Resiliencia del neoliberalismo en los gobiernos progresistas. El caso del TLC entre la Unión Europea y Ecuador (2017)

Meysis Carmenati González; Erik Jeremy Mozo Narváez

Doctora en Filosofía Docente-Investigadora de la Facultad de Comunicación Social Universidad Central del Ecuador Quito, Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Ecuador , Economista Asistente parlamentario de la Presidencia de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control Asamblea Nacional del Ecuador, Asamblea Nacional del Ecuador, Ecuador



Resumen

Se analiza el impacto del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Ecuador, vigente desde 2017, como indicativo del uso de tratados en la implementación y normalización de ajustes neoliberales. Primero se hace un de los datos económicos, en menos de dos años, que pone en entredicho la defensa de un modelo de desarrollo basado en tratados de libre comercio entre países centrales y periféricos. Luego se analiza la coherencia de este modelo con un régimen de reproducción del capitalismo colonial, en el particular contexto de inicios del siglo XXI, los gobiernos progresistas y la disputa política que los acompañó. El objetivo del análisis es presentar la articulación del tratado, como un elemento más, y definitorio, de operaciones complejas que explican la resiliencia del neoliberalismo y su peligrosa capacidad para proyectar el futuro.

Received: 2019 March 2; Accepted: 2019 May 14

5519. 2019 ; 7(14)

Keywords: Palabras clave neoliberalismo, TLC, derechos humanos, hegemonía.
Keywords: Palavras-chave neoliberalismo, TLC, direitos humanos, hegemonia.
Keywords: Keywords neoliberalism, human rights, hegemony.

La historia de América Latina es un desafío para toda narrativa sobre derechos humanos. La misma denominación de “derechos” exige revisar aquellos presupuestos epistemológicos y ontológicos, sobre los cuales descansa el discurso legitimador de siglos de dependencia y despojo. La altísima contradictoriedad que ello refleja es síntoma de una hegemonía con una increíble capacidad de autoregenerarse. Visto así, todo análisis sobre los derechos humanos, en América Latina y El Caribe, pasa por ser un ejercicio procedimental y un acto de militancia. No quiere decir que los derechos no existen. Al contrario, de lo que se trata es de entender la relación orgánica entre un régimen de derechos objetivo, históricamente condicionado, y la lógica sistémica y estructural del capitalismo, que lo contiene.

Para enfatizar en esa relación estructural entre los derechos humanos y el sistema de reproducción del capital, este texto aborda un fenómeno específico: el impacto del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Ecuador, vigente desde 2017. Estudiar el uso de los tratados para la implementación de ajustes neoliberales, parece cada vez más importante. El objetivo de esta primera reflexión es doble: 1) hacer un resumen de los primeros datos económicos, en menos de dos años, para desmentir las posturas que defienden un modelo de desarrollo basado en los tratados de libre comercio entre países centrales y periféricos; 2) analizar la coherencia de este modelo con un régimen de reproducción del capitalismo colonial, en el particular contexto de inicios del siglo XXI, los gobiernos progresistas y la disputa política que acompañó estos procesos.

Tomando en cuenta la extensión permitida, el análisis espera ser ilustrativo, más que exhaustivo, porque busca posicionar la disputa de hegemonías políticas que enfrenta hoy la región sudamericana, luego de los gobiernos progresistas, y ante el embate del neoliberalismo y su actual aliado: los fundamentalismos. En este contexto, es imperativo desenmascarar las prácticas –empresariales, gubernamentales, bilaterales-globales, religiosas, mediáticas, entre otras– que normalizan el despojo y la expropiación de derechos y oportunidades, y restringen las vías para la democratización social.

Se espera evidenciar que los tratados de libre comercio, en específico el que se analiza, han posibilitado la implantación de regulaciones que sirven a la reproducción del capital y contradicen los derechos humanos, expandiendo las estrategias de acumulación por despojo y precarización de todos los ámbitos de la vida y la naturaleza. Son, así, una herramienta efectiva, con una finalidad principal: instrumentalizar la vida humana y los bienes –naturales y culturales- de las naciones, usarlos como recursos técnicos para la reproducción ampliada del plusvalor y su objetividad adscrita a la dependencia capitalista-colonial. Dado que esta es nuestra premisa, el objetivo del análisis es presentar la articulación del tratado, como un elemento más, y definitorio, de las operaciones complejas hacia la reproducción de una práctica política injerencista y antiderechos, que expresa el carácter estructural y sistémico-orgánico entre las relaciones capitalistas y las formas concretas de vida y de subjetividad social. Los tratados no son elementos meramente económicos, sino piezas de un ajedrez, núcleos de densidad de una estrategia de monopolización y unilateralización de la vida.

1. La crisis neoliberal de fin de siglo y la búsqueda de respuestas en los gobiernos progresistas

A finales del siglo XX, en un contexto marcadamente desigual, la expansión neoliberal impuso reformas al Estado y ajustes estructurales con fuertes impactos socioeconómicos. El crecimiento acelerado del desempleo, la exclusión y la pobreza serán algunas de sus consecuencias en el Sur latinoamericano. Pero también impacta a largo plazo, en la implantación de un modelo de acumulación del capital (Elías 2016) basado en la apertura de los mercados, la desregulación, el control tecnocrático de la política económica, el abandono y fragmentación del sector público. En estos años, la administración de lo público se puso al servicio del intercambio mercantil capitalista.

El avance del Neoliberalismo y la Nueva Derecha tuvo efectos devastadores en las democracias de la región a las que hizo sentir todo su peso en los campos ideológicos, sociales, político-institucionales y económicos. La profunda crisis de la deuda, los ajustes sucesivos de los 80 y los 90, han producido un fuerte malestar en los gobiernos democráticos que no solucionaron la pobreza y la exclusión y una profunda crisis de representación (Bonetto 2009, 37).

En la implementación del neoliberalismo se articularon actores locales y globales. Las políticas del llamado “Consenso de Washington”, a finales de los 90, provocan una crisis profunda en la región latinoamericana. Estos acuerdos intervienen en la “reducción del papel del Estado, privatización de empresas públicas, flexibilización laboral, desindustrialización, predominio del sector financiero y cesión de soberanía política y económica” (Filmus 2016, 28). Así, la propuesta neoliberal condujo al aumento de la desigualdad y la exclusión, porque destruyó el aparato estatal y dejó la regulación en manos del mercado, lo que resultó en el abandono de políticas públicas de protección para los que quedaron marginados. Durante esos años, el crecimiento económico estuvo acompañado de una escalada en la desocupación y el trabajo informal. Las “democracias débiles” de la región, que habían sucedido a las dictaduras de las décadas de los 70 y 80, no encuentran respuestas a las demandas populares, ni logran mantener los proyectos de concentración de riqueza (Filmus 2016, 28).

Antonio Elías analiza el neoliberalismo como parte de una ofensiva estratégica del capital, que empieza luego de la crisis de los años 70. Es en ese momento que los organismos multilaterales imponen los lineamientos del Consenso de Washington y las reformas de segunda generación del Banco Mundial, así como otros tratados de inversión y de libre comercio. Para el autor, nada de ello es casual. Se trata de una reestructuración capitalista mediante cambios institucionales y políticas económicas que permitan la penetración del capital transnacional y la maximización de sus beneficios. Elías identifica una primera fase, de principios de los setenta a mediados de los ochenta, cuando el nuevo modelo de acumulación del capital se caracterizó por la destrucción, o reducción al mínimo, de los Estados de bienestar del continente (Elías 2016, 70-2). Como eso no podía lograrse en un contexto democrático, se recurrió a dictaduras militares y gobiernos autoritarios:

Sobre la “tierra arrasada” se impusieron medidas económicas que habrían sido inviables si se hubiera mantenido la democracia: se redujo el salario real, se bajaron los impuestos al capital y se abrieron las economías al exterior de forma unilateral, con una reducción drástica de los aranceles a las importaciones y la liberalización de los flujos financieros (Elías 2016, 72).

La segunda fase de esta ofensiva ocurre desde mediados de los ochenta hasta fines de los noventa. Durante esos años, y en el marco de la crisis de la deuda externa, las dictaduras son desplazadas por democracias que van a adoptar las políticas económicas del Consenso de Washington. Estas se corresponden con un modelo económico neoclásico, caracterizado por “una clara orientación de mercado con apertura externa, asumiendo la teoría de las ventajas comparativas por la cual el libre mercado llevaría a la convergencia de las economías” (Elías 2016, 72). Según este modelo, el único crecimiento viable es el que se da hacia afuera, se enfoca en captar inversión extranjera directa y en la liberalización financiera, cuyas tasas de interés serán determinadas por el mercado, y no consideradas como una variable política. El desarrollo del mercado se asimila con la desregulación y el respeto a la propiedad privada.

