) por los grandes poderes mundiales, replicado a escala en cada uno de los territorios. La multiplicación de dispositivos de control de la vida es una característica de la administración neoliberal del nuevo modelo productivo global. Para decirlo en términos de Foucault, se trata de una forma muy agresiva de gubernamentalidad.

Esta nueva gubernamentalidad biopolítica le asigna a la economía funciones de conducción de fenómenos (que para el efecto se naturalizan), relacionados con la producción, la gestión y la distribución de bienes y servicios, o sea funciones vinculadas con la producción y reproducción de la vida. La administración de estos procesos vitales implica acicatear y guiar prácticas económicas que, en sí mismas, son aparatos de enunciación que trazan señales para la afirmación de una lógica del ejercicio de gobierno, cuyos principios y métodos responden a razones económicas como la de la mayor eficacia con el menor costo (Useche 2013, 267).

Tales tendencias han diagramado los territorios como contenedores de los vectores del capital a expensas de las formas de existencia de las comunidades y de la supervivencia de las demás especies naturales. Con ello se constriñen o reorientan las potencias para la reproducción de la vida en los territorios impidiendo u obstaculizando la capacidad de los sujetos de restablecer las conexiones que hacen posible la resonancia de los campos morfogénicos y liberar las energías primordiales.

Estos son los rasgos dominantes en los procesos globales, la materialización de este modelo ha implicado guerras locales en muchos países como Colombia. Aquí, los actores armados durante mucho tiempo han desarrollado disputas por el control del territorio pretendiendo convertirse en poderes soberanos que irrumpen sobre la dinámica social y cultural de las comunidades, procurando a través de la presión violenta escindir a la población y agruparla en campos amigos o enemigos. Estas lógicas violentas propenden porque la población quede polarizada y adscrita a la zona de control de cada actor armado.

En la medida en que su poder militar se lo permita, cada actor de la guerra procura el más minucioso control, limitando los movimientos de la gente, regulando las actividades cotidianas, apropiándose de las pertenencias de las familias y de los bienes comunes, ejerciendo a discreción atribuciones de castigo, es decir, desplegando diversas modalidades del biopoder. La población solo excepcionalmente se involucra activamente en la confrontación armada.

 

 

La lucha por los bienes comunes

Son bienes de mérito, que se conectan con los modos de existencia y que redefinen el concepto de ciudadanía, si tenemos en cuenta, con Foucault, que la ciudadanía moderna incluye un personaje doble, jurídico legal, por un lado, y económico por el otro. Existe, afirma, “el sujeto de interés” y el “sujeto de derecho”, en que el primero siempre “inunda” al segundo, es irreducible a él y está sujeto a una lógica y una forma de gobernanza completamente diferentes. Michel Foucault, The Birth of Biopolitics…, op. cit., 274 y 282 [Nacimiento de la biopolítica…, op. cit., 315 y 325-6].

Este sujeto, el homo politicus, conforma la sustancia y la legitimidad de lo que sea que pueda significar la democracia más allá de asegurar el abastecimiento individual de fines individuales; este “más allá” incluye la igualdad y la libertad política, la representación, la soberanía popular y la deliberación y el juicio sobre el bien público y el común. Si este proceso llegara a completarse, si en verdad se desvaneciera el homo politicus, oscurecería cualquier posibilidad en el orbe de un futuro democrático o de cualquier otro futuro justo. Por consiguiente, la historia pareciera sostenerse: en la vida intelectual y práctica, el homo oeconomicus ha desplazado al homo politicus. (Brown 2015, 67).

En el caso colombiano, y es una constante en varios países de América Latina, muchas personas y grupos hacen ingentes esfuerzos por desarrollar emprendimientos, acuden a la inversión de sus recursos económicos, muchas veces muy escasos, con la esperanza (de contar con proyectos y procesos territoriales productivos individuales y colectivos, pero carecen de un Bien Común indispensable: la tierra.

Desde la década de los años cincuenta del pasado siglo los modelos de desarrollo vigentes en América Latina han propugnado por alcanzar metas de crecimiento que disminuyan la brecha con los países industrializados. Hoy se vive un fenómeno de relativa rápida expansión económica en algunos países latinoamericanos, sin que los flagelos de la pobreza y de la inequidad social parezcan reducirse de manera importante.

