Perspectiva de género y sistema penal para adolescentes en México

Irene Juárez Ortiz

Doctorado en Antropología Social Profesora Escuela Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México



Resumen

El texto analiza la importancia de que la perspectiva de género sea considerada como una herramienta indispensable al momento de acusar, defender y juzgar a las personas adolescentes en México, como una estrategia para trascender el marcado sexismo que existe al momento de tratar a este sector de la población. Se retoma el caso de una adolescente acusada de cometer violación equiparada para mostrar etnográficamente la manera como el sexismo opera en el sistema de justicia penal para adolescentes. Los datos fueron recabados mediante el trabajo antropológico en un juzgado estatal mexicano recopilados mediante el análisis de carpetas y videograbaciones judiciales desde el enfoque de la antropología del derecho.

Received: 2019 July 31; Accepted: 2020 February 21

5519. 2020 ; 8(15)

Keywords: Palabras clave adolescentes, sexismo, antropología, derecho, género.
Keywords: Palavras-chave adolescentes, sexismo, antropologia, direito, gênero.
Keywords: Keywords teenagers, sexism, anthropology, right, gender.

Introducción

Actualmente una mirada rápida a la legislación específica y rectora en materia de adolescentes frente al sistema penal en México, es decir, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes decretada en 2016 (en adelante LNSIJA), podría sostener el avance en materia de lenguaje inclusivo que dicho ordenamiento jurídico representa. Esto, considerando que por primera vez los redactores se preocuparon por hablar de “personas adolescentes” en la mayoría de los artículos y no así de “el/los adolescente/s”, como en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas.

En esta lógica, es preciso destacar que la normativa en comento usa en ocho de sus 266 artículos la palabra género, en ocasiones para ordenar que no deberá existir ningún tipo de discriminación a partir de este elemento en el trato dado a este sector de la población (art. 16). En otras, para justificar el uso de “ajustes pertinentes” en los mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar un mayor riesgo de exclusión de las personas intervinientes en los procedimientos (art. 83).

Llama la atención además que en la LNSIJA se hable incluso del uso de la “perspectiva de género” en tres de los artículos, en los dos primeros relativos a los procedimientos de suspensión condicional del proceso (art. 102), o en los tipos de medidas de sanción (art.155). En ambos casos para plantear la posibilidad de que las personas adolescentes reciban cursos sobre sexualidad a partir de dicha perspectiva, cuando son sentenciadas por hechos relacionados a delitos sexuales. El tercero de dichos artículos referido a los criterios de la prevención social de la violencia y la delincuencia (art.253), en donde se señala la obligación de que las políticas públicas de prevención partan de la transversalidad desde una perspectiva de género (entre otras, como la pobreza, la marginación social y la exclusión).

Asimismo, resulta de interés considerar los artículos previstos para el tema de los lugares de internamiento y tratamiento médico a partir de necesidades diferenciadas (art. 47; art. 57 y art. 235), mismas que para el caso, solo son especificadas aquellas relativas a la maternidad, parto, puerperio, lactancia, custodia y que son consideradas como “necesidades propias de su sexo”, como lo señala el artículo sobre los derechos de las adolescentes en un Centro Especializado (art.57).

Sin embargo, en ningún caso se definen tales conceptos (sexo, género, perspectiva de género). Más allá de esto, en el presente artículo nos interesa señalar que en ninguno de los 266 artículos ya mencionados se señale la necesidad de que las personas adolescentes sean acusadas, defendidas o juzgadas considerando la perspectiva de género. Como quedó planteado, tal herramienta solo se menciona para casos de delitos sexuales y en relación a las políticas públicas de prevención.

Esto llama la atención considerando que la LNSIJA plantea la especialización de los operadores de este sistema (art. 16 y 64, como aspecto fundamental para lograr velar para que a las personas adolescentes se les reconozca y proteja sus derechos humanos y se les atienda tomando en cuenta sus características, condiciones específicas y necesidades especiales. En este sentido, resulta importante preguntarnos ¿cuáles son entonces tales características, condiciones específicas y necesidades especiales de las que dicha ley habla?

El presente artículo tiene como objetivo por tanto mostrar la importancia que tiene la aplicación de la perspectiva de género como herramienta indispensable al momento de procurar e impartir justicia hacia este sector de la población.

Para tal efecto, en un primer apartado se discutirán brevemente los conceptos de género y género, perspectiva de género, así como la importancia que tiene que se realicen estudios sobre la manera como las personas adolescentes son procesados penalmente en México desde el enfoque de la antropología del derecho, como una subdisciplina que permite trascender el dicho de las normas.

En un segundo apartado se analiza el caso de una adolescente acusada de violación equiparada a partir de datos etnográficos recolectados en el trabajo de campo realizado en un juzgado estatal mexicano, a partir del cual se muestra la necesidad de que la perspectiva de género sea usada como herramienta indispensable al momento de acusar, defender y juzgar a las personas adolescentes para lograr un efectivo acceso a la justicia.

Perspectiva de género y justicia penal para adolescentes: una mirada desde la antropología del derecho

Ante la necesidad de identificar las condiciones que tornan la diferencia sexual en desigualdad social, desde la década de 1970 los estudios críticos realizados desde el feminismo, la antropología, el derecho y otras disciplinas, han señalado la importancia de colocar el género como una categoría medular en los debates académicos y en las políticas públicas (Segato 2003; Lamas 2013 y 2003; Núñez 2018; Núñez y De la Madrid 2018, entre otras).

Para el caso de nuestro país, Baitenmann, Chenaut y Varley señalan que el campo del estudio del derecho con perspectiva de género se ha desarrollado desde la historia, el derecho y la antropología, disciplinas que han permitido comprender el carácter multifacético y multidimensional del derecho en su articulación con el género y el propio sistema jurídico mexicano, con sus múltiples marcos legales, sus diferentes tipos de legislación y su variedad de tribunales (Baitenmann, Chenaut y Varley 2010).

En este sentido el campo del derecho penal cada día más voces se unen para exigir que el género sea considerado un elemento central en la toma de determinaciones por parte de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, la ejecución de las medidas, así como en lo relativo a la prevención de la violencia. En esta lógica, se requiere repensar la justicia para adolescentes como un espacio de suma relevancia no solo para la reflexión, sino también para la implementación de estrategias que promuevan cambios sustantivos tanto entre los operadores de dicho sistema, como en las personas adolescentes y sus entornos sociales.

