Sistema Penal Juvenil y Comunidad:Una relación (im)pensada

Sistema Penal Juvenil e Comunidade: um relacionamento (não)planejado

Juvenile Criminal System and Community: a (non)planned relationship

 

Julieta Nebra

Magíster en Género, Sociedad y Políticas

Universidad de Buenos Aires

julietanebra@conicet.gov.ar

 

Resumen: La normativa internacional, nacional y provincial que regula los derechos de niños/as, adolescentes y jóvenes determina que en los casos de persecución penal la privación de libertad debiera ser la última ratio (último recurso). Cobrando relevancia las medidas penales alternativas a la prisión, en particular las que se efectúan “en territorio” y que requieren la participación activa de la “comunidad” en el proceso de responsabilización penal del/a joven. En este artículo nos proponemos relevar las formas en las que se entiende a la comunidad y su participación en dicho proceso, a través del análisis de las normativas y protocolos de intervención. A su vez, desde un enfoque socio-antropológico se analizarán las formas en las que estas medidas se despliegan en un municipio del conurbano bonaerense con el fin de describir la “participación de la comunidad” en lo concreto, recuperando las experiencias y voces de los actores por medio de observaciones participantes y entrevistas. Nos aproximaremos a concluir a partir del estudio de caso, que las instituciones y actores de la “comunidad” desconocen la normativa que enuncia su protagonismo en el proceso penal juvenil, como así también se exponen las dificultades y a la vez las potencialidades de la relación entre la “comunidad” y el Sistema Penal Juvenil en un contexto neoliberal.

Palabras clave: comunidad; jóvenes; territorio; políticas.

 

Resumo: As regulamentações internacionais, nacionais e provinciais que regulam os direitos de crianças, adolescentes e jovens determinam que, em casos de processos criminais, a privação da liberdade deve ser a última ratio (último recurso). Ganham relevância as medidas penais alternativas para a prisão, particularmente aquelas que são realizadas "no território" e que exigem a participação ativa da "comunidade" no processo criminal do/a jovem. Neste artigo, propomos-nos a revelar as formas pelas quais a comunidade é entendida, e a sua participação neste processo, através da análise dos regulamentos e protocolos de intervenção. De uma abordagem sócio-antropológica serão analisadas as formas em que essas medidas são implantadas em um município da conurbação de Buenos Aires, a fim de descrever a "participação da comunidade" no concreto, recuperando as experiências e as vozes dos atores, através de entrevistas e observações participantes. Concluiremos, a partir do estudo de caso, que as instituições e atores da "comunidade" desconhecem as regulamentações que declaram seu papel no processo penal juvenil, também serão apresentadas as dificuldades e potencialidades da relação entre a "comunidade" e o Sistema Penal Juvenil em um contexto neoliberal.

Palavras-chave: comunidade; jovens; território; políticas.

 

Abstract: The international, national and local normatives that regulate the rights of children, adolescents and young people determine that in cases of criminal prosecution, the deprivation of liberty should be the last ratio (last resort).  Therefore, alternative measures to prison become relevant, particularly those that are carried out "in territory" and that require the active participation of the "community" in the process of criminal responsibility of the young person. In this article we propose to reveal the ways in which the community is understood and its participation in this process, through analyzing regulations and intervention protocols. From a socio-anthropological approach we will analyze the ways in which these measures are deployed in a town in the suburbs of Buenos Aires in order to describe the "participation of the community" in the practice, recovering the experiences and voices of the actors through participant observations and interviews. In the case study we will conclude, that the institutions and actors of the "community" are unaware of the regulations that state their role in juvenile criminal proceedings, as well as the difficulties and potentialities of the relationship between the "community" and the Juvenile Penal System in a neoliberal context.

Key words: community; youth; territory; policies.

 

Fecha de recepción: 14 de julio de 2019.

Fecha de aceptación: 20 de febrero de 2020.