De acuerdo con Elías, hay una tercera y una cuarta fases. La tercera inicia a principios del nuevo siglo y busca viabilizar el cumplimiento de los objetivos del Consenso de Washington, que no había dado los resultados esperados. Se profundiza el desplazamiento del Estado por el mercado y la apertura de la economía, se implantan nuevos marcos regulatorios, y se incrementan las privatizaciones. Sostiene que estas reformas pretenden expulsar el poder político de la economía autonomizando a los Bancos Centrales y creando agencias reguladoras independientes de los gobiernos de turno. En esta fase, “las políticas económicas, la estructura impositiva y las normativas para la inversión deben responder a los requerimientos del actual sistema globalizado, dejando estrecho margen para acciones fuera de los parámetros internacionales impuestos por las empresas transnacionales y el sistema financiero” (Elías 2016, 73).

En la segunda década del siglo se abre la cuarta fase. En esta los acuerdos pasan a ser plurilaterales y están hegemonizados por los Estados Unidos. Se caracteriza por la expansión del capitalismo contemporáneo a los ámbitos que aún están en manos del Estado y en la consolidación de una nueva estructura institucional impuesta por el capital transnacional (Elías 2016). Es en esta cuarta fase que se ubica, no solo temporalmente, el Tratado entre Ecuador y la Unión Europea. A continuación se presentan los principales datos económicos de los últimos dos años, para entender las consecuencias del acuerdo, a tan corto plazo, y la tendencia que se prevé desde su implementación.

2. El TLC entre Ecuador y la Unión Europea: índices económicos que ilustran su impacto en menos de dos años

Las alianzas del acuerdo multipartes entre la Unión Europea y el Ecuador se cerraron el 17 de julio de 2014. Es, según lo establecido en las negociaciones, el mismo que pactaron previamente Colombia y Perú, aunque con particularidades en algunos productos. El 11 de noviembre de 2016 fue firmado, por los delegados de los Estados involucrados – Ecuador, Colombia y Perú, y los Estados de la Unión Europea–, el protocolo de adhesión al acuerdo comercial, dando así inicio a la vigencia del tratado a partir de 2017.

Durante el proceso de negociación existieron pugnas incluso entre los distintos sectores del Gobierno del, en ese entonces Presidente, Rafael Correa, además de entre las Cámaras de Comercio que impulsaban el tratado comercial y las diversas organizaciones sociales que lo rechazaban. Uno de los principales argumentos a favor de la firma fue que el Ecuador tenía una balanza comercial no petrolera positiva con la Unión Europea. Es decir, su balanza comercial era positiva aún si se excluía al principal producto de exportación de la economía ecuatoriana del cálculo total. Un análisis integral de este tratado para el Ecuador, su economía, y sobre todo la vida de sus habitantes, tiene la complicación de que 2 años de vigencia pueden no ser suficientes para una estimación general de su impacto. Sin embargo, existe ya una clara tendencia en los efectos macroeconómicos del tratado, en este poco tiempo, lo que permite posicionar algunas tesis en el debate sobre su “idoneidad”. A continuación se esbozan las principales cifras macroeconómicas que dan cuenta de los efectos sobre la Balanza Comercial del acuerdo del Ecuador con la Unión Europea.

Tabla 1:.

Balanza Comercial del Ecuador con sus 10 principales socios comerciales de la Unión Europea entre 2016 y 2018. Cifras en millones de dólares



Alternate Text: Tabla 1: Balanza Comercial del Ecuador con sus 10 principales socios comerciales de la Unión Europea entre 2016 y 2018. Cifras en millones de dólares.
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País 2016 2017 2018 Variación total
Alemania 148,3 39,7 -2,6 -101,75%
Bélgica -55,7 -121,5 -201 -260,86%
España 208,9 10,3 38,3 -81,67%
Francia 154,2 179,1 123 -20,23%
Grecia 50,7 65,2 77,1 52,07%
Holanda 175 35,4 -80,1 -145,77%
Italia 214,6 337,1 342,7 59,69%
Reino Unido 90,5 107,6 93,5 3,31%
Suecia 1 18 25,1 2410%
Suiza -111,3 -108,8 -81,5 26,77%
Total 876,2 562,1 334,5 -61,82%
</alternatives>
  —Banco Central del Ecuador.

En este primer gráfico se puede apreciar cómo la balanza comercial del Ecuador con la Unión Europea se ha deteriorado, en términos absolutos, en los dos años de vigencia del tratado. La caída de la balanza comercial total del Ecuador, con sus 10 principales socios comerciales de la Unión Europea, llega a la cifra de 61,82%. Esta caída implica la pérdida de $541,7 millones de dólares, lo que afecta considerablemente la balanza comercial global del Ecuador y su sector externo, dando pie a pensar que, en términos globales, este tratado deja mayores beneficios para los países de la Unión Europea que para el Ecuador. Si bien en 5 de los 10 países las cifras de exportaciones crecen en lugar de reducirse (Suiza, Suecia, Reino Unido, Italia y Grecia) estos incrementos en términos absolutos son mucho menores a los incrementos de las importaciones de los otros 5 países (Alemania, Bélgica, España, Francia y Holanda), razón por la que el resultado global es una caída tan pronunciada.

Tabla 2.

Principal producto de exportación del Ecuador a sus 9 principales socios comerciales de la Unión Europea entre 2016 y 2018. Cifras en miles de dólares



Alternate Text: Tabla 2 Principal producto de exportación del Ecuador a sus 9 principales socios comerciales de la Unión Europea entre 2016 y 2018. Cifras en miles de dólares.
<alternatives>
País Principal Producto de Exportación 2016 2017 2018 Variación Total
Alemania Bananas o plátanos, frescos o secos. 328.037,68 261.961,07 236.117,72 -28,02%
Bélgica Bananas o plátanos, frescos o secos. 97.912,11 95.093,01 115.456,26 17,92%
España Preparaciones y conservas de pescado; caviar 205.892,83 274.280,72 238.285,18 15,73%
Francia Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos 200.428,99 179.529,82 178.940,30 -10,72%
Grecia Bananas o plátanos, frescos o secos. 45.428,61 51.926,45 63.931,47 40,73%
Holanda Preparaciones y conservas de pescado; caviar 80.474,07 102.707,75 66.296,79 -17,62%
Italia Bananas o plátanos, frescos o secos 170.529,77 268.265,78 262.432,61 53,89%
Reino Unido Bananas o plátanos, frescos o secos. 52.530,98 69.652,00 60.599,13 15,36%
Suiza Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 9.112,48 9.149,44 9.777,57 7,30%
Totales 1190347,52 1312566,04 1231837,03 3,49%
</alternatives>
  —Banco Central del Ecuador.

La tabla 2 contiene, para el periodo de vigencia del tratado, los datos de la evolución, por país de destino, del principal producto de exportación del Ecuador. Varias conclusiones saltan a primera vista. Una de ellas, es que todos estos bienes son productos primarios, con escasa generación de valor agregado en su procesamiento. Otra conclusión es que, en estos dos años, los ingresos por exportaciones de los principales productos se han incrementado de manera no pronunciada, en tan solo 3,49% (crecimiento de 10,27% en el primer año y caída de 6,15% en el segundo), teniendo en 3 de estos países caídas en las exportaciones, entre ellas una del 28% en las exportaciones a Alemania, principal socio comercial del Ecuador en la Unión Europea. Finalmente, otra conclusión que surge del análisis contextualizado de la tabla, es que existe una muy alta concentración de los ingresos por exportaciones en pocos productos, en la mayor parte de los casos el principal producto de exportación representa cerca del 50% de los ingresos totales de exportación por país, lo que implica que, ante un cambio de la demanda de estos productos, ya sea por fluctuaciones del mercado o por shocks, la afectación sobre las exportaciones del Ecuador sería bastante alta. Si bien es probable que esta concentración de las exportaciones en un solo producto haya sido un patrón ya existente, previo a la vigencia del Tratado Comercial, los datos muestran que un efecto del tratado es profundizar esa dinámica.

Tabla 3.