La presente investigación parte de la definición del género en tanto una construcción simbólica, establecida sobre los datos biológicos de la diferencia sexual y por tanto, asume que dicha simbolización cultural constituye una dimensión básica de la vida social (Lamas 2003, 12) pues permite analizar los procesos de diferenciación, dominación y subordinación entre hombres y mujeres al tiempo que posibilita la transformación social (Lamas 2013, 9-11). En este sentido, una primera distinción que resulta fundamental resaltar al respecto siguiendo a Alda Facio (1992) es que el género no es sinónimo de “sexo”, aunque aún muchas personas utilicen ambas palabras indistintamente, al mismo tiempo que tampoco debe ser considerado como sinónimo de "mujer" (Facio 1992, 31).

Ahora bien, de acuerdo con Facio, si bien es cierto que en general las mujeres continuamos conociendo menos nuestros derechos, y que incluso a pesar de conocerlos no tenemos el mismo acceso a la justicia, lo verdaderamente importante es comprender que el Derecho en sí mismo es androcéntrico. Sobre esta cuestión la autora destaca que la categoría social a la que pertenecemos las personas a partir de nuestro sexo debe ser considerada en todo análisis sobre los efectos que el Derecho impone sobre los sujetos, puesto que:

Muy por el contrario de lo que se afirma en el campo jurídico, la pertenencia a uno u otro sexo es relevante, ya que es una categoría social que determina el menor o mayor poder que se pueda tener en una sociedad. [….] Y en el caso de las relaciones entre los sexos, hay uno que tiene mucho más poder y privilegios que otro, lo cual no puede ser indiferente para el fenómeno jurídico, ya que es precisamente en este campo en donde se regulan las relaciones de poder (Facio1999, 69).

De ahí entonces su propuesta acerca de que los fenómenos jurídicos, como cualquier fenómeno social, deben ser analizados considerando el sexo al que pertenecemos los seres humanos si verdaderamente queremos entender nuestra condición y su relación con él (Facio 1999, 56).

En cuanto a la justicia penal para adolescentes en México, resulta fundamental considerar que existe un marcado androcentrismo en la manera como las autoridades del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes operan. Esto es, si bien la LNSIJPA –como ya fuera señalado- constituye un importante esfuerzo por usar un lenguaje inclusivo, lo cierto es que, en la práctica, la noción constitutiva con que todo el sistema opera es la de pensar en términos masculinos[2].

Siguiendo a Facio, una de las repercusiones de suponer que el sexo de las personas y el conjunto de roles sociales que se les imponen a cada uno a partir de este no tiene importancia ha permitido no solo la perpetuación de las relaciones asimétricas de poder entre los sujetos a quienes se les impone un proceso penal, sino que en nada ha contribuido a la superación de tales desequilibrios en el tejido social.

En este sentido, de acuerdo con la autora, una de las tareas más importantes a realizar es identificar los elementos de la doctrina jurídica, de los principios y fundamentos legales y de las investigaciones que fundamentan esos principios y esas doctrinas, que excluyen, invisibilizan o subordinan a un género sobre otro (Facio 1992, 77). En esta tarea, de acuerdo con Facio, una herramienta indispensable son los planteamientos de Margrit Eichler acerca de las siete manifestaciones más comunes del sexismo, como son: 1) el androcentrismo; 2) la sobregeneralización y/o sobrespecificación; 3) la insensibilidad al género; 4) el doble parámetro; 5) el deber ser de cada sexo; 6) el dicotomismo sexual; y 7) el familismo.

Para las autoras, un aspecto fundamental en dicha tarea es comprender que esos siete elementos en realidad constituyen un mismo fenómeno y que la separación planteada es únicamente para facilitar la comprensión del mismo; sin embargo, en ningún momento se debe suponer que cada uno de éstos existe de forma autónoma. Incluso, nos dicen, están tan relacionados que en diversos casos no es posible especificar si se trata de una o de otra. Hacer el ejercicio de intentar dividirlo permite por tanto aproximarnos más al entendimiento de este complejo fenómeno.

En cuanto al androcentrismo, las autoras señalan que se presenta cuando un estudio, informe, ley (o en cualquier actividad realizada, se podría apuntar) se presenta únicamente la experiencia masculina como ejemplo y representación de toda la experiencia humana. Esto se presenta también cuando en los análisis se considera a la población femenina pero únicamente en relación a las necesidades, experiencias y/o preocupaciones del sexo dominante masculino.

Al respecto, Facio nos advierte que esta forma de sexismo no se supera al agregar un capítulo o artículo sobre la mujer o usando un lenguaje aparentemente incluyente. Tampoco se supera eliminando las “protecciones” sin reemplazarlas por acciones correctivas que partan de las verdaderas necesidades de las mujeres. Una solución efectiva requiere analizar los hechos desde una perspectiva de género a partir de la cual se comprendan las implicaciones y efectos analizados en cada uno de los sexos y luego en su conjunto (Facio 1992, 78-79).

La sobregeneralización[3] consiste en presentar los resultados de investigaciones realizadas con varones como válidos para la generalidad de los seres humanos, aunque en realidad se refieren solo a éstos. Así, desaparecen la realidad que viven las mujeres y se asume que es igual para ambos sexos. La operación que se realiza es tal que en gran parte de los estudios no se puede distinguir si se refiere a uno u otro sexo (Facio 1992, 84-86).

Por su parte, la sobreespecificidad, nos dice Facio, es la operación inversa que consiste en presentar como especifico de un sexo necesidades, actitudes e intereses que pertenecen a ambos. Como ejemplo la autora señala los casos cuando se habla de la importancia de la presencia materna en el desarrollo de las/los hijas/hijos y se omite las implicaciones de la ausencia del padre (Facio 1992, 85).

La tercera forma de sexismo identificada por Eichler y retomada por Facio es la insensibilidad al género y se refiere a los casos donde no se reconoce al sexo como una variable socialmente importante o válida y por tanto se oculta los efectos diferenciados que la aplicación de un elemento (como la ley) tiene en cada sexo a partir de los mandatos que la sociedad y la cultura les plantea, tales como roles sexuales, el uso distinto del tiempo, los desequilibrios del poder o las oportunidades. En algunos casos este tipo de sexismo se presenta más por ignorancia del contexto en que la variable del sexo se encarna en la vida de los sujetos (Facio 1992, 87-88)[4].

La cuarta forma del sexismo en análisis es el doble parámetro el cual se da cuando un mismo aspecto (conducta, característica humana o situación) presente entre los sexos es valorado evaluado con distintos parámetros a partir del dicotomismo sexual y de lo que se espera social, jurídica y culturalmente de cada sexo. Como la autora refiere, es lo que comúnmente conocemos como “doble moral” y su eliminación requiere ubicar si el análisis o evaluación hecha parte de estereotipos acerca de los roles que cada sexo debe desempeñar en la sociedad, tomar en cuenta las diferencias reales entre los sexos sin discriminar o perjudicar a ninguno (Facio 1992, 89-91).