 

Las mujeres gestionan el bien común

Si se analiza la relación entre los bienes comunes y el género, no existen bienes comunes para hombres y bienes comunes para mujeres. La diferencia está en las relaciones de poder que se dan, como expresión de las distintas intensidades en que se ejerce el patriarcado, así como en el tratamiento y uso que las mujeres suelen dar a los bienes comunes, que van configurando una perspectiva de género distintiva.

El problema de la tierra, por ejemplo, se erige como uno de los grandes obstáculos para el ejercicio de las libertades económicas de las mujeres, pues el hecho de que la propiedad de la tierra sea principalmente patrimonio de los varones, afecta la igualdad con que las mujeres pueden competir por este bien, esencial para su subsistencia y la de su familia. La carencia de la tierra afecta la autonomía alimentaria, así como la solución de necesidades básicas como la de la vivienda digna y estable.

La dominación hacia las mujeres ha oscurecido su reconocimiento como sujetas económicas y políticas, situación que ha mejorado muy poco (y en algunos aspectos ha empeorado). Históricamente las mujeres han carecido de ser beneficiarias de bienes comunes, así como sus hijos, por considerarlos menores de edad, incapaces de administrarlos y darles un uso legítimo a los bienes.

El proyecto neoliberal prevaleciente prefiere insistir en caracterizar a los pobres como excluidos e incluso como discapacitados, que además contribuye a mantener una masa de mano de obra desocupada, que crece en la medida en que se des-especializa el trabajo; todo ello permite mantener los salarios en el suelo e incrementar la tasa de ganancia. Pero eso se hace a costa de profundizar la segmentación social y de mantener políticas de fuerza para sostener el control de las poblaciones. Entonces tanto las mujeres, como los pobres se hacen parte de las clases peligrosas y no se presenta ninguna alternativa para reconstruir la sociedad.

Las violencias contra las mujeres que defienden los bienes comunes, han aumentado la cifra de liderezas sociales asesinadas. No se han transformado las condiciones de discriminación y estigmatización de las mujeres que han destinado su vida usando, resguardando y defendido los bienes comunes, por encima de cualquier situación, interés político o económico capitalista, ni se han dado las garantías para que ellas cuenten con mayor seguridad en sus territorios, acceso a la economía de la producción, al cuidado de los recursos naturales como los bosques, los ríos, lagunas y ciénagas.

Las mujeres además de su vulnerabilidad, han perdido el acceso a los bienes comunes como consecuencia del conflicto armado interno y las economías de guerra, originadas por la privatización de las tierras, de los monocultivos y de los megaproyectos, que se desprenden de las estrategias trasnacionales de integración de los mercados, lo que influye en el rumbo del desarrollo y en sus posibilidades, al mismo tiempo diagrama los procesos atenientes al conflicto armado interno (Useche 2008), en los que se expresa la vulneración de sus derechos, hasta el asesinato por defender, reclamar las tierras y demás bienes comunes, de manera visible como lideresas sociales.

El uso, apropiación, defensa y acciones de protección de las mujeres a estos recursos, no ha sido reconocido ni a nivel regional o nacional, ni incluso dentro de un marco legal importante para su vida. De ahí que las mujeres se ven abocadas a crear resistencias a sus reclamaciones de los bienes comunes y específicamente a la tierra, ya que las relaciones desiguales del poder las han puesto en desventaja, por lo que la lucha por estos procesos para ellas, es más difícil, lo cual se logra teniendo claro el papel que los derechos humanos y el enfoque de género desempeñan. En las reclamaciones que hacen las mujeres de sus tierras, en las que siempre el Estado y las normas, han sido cortapisas con la anotación del principio de igualitarismo para extender el beneficio a los hombres, de quienes muchas de ellas ya se encuentran separadas o viudas. Por esto legalmente el reclamo para las mujeres se complica, y más cuando se trata, de asegurar para ellas una cuestión que es relacionada con su supervivencia y la de su familia, es decir, con la vida.