Principal producto de importación del Ecuador a sus 9 principales socios comerciales de la Unión Europea entre 2016 y 2018. Cifras en miles de dólares



Alternate Text: Tabla 3 Principal producto de importación del Ecuador a sus 9 principales socios comerciales de la Unión Europea entre 2016 y 2018. Cifras en miles de dólares.
<alternatives>
País Principal Producto de Importación 2016 2017 2018 Variación Total
Alemania Medicamentos 34.672,04 34.689,34 33.308,32 -3,93%
Bélgica Automóviles de turismo y demás vehículos 11.382,01 44.239,63 85.469,47 650,92%
España Aceites y demás productos de la destilación 34.521,13 72.361,47 62.833,29 82,01%
Francia Medicamentos 13.803,67 14.520,32 15.549,85 12,65%
Grecia Frutas u otros frutos 538,93 766,78 2.460,60 356,57%
Holanda Aceites y demás productos de la destilación 92.891,31 226.338,40 270.648,01 191,36%
Italia Máquinas para trabajar caucho o plástico 12.739,47 10.058,81 14.843,47 16,52%
Reino Unido Sangre humana; sangre animal preparada 10.081,54 11.179,95 16.915,22 67,78%
Suiza Sangre humana; sangre animal preparada 39.260,67 34.958,07 26.134,30 -33,43%
Totales 249.890,77 449.112,77 528.162,53 111,36%
</alternatives>
  —Banco Central.

La tabla 3 contiene los datos, para el mismo periodo, del principal producto de importación de los 9 principales socios comerciales del Ecuador en la Unión Europea. Como puede apreciarse, la magnitud de la variación de las importaciones es bastante diferente de la de las exportaciones. El crecimiento de los principales productos de importación es de 111,36% (79,72% en el primer año y 17,60% en el segundo), es decir, cerca de 32 veces el crecimiento de las exportaciones del principal producto en el mismo periodo. Esta relación fortalece la idea de que el tratado deja, hasta el momento, una relación bastante asimétrica para las partes, siendo el Ecuador el que ampliamente recibe menos beneficios globales.

Otra característica apreciable es que los principales productos de importación por países son, casi en su totalidad, bienes intermedios o finales, es decir, con mayores niveles de generación de valor agregado. Esto es así para todos los países, excepto para Grecia, país del que Ecuador principalmente importa frutas. Sin embargo, el crecimiento de estas importaciones, en dos años, es de 356,57%. Finalmente, contrario a lo ocurre con las exportaciones, la mayor parte del principal producto de importación por país responde a menos del 10% del total de las importaciones, lo cual da cuenta de un alto nivel de diversificación de las exportaciones de esos países con el Ecuador. Al igual que con el patrón de las exportaciones del Ecuador a sus principales socios comerciales en la Unión Europea, es probable que este patrón de importaciones haya estado presente previo a la firma del Tratado. No obstante, esta tabla grafica la acelerada profundización de ese patrón en los dos años de vigencia del tratado, al duplicar, en términos globales, las importaciones de los principales productos con nuestros socios comerciales.

3. Efectos del Tratado: ¿A quién se beneficia?

Las tres tablas presentadas ejemplifican los efectos globales que ha tenido para el Ecuador la firma del tratado comercial con la Unión Europea, en sus dos primeros años. Resalta ante todo una caída bastante pronunciada de la balanza comercial global del Ecuador con la Unión Europea, lo que anula, de partida, gran parte de los argumentos a favor de la firma del tratado, sobre todo aquellos que hablaban de beneficios estructurales para la economía ecuatoriana. En tan solo dos años la caída de la balanza comercial ha sido de 61,82%, por lo que, de seguir la tendencia, esta pronto será negativa. Vale decir que existen sectores que, como se evidencia en la segunda y tercera tablas, sí se han beneficiado del tratado comercial: los exportadores de materias primas e importadores de bienes intermedios y finales.

Otro punto importante a considerar es el escaso incremento de las exportaciones primarias a la Unión Europea que, estimado en función de los principales productos, se ha incrementado en apenas 3,49%. Esto pudo haberse dado por algunas medidas de protección de la Unión Europea, entre ellas las barreras paraarancelarias que tiene, como normas sanitarias y fitosanitarias, certificados de calidad con metodologías unilaterales, certificados de huella ambiental, huella de carbono y ecoetiquetas; o, por la Política Agraria Común de la Unión Europea, que subsidia la producción agrícola de los países miembros de la Unión, dificultando el ingreso por importaciones de productos competidores.

Adicionalmente, y esto no es un punto de menor consideración, al ser el Ecuador una economía sin moneda propia, anclada a la dolarización, es también dependiente, para el sostenimiento de su moneda, de flujos comerciales positivos en el tiempo, que permitan un adecuado balance entre el ingreso y la salida de divisas. Una caída tan abrupta de la balanza comercial del Ecuador con la Unión Europea, al grado de que esta podría pasar de superavitaria a deficitaria en los próximos años, complicaría estructuralmente las condiciones de sostenimiento del sistema monetario del país sudamericano, lo que, de agravarse, podría contribuir a un efecto macroeconómico devastador para la economía en su conjunto, y escenarios tan extremos como el cambio de moneda o la casi absoluta dependencia a flujos financieros externos para sostener el dólar.

Con todo, la gran consecuencia que se evidencia de estos dos años de tratado comercial entre el Ecuador y la Unión Europea, es que se profundiza el patrón de especialización productiva del Ecuador como exportador de materias primas e importador de bienes intermedios y finales, lo que está también acompañado de dinámicas y efectos perniciosos para la economía en su conjunto, y para la vida de las personas. Entre ellos, es dable distinguir los siguientes:

Los precios de las materias primas tienen mayor volatilidad, y menor crecimiento en el tiempo, en el mercado internacional. Adicionalmente, la concentración de las exportaciones en pocos productos incrementa la vulnerabilidad de la economía a shocks externos.

La falta de procesos de agregación de valor impide generar concatenaciones de diferentes sectores de la economía, lo que a su vez impide integrar múltiples sectores de la sociedad en la dinámica económica, repartiendo en menor medida los ingresos generados por la producción.

Los empleos que se requieren con una escasa generación de valor agregado son de menor especialización, lo que se traduce en desincentivos para un mayor desarrollo de capital humano, y para mayores salarios que devienen de emplear a trabajadores con estudios.

Es por esto que la especialización productiva de un país está fuertemente relacionada con variables macroeconómicas como el crecimiento sostenido de mediano y largo plazos, la inequidad, la pobreza, el subempleo, entre otras, que afectan directamente la vida de las personas y sus derechos humanos.

4. Impacto del tratado en términos de derechos humanos, en solo dos años

Si analizamos estos efectos económicos al trasluz del contexto global, podríamos retomar en el análisis algunas de las tesis de autores que han planteado los efectos de mediano y largo plazos de la especialización productiva en productos con escaso valor agregado. Uno de los principales puntos de referencia, en el contexto latinoamericano, es Raúl Prebisch, quien, en el periodo de posguerra, planteaba que el deterioro de los términos de intercambio – la evolución asimétrica en el tiempo de los precios de los bienes primarios vs los bienes industriales, a favor de estos últimos – es una de las principales variables que explican el rezago, en el nivel relativo de desarrollo, de los países de América Latina respecto de los países industriales. Asimismo, planteaba que los primeros debían transitar de un modelo de especialización en la producción de materias primas a uno de producción de bienes intermedios y finales con valor agregado, para poder saldar la brecha de desarrollo (Prebisch 2012).

Posteriormente, autores como Cardoso y Faletto, y también Dos Santos, analizan como estos patrones de especialización productiva pueden configurar un sistema mundo inequitativo, anclado en lo que se llegó a denominar como teoría de centro-periferia, según la cual los países especializados en bienes industriales ocupan el centro y los especializados en la producción de materias primas la periferia, generando así relaciones de dependencia comercial que determinan asimetrías de desarrollo económico y de poder político (Cardoso y Faletto 1977) (Santos 2011). Si sumamos al análisis del impacto de los dos primeros años de vigencia del tratado, esta tesis sobre los efectos de mediano plazo, podríamos concluir, sin mayores complicaciones, que el escenario que se dibuja en el horizonte es el del deterioro de las variables macroeconómicas, que afectan directamente el desarrollo general del Ecuador, y especialmente la vida de las personas.

Finalmente, para cerrar esta hipótesis sobre las perspectivas económicas del Ecuador a raíz de la firma del tratado comercial con la Unión Europea, podemos sumar los resultados de estudios sobre los procesos de desarrollo histórico de los países actualmente industrializados, en los que políticas, como la protección arancelaria, eran un puntal fundamental en sus estrategias a mediano y largo plazos.

