Dimensiones del concepto de Daño según los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dimensões do conceito de dano de acordo com os critérios da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Dimensions of the concept of Damage according to the criteria of the Inter-American Court of Human Rights

 

Esther Rivera García

Licenciada en Derecho

Docente en la Facultad de Derecho

Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad de México, México

riverag.esther@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2000-3482

 

 


Resumen: En lo que sigue se aborda el tema de Daño considerando los criterios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la primera parte se presentará la definición del concepto de daño, para posteriormente señalar las dimensiones que existen atendiendo a su clasificación tomando como punto de referencias las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

 

Palabras clave: daño; material; inmaterial; víctima.

 

Resumo: A seguir, considera-se a questão do dano, considerando os critérios da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na primeira parte, será apresentada a definição do conceito de dano, para posteriormente indicar as dimensões que existem de acordo com sua classificação tomando como ponto de referência as sentenças proferidas pela Corte Interamericana.

 

Palavras-chave: dano; dano material; dano imaterial; vítima.

 

Abstract: In the following the issue of harm is considered considering the criteria of the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. In the first part, the definition of the concept of damage will be presented, to later indicate the dimensions that exist in response to its classification, taking as a point of reference the sentences issued by the Inter-American Court.

 

Key words: damage; material damage; immaterial damage; victim.

 

 

 

 

Fecha de recepción: 25 de febrero de 2019.

Fecha de aceptación: 12 de junio de 2019.

 

 

 

 


 

*[1]

Introducción

La reparación del daño es un tema que plantea diversos retos para los operadores de justicia y para las víctimas de violación a los derechos humanos, ya que su operatividad depende en gran medida de las condiciones estructurales que existan para su puesta en marcha, pero sobre todo, requiere trascender la concepción tradicional del daño y de su reparación, lo cual ha sido orientado por una visión patrimonialista, dejando de lado dejando de lado el complejo integral del que se compone la vida del ser humano, pues el daño no sólo afecta al patrimonio sino que también se afectan valores, creencias, la confianza en el devenir futuro e incluso la vida misma de las personas.

Por ejemplo, una persona que es afectada por robo a casa habitación no sólo se impacta su esfera patrimonial —lo cual es por demás evidente—, sino que también se afecta su percepción sobre la seguridad de su entorno, su tranquilidad y su vida cotidiana, pues se trastoca el espacio que, por su propia naturaleza, el ser humano considera el más seguro; por lo que el temor y el desconcierto se hacen presentes en la víctima del daño.

En sentido similar, cuando un integrante de una comunidad es detenido arbitrariamente, no sólo él se ve afectado, sino que ese daño trasciende a su núcleo familiar, comunal y social, pues emocional y socialmente genera en las víctimas indirectas el desasosiego, la incertidumbre ante la ilegalidad, y el temor fundado a ser próximas víctimas. Además de que el tiempo de vida perdido en reclusión de quien es detenido es irreparable.

Así también, debe señalarse que los casos de daños cometidos en contra de colectividades demuestran que el daño no sólo impacta en su esfera patrimonial, pues, por ejemplo, cuando una comunidad es expulsada de su espacio territorial, no sólo pierden sus casas, propiedades privadas o bienes, sino que principalmente se afecta su identidad cultural, su concepción de la vida y el mundo, sus prácticas culturales, sus valores, su desarrollo comunitario y, por supuesto, sus relaciones familiares y sociales; ello sin olvidar los efectos físicos en su salud física y mental.

Ante casos como los ejemplificados, la definición tradicional del daño, que aún prevalece en las instituciones del Estado mexicano, se torna limitada para hacer evidente la trascendencia de la afectación, de ahí que resulte indispensable que en el análisis del derecho de daños, la responsabilidad civil y la responsabilidad del Estado, se consideren los criterios jurídicos que permiten una definición más amplia del daño y sus dimensiones, pues ello implicará un cambio paradigmático para la definición de las medidas de reparación que se establezcan a favor de las personas víctimas del delito o de la violación de derechos humanos.

Atendiendo a lo anterior, el presente documento tiene como propósito presentar la clasificación que se ha hecho en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte o CoIDH), sobre el concepto de daño, por lo que se expondrán definiciones relativas al daño material e inmaterial y las subsecuentes divisiones. Asimismo, comprendiendo la indisoluble relación que existe entre el Daño y las medidas de reparación, se presentan las medidas de reparación que han sido consideradas en la jurisprudencia de la Corte. Lo anterior, servirá como elementos base que permitirán un estudio introductorio al tema y conocer, a grandes rasgos, los criterios que habrán de aplicarse para la clasificación del daño.