El deber ser para cada sexo es la manifestación del sexismo que plantea que ciertas conductas o características son más apropiadas para un sexo que para el otro y pretenden mostrarlos como naturales o normales o bien, por ausencia como antinaturales o anormales o incluso como “más” dañinos, peligrosos o cuestionables en uno de los sexos (Facio 1992, 91)[5].

El dicotomismo sexual (Facio 1992, 92-93)[6] por otra parte puede ser visto como una forma extrema del doble patrón y se refiere a situaciones donde se asume que mujeres y hombres son absolutamente diferentes y por tanto se le da un trato completamente opuesto a cada uno de los sexos. Facio señala que esta es una de las formas más peligrosas del sexismo debido a que consiste en externar opiniones simplistas sobre la diferente conformación de la personalidad de los sexos como si fuera hechos científicamente comprobados, al tiempo que lo hace como si cada uno tuviera atributos opuestos diferentemente valorados.

Finalmente, el familismo, se refiere a la concepción de que mujer y familia son sinónimos y a la confusión de que sus necesidades e intereses son los mismos. Este sexismo implica por tanto que se conceptualice al hombre/varón como totalmente ajeno a la familia o como proveedor material, o en hacer énfasis en casos o aspectos donde la mujer desarrolla algún rol o actividad en específico en relación al cuidado de los integrantes de la familia (Facio 1992, 78, 95-99).

Siguiendo a la autora es importante insistir en que tal clasificación sirve únicamente para fines analíticos puesto que, en la práctica, constituyen el mismo fenómeno. A pesar de esto, la clasificación arroja mucha luz en el análisis propuesto pues nos exige y permite cuestionar las concepciones que tenemos acerca de hombres y mujeres que tenemos tan naturalizadas y que, como veremos, implican sesgos importantes en las actividades de acusar, defender y juzgar a las y los adolescentes. Situación que, como veremos más adelante, en conjunto repercuten de manera negativa en el acceso a la justicia integral y los fines socioeducativos que este sistema plantea.

Como fuera señalado previamente, la pertinencia de realizar estudios sobre el papel que juega el género en el sistema penal desde el enfoque de la antropología del derecho se encuentra en que esta permite ubicar, registrar y analizar la manera como las concepciones y estereotipos que sobre el género tienen los operadores del sistema penal y la manera como estas afectan el acceso a la justicia de las personas involucradas.

De acuerdo con Baitenmann, Chenaut y Varley, dentro de la antropología jurídica en México, es posible ubicar la existencia de una trayectoria de estudios desde el enfoque histórico y sociocultural interesados en mostrar la presencia activa de las mujeres en los espacios judiciales, sea en calidad de acusadas, demandantes o víctimas, señalando la capacidad de agencia de las mujeres ampliamente documentada en contextos rurales e indígenas.

También se ha documentado que el derecho muchas veces actúa en contra de estas a partir de las condiciones de clase, etnia o regionalismos, así como los esencialismos de género que los funcionarios han sostenido en distintas épocas al momento de juzgarlas o defenderlas (Sierra 2004; Collier 2004; Chenaut 2007; Baitenmann, Chenaut y Varley 2010; Hérnández 2010).

En este contexto, Chenaut (2007) sostiene que este tipo de estudios plantean la necesidad de considerar:

[…] el carácter histórico, situacional y socialmente construido del derecho y el género, y tener en cuenta que ambos se encuentran insertos en dinámicas históricas y de poder. De esta manera, gran parte de los conflictos que tienen lugar en la vida en sociedad, presentan como punto de partida una concepción de las relaciones de género y de los roles de género, que son cuestionados, reivindicados o negociados por los actores sociales (Chenaut 2007, 49)

En este escenario, la investigación sobre la manera como el género influye en el sistema de justicia penal en nuestro país se vuelve relevante considerando que, de acuerdo con la autora:

[…] si bien el derecho estatal produce el efecto de moldear subjetividades, imponiendo determinadas concepciones de género en sus definiciones de lo lícito/ilícito, de lo permitido y lo prohibido, es necesario considerar también que el derecho es, a su vez, moldeado por los usuarios, que son quienes definen desde sus matrices sociales y culturales, la forma y el contenido de las disputas (Chenaut 2007, 60).

Por su parte, en lo que se refiere a estudios desarrollados por la antropología jurídica en ámbitos urbanos, destacan los trabajos pioneros de Azaola (1995; 1996) o Azaola y Cristina José Yacamán (1996), sobre mujeres en prisión en la Ciudad de México, los cuales muestran, desde un enfoque etnográfico mixto, entre otros aspectos, el conjunto de desventajas a las que las mujeres acusadas de homicidio quedaban expuestas en un entramado de relaciones de poder y concepciones de género que las sometían a mayores sanciones penales y sociales que los hombres acusados del mismo delito.

Si bien las investigaciones sobre la presencia de las mujeres en el sistema penal mexicano en ámbitos urbanos se han incrementado en la última década, destacando los estudios de Hernández Armas 2018, Pérez Correa (2015), Azaola (2005), Antony (2007), Lagarde (2014) resulta preocupante aún la escasez de estudios que aborden la presencia de ellas cuando son acusadas de cometer algún delito durante su adolescencia.

En el ámbito Latinoamericano la situación no es distinta considerando que existen investigaciones relevantes que versan sobre las mujeres adolescentes en el sistema penal realizadas desde una variedad de enfoques que van desde la perspectiva jurídica, el uso de enfoques sociohistóricos, la crítica feminista, o la aplicación de herramientas psicoanalíticas. Sin embargo, se enfocan en el análisis de las interacciones de las jóvenes con el sistema poniendo énfasis en el estudio de su sexualidad o bien, a partir de su internamiento por lo que ponen especial interés en las formas de control corporal vertidas sobre ellos (Galeotti, Gallegos y Montes 2007 y 2018; Galeotti 2012; Aedo 2014; López-Gallegos 2018; Elizalde 2015; Montes 2015). Sin embargo, este tipo de estudios continúan siendo escasos y muy pocos los países donde se han realizado, como son Chile y Uruguay. Lo que todos estos estudios tienen en común es que señalan el marcado androcentrismo con que han sido diseñadas y operadas las legislaciones e instituciones penales juveniles.