El historiador Paul Bairoch sistematiza cómo la protección comercial ha sido una política de primera línea en países considerados actualmente como industrializados, a través de recopilar los datos de las tasas de importación de manufacturas por largos periodos de tiempo. Un ejemplo de estos resultados es Estados Unidos, que desde principios del siglo XIX, hasta la posguerra a mediados del s.XX, sostuvo tarifas promedio para bienes manufacturados, que oscilaban entre el 35% y el 50%. De igual manera, países como Reino Unido, ya tenían tasas para bienes manufacturados que llegaban hasta el 55%, desde antes de finalizadas las guerras napoleónicas en 1815 (Bairoch, 1993). Existen también ejemplos de políticas comerciales aún más restrictivas en importaciones de manufacturas, en procesos de desarrollo industrial mucho más pronunciados, como en el caso de Corea del Sur, en el que la normativa interna le permitía al Gobierno, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, prohibir incluso la importación de productos manufacturados que fuesen en contra de los objetivos de industrialización de los planes quinquenales (Chang 1996).

Tomando en cuenta todo lo anterior, es dable concluir que el acuerdo con la Unión Europea representa una amenaza contundente a la garantía de los derechos humanos en Ecuador, en distintas dimensiones. Primero, porque la firma de este tratado probablemente minará el desarrollo productivo del Ecuador, al profundizar la especialización productiva en la exportación de materias primas, con bajo o nulo valor agregado, y la importación de manufacturas intermedias y finales. Solo eso puede generar inestabilidades estructurales a través de la caída de la balanza comercial, que podría incluso poner en riesgo el sistema monetario vigente y afectar variables macroeconómicas, como el crecimiento de la economía, el nivel de desempleo, de pobreza, de inequidad, entre otras.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla en, sus artículos 23.1, 23.3 y 25.1, que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo; a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia digna, y que será completada por otros medios de protección social; a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia (DUDH 2008).

El deterioro de las condiciones económicas estructurales del Ecuador, ocasionadas por la firma del tratado comercial con la Unión Europea, suponen una amenaza seria a estos derechos. La desaceleración de la dinámica económica trae consigo una caída en el empleo, y si está relacionada con el incremento de la importación de bienes intermedios y finales, afectará mucho más el empleo formal. Tanto la caída del empleo en términos globales –como el desplazamiento del empleo de producción de manufacturas a la producción con menor valor agregado, como es la producción primaria– ocasionan un desplome de los niveles salariales y, en muchos de los casos, también precarización del empleo. Adicionalmente, el ampliar la dependencia de la economía del Ecuador a pocos productos de exportación, se incrementa la volatilidad de su comercio exterior, lo cual, ante un shock externo, profundizaría la vulnerabilidad de la economía en su conjunto, amenazando aún más en términos estructurales el empleo y variables como la pobreza y pobreza extrema.

Como puede apreciarse en los gráficos 5 y 6, en el periodo entre diciembre de 2017 y junio de 2018, las tasas de pobreza, pobreza extrema y el índice de Gini –que estima la inequidad del ingreso, siendo 1 la inequidad total y 0 la equidad total– se incrementan vertiginosamente en el país. La pobreza se incrementa, en 6 meses, de 21,5% a 24,5%. La pobreza extrema, por su parte, crece de 7,9% a 9%. La concentración de la riqueza se incrementa, en el índice de Gini, de 0,459 a 0,472. Todas estas medidas se acercan a los niveles de 2013, es decir, regresando cerca de 5 años, en apenas 6 meses.

Si bien se puede decir que no todo este efecto puede ser explicado a través de los resultados del acuerdo comercial con la Unión Europea, sí es posible señalar que el tratado contribuye a profundizar esta tendencia. Asimismo, es viable afirmar su impacto sobre la tasa de empleo adecuado, la cual, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, decayó de 42,3% a 40,6%, lo que podría explicarse causalmente a través del crecimiento de las importaciones de bienes intermedios y finales, cuya producción está relacionada con el empleo formal.

Es así que la firma del tratado comercial entre Ecuador y la Unión Europea supone un peligro real para el equilibrio de la balanza comercial y el equilibrio macroeconómico del Ecuador. El rápido deterioro de las relaciones comerciales con la Unión Europea –que implica una profundización del patrón de especialización productiva enfocada en bienes primarios, con escaso o nulo valor agregado, y concentrada en pocos productos– pone en grave riesgo a variables como el crecimiento económico en el mediano y largo plazo, el empleo (sobre todo el adecuado), la redistribución de la riqueza, la pobreza y la pobreza extremas; e, incluso, al sistema monetario, lo que podría llevar a un periodo de insostenibilidad sistémica de la economía ecuatoriana.

El deterioro de todas estas variables tiene relación directa con el deterioro de las condiciones de vida de las personas, afectando derechos, por demás reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; el derecho a una remuneración y vida dignas, a un nivel de vida adecuado; a garantías de salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica (DUDH 2008). Es así que este tratado, no solamente contradice las estrategias históricas de desarrollo de los países industrializados, también amenaza directamente a los derechos humanos de las personas, sobre todo a aquellos de sectores más vulnerables. Es indispensable añadir este análisis al de la valoración fría de la evolución de las variables macroeconómicas, para poder entender sus contradicciones fundamentales en el patrón de acumulación de capital, en el contexto de América Latina, y poder plantear soluciones reales.

5. El neoliberalismo y los gobiernos progresistas: una disputa por la democratización de derechos

Es posible afirmar que, en algunos países de Sudamérica, los gobiernos progresistas protagonizan el momento más democrático de los últimos cincuenta años. Primero debido a las dictaduras, y luego al avance neoliberal, a fines del siglo pasado queda una región arrasada, y de cara a una crisis profunda. Entiéndase que se trata de una crisis económica, pero también política, social, civilizatoria. Y es que no solo en el plano de la desigualdad económica y social tuvo impacto el neoliberalismo. Para la década de 1990, el estado generalizado de dependencia y precariedad, desemboca en una crisis de representación y el desencanto de la política, debido al “debilitamiento de la confianza en las promesas de cambio y reparación socioeconómica” (Bonetto 2009,26).

De acuerdo con Bonetto (2009), esta crisis de representación se manifiesta en fenómenos como: la acumulación de decepciones, la extensión del discurso antipolítico, la fragmentación social en sociedades difícilmente representables, el debilitamiento de las identidades colectivas tradicionales, la incapacidad de los partidos políticos regionales para construir proyectos que transformasen las condiciones de inequidad y exclusión. Es así que el contexto de antagonismo político y la exclusión de importantes sectores que, durante décadas, demandaron formas de reconocimiento y redistribución, impacta profundamente en el desarrollo de las democracias regionales. Se evidenciaban décadas de una sistemática expropiación de los derechos, al servicio de políticas imperialistas.

En la región, el proyecto político de la Modernidad va a estar marcado por la debilidad institucional, como uno de los más grandes obstáculos para la democracia, pues las bases del propio sistema democrático han sido “erosionadas por las enormes desigualdades socio-económicas” (Bonetto 2009,10). Aunque las transiciones democráticas, luego de las dictaduras militares, buscan la restauración del estado liberal y la restitución de la legalidad, dejan de lado los cuestionamientos económicos y sociales. Así, estos procesos, que Bonetto denomina “democracias restringidas”, consolidan los derechos humanos de primera generación pero vacían los derechos económicos y sociales (Bonetto 2009, 35).

Este “agotamiento” de las instituciones y prácticas políticas da paso a una época de cambios, que van a afectar las estructuras tradicionales de la democracia representativa en la región (Borón 2003; Goldfrank 2015; Unda 2015). El paulatino proceso de deslegitimación del neoliberalismo resulta en la aparición, a inicios de siglo, de nuevos actores políticos que buscan, al menos en principio, una transición posneoliberal. La victoria electoral de sus propuestas converge con la emergencia de nuevos discursos democráticos en América Latina. Bonetto (2009) sostiene que, por algún tiempo, estos gobiernos logran recuperar la confianza de la ciudadanía.

Así, partiendo de los marcos institucionales de la democracia liberal, intentan transformarla, desbordando sus limitados parámetros, con reformas sociales profundas y búsqueda de protagonismo popular. Se intenta superar la crisis de representación que emerge luego de las frustrantes experiencias de los 80 y los 90, con discursos que enfatizan la soberanía popular, la participación política protagónica del pueblo, la justicia y la equidad social como supuestos irrenunciables del orden democrático (Bonetto 2009, 26).