Silvia Federici asegura, con base en su experiencia con mujeres en África, que,

(…) uno de los aspectos decisivos del desarrollo sostenible y principal recurso es la tierra, la cual tiene dimensiones de diversidad ecológica, de productividad para el sustento humano y de riqueza para la economía. Los cambios en la economía mundial han provocado mayores inequidades de género, por cuanto se originan dinámicas que van desplazando las actividades tradicionales de subsistencia, aboliendo la propiedad comunal por la consolidación y la dominación del mercado, lo que ha ido rompiendo con las relaciones establecidas para producir armoniosamente en las comunidades campesinas y a su vez ha ido debilitado la solidaridad existente entre hombres y mujeres para la producción de alimentos, sin tener en cuenta la manera en que las tierras están controladas y dirigidas comunitariamente y en el contexto de derechos humanos de las mujeres. Este proceso tiene su fuente en la acumulación originaria de capital y continúa durante la globalización neoliberal (Federici 2010a, 2010b).

El trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos UNCHS (Hábitat), celebrada en Vancouver, Canadá, estableció en 1978, los derechos de las mujeres de poseer y tener acceso a tierra y alojamiento, demostrando que las mujeres están en desventaja en las sociedades en las cuales las costumbres de herencia masculina son dominantes.

El Plan de Acción de 1998 de Naciones Unidas, hizo una recomendación global al efecto siguiente: "Las mujeres deben tener suficientes y seguros derechos de tierra. Estos derechos deben ser igual a los de los hombres, y una mujer no debe ser dependiente de un hombre para asegurar o disfrutar de estos derechos". Sin tales derechos, las mujeres pueden ser desahuciadas de sus hogares como viudas y solteras, especialmente en casos de falta de tierra. Esta forma específica de inseguridad de las mujeres por ausencia de propiedad de la tierra es distinta y adicional como miembro de familia, ya que su hogar necesita un lugar propio y seguro, si no lo tienen pueden estar sujetas a ser expulsadas. En casos de las expulsiones masivas de comunidades a causa de contratos informales, las mujeres y los niños son los más afectados porque ellos pasan más tiempo en casa y en el barrio.

Dentro de los sistemas tradicionales de gestión de la tierra, las mujeres han perdido el acceso a aquellos recursos, debido a que la tierra cambia su uso, por inyección de capitales que invierten en producir otros cultivos, acordes con las exigencias de las economías modernas. Un indicio de todo esto es la existencia de los movimientos locales de mujeres apoyando el medio ambiente y específicamente la preservación del bosque. En el mundo se cuenta con experiencias como los movimientos que incluyen al grupo Chipko de la India, al grupo de Clayoquot Sound en Canadá (Moore 2011) y al Greenbelt Movement (Movimiento Cinturón Verde) de Kenya (Maathai 2003), por ejemplo.

En Colombia, hemos podido observar directamente desde el Grupo de Investigación Ciudadanía Paz y desarrollo de UNIMINUTO, a través de la investigación que se desarrolla en las comunidades del Valle del Río Cimitarra, en los corregimientos de San Lorenzo y La Victoria del municipio de Cantagallo, del Sur del departamento de Bolívar, la presencia de un ecofeminismo propio, en organizaciones de mujeres rurales defensoras de las ciénagas y bosques, quienes se autorregulan para su cuidado y protección, y en consecuencia, no comercializan los productos que están dados solo para la subsistencia y mejor alimentación de la comunidad, negando las apropiaciones individuales de las faenas de la pesca, las cuales se ofrecen a la comunidad y a las familias para alimentarse plenamente con el abastecimiento de productos que se origina desde su mismo territorio. Hacer uso de los bienes comunes y el usufructo de la propiedad colectiva que se encuentra en manos de la misma comunidad, hace parte de las formas de resistencia y de ejercicio de la ciudadanía se entrelazan entre las mujeres y los territorios, donde habrá de construirse la paz con las solidaridades generadas alrededor de la apropiación y preservación de los bienes comunes, como el agua, los bosques, el aire, los caminos y carreteras, las pesquerías, etc. En ese sentido también se actualizan los sujetos del nuevo espacio de lo común, incorporando a grupos diversos de campesinos, comunidades étnicas, mujeres y jóvenes, artistas, ecoambientalistas, etc. Su actividad descentraliza las viejas formas del desarrollo, resiste al copamiento de los territorios por el capital extractivista y ensaya modalidades creativas en la producción y circulación de bienes comunes materiales e inmateriales  (Naranjo 2012).