En nuestro país, por ejemplo, entre las pocas investigadoras que ha aportado al tema desde el enfoque antropológico está Elena Azaola, quien dentro de sus estudios se ha preocupado por indagar sobre el tema y mostrar los obstáculos que estas personas enfrentan al intentar acceder a la justicia (Azaola 2005; 2010; 2015 y 2017). En el caso del “Informe especial adolescentes: vulnerabilidad y violencia” realizado por Azaola en colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) en 2017, la autora recupera las voces de mujeres adolescentes que narran el conjunto de situaciones que las llevaron a cometer el delito y la manera como han experimentado su paso por el sistema penal.

Lo que Azaola encontró es que las adolescentes mujeres enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad por diversos factores, entre los que destacan: a) sufren más abuso sexual que los varones; b) cometen más delitos al tener que huir de casa e impulsadas por acompañar, complacer, apoyar o encubrir a sus parejas; c) al ser detenidas y enviadas a los centros de internamiento se les envía a las mismas instituciones que a los varones pero a áreas más pequeñas, por lo que se les aísla e impide participar en actividades en las que ellos sí pueden participar; d) se les suele reprochar socialmente más el delito (Azaola 2017, 49-50).

El género se vuelve un elemento fundamental en el trato que reciben las personas adolescentes porque aparentemente es invisible, pero en la práctica, se convierte en un eje sobre el cual se procesan a las personas adolescentes. Es preciso comprender por tanto el género como una categoría que ayuda a decodificar las características sociales que se atribuyen a las personas por cuestión de sexo (Ramírez 2008), permite ubicar el conjunto de estereotipos que están presentes en las actuaciones de los operadores jurídicos del sistema de justicia penal para adolescentes. Por estereotipos de género se hará referencia al conjunto de características, actitudes y roles que estructuralmente son atribuidos a las personas a partir de las características que social y culturalmente han sido asignadas a hombres y mujeres basadas principalmente en su sexo, mismas que históricamente han establecido y reproducido relaciones asimétricas de poder entre éstos (SCJN 2015, 48).

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Cuando las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que muchas veces, incluso, buscando ser neutrales avalan, reproducen, consolidan y perpetúan estereotipos, generan discriminación y violentan el mandato constitucional y convencional de actuar conforme al derecho a la igualdad” (SCJN 2015, 56). En este sentido, una de las principales tareas señaladas por esta instancia consiste en el deber de los representantes del Estado de hacer realidad el derecho a la igualdad en tanto obligación constitucional y convencional de garantizar el acceso a la justicia (SCJN 2015, 73). Así, el Derecho y sus instituciones constituyen herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad” (SCJN 2015, 73).

Acerca de la importancia de la aplicación de la perspectiva de género en el acceso a la justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la perspectiva de género permite “detectar los impactos diferenciados que una norma genera y de buscar soluciones a través del derecho”. En cada caso habrá que hacer un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad [por lo que esta perspectiva] ofrece un método adecuado para encontrar una solución apegada a Derecho” (SCJN 2015, 77).

Asimismo, dicho órgano destacó la trascendencia de que los operadores que entran en contacto con niñas, niños y personas adolescentes durante los procesos judiciales cuenten con la especialización relativa a esta materia, sobre todo en aquellos casos en que deben recabar sus declaraciones, sea en calidad de testigos, como de acusados (en el caso específico de los adolescentes), como elemento que permite, entre otras cosas, asegurar que sabrán comprender las capacidades cognitivas y emocionales de estas personas, así como la manera de interpretar sus manifestaciones (SCJN 2014, 27). De acuerdo con el protocolo para valorar la igualdad entre personas se debe detectar con un enfoque de derechos humanos y de autonomía de la persona el papel que juegan las categorías sospechosas a partir de elementos estructurales y de contexto (SCJN 2015,44).

Para dotar de contenido a la igualdad, es necesario tomar puntos de referencia. Por eso se dice que es un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que la determinación de si hay una vulneración al derecho a la igualdad supone un juicio de comparación que se realiza entre personas, leídas a partir de su situación particular y del contexto en general -el cual debe ser interpretado tomando como referencia a los derechos humanos y a la autonomía de las personas (SCJN 2015,32).

Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a la obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, el Derecho y sus instituciones constituyen herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad (SCJN 2015, 73).[…] lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que esté involucrada una mujer […] En cada caso habrá que hacer un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Si los resultados de dicho análisis perfilan ese tipo de relaciones y desigualdades, la perspectiva de género ofrece un método adecuado para encontrar una solución apegada a Derecho (SCJN 2015, 77).

El método sugerido por el Protocolo plantea una serie de cuestionamientos entre los cuales es importante señalar que en la determinación de los hechos e interpretación de la prueba se requiere preguntar los siguientes aspectos: ¿cuál es el contexto en el que se desarrollan los hechos? ¿Algunas de las personas involucradas se encuentran en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o discriminación basada en el sexo, género/ orientación sexual?

¿Entre las personas vinculadas al caso subyace una relación asimétrica de poder? ¿Cómo influye esto en la solicitud y valoración de las pruebas? ¿Están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en virtud de las llamadas “categorías sospechosas”?

¿el comportamiento que se espera de las personas involucradas o de las víctimas en el caso obedece a estereotipos o a una de las manifestaciones del sexismo? (SCJN 2015, 79).

Para la determinación del derecho aplicable, el Protocolo señala que es importante cuestionarse cuál es la concepción de sujeto que subyace al marco normativo aplicable y si la norma responde a una visión estereotípica o sexista del sujeto. Herramientas que el marco normativo aplicable brinda para resolver las asimetrías en la relación, así como la desigualdad estructural de la que derivó el caso e identificar si el mismo requiere un trato diferenciado (SCJN 2015, 79). Ahora bien, respecto a la argumentación, el Protocolo plantea la necesidad de que esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en cuestión deviene en un impacto diferenciado o discriminador.

Como señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN 2015) a partir del Dictamen realizado en el expediente del caso de Atenco:

La no discriminación por género es una auténtica garantía individual, consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato igual a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, sin hacer distinciones por motivos de género o de cualquier otra índole, salvo aquellas que, precisamente, sean tendentes a lograr esa igualdad (SCJN 2015, 76).

En este sentido, el mismo documento especifica que:

[...] para determinar la objetividad de un acto, es necesario analizar si se basó en concepciones estereotípicas de lo que son y cómo deben comportarse las personas a partir de su sexo, su género, preferencia u orientación sexual, las cuales son categorías sospechosas. Esta determinación juega un papel relevante en el examen que quien juzga debe hacer para evaluar la legitimidad de tratos diferenciados (SCJN 2015, 56).