De acuerdo con Elías, el progresismo es una alternativa a los gobiernos anteriores, que aplicaron el neoliberalismo del Consenso de Washington, a la ofensiva del capital y la crisis económica. Los define como “organizaciones políticas con fuertes raíces en la izquierda y una importante base social en los trabajadores y en los pueblos originarios” (Elías 2016, 75). Explica que se dan en el marco de situaciones heterogéneas y que transforman el concepto de “progresismo” en un “paraguas” de procesos distintos en contenido y profundidad. Con la llegada al poder de Hugo Chávez, en Venezuela, se inicia un proceso de cambio que paulatinamente alcanza una dimensión regional. Varios países, entre ellos Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay, avanzan “en transformaciones contrastantes con la realidad de exclusión social y extrema pobreza de las décadas previas de neoliberalismo rampante” (Acosta, Giordano y Soler 2016, 60).

Fueron procesos políticos que alcanzaron apoyo masivo e impactaron en las estructuras de gobernabilidad y legalidad con fuerza inesperada. Sus programas interpelaban la hegemonía neoliberal, y se enfocaban en el fortalecimiento del estado. Sistemáticamente visibilizados por medios de comunicación internaciones, tuvieron gran impacto no solo dentro de los países sino regional y globalmente. Durante años se conformaron alianzas hacia el exterior y se organizaron políticas al interior de las naciones que los implementaron.

Bonetto entiende el surgimiento de estas alternativas como un proceso de profundización de la democracia. Afirma que los nuevos liderazgos y movimientos políticos logran recuperar la confianza en la política porque están en contra de la “ideología de la resignación”, que se presentó como la vía moderna y seria de política, pero terminó legitimando la “abdicación de la política como instrumento de transformación” (Bonetto 2009, 27). Sin embargo, la confianza perdida se va a restaurar, en muchos de estos procesos, a través del personalismo, la sobreexposición de una figura, con carisma y presencia mediática, que representa la recuperación de la política y la participación de los excluidos. Pese a las contradicciones, son innegables el masivo apoyo popular y las políticas públicas y sociales implementadas durante esos años.

Avanzamos en una disminución de la pobreza y de la exclusión social sin precedentes; la educación pública amplió sus alcances y millones de jóvenes latinoamericanos ingresaron a la universidad, siendo gran parte de ellos la primera generación de estudiantes de nivel superior en sus familias; en algunos de nuestros países, el mercado de trabajo experimentó un significativo proceso de formalización, haciendo de la ampliación del empleo un efectivo mecanismo de inclusión y estabilidad; los derechos humanos ampliaron su horizonte, afirmándose en nuevos campos: la diversidad étnica, cultural y sexual, la plurinacionalidad, los bienes comunes, el desarrollo sostenible, el acceso a la información y el conocimiento, la salud reproductiva, la paz, el buen vivir y tantos otros. Fueron años de una profunda transformación democrática (Pablo Gentili y Trotta 2016, 11).

Daniel Filmus hace una caracterización de los gobiernos progresistas, al identificar un conjunto de rasgos comunes a las diferentes experiencias nacionales. Si bien algunos de estos procesos buscaron el acceso al gobierno por décadas, como el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil y el Frente Amplio (FA) en Uruguay; la mayoría surgen de situaciones difícilmente predecibles, cuyo origen está vinculado a la profunda crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales. Entre otros, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo, responden a la falta de condiciones de sustentación de los grupos de poder político y económico. Pese a sus diferencias, este autor hace un balance de los procesos, y anota algunos de sus rasgos comunes en cuanto a crecimiento económico, igualdad social, democratización de derechos e integración regional.

Como primer rasgo común, Filmus distingue la combinación entre pujante crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza. Explica que ello fue posible gracias al desarrollo de “políticas no ortodoxas en el campo económico y social” (Filmus 2016, 28), muchas de las cuales afectaron los intereses de los sectores privilegiados y favorecieron a grupos históricamente excluidos. Asimismo, los gobiernos progresistas se caracterizaron por la vigencia de la institucionalidad democrática. Si bien los mass media solían presentarles como gobiernos poco democráticos, estos mantuvieron las instituciones tradicionales de la democracia representativa moderna y, de hecho, la fortalecieron mediante la realización frecuente de referéndums, y la creación de nuevas instituciones de integración regional como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), por mencionar algunas (Filmus 2016).

Otro rasgo común fue el rol central del Estado en la conducción del modelo de desarrollo. Como se ha dicho, el Consenso de Washington había impactado en la destrucción del Estado desarrollista en América Latina. Con el fin de aplicar las políticas neoliberales de mercado se promueve un discurso de deslegitimación del estado, “como ente ineficiente, burocrático y represivo” (Filmus 2016, 30), lo que conduce al desmantelamiento y la privatización de las funciones estatales. Es así que la recuperación del papel del Estado significó un desplazamiento en los procesos de desarrollo y distribución de la renta y los bienes, así como en su papel como actor económico, a partir de nacionalizaciones y estatizaciones de empresas de sectores estratégicos, como, por ejemplo, las empresas de hidrocarburos.

De acuerdo con Filmus, una vía para la relegitimación del estado fue la confianza en los líderes, lo que permitió conducir el proceso de desarrollo, recuperar soberanía nacional en la toma de decisiones y dirigir una parte importante de la renta a la inversión pública y a los programas sociales. Con el fortalecimiento del estado, se incrementó el gasto público, la inversión en infraestructura y el gasto social, los programas de empleo y fomento productivo y de vivienda, los programas sociales de lucha contra la pobreza. Precisamente, un tercer atributo de los gobiernos progresistas, fue la implementación de políticas con el fin de cambiar el patrón de crecimiento, favoreciendo un modelo productivo centrado en la generación de trabajo y el mercado interno. En esto jugó un papel fundamental el financiamiento externo y el alza en los precios de productos primarios exportables, pero también las políticas destinadas a proteger el trabajo y revertir la flexibilización y desregulación laboral, propia de los noventa, así como el fomento de la industrialización, la innovación tecnológica y la demanda interna (Filmus 2016).

Todo ello posibilitó la garantía de ciertos derechos para poblaciones históricamente marginadas, y una movilidad social ascendente, hacia la clase media, de importantes sectores. Se ponen en marcha políticas públicas dirigidas a expandir el empleo y a proteger y regular las condiciones del trabajo y la mejora en los ingresos, como el aumento del salario mínimo, y diversas medidas para promover la formalización y fortalecer la institucionalidad laboral, ampliación de la cobertura de salud, y la disminución de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Tal vez, por eso, el más importante rasgo común de estos gobiernos, consiste en el avance en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Según Filmus, la igualdad es el desafío más importante de los gobiernos progresistas, dado que América Latina es el continente con mayor desigualdad en el mundo. El papel del Estado convierte esta problemática en tema central de la agenda de políticas públicas. Durante esos años, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales cobran preponderancia en la legislación y en las políticas económicas y sociales. Los ingresos rompen las tendencias de evolución de la pobreza y la desigualdad de las décadas anteriores. Casi la mitad de los latinoamericanos eran pobres a inicios de los noventa. Las políticas aplicadas hicieron descender la pobreza del 43,9 al 29,2%, entre 2002 y 2015, y la indigencia del 19,3% al 12,4%, en esos años. En cuanto a la desigualdad, los estudios basados en el coeficiente de Gini muestran que disminuyó en proporciones significativas, vinculada a la creación de trabajo, a la mejora de ingresos salariales y al papel del Estado en la inversión pública en educación, salud y previsión social (Filmus 2016, 35). Sin embargo, el autor explica que hubo dos momentos muy diferentes: el primero termina con la crisis de 2008 y se caracteriza por una baja abrupta de la pobreza. A partir de ahí, la disminución de la pobreza y la indigencia frena su ritmo, e incluso se invierte la tendencia en números absolutos.

No obstante, vale aclarar que este cambio tuvo relación con la inversión realizada en seguridad y planes de asistencia social, y el desarrollo de programas destinados a los sectores más postergados y con precarias condiciones de acceso al trabajo formal, como los de transferencia condicionada (PTC), que constituyen transferencias monetarias y no monetarias a familias en situación de pobreza con hijos menores de edad;[1] junto a las inversión en educación, en específico en la ampliación de la cobertura y el aumento de los índices de escolaridad.