 

I. Responsabilidad

El injusto cometido que genera un daño debe ser reparado por quién lo causo, sea que haya sido un acto intencional o negligente, pues debe atenderse a la responsabilidad derivada de su actuar volitivo, lo cual constriñe a la persona física, moral o incluso al Estado, a realizar acciones de reparación del daño. En otras palabras, la responsabilidad ocurre cuando se incumple con una obligación (de hacer o no hacer) por la cual se genera un daño al derecho de otra persona. La responsabilidad se deriva de la relación reciproca que existe entre cada una de las partes que participa de cumplir obligaciones en relación a un derecho ajeno, en el caso de los derechos humanos, esa relación reciproca se establece entre el individuo y el Estado, ya que éste tiene el deber de garantizar la plena vigencia de los mismos, por lo que tales obligaciones recaen exclusivamente sobre el Estado. El individuo actúa como sujeto de derechos y el Estado como el agente que asume las obligaciones inherentes a tales derechos.

Al respecto cabe mencionar que una vez contraída una obligación internacional, a través de la firma de acuerdos o tratados internacional, los Estados Parte no pueden invocar la soberanía para su interpretación pues, con fundamento en lo contenido en la Convención de Viena, a ningún Estado le está permitido invocar dificultades con su orden normativo interno para intentar justificar el no cumplimiento de sus obligaciones convencionales. Asimismo, es un principio generalmente aceptado del derecho internacional que en las relaciones entre las Partes contratantes de un tratado, las disposiciones de una ley interna no pueden prevalecer sobre las del tratado, por lo que en un proceso de armonización legislativa o de incorporación y conversión de las normas internacionales al ámbito normativo interno, éstas no pueden sufrir modificaciones de tal naturaleza que afecten las obligaciones contraídas en un instrumento internacional, incluso tal proceso de armonización puede considerarse como una fuente para el derecho interno.

El efecto vinculante de tales tratados se puede entender si se considera que los acuerdos son elaborados y aplicados desde una perspectiva “más democrática” que, en un ordenamiento interno, pues al no existir un poder centralizado la expresión de voluntad de los Estados se manifiesta en normas que reflejan el consenso, el convencimiento o el interés de los propios en que tales acuerdos se cumplan.

Aunado a ello, debe aceptarse que el incumplimiento por un Estado de algunas de las obligaciones contraídas puede afectar la finalidad o el objeto mismo del instrumento, violentando con ello principios que rigen las relaciones entre los sujetos de derecho internacional, por ejemplo, el principio aprobado en la resolución 2625: “Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos.

Doctrinalmente la responsabilidad internacional se basa en dos elementos: la existencia de un incumplimiento de una obligación internacional (elemento objetivo), tal incumplimiento debe ser atribuible a un sujeto (elemento subjetivo).

Con el avance de la teoría de la responsabilidad resulta innecesario la provocación de un daño a un tercero, pues el solo incumplimiento o violación a una obligación es causa suficiente para considerar responsable a un sujeto de derecho internacional.

Asimismo, tanto la doctrina como el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional (International Law Comission) hace la diferencia entre las causas de responsabilidad, ya sea que se origine por una conducta ilícita, o bien, por un hecho riesgoso.

Al respecto, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) ha trabajado sobre un proyecto que se compone de 59 artículos respecto la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de la responsabilidad internacional, el cual abarca cuatro partes: 1. Concepto y presupuestos de las infracciones de derecho internacional, 2. Contenido de la responsabilidad del Estado, 3. Declaratoria de la responsabilidad y 4. Disposiciones generales.

El presupuesto para establecer la responsabilidad de un Estado es la violación de un deber del derecho internacional, esto constituye una infracción; en el caso de responsabilidad derivado de una actividad riesgosa, esta se origina en una actividad no prohibida pero riesgosa, cuyo efecto puede traducirse en un daño.