Considerando lo anterior, cabe destacar que, a partir de la ratificación por el Estado mexicano de los instrumentos internacionales en la materia, diversas instituciones de impartición y procuración de justicia han empezado a instaurar programas y directrices que insisten en la necesidad de cumplir con sus funciones aplicando la perspectiva de género. Dentro de tales instrumentos se destaca la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas de la ONU en 1979. Tal ordenamiento jurídico obliga a los Estado parte a generar medidas y legislaciones que coadyuven a erradicar costumbres o prácticas que promuevan algún tipo de discriminación contra la mujer (Echarri 2012).

Con la finalidad de demostrar la necesidad de incorporar la perspectiva de género como una herramienta en todos los procedimientos e interacciones que las autoridades establezcan en relación con las personas adolescentes dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el siguiente apartado se pondrá en el centro del análisis el caso de una adolescente acusada del delito de violación equiparada en contra de su media hermana.

Para el estudio se usará el método de análisis de casos, ampliamente usado en la antropología jurídica/del derecho, mismo que según Chenaut y Sierra (1995) constituye el método por excelencia que permite comprender la complejidad de los conflictos legales pues se entienden como procesos de larga duración y por ello, los plantean como una unidad de análisis en la que se revelan los diversos principios estructurales de la vida social (Chenaut y Sierra 1995, 20-1).

Asimismo, en otro texto las autoras destacan el uso de este método en tanto que plantean que: […] el análisis del razonamiento judicial implica tener en cuenta los tipos de relaciones sociales de las que ha surgido la disputa, y que en cualquier sociedad el individuo debe a veces elegir entre una variedad de normas mutuamente contradictorias […] Desde el punto de vista de la recolección de datos, esto implica obtener la mayor información posible sobre las acciones de ciertos individuos específicos, quienes serán presentados con sus nombres e identidades (Sierra y Chenaut 2002).

Con esta finalidad se retomará información obtenida a partir de la revisión de carpetas y videograbaciones judiciales de caso de Mariana, la adolescente acusada de cometer violación equiparada y se pondrá en relación a otro caso juzgado de una mujer acusada por el mismo delito en contra de su hija, caso que llegó a una instancia superior y recibió un tratamiento distinto. Asimismo, se aplicarán algunos de los aspectos más relevantes señalados en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (SCJN 2015) a partir de los datos extraídos en trabajo de campo antropológico.

Cabe insistir junto con Roberto Kant de Lima y Bárbara Lupetti Baptista (2014) plantean que el trabajo de campo y la etnografía antropológica en espacios judiciales permiten identificar, estudiar y comprender la brecha entre la teoría abstracta (de las leyes y normas, así como de la bibliografía jurídica) y las condiciones reales en que se aplica el derecho. Dicha brecha existe por la fuerte presión de mostrar el Derecho y el campo judicial como espacios neutrales ante la población, situación que lleva a invisibilizar los valores y la ideología existente en su interior.

Por tanto, este tipo de investigaciones permite estudiar la materialización del Derecho y trascender las normas abstractas para comprender lo que pasa en la realidad a partir de lo que los operadores del campo y los ciudadanos estudiados dicen que hacen, sienten, y ven acontecer todos los días al quedar involucrados en los procesos penales. La investigación antropológica de estos espacios y procesos posibilita recuperar la voz de los operadores del campo y de los ciudadanos para comprender cómo aplican y viven el Derecho en las prácticas reales.

Mariana. Violación equiparada

Según consta en los registros oficiales del proceso penal[7] consultados durante el trabajo de campo antropológico, en el 2009 Mariana[8], fue acusada por la fiscalía por la conducta de violación equiparada, pues, según dicha autoridad, ayudó y encubrió a Enrique, su pareja sentimental, respecto a continuas violaciones sexuales a su hermana menor. De acuerdo con las investigaciones al momento de los hechos la adolescente contaba con diecisiete años y su hermana con nueve y Enrique contaba con cuarenta y ocho años.

A los diecisiete años Mariana ya era madre de dos hijos de este y estaba embarazada del tercero. La casa donde vivían juntos era propiedad de él y estaba ubicada en una colonia muy alejada del centro de la ciudad. La residencia consistía únicamente en una habitación, que hacía las veces de dormitorio y cocina, con pisos de tierra y techo de lámina galvanizada. Mariana se dedicaba a las labores domésticas y a vender ropa y ocasionalmente juguetes usados.

De acuerdo con su dicho, cierto día, ya embarazada del tercer hijo, mientras caminaba por el centro de la ciudad Mariana encontró a su madre y Perla durmiendo en la calle. Ante tal situación Enrique le propuso que ambas se fueran a vivir con ellos, con la finalidad de que le apoyaran durante su parto. Como el lugar donde habitaban contaba únicamente con una habitación, Mariana, Enrique y el hijo más grande de ambos dormían sobre un colchón, mientras que el hijo más pequeño en una cuna y tanto su madre como Perla en el piso.

La detención de Mariana se dio a partir de que ella misma llamara por teléfono a la guardia municipal por una riña con su madre, a quien acusó de robarle diversos objetos. Cuando los policías llegaron al domicilio de la adolescente la subieron a la patrulla para ir en búsqueda de su madre. Cuando por fin la localizaron vieron que esta llevaba una carretilla con diversos objetos y a su lado a una niña de nombre Perla, quien era la hermana menor de la joven. Cuando los policías interrogaron a la madre se armó una discusión entre ambas, en medio de la cual salió a relucir que Enrique había violado a la niña en diversas ocasiones. Al escuchar esto los policías cuestionaron a Perla y esta les confirmó haber sufrido tales abusos. Ante tal situación se llevaron a las tres mujeres y las presentaron en la Agencia del Ministerio Público.

En las diversas entrevistas realizadas a Perla por parte de la fiscalía se determinó que Mariana había estado presente en diversas ocasiones en que Enrique había cometido tal delito. Además de esto, de acuerdo con dicha autoridad, la niña acusó a Mariana de enojarse con ella si no accedía a sostener relaciones con su pareja o de motivarla a hacerlo a cambio de que le comprara dulces y/o comida. Por tales motivos, la fiscalía especializada en justicia para adolescentes resolvió acusar formalmente a Mariana de "violación equiparada”.

No obstante, la versión narrada por la niña fue que Mariana había presenciado en diversas ocasiones que Enrique había abusado sexualmente de ella, existió una gran dificultad para que la niña pudiera ubicar tales circunstancias en el tiempo por su analfabetismo y la dinámica social en la que estaba inserta, elementos que le impidieron distinguir claramente los meses del año. Por tal razón el caso se centró solo en una de esas ocasiones. De acuerdo con Perla, el día en cuestión la adolescente y su madre salieron a comprar algo por indicaciones de Enrique, y mientras ellas estaban ausentes él abusó de ella; sin embargo, estas volvieron antes de lo previsto y alcanzaron a percatarse de la situación, por lo que ambas interfirieron [se le fueron a golpes a Enrique para separarlo de Perla] para impedir que continuara.