(…) el gasto en salud y en vivienda, agua potable, saneamiento y equipamiento comunitario fueron los que menos se incrementaron en la última década. Sin lugar a duda, esta escasa inversión impacta en el mantenimiento de grandes bolsones de marginalidad territorial y habitacional que rodean a los principales centros urbanos de América Latina. La concentración poblacional de los sectores de menos recursos incide fuertemente en la reproducción social de un conjunto de fenómenos que, como la inseguridad, la marginalidad urbana, la precariedad del acceso a los bienes públicos, etcétera, profundizan las condiciones de segregación y pobreza (Filmus 2016, 38).

A pesar de las deudas sociales, el avance en torno a la igualdad fue sustantivo. Por eso Filmus identifica la ampliación de derechos y nuevas formas de participación democrática, como un rasgo distintivo de los gobiernos progresistas. Junto a otros derechos económicos y sociales, se avanza en temas de igualdad de género, aunque con grandes limitaciones. Sin embargo, se desarrollan políticas públicas para la promoción del acceso al empleo; creación de instancias de formación profesional; ampliación de la licencia por maternidad;, puesta en marcha de programas de atención a la infancia focalizados; la exigencia de la paridad de representación; reformas en cuanto a la transferencia de ingresos a las madres, la protección del trabajo doméstico y el reconocimiento del trabajo en el hogar; la implementación de nuevos programas de ampliación de la previsión y protección social para mujeres. Se mejoró, aunque parcialmente, en cuanto a derechos de salud sexual y reproductiva; se incorporaron fuertes penalidades a la discriminación por género en las legislaciones; en los casos de Ecuador y Chile, se reconocieron las uniones civiles de parejas del mismo sexo; y, en Argentina, Brasil y Uruguay, se reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por su parte, las comunidades indígenas, mediante asambleas constituyentes y referéndum, son reconocidas en la definición de estados plurinacionales, incorporando mecanismos de participación política y representación, específicos de estos pueblos, en las Asambleas Legislativas. Se implementaron políticas para la integración social de la población afrodescendiente. En Brasil se creó la Secretaría Especial para la Promoción de la Igualdad Social (2003) y el programa de Diversidad en la Universidad, para el acceso a los estudios superiores de grupos socialmente más vulnerables, con énfasis en negros e indígenas (Filmus 2016).

Como último punto, los gobiernos progresistas fortalecieron la institucionalidad e integración regional. A partir de los ochenta, la recuperación de las democracias termina con la época de la Operación Cóndor, los gobiernos militares y sus acciones represivas. Pero, la hegemonía de las políticas neoliberales y el Consenso de Washington, orientan las políticas regionales en función del libre mercado. Tanto el Mercosur (1991) como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 1992) surgieron con este objetivo (Filmus 2016, 42). En la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005, varios países se niegan a integrar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y se integran mediante la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), en 2004, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en 2008, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en 2011. Para Filmus se crea un nuevo modelo de integración no basado únicamente en las relaciones comerciales:

La creación de una institucionalidad regional que genere mayores condiciones de autonomía, un incremento en el grado de independencia en la toma de decisiones a nivel regional –y, en particular, como bloque– en los organismos multilaterales, el avance en el diseño de estrategias comunes en temáticas tradicionalmente no abordadas en forma conjunta –como la defensa, el desarrollo sustentable y las crisis globales– son algunos de los logros más importantes desde la perspectiva política (Filmus 2016, 42).

En resumen, este período se define como el momento de mayor crecimiento, en cuarenta años, para América Latina, una mejor distribución de la riqueza y con políticas destinadas a generar mayor igualdad social. El fortalecimiento del papel del Estado, la disminución sustantiva de las tasas de pobreza e indigencia y una mayor integración regional fueron cambios significativos. Sin embargo, muy pronto se empieza a temer por la sustentabilidad de estas reformas, que estuvieron apoyadas más en la evolución del ciclo económico que en transformaciones de tipo estructural. En breve tiempo, la desaceleración del crecimiento pondrá en evidencia la fragilidad de algunas de estas mejoras y la dependencia de la región de la producción y exportación de productos primarios (Filmus 2016).

Tal vez por esto, y por otras circunstancias, contingentes y estructurales, es en el contexto de los gobiernos progresistas, que se abren paso procesos contradictorios a la tendencia democratizadora que habían defendido estos desde un inicio; como, por mencionar el ejemplo que nos ocupa, la pérdida de soberanía y el retroceso en términos de derechos, que implica la firma del Tratado Comercial con la Unión Europea. Como parece demasiado facilista, y no lo suficiente objetivo, adjudicarle al progresismo una simple demagogia “populista”, es necesario un análisis que perciba estas contradicciones como síntomas de una reestructuración capitalista en proceso.

Si adoptamos esta premisa, el Tratado en cuestión es, o puede ser, un indicio de la capacidad del capitalismo para reconstruirse y autoregenerarse constantemente (Berman 1988), para metabolizar los agentes de subversión y convertirlos, así, en algo que puede tributar a su desarrollo. Esta hipótesis permitiría, en última instancia, transitar hacia una reflexión de orden crítico, que eche luz sobre las condiciones de posibilidad de la democratización y las conquistas de los derechos, en el marco de la racionalidad capitalista. Aunque no podemos responder tanto en esta incursión, sí es posible presentar unas tesis sobre la relación orgánica, constitutiva y de presuposición, entre las prácticas políticas injerencistas, típicas de los tratados, y la racionalidad antiderechos, que está en la esencia del capitalismo.

6. La lógica estructural del capitalismo desde, durante y después de los gobiernos progresistas: el rol del TLC

Un fantasma recorre Latinoamérica, pero ahora es el fantasma del ajuste neoliberal, y todas las fuerzas parecen unirse para reforzarlo, hegemonizarlo. El peligro mayor es que pase de ser impuesto a cada vez más normalizado.

Luego de una década, y pese a los esfuerzos empeñados, los gobiernos progresistas no logran revertir la desigualdad, ni la concentración de cada vez mayor riqueza en un reducido porcentaje de la población. América Latina “continúa siendo el continente más desigual del mundo” (Yamandú Acosta, Giordano y Soler 2016, 61). Según los autores, la heterodoxia política de estos gobiernos despertó más interrogantes que certezas y atentó contra la posibilidad de aportar organicidad o afiliaciones más sólidas con vistas a un proyecto de cambio.

En el plano cultural, los proyectos transformadores de las primeras décadas del siglo XXI han fallado en la construcción de una hegemonía alternativa a la hegemonía neoliberal, la cual a pesar de los cambios introducidos pudo conservar significativas cuotas de poder. En este contexto, se hace evidente el enorme poder que han logrado sostener sus portavoces: los viejos y nuevos agentes de producción pero también los viejos y nuevos agentes de difusión de ideas. El mapa político actual de América Latina está en proceso de reconfiguración con gobiernos que ampliamente podríamos agrupar como de derechas (Yamandú Acosta, Giordano y Soler 2016, 62).

El problema no es del progresismo en sí, sino de sus condiciones de posibilidad objetivas. Los gobiernos progresistas del Cono Sur, con todas sus diferencias, se inscriben dentro de las opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar las crisis; es por ello que llegan al gobierno “vaciando su discurso político de los objetivos estratégicos de la izquierda, y asumen las reformas del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo” (Elías 2016, 76). De esta forma, Elías reconoce fuertes cambios en el plano político-electoral, pero mínimos en lo ideológico: en los ámbitos de lo económico e institucional, estos gobiernos profundizan el capitalismo. Sostiene que su principal carencia es pretender atenuar los males del capitalismo, sin haberlo enfrentado como sistema. Y menciona otros desafíos, como la recesión económica y la polarización política, que luego de estas experiencias, quedan como tarea pendiente a los progresismos (Elías 2016).

Esto no significa que no haya espacios sociales y políticos por disputar en cada uno de ellos. En Bolivia, Ecuador y Venezuela, la situación fue muy distinta; hubo avances importantes en el enfrentamiento a las empresas transnacionales, restringiendo su capacidad de acumulación. Los cambios fueron más profundos y fuertes en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería; a su vez, los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y la construcción de poder social, no obstante los persistentes intentos desestabilizadores de Estados Unidos. Lo anterior, sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantienen y que estos países han evolucionado de manera bastante diferente por presiones externas y por problemas internos (Elías 2016, 76-7).