Para atribuir responsabilidad a un Estado debe tenerse en cuenta que la actividad de todos sus órganos puede ser susceptible de generar actividades prohibidas o riesgosas, ya sea que se ejecuten por el ejecutivo, el legislativo, el judicial o cualquier otro órgano, en este sentido el artículo 4 del proyecto establece:

La conducta de todos los órganos del Estado debe considerarse como un acto de ese Estado bajo el derecho internacional, ya sea que el órgano ejerza el poder legislativo, ejecutivo, judicial o cualquiera otra función, cualquiera que sea la posición que tenga en la organización del Estado y ya sea que su carácter sea el de un órgano del gobierno central o de una unidad territorial del Estado.

Por tanto, un órgano del Estado, incluso actuando ultra vires (excediendo sus propias competencias), es considerado un hecho del Estado (art. 7), así también una persona o entidad que no sea órgano del Estado según el artículo 4 pero esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, siempre que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad.

Es importante señalar que los tratados de derechos humanos tienen particularidades diferenciadas respecto de otros tratados de tipo clásico, que establecen derechos o concesiones o ventajas reciprocas, para las partes contratantes. Los tratados de derechos humanos, prescriben obligaciones de carácter esencialmente objetivo, las cuales han de ser aplicadas y garantizadas a todos los seres humanos sujetos a la jurisdicción del Estado Parte, ya que se enfatiza el predominio de consideraciones de interés general y orden público, lo cual trascienden el interés de las partes contratantes . Por lo que su interpretación ha de realizarse con el objetivo de proteger los derechos humanos y el deber de siempre elegir la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por los tratados de derechos humanos, según el principio de la norma más favorable al ser humano. Además de acompañar dicha interpretación con la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, es decir, hacer una interpretación evolutiva, lo cual es consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados.

Sobre el tema de responsabilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en diversas resoluciones que la responsabilidad internacional del Estado surge en el momento mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito internacional que le sea atribuible, en violación de sus obligaciones adquiridas en virtud de un tratado de derechos humanos , además de ser consecuencia de todo menoscabo a los derechos humanos que pueda ser atribuido a la acción, y también a la omisión, de cualquier poder u órgano de éste. La responsabilidad internacional puede configurarse aún en ausencia de intencionalidad, y hechos violatorios de la Convención son de responsabilidad del Estado independientemente de que éstos sean o no consecuencia de una política estatal deliberada.

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), establece que todo Estado Parte de la Convención se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por lo que en el caso de que se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.

Lo anterior, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana, constituye en definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a la misma. En tal sentido es posible afirmar que de dicha disposición surgen dos obligaciones:

a. La obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana, pues el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado, razón por la cual no existe legitimidad para su menoscabo por el ejercicio del poder público. En otras palabras, se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que solo puede penetrar limitadamente.

b. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción, lo cual implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras mediante las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, previniendo, investigando y, si es el caso, juzgando y sancionando toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana, así como procurando el restablecimiento del derecho vulnerado, en el caso de ser posible, y reparando los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

Con base en lo anterior, todo menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y demás instrumentos internacionales orientados a su protección, según las propias reglas del Derecho Internacional, derivado de la acción u omisión de cualquier órgano o autoridad de un Estado, constituye un hecho del Estado capaz de producir responsabilidad internacional en los términos de la Convención Americana y según el Derecho Internacional Público; lo cual puede configurarse aún en ausencia de intencionalidad, ya que las obligaciones de garantía y protección de los derechos humanos a la luz de la Convención Americana, de carácter erga omnes, recaen exclusivamente en el Estado, en un efecto vertical de los derechos humanos. En relación a ello, el Juez A.A. Cançado Trindade ha afirmado lo siguiente: “(…) podemos considerar tales obligaciones erga omnes desde dos dimensiones, una horizontal y otra vertical, que se complementan”.

Así, las obligaciones erga omnes de protección, en una dimensión horizontal, son obligaciones atinentes a la protección de los seres humanos debidas a la comunidad internacional como un todo. En el marco del derecho internacional convencional, vinculan ellas todos los Estados Partes en los tratados de derechos humanos (obligaciones erga omnes partes), y, en el ámbito del derecho Internacional general, vinculan todos los Estados que componen la comunidad internacional organizada, sean o no Partes en aquellos tratados (obligaciones erga omnes lato sensu). En una dimensión vertical, las obligaciones erga omnes de protección vinculan tanto los órganos y agentes del poder público (estatal), como los simples particulares (en las relaciones interindividuales) (…) en cuanto a la dimensión vertical, la obligación general, consagrada en el artículo 1(1) de la Convención Americana, de respetar y garantizar el libre ejercicio de los derechos por ella protegidos, genera efectos erga omnes, alcanzando las relaciones del individuo tanto con el poder público (estatal) cuanto con otros particulares.