Por lo anterior, esta investigación se propuso establecer la pertinencia y amplitud de las formas de experimentación que, desde modos de producción asociativos, se plantan en los territorios como economías en resistencia, desplegando la producción de bienes y servicios, materiales e inmateriales, ligada al alimento, a la tierra, al agua, a la conservación de la biodiversidad y del planeta mismo. Como en otras dimensiones de la resistencia social pacífica, llámense ellas resistencias en la esfera política, o formas de resistir manifiestas en la reconstitución de las redes sociales, o en la producción de subjetividades de cambio, e imbricada con ellas (Informe Final de Investigación 2017).

 

 

 

 

 

 

La vida como bien común

Las mujeres son las primeras comprometidas por ser las dadoras de vida y también quienes dan la resistencia en el campo de la producción, convirtiéndose en un ejercicio bio-político que es interrogado por la cuestión fundamental para la humanidad de hoy y la pregunta por la vida. Este es otro de los relacionamientos que hacemos con los bienes comunes, estos se agrupan como naturales, construidos e inmateriales, los que se exigen su tiempo para analizarlos y valorarlos, como fuente en donde se aloja la vida, lo que significa también asumir una responsabilidad social de preservación, pese a lo cual ni los mercados, ni los Estados, ni los hombres como colectivo están respondiendo a las necesidades de los cuerpos y las vidas en general (Pérez Orozco 2012).

La relación de la diversidad sigue siendo mayoritariamente identificada con las mujeres, quienes dan respaldo y mantenimiento de y a la vida, de ahí que la biodiversidad cumple con la tarea semejante de ser diversa, de cobijar a las diferentes a pesar de ser iguales.

La economía del cuidado y la sostenibilidad de la vida desde una óptica feminista y decrecentista (Grupo de Feminismos Desazkundea 2015)[5], resulta urgente afrontar la relocalización de la sostenibilidad de la vida, donde los trabajos de cuidados, la tarea de parto y crianza de los hijos, de cuidados de enfermos y otras asignadas culturalmente a las mujeres tienen que considerarse inherentes al concepto de producción y reproducción de la vida social y material. Por lo que este trabajo, considerado dentro de lo doméstico, es un bien común que debe pasar a desempeñarse de la manera más local y equitativa posible. También en nuestra propia sociedad, la mayoría de las necesidades se satisfacen a través de un trabajo que no pasa por el mercado: el trabajo de cuidados, aunque habitualmente tenemos la sensación de que sucede, al contrario. Por ello, tomar conciencia de que el concepto de trabajo es histórico, construido en un momento dado en el contexto del capitalismo industrial, nos permite visibilizar que se puede modificar a través del tiempo, y puede ayudarnos a cuestionarlo y reconceptualizarlo.

Este sería un cambio de paradigma que implicaría una total reestructuración de los tiempos sociales de las mujeres, para que se impulsen con una responsabilidad social sobre el cuidado y permitan poner en el centro de las actividades la sostenibilidad de la vida: una drástica reducción del tiempo dedicado al trabajo remunerado, una democratización del trabajo de cuidados y una generación de estructuras sociales que aborden de forma colectiva el cuidado de las personas. Este sería un aporte desde una perspectiva novedosa y despatriarcalizadora para analizar los comunes y las mujeres, ya que muchos de ellos están relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas para el sostenimiento de la vida y de cómo abordarlas colectivamente, lo cual es el tema central del decrecimiento feminista (Grupo de Feminismos Desazkundea 2015).

A partir de este análisis, el decrecimiento propone estructurar el tiempo social en torno al trabajo para el autoconsumo y para la colectividad, primando las relaciones humanas y con la naturaleza. En la línea de las propuestas realizadas (Pérez Orozco 2012), es preciso realizar un debate democrático sobre qué es una buena vida y cómo se sostiene colectivamente, teniendo siempre como límites la universalidad de las propuestas y su sostenibilidad ambiental para definir qué necesidades es preciso satisfacer y qué trabajos deben realizarse para ello.

Al relacionar a las mujeres y los bienes comunes, hablamos entonces de “las diferentes”, como las llamaría Foucault (1975), por extrañas, emergentes, resistentes y en lucha permanente. Lo que tienen en común las mujeres, lo que forzó su cohesión, presenta una doble naturaleza: de una parte, que a todas les afecta el sometimiento antipatriarcal en cualquier parte del planeta en que se encuentren, y la otra, que al unísono han decidido luchar a favor de lo que consideran la legalización de derechos y reivindicaciones como sector social, que antes no eran tomadas en cuenta, pero que constituyen una alerta en los avances nominales como ciudadanas. Hablamos entonces de comunidades de afectadas que intentan ser empoderadas y hacerse visibles como resistentes y sujetas de derechos.