El contexto de la segunda década del siglo XX evidencia el movimiento de la crisis de la economía mundial, que se traslada de los países centrales a los periféricos. Es por eso que la actualidad está marcada por una ofensiva del capital trasnacional, la imposición de mega tratados comerciales, la expansión de las empresas y la maximización de sus beneficios, así como la profundización del modelo de acumulación vigente, que implica la expansión del capital a los recursos y bienes que aún están en manos del Estado. “Se revaloriza el valor del dólar y se deprecian las monedas de los países del sur; caen sustancialmente los precios de los productos primarios exportables y comienza un proceso de debilitamiento económico de los países y un empobrecimiento creciente de las clases subordinadas” (Elías 2016, 70).

De acuerdo con Elías, se trata de un proceso de cambios institucionales que son impulsados por los países centrales. El objetivo fundamental es la desregulación de los procesos productivos nacionales, de las seguridades en cuanto a derechos de los trabajadores y de los servicios que proveen las empresas públicas. Todo ello facilita la penetración de las empresas transnacionales, principales beneficiarias de los tratados de libre comercio.

Un primer problema es la privatización de derechos sociales antes más o menos garantizados en la región. En los tratados quedan incluidos ámbitos como los de educación, salud y seguridad Social, electricidad, agua y telefonía. En resumen, “los tratados plurilaterales son parte de una nueva estructura institucional mundial cuyo objetivo es garantizar el control total de nuestras economías, haciendo que la estructura democrática republicana sea solamente un mecanismo para elegir administradores, con espacios muy limitados de acción” (Elías 2016, 82). Es en este contexto que los tratados de libre comercio empiezan a cobrar sentido, no como estrategias de intercambio comercial, sino como fuentes de producción de hegemonía.

Con este acuerdo se reducen las soberanías nacionales, ya que se pierde control de las economías, y se afecta la democracia, en tanto los acuerdos adquieren carácter supraconstitucional. Los inversores extranjeros obtendrán así protección respecto a las reglamentaciones restrictivas del “libre” comercio, aunque estas estén diseñadas para proteger el medioambiente, la salud, la seguridad pública, la estabilidad financiera o para garantizar el acceso universal a los servicios. Los derechos laborales y los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos, también podrán ser puestos en cuestión, generando un deterioro significativo de ellos (Elías 2016, 79).

Por tanto, para entender el “desenlace” de los progresismos, y las condiciones actuales de la región latinoamericana, hay que analizar la ofensiva del capital y la defensa de un modelo de acumulación que busca una respuesta a la caída de la tasa de ganancia. Y, a la par, una repuesta a la reconstitución de la hegemonía capitalista.

Pablo González Casanova hace un recuento de la actualidad latinoamericana luego de los gobiernos progresistas. Describe la región colonizada por un capitalismo de despojo, un sistema de dominación sustentado en la acumulación de poder y riquezas. Como rasgos relevantes, distingue la combinación del trabajo asalariado con otros modos de producción como el esclavismo y las nuevas formas de tributación y despojo, mediante deudas que se cobran con bienes y territorios, embargos y privatización de recursos. Comenta el sometimiento de gobiernos a corporaciones, el predominio de políticas colaboracionistas, en contra del principio de soberanía. Estas políticas tienden a ocasionar o reforzar problemas de sobreproducción y subconsumo; la absorción, por grandes corporaciones, de los mercados nacionales; la conversión de bienes y territorios en “enclaves coloniales”; la anulación de servicios públicos que son privatizados, principalmente en las áreas de la educación, salud, pensiones, jubilaciones y el conjunto de la seguridad social. En nexo con estas circunstancias, otras como las crisis por las especulaciones de banqueros que quiebran a miles de deudores (la del 2008 en Argentina, y en Ecuador en el 2000) refuerzan la devaluación de la moneda, la inflación creciente, la congelación de salarios y de servicios y mercados antes subsidiados y hoy desaparecidos, o por desaparecer, a favor de megaempresas y corporaciones financieras, armamentistas, mineras, agroindustriales, constructoras, y de servicios (González Casanova 2016).

En la política, esto se refracta en formas de dependencia instauradas con “golpes de Estado blandos” aplicados, y los vínculos entre el crimen organizado y los gobiernos locales, las guerras “internas”, reales, con las virtuales, con o sin uso de los militares, y mediante la combinación de la inflación con el desabastecimiento. Todo esto impacta en la creciente disminución de los empleos y de las fuentes de trabajo, junto a macropolíticas de represión y corrupción, violación de los derechos nacionales y humanos, ataque a los derechos agrarios de las comunidades, y el despojo por parte de narcos y mafiosos de los recursos y las tierras de comuneros y pequeños propietarios. La creciente criminalización de grupos vulnerables resulta en los desplazados por la violencia, los que se encuentran en la extrema miseria, los homicidios intencionales, los feminicidios, los migrantes indocumentados y la precarización de todo.

Así es el arte de gobernar “eficientemente”, así se ejerce una llamada “democracia” que ha sido privatizada por las grandes corporaciones y utilizada por la clase política para ocupar puestos jugosos de elección popular y disponer de las ventajas y concesiones de que se sirven sus jefes políticos y clientelas. […] la amenaza a la vida en la Tierra y el horror sistémico de la actual organización del trabajo y de la vida” (González Casanova 2016, 23).

Gentili y Trotta coinciden en que la situación es compleja y perturbadora. Hacen un recuento de los últimos años, y ven que los gobiernos de Paraguay y Honduras fueron derrocados por golpes de Estado, ante la indiferencia mundial; Dilma Rousseff fue destituida, luego de haber sido elegida por más de 52 millones de brasileños y brasileñas; más del 65% de la ciudadanía no se pronunció en el plebiscito por la Paz en Colombia, y menos del 20% del total de votantes eligió mantener el conflicto luego más de medio siglo de guerra. Para los autores el triunfo de Mauricio Macri, en Argentina y el de Pedro Pablo Kuczynski, en Perú, indicaron la emergencia de gobiernos de derecha que obtienen el poder prometiendo consolidar las conquistas democráticas de los últimos años. Sin embargo, el caso Argentino evidencia la fragilidad del modelo, cuando los resultados del primer año de gobierno de Macri fueron 5 millones de nuevos pobres, un endeudamiento de más de 45 mil millones de dólares, déficit fiscal e inflación crecientes, ascenso del desempleo y la multiplicación de privilegios y prebendas para las oligarquías y grupos multinacionales (Pablo Gentili y Trotta 2016,12).

La pregunta que muchos se han hecho es ¿qué pasó? ¿Cómo se retrocedió tan rápidamente en materia de derechos? Según Beatriz Stolowicz el retroceso es resultado de una contraofensiva imperialista, que se sirvió de las burguesías locales para desestabilizar los gobiernos progresistas. Estos, en medio de las contingencias y contradicciones que enfrentaron sus procesos de cambio, no fueron capaces ya de mantener los niveles de compensación social con que respondían a la crisis, ni de conservar la base social que tuvieron al inicio. Según la autora, se necesitaba de una acción mucho más radical: que los gobiernos utilizaran el poder estatal para reducir el poder del capital, lo que implicaba admitir el conflicto de clases y tomar una postura al respecto (Stolowicz 2012, 398).

No son asuntos aledaños o contingentes, sino expresiones de problemas estructurales que son constitutivos del modelo de democracia realmente existente, y de una crisis económica, moral, intelectual y política que abarca todas las actividades de la vida. Lo que las regulaciones neoliberales recientes están demostrando es la capacidad de reproducción de un modelo de política que se funda en la exclusión, y tiene las condiciones propicias para desarrollarse en la región más desigual del planeta.

Se trata de una estrategia de expansión de las relaciones capitalistas de producción, hacia ámbitos antes preservados, como servicios públicos, fondos de pensión, salud, educación, seguridad, las cárceles, entre otros (Borón 2012). Es así que el impacto sobre las vidas concretas no solo se reduce a estadísticas y desplazamientos poblacionales. Es posible afirmar que el recrudecimiento en las condiciones de vida y el sistema de necesidades se traduce también en fenómenos como la escalada de violencia, y las restricciones de acceso a múltiples derechos de los grupos más vulnerables. Pero lo contradictorio es el vínculo entre estas lógicas de reproducción de la desigualdad y las instituciones de la democracia busguesa: la relación estructural entre desigualdad y capitalismo es orgánica, pues ambos se presuponen para existir. Lo que obliga a pensar en el lugar de los derechos dentro de la hegemonía capitalista, o sea, en el rol legitimador que, por un lado, ciertas políticas sociales pueden jugar, siempre que sean reguladas y controladas, siempre que no afecten la reproducción ampliada del capital, su racionalidad en expansión, como sistema de relaciones sociales.