En la audiencia de vinculación la fiscalía destacó que en las entrevistas practicadas a Mariana esta señaló haber sido testigo de diversas ocasiones donde se percató de que Enrique había violentado sexualmente a su hermana menor, pero que no lo acusó ante alguna autoridad por miedo a que este la golpeara como lo había hecho en diversas ocasiones, así como a perder el sustento que este le proporcionaba a ella, sus dos hijos y el tercero del cual estaba embarazada en ese momento. En este sentido, en su alegato enfatizó que la adolescente:

Fiscal: […] tenía el deber moral de cuidar a su hermana, sin embargo, ella protegió y encubrió a Enrique, al no hacer lo que moralmente estaba obligada e incluso legalmente, ya que estaba teniendo conocimiento de un delito calificado por la ley. Ella, por lo que no quería denunciar estos hechos, era por su bienestar, beneficio y por encubrir a Enrique, pues ella siempre tuvo conocimiento de lo que estaba pasando y ella nunca hizo nada porque se dejara de hacer y siguió solapando para que esto pasara.

Al respecto, la defensa pública únicamente solicitó al juez que se precisara las circunstancias de tiempo, modo y lugar si se vinculaba a proceso a Mariana para poder armar su defensa. Por su parte la autoridad jurisdiccional, a partir de los datos extraídos en las entrevistas previas a la adolescente y presentados por la fiscalía destacó lo siguiente:

Juez: [que el día señalado] ves a tu hermana también con el pantalón abajo, ambos sin calzones y que tu esposo [describe la violación], así lo mencionas tú y de que eso lo sabes porque así también ha pasado contigo y que tú no mencionaste ni dijiste nada por temor de que él perdiera su trabajo y cómo los iba a mantener. Dijiste que sí, él la había violado un montón de veces, así lo refieres tu; incluso que la primera vez que te diste cuenta de esa situación fue cuando llegaron a vivir a tu casa, que en una ocasión escuchaste que rechinaba la cama y al ver que Enrique violaba a tu hermana mejor dejaste que siguiera pasando, porque tenías miedo de que te fuera a pegar y así mencionas otras veces anteriores.Ahora, ¿qué es lo que debiste de haber hecho al respecto al ver esta situación?, pues era poner la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público, si ello no fuere, pues ante alguna autoridad más cercana o decírselo a alguien, pero no se lo dijiste a nadie, lo encubriste. Dijiste que no querías que le pasara nada [a Enrique] porque él era el sostén de tu familia, porque tenías miedo de que te golpeara. Entonces preferías que abusara de tu hermana y no intervenir. Otra cosa que pudiste haber hecho era que si ellas estaban viviendo contigo, tal vez que ya no vivieran en ese domicilio o que si vivían juntas no permitir, no dejarlos solos para que él no la agrediera sexualmente, porque de esta forma es como se tiene por probada en calidad de probable tu participación en esta conducta que le ha sido impuesta a la menor ofendida, porque pones una condición culpable para que se ejecute el delito.

Finalmente, la autoridad determinó vincular a proceso a Mariana al considerar que estaba acreditada la conducta y su probable participación, por tal motivo le impuso la detención preventiva.

Posteriormente, durante el juicio, se señaló que Mariana tuvo cuatro hermanos, tres mujeres y un hombre. La convivencia con sus dos hermanas mayores fue poca, puesto que al llegar a la adolescencia ellas se fueron a vivir por separado y el único hermano varón que tuvo fue regalado por su madre cuando era un recién nacido, de tal forma que las únicas personas con quien integró un lazo familiar fue su madre y su hermana menor. Entre los recuerdos acerca de su niñez, señaló haber vivido en distintos lugares donde su madre rentó, de los cuales siempre fueron desalojadas por no pagar la renta, además de tener que comer continuamente de lo que la gente les daba en la calle.

Al no contar con ningún tipo de apoyo para estudiar Mariana no aprendió a leer ni a escribir. En lo que se refiere a su niñez, señaló que la convivencia fue tensa, cargada de conflicto y maltrato, tanto físico como verbal de parte de su madre. Además de esto, según recordó, esta última comenzó a venderla con el dueño de un taller quien abusaba sexualmente de ella en dicho local, lo cual la afectó en múltiples dimensiones. Cansada de los malos tratos por parte de su madre, a la edad de quince años se fue a vivir con Enrique, un hombre de cincuenta años quien trabajaba como policía. Sin embargo, según manifestó, la relación que sostuvo con él también estuvo marcada por la violencia física, verbal y sexual que él ejercía en ella; además de que le era infiel y que su alimentación quedaba expuesta a la voluntad de este.

En lo que respecta a la fiscalía en sus alegatos de cierre pidió que en caso de dictar sentencia de responsabilidad la autoridad impusiera el internamiento definitivo por que la conducta en cuestión estaba clasificada como grave por el Código de Procedimientos Penales del estado y Mariana era mayor a los catorce años cuando todo sucedió.

Por su parte, la defensa pública señaló a la autoridad:

La pobreza, la ignorancia y la violencia, nunca pueden ser tomadas por el Estado como elementos para enjuiciar y sentenciar a un gobernado. […] jamás se puede advertir una coparticipación plena y manifiesta, pues lejos de lo que afirma el representante social, efectivamente mi defendida puso una actitud positiva para impedir que el hecho se siguiera cometiendo [ella y su madre golpearon a Enrique cuando se percataron que estaba abusando de su hermana], e inclusive añade un dato; dice que no lo denunciaron porque Enrique la golpeaba. ¿Acaso es exigible que actuara de otra manera mi defendida, siendo ella víctima de ocasiones y circunstancias mayores en su vida?¿Podemos pensar, que en una historia de vida, como la que ha tenido Mariana, aun así, recaiga la fuerza del Estado y le sea exigible y que se le aplique una medida de internamiento definitivo? No obstante que le quitan a sus hijos, que el día de hoy está embarazada […] Sí quedó demostrado, que mi defendida y su madre intervinieron para defender a la menor del sujeto activo […] Reitero la imputación de la conducta, es respecto a este hecho, respecto a este día y esa hora, por lo cual la defensa, considera que más allá de la solicitud del ministerio público, deberá de absolver de todos y cada uno de los cargos que ejercita el representante social, de que mi defendida participó de manera omisa en la violación.