En líneas generales, puede afirmarse que la situación de las mujeres en las sociedades preindustriales respecto al acceso a los recursos era mejor que la que se introduce en el siglo XIX a raíz del pacto interclasista entre varones por el salario familiar, ya que ellas no dependían del salario de sus parientes masculinos y carecían del derecho de ser propietarias de las tierras (Federeci 2010a). Es con el paso de una economía de subsistencia, en la que existe unidad de producción y reproducción, a otra monetizada, cuando el trabajo reproductivo comienza a perder valor.

Conceptos como el de libertad de empresa, libre comercio, iniciativa empresarial y competitividad, en el marco del derecho comercial, tendrían que verse afectados por el análisis y la consideración de factores socioeconómicos, culturales y políticos, que permitan la adecuación de las normas que regulan las actividades comerciales orientadas a materializar la generación de empresas y promover iniciativas productivas competitivas mediante acciones afirmativas que les permitan contribuir a superar la desigualdad (Agatón Santander 2013, 210). Como una forma de capital, la tierra puede producir y ofrecer riqueza de diferentes formas y maneras. Esto ocurre especialmente cuando se puede heredar gratis sin invertir trabajo o recursos. La tierra puede significar riqueza en forma de piedras, minerales, suelo y árboles, este es un espacio para la cría de animales, actividad de la cual también se ocupan las mujeres y les genera ingresos y distribución de la ganancia bien sea a nivel colectivo o individual.

Las nuevas territorialidades de paz y las mujeres

Desde el punto de vista social y la relación con las nuevas territorialidades de paz y el modo de subsistencia, debe existir una distribución descentralizada, democrática y equitativa del poder decisorio (en el ámbito micro y macro) de la satisfacción de necesidades básicas. Desde un enfoque feminista, esta reestructuración debe romper con la división sexual del trabajo y contribuir a la priorización de los trabajos esenciales para el sostenimiento de la vida, implantar una democracia directa y desde la base. Además, es vital el desarrollo de valores solidarios y de empatía (escuchando a las minorías) a través de una educación social y de la práctica diaria en las tomas de decisiones. Otras condiciones esenciales para el funcionamiento de una democracia real son el reparto equitativo en el uso de los tiempos y el acceso comunitario a los medios de comunicación.

Lo anterior también está estrechamente relacionado con apostar por incrementar el número de necesidades que se satisfacen fuera del mercado, tanto en el ámbito de la producción de bienes (autogeneración de energía, autoproducción de alimentos, reutilización y autoconfección de ropa y reciclaje, entre otros) como en el de los cuidados (priorizando el trabajo doméstico y de cuidados no mercantilizados) (Federici).

En los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR, surgidos para la adaptación temporal a la vida civil, libre, e independiente de los y las excombatientes, después de la entrega de armas y el Acuerdo de paz de la Habana, se constituyen comunidades conformadas en su inicio de hombres y mujeres solas, quienes tenían a sus familias tradicionales, se reencontraron y las acogieron en el Espacio, o quienes  siendo solteros y solteras fueron creando nuevas relaciones y conformando nuevas familias, bien fuera compuestas por una mujer y sus hijos, dos o tres mujeres agrupadas y hombres con sus hijos. Fueron surgiendo, así comunidades solidarias, productivas y orientadas hacia el fin común de sostenerse en la paz.

Para las mujeres excombatientes, es importante implantar en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación  ETCR, nuevas formas y estructuras de convivencia social comunitarias (frente a la familia nuclear), pues estas reducen el volumen de bienes de consumo per cápita e impulsan relaciones personales menos atravesadas por el poder y la jerarquía. Esto, a su vez, favorece la construcción de autonomía e interdependencia de cada componente de la comunidad siempre y cuando se trabaje conscientemente en la construcción de relaciones igualitarias. Además, reducen el individualismo y generan estructuras autogestionarias y colectivas para el cuidado de las personas. Con esta forma de reestructurar la familia, se generan otras formas organizativas con mejores respuestas a las necesidades actuales, como es lo que se ha dado en conformar con la Red de Madres y Padres creada por el Ministerio de Educación Nacional, como alternativa que permite compartir los cuidados y las crianzas de los hijos y así salir del núcleo familiar tradicional.