En este orden de ideas, al considerar lo que la doctrina internacional ha denominado el efecto vertical de las obligaciones internacionales del Estado, las cuales son de carácter erga omnes, la configuración de responsabilidad internacional del Estado puede darse no solo por acciones u omisiones que conlleven una vulneración de los derechos humanos por parte de sus agentes, caso en el cual se estaría hablando de responsabilidad directa, sino que también puede configurarse en relación con actos de particulares. Además de considerar que la naturaleza de las obligaciones contraídas se caracteriza, fundamentalmente, por los resultados que la Convención persigue asegurar, y no por la forma como los Estados deben ejecutar tales obligaciones; pues cada vez que se viola uno de los derechos consagrados en la Convención también se están infringiendo las obligaciones generales previstas en misma.

 

II. Concepto de Daño

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido prolíficamente criterios sobre el daño y sus dimensiones, pues estructuralmente inicia en la determinación del daño para establecer las medidas de reparación que se deberán de aplicar en cada caso concreto.

A partir del análisis de sus sentencias, es posible plantear que el Daño constituye aquella afectación, en la esfera individual o colectiva, que menoscabe o provoque sufrimiento emocional, genere lesiones físicas o mentales; que incidan en las relaciones sociales y la dinámica familiar de la víctima; la pérdida de los medios de subsistencia; la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, así como pérdidas económico patrimoniales como resultado de una acción u omisión que constituyan actos antijurídicos o violatorios de derechos humanos (Caso Nadege Dorzema; Caso de las Masacres de Ituango; Organización de las Naciones Unidas).

Es posible advertir que la dimensión patrimonial se considera como un elemento adicional del daño, pero no constituye el eje rector del que habrán de determinarse las medidas de reparación.

En el caso del Estado mexicano, el concepto de Daño utilizado para los casos de violaciones de derechos humanos y la comisión de delitos, es la que se menciona en el artículo 6 fracción VI, de la Ley General de Víctimas, el cual es definido como:

Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten.

Como es posible advertir, esta definición, aunque retoma parámetros internacionales, haciendo notar que existen daños adicionales al patrimonial, como el daño medio ambiental, es una definición confusa, circular y poco amplia pues, además de no señalar de forma específica que existen dimensiones del daño que deben ser diferenciadas para poder evaluar adecuadamente las medidas de reparación, se enfoca principalmente en el aspecto económico-material del daño, limitando con ello la reparación integral que se debe otorgar a las víctimas.

Otro concepto relacionado es el “Hecho victimizante”, el cual también se menciona en la Ley General de Víctimas, en su artículo 6 fracción X, el cual se define como los “Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte”.

Esta noción hace referencia al hecho detonador a partir del cual se configura el Daño en la esfera jurídica de la persona. Si bien esta noción pueda considerarse como parte del vínculo causa-efecto del daño, éste concepto apunta directamente el momento, el hecho, o la acción a partir de la cual se derivan una serie de consecuencias negativas en la esfera de derechos de la persona víctima, de ahí que, al contrario del concepto de daño, esta noción constituye un aporte sustancial a la teoría del daño, pues a través de la identificación del momento coyuntural que trastoca la esfera de derechos y la vida de una persona es posible también definir la autoría, responsabilidad, legitimidad, legalidad, bienes afectados, trascendencia temporal, complejidad de la consecuencia, y las opciones objetivas y razonables que permitan la reparación del daño.

Cabe señalar que esta noción si bien no es considerada por la jurisprudencia de la Corte, si tiene correlación con los criterios que ésta ha emitido, pues ha señalado que el carácter y el monto de las reparaciones dependen de la naturaleza de las violaciones cometidas y del daño ocasionado, material e inmaterial.

Como se ha mencionado, la importancia de retomar los criterios de la Corte atiende a que las instituciones y los operadores de justicia del Estado mexicano, aún ponderan la dimensión material y patrimonial del daño, e incluso los daños inmateriales también son cuantificados en función de su impacto material, con lo cual se invisibiliza el efecto complejo del daño, y su trascendencia en la vida de las personas.

De ahí que resulte necesario condensar los criterios de la Corte relativos a las dimensiones reconocidas del Daño, para que, en un ejercicio de armonización, se tomen como referentes y sean aplicados en la reparación integral del daño por parte de las autoridades del Estado mexicano.