Finalmente, en lo que respecta a la audiencia de explicación de sentencia el juez señaló que, si bien existían pruebas de que Perla había sido objeto de abusos sexuales, no había suficientes elementos que demostraran que Mariana había participado o permitido tales delitos, toda vez que del dicho de la niña se desprendía que en la ocasión de la cual se tenía mayores datos se destacaba el hecho de que ambas [la adolescente y su madre] habían intervenido para detener dicho abuso. Por tal motivo, determinaba que no existían elementos para acreditar que Mariana fuera co-partícipe de Enrique en la conducta de "violación equiparada", y ordenó su inmediata liberación. Según me comentaron los propios operadores del sistema, finalmente, para desgracia de la joven, al ser liberada del centro de internamiento y no contar con ningún familiar que acudiera a su encuentro considerando que su madre y Enrique estaban internos en reclusorios para adultos (femenil y varonil respectivamente) al intentar regresarse caminando murió atropellada y sus restos se encontraron días después de este incidente.

Como fuera adelantado anteriormente, el análisis de estos casos constituye un claro ejemplo de la importancia que tiene la aplicación de la perspectiva de género por parte de todos operadores del sistema de justicia penal para adolescentes. De acuerdo al Protocolo para juzgar con perspectiva de género, la aplicación de esta herramienta hubiera permitido identificar que desde hacía tiempo ambos estaban insertos en relaciones de poder asimétricas respecto a los adultos involucrados en los casos y las situaciones estructurales de desigualdad en las que estaban sumergidos, situación que fue determinante al momento de los hechos por los cuales se les acusaba.

Como parte de esa asimetría de poder llama la atención la poca sensibilidad que las autoridades mostraron respecto al historial de abuso sexual a Mariana de parte de su madre que la vendía por dinero, situación que causó que huyera y se relacionara con Enrique, de quien recibía también una serie de abusos. En este punto, los especialistas coinciden en señalar que la existencia de un desequilibrio de poder entre el perpetrador y la víctima resulta fundamental para comprender las razones y las formas en que este tipo de abuso se desarrolla (Vázquez y Valsechi 2005; Ramos 2009; Azaola et al. 1993; Gutiérrez Otero 2009).

Sin embargo, en el caso de Mariana, la aplicación de la perspectiva de género desde el momento de integrar el caso por parte de la fiscalía hubiera permitido ubicar que la marcada asimetría de poder respecto a Enrique estaba dada por la diferencia de edad de treinta y tres años; el hecho de que él fuera el único proveedor del hogar y que su sustento y el de sus dos hijos dependieran de él. Así como que Enrique ejercía violencia física, psicológica y moral hacia ella, puesto que además de golpearla le controlaba el acceso a alimentos. De lo anterior también se hubiera podido comprender que la joven se encontraba en una situación de extrema pobreza, marginación y vulnerabilidad puesto que además de todas esas condiciones se encontraba embarazada de su tercer hijo. Al aplicar esta perspectiva desde el inicio la fiscalía especializada en adolescentes se hubiera podido evitar la vinculación y buscar alguna forma distinta de abordar el caso en lo relacionado a la joven.

Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en el protocolo ya referido, es fundamental que los operadores el sistema se planteen la perspectiva de género como un método de análisis de los casos, a partir del cual se permita detectar las condicionantes sociales y las asimetrías de poder que están implicadas en los casos procesados judicialmente. Dentro de las preguntas que este Protocolo propone se encuentran las siguientes: ¿cuál es el contexto en el que se desarrollan los hechos? ¿Existe entre las personas vinculadas al caso una relación asimétrica de poder y cómo esto influye en la solicitud y valoración de pruebas? ¿La persona acusada pertenece a algún grupo históricamente desaventajado? (como en el caso de Carlos al ser un adolescente).

Asimismo, para la determinación del aplicable, señala las siguientes: ¿la norma responde a una visión estereotípica o sexista del sujeto? ¿Cuáles son las herramientas que el marco normativo aplicable brinda para resolver las asimetrías en la relación, así como la desigualdad estructural de la que derivó el caso? Finalmente, señala, entre otras cuestiones, que en la argumentación se deberá justificar el uso de la norma que sea más protectora de la persona que se encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural; así como que cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación se deberán tomar adecuadamente en cuenta las asimetrías de poder y que se deberán exponer las razones por las que en el caso subyace una relación desequilibrada de poder y/o un contexto de desigualdad estructural (SCJN 2015, 79-80).

Sobre el caso de Mariana, llama la atención asimismo que un caso similar fue analizado dentro de las Jornadas de Reflexión: las mujeres frente al sistema de justicia penal organizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal a nivel nacional durante el año 2017. En ese caso se juzgó y condenó a una mujer por el delito de violación equiparada agravada como coinculpada de la violación de su hija por parte de su pareja. En este caso la hija era menor de edad y tenía retraso mental moderado. El delito fue acreditado a partir del embarazo y alumbramiento de la menor. En 2012 se le concedió un amparo directo por unanimidad.

Sobre el caso también resalta que el órgano acusador resaltó que la mujer actuó con dolo y que debió evitar que su pareja abusara de su hija interponiendo medios para evitarlo (como correr a su pareja o enviar a su hija a vivir con su abuela. Sin embargo, el juez federal concedió el amparo considerando que las autoridades que juzgaron el caso previamente no consideraron las condiciones económicas y sociales en que la mujer y su hija vivían en realidad, como para demostrar la participación y el dolo en el delito.

En contrapartida, diversos panelistas concordaron con la resolución en comento, destacando que es pertinente que en este tipo de casos en los que se señala a las mujeres como sujetos activos del delito y, por tanto, quedan expuestas a ser condenadas sin más, se tengan en cuenta las condiciones que dificultan la efectividad de su derecho de acceso a la justicia que en la mayoría de las ocasiones permanecen invisibilizadas aun cuando sean manifiestas y constitutivas de la mecánica de los hechos, como sucede en la especie, condiciones como lo fueron la severa precariedad material que pesaban sobre el núcleo familiar.Incluso, el marcado condicionamiento sociocultural al que estaba sujeta R, que la ubicaba en una posición de desigualdad y subordinación a partir del estereotipo social que corresponde a una mujer de conservar a su lado a la pareja o, de lo contrario, ser denostada socialmente. Esto quedó de manifiesto con la declaración de R quien al enterarse de la conducta cometida por J, le reclamó a su hija haberse involucrado con él (SCJN-CJF 2017, 75).

Sobre estos hechos, en las jornadas de reflexión también se destacó que desde un punto de vista de cargas probatorias, la fiscalía estaba obligada a probar el dolo y únicamente presentó consideraciones en abstracto que en nada servían para sustentar la condena.