De igual manera, en las nuevas territorialidades con novedosas formas de vida en espacios para la paz, al hablar de la familia como otro bien común para las mujeres excombatientes, se quiere reflexionar sobre el tema de las familias en plural, en donde se plantea el dilema sobre el concepto de familia singular y resignificarlo en plural, con dinámicas propias y dispuestas a resituarse incluyendo su diversidad. A partir de estos contextos socio culturales que nos muestran familias con múltiples rostros y sentimientos, familias que se rehabitan, se construyen y también se deconstruyen en un recorrido histórico, social, afectivo y cultural, las cuales por sus características nos acercan al concepto vivo, en movimiento, con dinámicas propias y dispuestas a resituarse con otros y otras, nuevas culturas y costumbres, normas para la adaptación a la vida civil, con lo que establecen los nuevos territorios para la paz. Este no solo es un modelo que la modernidad ha creado. En este momento de la historia, en el que las mujeres han soportado los desplazamientos, nuevos relacionamientos, recreación de formas interculturales y las múltiples violencias urbanas en todas sus dimensiones, han aportado a las transformaciones culturales, económicas, a las dinámicas demográficas dentro de los contextos políticos, nos muestran por ejemplo que las familias están cambiando también en los espacios rurales, y que se han creado núcleos familiares compuestas por madres solas, hombres solos con sus hijos, madres adolescentes, abuelas madres, familias extensas, diversas, unidas por afinidad, algunas por consanguinidad, familias comunitarias, personas solas, en fin, aquellas que se construyen y se reorganizan desde sus propias necesidades y afectividades, que rompen con los esquemas tradicionales para dar respuesta a los cambios y necesidades humanas.

En su empeño por la defensa de la vida, han construido creativamente nuevas formas sostenibles de subsistencia,  aun en el poco tiempo que llevan de vida ciudadana, en su conjunto por igual, se han visto obligados a darle a su vida sentidos políticos y económicos emancipatorios propios, a pesar de su morfología cambiante, lo que los ha convertido -sin esperarlo de un momento a otro-, en lo que Wendy Brown denomina el homo oeconomicus de la razón neoliberal, bajo la idea y práctica de la responsabilidad de forzarse como sujetos a convertirse en un inversor y proveedor responsable de sí mismo, lo cual reconfigura la composición del comportamiento correcto del sujeto, de uno movido naturalmente por intereses de satisfacción, a uno forzado a participar en una forma particular de autosubsistencia, que se mezcla con la moralidad del Estado y la salud de la economía (Brown 2011, 65).

Como resultado del proceso de paz, las mujeres se  potenciaron tanto en el campo como en las ciudades, siendo nuevas actoras en la vida económica, política y social colombiana, para crear territorialidades en las que puedan hacer realidad la construcción de sus sueños y deseos, en donde encuentren territorios de cultura para la equidad, en los que se disponen para asumir nuevos destinos singulares, que les permitan encontrar  espacios  propicios y condiciones para el cuidado de sus vidas, de sus emociones, de sus cuerpos y de las relaciones de su entorno, con las nuevas familias que se conforman, las que en ningún momento dejaran de ser tan legítimas, como las vividas en los otros modelos de familia tradicional.

En todo lo expuesto anteriormente adquieren vital importancia aquellas acciones relacionadas con otros modos de vida, con la diversidad, con la descolonización y, claro, con los planteamientos feministas, en particular de la economía feminista. En este sentido, es importante mencionar que, en el actual acuerdo de paz, en el punto uno: Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, se incluyeron medidas para observar las necesidades específicas de las mujeres a raíz de que no están en las mismas condiciones que los hombres en la economía campesina. Las medidas van encaminadas a la formalización de la propiedad en igualdad de condiciones, la representación equilibrada de hombres y mujeres ante instancias de alto nivel para la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, el acceso a proyectos de economía solidaria y la perspectiva de género para incluir en el plan nacional la comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria. Tanto las mujeres, como hombres, necesitan de la tierra para establecer un hogar, mantener sus tradiciones, costumbres y ante todo un lugar seguro para vivir (Grupo de Feminismos Desazkundea 2015; Federici 2010).