 

III. Daño material

En el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se han incorporado categorías provenientes del derecho privado, por lo cual, en materia de reparaciones, se hacen presente conceptos como los de daño material y daño moral, y los elementos de damnum emergens y lucrum cessans, conceptos que tienen un contenido eminentemente patrimonial (Cançado y Abreu 1998).

El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo del hecho victimizante, y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los mismos, para lo cual se debe fijar un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones de derechos humanos (Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri 2004; Caso 19 Comerciantes 2004; Caso Molina Theissen 2004).

El daño material, según los criterios jurisprudenciales de la Corte, incluye el daño emergente y el lucro cesante, mismos que se definen según lo siguiente (Caso Bámaca Velásquez 2002; Calderón 2005)

Lucro cesante: Es la pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos.

Daño emergente: Es la afectación al patrimonio, derivado directa e inmediatamente del hecho victimizante.

Para establecer las medidas de reparación correspondientes a cada caso, la Corte evalúa el acervo probatorio, la jurisprudencia que se ha emitido y los argumentos de las partes (Caso Gutiérrez Soler 2005)

 

IV. Daño inmaterial

Otra dimensión que se considera en la jurisprudencia de la Corte es la inmaterial, la cual implica considerar aquellos efectos nocivos del hecho victimizante que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, bajo términos pecuniarios. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria.

Es una característica común a las distintas expresiones del daño inmaterial el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, solo puedan —para los fines de la reparación integral a las víctimas— ser objeto de compensación, ya sea mediante el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero[2]; o bien, a través de la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata, además del compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir (Caso Villagrán Morales y otros, 2001). En lo que atañe al carácter inmaterial, la Corte ha reparado daños en las esferas moral, psicológica, físicos y al proyecto de vida.

La Corte ha establecido como conceptos de reparación por daño inmaterial los siguientes rubros: Daño al proyecto de vida y Daño moral.

Desde la perspectiva de los derechos humanos el Daño moral se debe entender como el resultado de la humillación al que se somete la víctima, del desconocimiento de su dignidad humana, del sufrimiento y del dolor que se le causa como consecuencia de la violación de sus derechos humanos. Este daño impacta tanto a la víctima directa como a las víctimas indirectas (Calderón 2005).

Únicamente como referencia es pertinente señalar que en la legislación nacional, el Código Civil Federal define sólo el daño moral, ello como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos; o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, añadiendo que se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o integridad —física o psíquica— de las personas. Se destaca que la legislación nacional otorga un valor patrimonial al daño moral, al establecer que esa afectación solo será reparada mediante una indemnización en dinero.

Atendiendo a los supuestos del Código Civil Federal, el daño moral debe derivar de un hecho u omisión ilícitos, por lo que aquellos actos lícitos no podrán generar responsabilidad, aun cuando causen daño moral (o inmaterial), además de que se contempla un listado de lo que se considera como un acto ilícito:

I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien;

II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;

III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y

IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

Lo anterior, evidentemente, sólo hace alusión al decoro, honor, reputación o consideración, dejando de lado aquellos otros aspectos como el cambio sustancial de una trayectoria de vida, lo cual se considera en el concepto del daño al proyecto de vida.

Por lo que hace al Daño al proyecto de vida, la Corte lo ha definido como aquella pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo integral personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Dicho daño se deriva de las limitaciones sufridas por una persona para relacionarse y gozar de su entorno personal, familiar o social, por lesiones graves de tipo físico, mental, psicológico o emocional y se determina considerando vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten a una persona fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas, por lo que es un daño que afecta la libertad de elección de la persona en cuanto a su destino.

Cabe destacar que este concepto de daño es un concepto que incorpora o considera aquellas áreas que el daño moral no alcanza a visibilizar,  es decir, cuando ocurre un daño de tal magnitud que ni con el paso del tiempo, ni con medidas de compensación, es posible reparar o es difícilmente reparable el daño o sufrimiento causado a la víctima; ejemplo de ello son los traumas psicológicos derivados de actos de tortura, la privación de la libertad, la desaparición forzada, la violencia sexual, invalidez, desintegración familiar, etcétera.

 

V. Reparación del Daño

Una vez establecidas las definiciones relativas al daño, en lo siguiente se presentarán las medidas que deben implementarse para reparar dicho daño, y en la medida de lo posible, compensar a la víctima.

Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer o mitigar los efectos del daño. Su naturaleza y su monto dependen de las consecuencias ocasionadas en los planos material e inmaterial, por lo que las reparaciones que se establezcan, deben guardar relación con las violaciones (Caso Myrna Mack Chang 2003)

En el Sistema Interamericano, la disposición aplicable a las reparaciones es el artículo 63.1 de la Convención Americana que prescribe lo siguiente:

1. Cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Por lo que, al originarse un hecho ilícito imputable a un Estado, de forma inmediata existe responsabilidad internacional por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación (Caso Villagrán Morales 2001).

Con base en esta disposición, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño implica el deber de repararlo adecuadamente; esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. Al respecto, la Corte ha determinado que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos, lo cual se analizará para que la misma pueda pronunciarse (Caso Ticona Estrada 2008; Caso Luna López 2013).

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, se deben adoptar una serie de medidas para que, además de garantizarse el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. Atendiendo al caso concreto, también se establecen medidas de carácter positivo que el Estado —imputable de responsabilidad internacional—, debe adoptar para asegurar que hechos lesivos no se repitan (Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri 2004). Debe mencionarse que un criterio de la Corte ha señalado que las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores (Caso Villagrán Morales y otros 2001).

La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno (Caso Myrna Mack Chang 2003).

Las reparaciones del daño consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Para determinar las medidas de reparación orientadas a la restitutio integrum, actualmente la Corte tiene como marco de referencia los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y obtener Reparaciones.

Siguiendo lo dispuesto en dichos principios, una reparación adecuada, efectiva y rápida debe tener por finalidad promover la justicia, remediar las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.

Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados han de conceder reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas al marco de los derechos humanos.

Cuando se determine que una persona física o jurídica, u otra entidad, está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá reparar a la víctima o indemnizar al Estado, en el caso de que éste hubiera ya dado reparación a la víctima (Principios y Directrices 2005).

Teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se deberá dar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación, una reparación plena y efectiva, atendiendo las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, las cuales consisten en lo siguiente (Principios y Directrices 2005):

a) La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior del hecho victimizante. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.

b) La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones a los derechos humanos tales como:

i. El daño físico o mental;

ii. La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;

iii. Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

iv. Los perjuicios morales;

v. Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.

 

c) La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.

d) La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:

i. Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;

ii. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

iii. La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos, según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

iv. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

v. Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

vi. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

 

e) Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:

  1.                           i.   El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
  2.                          ii.   La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;
  3.                         iii.   El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
  4.                        iv.   La protección de los profesionales del Derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos;
  5.                         v.   La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad pública;
  6.                        vi.   La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;
  7.                       vii.   La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales;
  8.                      viii.   La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.

 

 

Conclusiones

Los derechos humanos develan y permiten una concepción más amplia y mejorada del daño, y del derecho a la reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo cual, su necesaria incorporación como eje guía en las labores de los operadores de justicia es insoslayable.

Para abordar el tema de reparación del daño es requisito esencial conocer y definir un concepto de daño que englobe las dimensiones del daño inmaterial y material, pues a partir de ello será posible establecer medidas de reparación que sean proporcionables, objetivas y realizables según el caso en concreto.

Asumiendo lo anterior, es necesario trascender la concepción patrimonialista del daño que aún impera en la conciencia jurídica de la población y de los impartidores de justicia. El ser humano es un ser integral y no puede tasar sus afectos inmateriales según las cuantificaciones del mercado, por lo cual la medida referente a la indemnización no puede ser más la que prevalezca como medida reparadora, sino que se deben atender todos aquellos aspectos de la vida de una persona que hayan resultado dañados derivados de hechos victimizantes.

Las autoridades tienen la obligación de establecer medidas de reparación integral apropiadas para los casos en concreto en el que se consideren todos los tipos de daños derivados de un hecho victimizante, particularmente que considere los efectos del daño en el tiempo y en la vida de las personas, los daños no pueden ser más tasados desde una perspectiva patrimonialista, sino que su reparación debe considerar los cambios que se producen en el devenir de la víctima que resiente el daño.

 

 

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[1] El presente documento es producto de los trabajos realizados en el Proyecto clave: IN400418 – Los derechos humanos y los derechos de libre mercado frente a la crisis del Estado en América Latina.

[2] Es el Tribunal quien determina el monto en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad.

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