En la misma línea, también se destacó que debe tenerse cuidado de que en la valoración de los hechos se introduzcan de manera inconsciente estereotipos de género, como en la especie sería tener por acreditado el elemento del dolo eventual a partir de presunciones basadas en roles de género como el de ser “buena madre”, del que se desprendería por su propio peso semántico y sin mayor respaldo probatorio que Rufina se tuviera por culpable (SCJN-CJF 2017, 76).

En este tercer caso estas consideraciones fueron tomadas a partir del contexto de vida de una mujer adulta, por lo que toca preguntarnos si no era evidente que Mariana, como menor de edad y ser víctima ella misma de las múltiples violencias que Enrique ejercía, no requería un actuar más especializado y sensible ante estas condiciones por parte de la fiscalía y el/la juez de control.

En el caso de Mariana, resulta evidente que tanto la fiscalía como el juez de control actuaron a partir de una mirada sexista de la situación. En primer término, a partir de la insensibilidad al género -que como vimos previamente- Facio (1992) planteó como aquellos casos donde no se reconoce al sexo como una variable socialmente importante o válida; situación que lleva a ocultar los efectos diferenciados de la aplicación de la ley tiene en cada sexo a partir de los mandatos de género. Asimismo, a partir del “deber ser para cada sexo”, entendiendo por tal la manifestación del sexismo que plantea que ciertas conductas deben ser más esperadas para el actuar de las personas de un sexo respecto al otro, o bien, su ausencia como más dañinos o cuestionables.

Con el análisis del caso descrito aquí se muestra que las autoridades encargadas aún están lejos de procurar e impartir una justicia acorde a las especificaciones que este grupo etario requiere como seres humanos en formación. La capacitación y la vigilancia constante que obligue a estos operadores del sistema a aplicar la perspectiva de género y la especialización eficiente sobre la adolescencia permitiría aproximar al sistema y a la sociedad a verlos como sujetos que históricamente han sido olvidados, invisibilizados o vistos a partir de miradas que borran su constante condición de víctimas, por los sesgos que las visiones estereotipadas sobre el género y la adolescencia en conflicto con la ley penal.


Notas.

fn1[1] El presente artículo retoma parte de los datos generados a partir de la investigación titulada "Diagnóstico. El género en la justicia penal para adolescentes. Una mirada desde el enfoque sociocultural del derecho" realizada en el marco de las labores como Investigadora Titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE/México) durante el año 2018.

[2] Sin embargo, resulta importante señalar que el androcentrismo no ha sido exclusivo del sistema penal. Elizalde (2006) plantea que existe […] la enraizada propensión a considerar tácitamente a los varones como sujetos de referencia de «la juventud» [lo que] ha generado que las mujeres adolescentes permanezcan invisibilizadas como productoras de prácticas y sentidos específicos de la juventud y sean subsumidas en esta “hegemónica y restrictiva representación de «lo juvenil-masculino» (Elizalde 2006, 95).

En este sentido, cabe destacar que en el desarrollo de las ciencias sociales en México los estudios sobre las juventudes estuvieron marcadas de igual manera por el androcentrismo si consideramos que desde la década de los 90’s se abrió un nuevo campo interpretativo para abordar estudios sobre la juventud en México y Latinoamérica desde una perspectiva sociocultural (Bourdieu 2010, Ferrándiz y Feixa 2005, García 2016, Feixa 1998, Margulis y Urresti 2000, Reguillo 2010, Pérez Islas, Valdez y Suárez 2008, Urteaga 2011, 2006 y Valenzuela 2009, Villa 2011, entre otros). Lo que resalta es que, si bien dichos estudios lograron estudiar a los jóvenes a partir de las condiciones de clase y edad, dejaron de lado los sistemas de opresión a partir de las diferencias sexuales, en las formas de desigualdades de relación por género o en las normatividades corpóreas y las prácticas socioculturales inequitativas (Cruz et al 2016, 16-17). En este contexto, en términos concretos, Cruz et al. señalan que en los estudios de juventud se suprimió la presencia femenina, siendo únicamente Maritza Urteaga en sus dos estudios pioneros quien cuestionó en nuestro país la invisibilización de las mujeres en el análisis de las culturas juveniles Urteaga (1996a y 1996b).

[3] Como ejemplo, la autora señala estudios sobre las necesidades de un grupo de trabajadores del sexo masculino que se presentan como válidas para toda la clase trabajadora o los estudios criminológicos enfocados en el comportamiento de las bandas juveniles compuestas por varones, o incluso aquellas compuestas de forma mixta, pero en los cuales únicamente se toma en cuenta la experiencia de los hombres/varones y luego se presenta el estudio como una investigación sobre “bandas juveniles” (Facio 1992, 84).

[4] Facio señala “Pero también puede suceder que la insensibilidad al género no sea una forma de androcentrismo sino simplemente la ignorancia de la variable, como por ejemplo cuando al tratar de mejorar la situación de la mujer rural, no se toma en cuenta su doble o hasta triple jornada laboral, su muy probable baja autoestima, su menor ingestión de proteínas, etc., y se promueven proyectos para elevar su nivel económico que lo que hacen es elevar sus jornadas de trabajo, disminuyendo visiblemente su salud al disminuir sus horas de sueño (Facio1992, 187-88).

[5] Como ejemplo la autora señala “se considera "normal" que un adolescente afirme su identidad mostrando un comportamiento abiertamente agresivo hacia su padre, al tiempo que se considera "anormal" que una adolescente afirme la suya mostrando un comportamiento similar hacia su madre. Vemos que se espera que el varón sea agresivo en la afirmación de su yo, mientras que de ella se espera que no lo afirme del todo” [o bien en] los estudios que analizan los efectos que provoca en los y las hijas, el hecho de que la madre trabaje fuera de la casa. Como es obvio, estos estudios parten de que el "rol" natural de la mujer es estar en la casa con los y las hijas y aunque no estamos negando que ese fenómeno afecta a los y las niñas, el problema reside en que la realidad es distorsionada porque deja por fuera el impacto que también tiene en ellos, el hecho de que el padre no se ocupe directamente de su bienestar físico y mental” (Facio 1992, 91).

[6] Ejemplo de esto es cuando se asume que los hombres son los racionales, activos, objetivos, mientras que las mujeres somos las irracionales-sensibles, pasivas o subjetivas. Como hemos visto, el problema en todo ello (además de que se generalice de manera tan simplona las características de hombres y mujeres y que con ello se niegue que las mujeres también somos racionales, activas, etc.) es que se asuma que los atributos planteados para lo masculino “son” lo más indicado o deseable en menoscabo de aquellos asignados a lo femenino.

[7] Carpetas y videograbaciones judiciales de las distintas audiencias de juicio y la valoración interdisciplinaria.

[8] Todos los nombres de las personas involucradas en los casos presentados han sido cambiados.

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