Además, ellas necesitan la tierra como una forma de sustento -ya sea para la producción de alimentos o para otro tipo de trabajo-. En una economía donde el dinero se globaliza cada vez más, las mujeres necesitan la tierra como una forma de soporte ante las exigencias de la nueva vida, en la que imperan las transacciones y contrataciones que exigen que de por medio exista un capital garante. Lo anterior concuerda con el planteamiento decrecentista, el cual va en la línea de la perspectiva feminista, donde la transformación clave será colocar la vida en el centro, sustituyendo la lógica del máximo beneficio económico, por la de la sostenibilidad de las vidas (Grupo de Feminismos Desazkundea 2015).

Por lo tanto, la creación de territorios de paz, es un proceso de apropiación del espacio por los pobladores y en ese proceso los seres humanos no solamente construyen los lugares y sus nuevos relacionamientos, sino que se reconstruyen y se reconocen a sí mismos, como hombres y mujeres. No se logrará reconciliar al ser humano con la naturaleza sin reconciliar a los hombres y las mujeres entre sí. La pregunta por la vida nos obliga a repensar lo común como potencia que nos permita, como sociedad, organizar el tránsito de un modelo de desarrollo basado en la guerra y la depredación ambiental y la violencia contra los cuerpos, a la búsqueda de nuevas formas de producción material e inmaterial, de los lenguajes y de los lugares, desde donde se enuncia ese proyecto de transición.

 

 

 

 

 

 

Conclusión: resistir a la bioeconomía neoliberal desde lo común

Los megaproyectos de infraestructura originan disputas por el territorio, no solo entre los inversionistas que desplazan a los pobladores para imponer sus intereses económicos, sino también entre las guerrillas, los grupos paramilitares y los narcotraficantes, quienes procuran afianzarse en estos espacios para ejercer su control narco paramilitar.

La producción de bienes comunes hace parte de un campo de lucha en el que están compitiendo asimétricamente distintas opciones que se cruzan y confrontan, que se atienen a distintos intereses y formaciones de poder, en medio de los cuales se reconfigura el campo del capital y lo privado, de lo público y de lo común, generando antagonismos y reacomodo de fuerzas, en contextos de guerra y de embestidas inéditas por conquistar los territorios.

Para hacer frente a la embestida del neocapitalismo, no queda otra salida que fortalecer y rescatar las formas de organización, sostenidas en redes de reproducción económica, que la gran fábrica había arrinconado como la familia, el paisanaje, la amistad, la vecindad, la afinidad.

La visión del ingreso y del consumo mercantilizado como única medida del desarrollo de la sociedad, impide observar la lógica de la reproducción global y excluye las dinámicas de reproducción de otras formas de organización como las mencionadas relaciones de afinidad y redes que restauran y revalorizan vínculos comunitarios y de solidaridad que habían sido desdeñados hasta hace poco.

La tendencia implantada por el modelo de desarrollo imperante, -que garantiza crecimiento del producto, pero no del empleo-, ha convertido en un problema estructural el incremento de los desocupados. La sobrevivencia material de esta gente depende de su propio ingenio y de sus propios recursos, que sin embargo no hacen parte ya de un sector desconectado y excluido del circuito económico general, puesto que ahora todas las redes de cooperación y de producción están comunicadas, lo que hace posible que las diversas actividades de los habitantes de un territorio, incluidas las de los pobres y desempleados, sean directamente productivas y sus organizaciones se hagan cada vez más complejas.

Muchas de las actividades denominadas “informales” o del rebusque, que atañen a formas de comercio al menudeo, reutilización de bienes, labores vinculadas a la distribución y a la comunicación, pequeñas empresas familiares de alimentación, reciclaje, servicios personales o pequeña agricultura, tienden a organizarse a través de comunidades prácticas, algunas de las cuales rememoran al viejo mutualismo, o retoman los principios y la experiencia del cooperativismo, o le asignan nuevas funciones y ámbitos de trabajo a las organizaciones vecinales, a las asociaciones civiles, a los sindicatos o a la acción eclesial, o simplemente se estructuran como redes de ayuda mutua.

Esta es una nueva situación que crea un remezón en la dinámica de toda la sociedad produciendo una lluvia estelar de singularidades, de modos de ser, de búsquedas, de innovaciones y creatividades que facultan a millones de seres para intervenir activamente en el mundo productivo y para crear la vida social al margen y más allá de las subjetividades y las identidades del viejo empresario o el tradicional obrero fabril.