Un ejemplo puede ser esa postura, ciertamente común, que considera que “el peor déficit de las democracias regionales –y por lo tanto, la verdadera tarea pendiente- es la reconstrucción liberal-institucional” (Bonetto 2009, 27). Tal hipótesis es demostrativa de esa tendencia a entender el cambio producto de aplicaciones técnicas, propias y constitutivas del capitalismo, entre ellas, los tratados de libre comercio, como la respuesta a los problemas económicos de los países periféricos.

El análisis de los cambios políticos de los últimos quince años revela una revolución pasiva posliberal, visible también en varias de las formulaciones de izquierda sobre las alternativas al neoliberalismo. Por ejemplo, el que ciertas izquierdas adoptaran el neodesarrollismo como la postura “realista” para un “Socialismo del Siglo XXI” (Stolowicz 2012, 398). A la par, el problema del Estado en el socialismo, como Estado ampliado en y de una nueva sociedad, y no sólo aparato, que continúa siendo un desafío para las izquierdas, regionales y de otras partes. Y, en consecuencia, la superación de la dicotomía liberal Estado-mercado y el replanteo de la relación público-privado, como ejes de acción irrenunciables. De acuerdo con Stolowicz, la formulación del socialismo realista de la era posneoliberal, se centró en “hacer subir” a los individuos peor colocados en la escala social, para evitar que la desigualdad social se profundice: una supuesta concepción de igualdad en la diversidad que, sostiene, termina siendo una justificación de la acumulación capitalista. Un modelo, explica, donde la distribución del ingreso y las riquezas no necesita ser igual, solo ventajosa para todos; y los puestos de autoridad y mando accesibles para los diversos grupos sociales; mientras, el obrero productor se transforma en trabajador consumidor, como en el caso particular de la universalización de los celulares (Stolowicz 2012). El problema consiste en que, en apariencia, la explotación desaparece, pero se mantiene un control total del capital sobre la subjetividad y las prácticas de los individuos.

De acuerdo con esta formulación, el conflicto con el capital se dirime sólo en el mercado como dominación; y por eso el objetivo socialista de reducir la desigualdad se lleva a cabo con las políticas sociales para reducir la desigualdad de género, étnica, educativa y de manera focalizada para hacer “subir” a los más desventajados en sus ingresos; así como acciones para crear una nueva hegemonía cultural. Este socialismo es concebido, además, como: “un 'movimiento' por 'dentro ' y por 'fuera ' del Estado -de sucesivas transformaciones que obstruyen la reproducción de las desigualdades y amplían las condiciones de igualdad”, que no está pensado en relación con algún “modo de producción determinado”. Sin embargo, es visible que la base material de ese socialismo realista está pensada desde el neodesarrollismo. En este movimiento que lo es todo, el incrementalismo democrático liberal-republicano no parece encontrar ningún límite en la reacción del capital para preservar su poder, es una acumulación democrática sin sobresaltos (Stolowicz 2012, 395).

Para Beatriz Stolowicz la discusión posliberalismo/anticapitalismo no puede enfocarse en el neodesarrollismo transnacional ni en lo que denomina las posturas posliberales de la derecha en la izquierda: no pueden fundarse en una reforma social cuyo argumento “progresista” consiste en regular al capital especulativo para llegar a un “capitalismo en serio” (Stolowicz 2012, 397). Y concluye:

Pese a todas las críticas morales que estos “socialismos posliberales” le hacen al capitalismo por opresivo, por generar cultura individualista y enajenación, sus propuestas de reformas realistas no están en la dirección de superar al capitalismo sino de administrarlo. Una vez más, la discusión actual no es de medios sino de fines, sobre la dirección hacia donde caminar. Reformulada como posliberalismo o anticapitalismo, apunta precisamente a exhibir el objetivo de las “reformas posliberales” de perpetuar al capitalismo realmente existente, y de que sólo reduciendo el poder del capital se puede superar al neoliberalismo (Stolowicz 2012, 396).

Frente a todo ello, se impone la necesidad de pensar, desde la condición de subalternidad y periferia, cómo las lógicas de desarrollo dependiente y las formas liberales de racionalidad económica, si bien son bases de modernización y progreso, también son, generalmente, cómplices en la estrategia de normalizar la precarización de la vida humana, hacia una escalada de productivismo sin autonomía, sin soberanía y sin derechos.

Con los gobiernos progresistas, el capital encontró un competidor, un agente de subversión de ciertas prácticas políticas tradicionales, que reaccionaba ante el avance neoliberal de entonces. No obstante, sin cambios estructurales mayores, y tal vez sin siquiera las condiciones históricas para alcanzarlos, las relaciones sociales capitalistas, naturalizadas, pudieron metabolizar los procesos democratizadores rápidamente, y encauzarlos como materia prima para su desarrollo. No de una vez y para siempre, pero sí en las circunstancias actuales de la lucha de hegemonías políticas.

El neoliberalismo, articulado a los fundamentalismos, abre paso a un nuevo momento. Por un lado, este se basa en una nueva regulación, por el mercado, de los recursos y bienes, incluido el capital humano y el sistema de derechos, así como todas las pautas para redistribución y reconocimiento, puestas en función del intercambio mercantil privatizado de economías dependientes. Por otro, los fundamentalismos ayudan a reorientar y redirigir la energía de la protesta, así como a desmovilizar las instancias de lucha. La precarización de la vida, la intolerancia y el miedo, son aristas de una misma fórmula cuyo fin es unilateralizar la capacidad agencial humana hacia el productivismo: la reproducción técnica y deshumanizada del capital.

Esta estructura articula agentes locales y globales en torno a un sector empresarial privatizado y privatizador, que es la primera línea del despojo, como, por ejemplo, en la creación de intermediarios entre los campesinos y el consumo de sus productos en supermercados. Así, sucesivamente, se van articulando los sectores de inversión, producción y ganancia hacia y desde los ámbitos gubernamentales y legales. Uno de sus puntos de densidad es, como hemos visto, los tratados de libre comercio, que regulan la dependencia económica y cultural desde una relación centro-periferia, donde el poder circula más allá de los indicativos económicos, hacia la monopolización de la vida, la precarización del trabajo y del consumo, el atrapamiento de las personas en un régimen de inseguridad, y la sujeción a una existencia consumada en el trabajo enajenado. En medio de esto, el estado generalizado de incertidumbre y los fundamentalismos neo-religiosos y postmodernos hacen su parte, como ideologías desmovilizadoras de la energía de la protesta.

Entiéndase que esta es una incertidumbre con carácter productivo, que ataca esencialmente el núcleo de la imaginación política, y condiciona las vías de la transformación, al dificultar el ejercicio de pensarla, y articularla como proyecto político. Es una incertidumbre que, a la par, produce víctimas incontables, que son su condición de existencia: migrantes y desplazados en la desesperanza, fuera de todo contrato jurídico, expulsados de todos los derechos; mujeres cuyos cuerpos serán territorio para la muerte y el despojo, cuyas vidas se consumen en los trabajos productivo y reproductivo a la vez, en quienes se expresa primero la escalada de la violencia; trabajadores cada vez más precarizados; periferias cada vez más abandonadas. Y todo esto sucede cuando ya no hay tiempo, ante el peligro inminente de la destrucción del ecosistema que, en breve, puede llegar a ser irreversible.

Estas víctimas incontables, ante las cuales todos y todas somos responsables, son los pilares que sostienen la reproducción del modelo de acumulación capitalista, legitimado en órdenes institucionales y en intercambios múltiples, como los tratados de libre comercio, pero también en las formas de colonialidad y dominación discursivas y materiales, que conforman el régimen de verdad de nuestras vidas cotidianas. Es por eso que el neoliberalismo no solo es un modelo de dependencia política, también es un proyecto político. Y como se ha visto, es altamente resiliente, posee una enorme capacidad para recuperarse ante la adversidad y seguir proyectando el futuro.


Notas
[1].

fn1 Entre los de mayor impacto están el Programa Bolsa Familia (Brasil), la Asignación Universal por Hijo (Argentina), Plan Equidad (Uruguay), Chile Solidario (Chile), Bono Jacinto Pinto (Bolivia), Bono de Desarrollo Humano (Ecuador) y el Programa Tekopora (Paraguay) (Filmus 2016, 35).

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