Emerge una poderosa fuerza social productiva y política de las mujeres, la cual no se remite solamente a la reivindicación por salir de su miseria y obtener una porción del consumo, sino que encarna formas más admirables del ser común, defendiendo su cuerpo y el hábitat de sí como territorio que las habita, cuyo signo distintivo es la diversidad, la singularidad y la creatividad. Todo ello es productividad y potencia, que reclama esquemas muy distintos de la acumulación y la distribución de la riqueza social.

Podríamos hacer reforzar las propuestas teóricas como la economía social y la economía a escala humana en el nivel latinoamericano que se pronuncian por privilegiar la perspectiva de la cooperación, del protagonismo y la difusión de las libertades y la capacidad humanas y ve el desarrollo como un proceso complejo que requiere generar nuevas estructuras de producción en donde las relaciones estén orientadas a la reproducción ampliada de la vida de todos, donde los sujetos colectivos se van auto- constituyendo.

Para hacer frente la globalización e internacionalización de los procesos productivos, comerciales, financieros y de servicios urge resignificar la comunidad local, pensar las posibilidades y los límites de su autonomía, su comunicación y tensión con fuerzas sociales nacionales y trasnacionales, la capacidad que puedan tener estas formas de comunalidad para apropiarse y adaptar las nuevas tecnologías como recursos para la afirmación de sistema productivos alternativos.

El problema del intercambio, de la circulación de bienes y servicios en este ámbito exige igualmente desarrollar destrezas, identificar formas mercantiles frescas, así como la creación de capacidades para interceptar los circuitos del gran mercado capitalista sin ser subsumidos y aplastados por él.

El primer paso que ya tiene una trayectoria en el ámbito latinoamericano, puede ser el de tratar de poner límites sociales al mercado capitalista y mantener un permanente cuestionamiento al individualismo posesivo del consumismo. Esta es una labor de pedagogía y de éticas sociales que pone en juego la capacidad de auto-transformación de los sujetos y de los colectivos.

Otro paso puede ser la búsqueda permanente de interconexiones de los procesos productivos autónomos y la exploración de la posibilidad de nuevos mercados sociales donde los precios y las relaciones resultan de una matriz social que pretende la integración de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera más igualitaria.

Entonces a la academia y a las organizaciones sociales se les plantean nuevas líneas de investigación respecto de la pobreza y estudio de las distintas figuras que aparecen como nuevas formas de vida, procedentes de diferentes espacios y ubicados en distintos territorios, muchas de ellas incluso en medio de potentes procesos de desterritorialización. Construir esta nueva cartografía está a la orden del día.

Finalmente, es imperante avanzar en la refundación de la democracia, de la política y de la ciudadanía. Grandes líneas de cambio se vislumbran. Hay que inventar nuevos métodos de gobierno, dar grandes pasos en la superación o actualización de los conceptos básicos de la modernidad: el mercado, el Estado-Nación, el ciudadano, los derechos, la cooperación, deben ser replanteados a la luz de un mundo nuevo para la Vida.

 

 

Referencias

 

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[1] Fanny Naranjo es Investigadora perteneciente al Proyecto PAPIIT del CIALC-UNAM, liderado por la doctora Ana Luisa Guerrero.

[2] El análisis ecofeminista en el tema de la paz, tiene en cuenta el trabajo de las mujeres tras sus múltiples formas, con énfasis en la distribución de condiciones igualitarias de las tareas del cuidado y la reproducción, desde un abanico de alternativas existentes -por encima del trabajo remunerado- como parte integrante de las relaciones de producción patriarcales y de opresión que sufren las mujeres. De este modo, un enfoque ecofeminista para la paz pone la sostenibilidad de la vida en el centro de todas las actividades

[3] Artículo en Libro publicado. Formación para la Crítica y Construcción de Territorios de Paz. Editores Claudia Luz Piedrahita y otros. Universidad Distrital Francisco José de Caldas: CLACSO: Editorial Magisterio, 2017.

[4] Véase la definición dada por Vega Cantor: “El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político” (Vega 2014).

[5] El teórico francés Serge Latouche (2008) ha establecido un programa de objetivos interrelacionados susceptibles de conducir la actual sociedad del “crecimiento por el crecimiento” hacia otra de decrecimiento, una senda capaz de mejorar la calidad de vida de la mayor parte de la población mundial. Se trata de las 8 “R”: reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar. Por comenzar el debate, tomamos tres de ellas para abordarlas desde una perspectiva feminista.

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