 

 

I. Introducción

Lo que pasa es que acá no hay lugar para Ramiro[1]” dice Silvia, la orientadora educativa de uno de los colegios públicos más grandes e importantes del municipio de La Araucaria en la Provincia de Buenos Aires (PBA). Ramiro tiene 16 años y hace 3 años que va a esa escuela. Durante esos años lo cambiaron de división, luego lo pasaron de la mañana al turno tarde y finalmente lo ingresaron a una modalidad educativa diferencial llamada “aulas de aceleración”.  En ese tiempo se peleó a las trompadas con un compañero, amenazó a los más chicos para que les compre cosas en el kiosco e inclusive fue denunciado por otras familias en la comisaría, entre varias anécdotas más que  cuentan entre risueños y francamente preocupados Silvia, Mabel -la orientadora social- y Perroti -el director.

Cuatro meses antes de esta reunión en la escuela, Ramiro ingresaba al sistema penal juvenil[2] acusado de participar en un “robo agravado por uso de arma de fuego no apta para el disparo” (Legajo de Ramiro 2018). Tal como lo sugiere la normativa internacional que regula la administración de la justicia penal juvenil –a la cual la Argentina adscribe- la jueza que lleva su causa ha dictado una “medida alternativa” (MA) al encierro. Por ende, Ramiro, se encuentra “en libertad” debiendo cumplir una medida judicial que se lleva adelante “en la comunidad” y es supervisada por un dispositivo específico: el Centro Socio-Comunitario de Responsabilidad Penal Juvenil (CESOC) de un departamento judicial del conurbano bonaerense. Una de las “reglas” que la jueza le impuso a Ramiro es la de concurrir a la escuela y es por este motivo que participé de una reunión entre los/as mencionados/as referentes escolares y Víctor, operador social del CESOC. De esta manera su relación – ya conflictiva- con la escuela se retoma mediatizada por referentes de un dispositivo penal juvenil. A partir de esta re-significación de la relación entre el joven y su escuela, se comienzan a visibilizar las tensiones, limitaciones y posibilidades de la “comunidad de origen” como actor central en las MA juveniles.

A partir de considerar tanto las normativas que establecen los estándares de Derechos Humanos y que priorizan las medidas alternativas al encierro, como las formas en las que estas se traducen en las experiencias particulares y situadas de los jóvenes (varones) del municipio de La Araucaria es que surgen interrogantes tales como: ¿Qué se entiende por “comunidad” desde el marco normativo? ¿Cuál es su relevancia en relación a las medidas alternativas en el sistema penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se resignifica la “comunidad” en la experiencia situada? ¿A qué actores interpela? ¿Qué tensiones, disputas y articulaciones suscita?

Este trabajo se inscribe dentro de un proceso de investigación en curso sobre la experiencia penal juvenil territorial en un municipio del conurbano bonaerense. En este sentido me inserté en mi doble condición de trabajadora social e investigadora en el  CESOC departamental con el aval de su directora y del equipo. Desde allí participé en diversas actividades institucionales: realicé entrevistas a jóvenes (varones) y familiares, articulé con referentes institucionales, concurrí a los hogares de los jóvenes (varones), acompañé en la realización de trámites, concurrí a capacitaciones y accedí a la lectura de legajos y documentos internos, entre otros.

El objetivo de este artículo es el de relevar las formas en las que se entiende a la “comunidad” en la implementación de medidas alternativas, a través del análisis de las normativas y protocolos de intervención. A su vez, se propone conocer las formas en las que estas medidas se despliegan en un municipio del conurbano bonaerense con el fin de describir la “participación de la comunidad” en lo concreto, recuperando las experiencias y voces de los actores por medio de observaciones participantes y entrevistas priorizando el enfoque etnográfico y socio-antropologico de las políticas públicas:

Las políticas están profundamente implicadas en la manera como nos construimos como individuos y como sujetos. (…) Las políticas han terminado por afectar todo lo que hacemos de tal manera, que se vuelve virtualmente imposible ignorar su influencia o escapar de ésta. A través de las políticas los individuos son objetivados y les son dadas categorías como “ciudadano”, “adulto legal”, “profesional” (Shore 2010, 36).

Estas aproximaciones nos permitirán analizar como el discurso de “comunidad” en la normativa y su re-significación práctica en un municipio del conurbano de la PBA, se inscriben dentro de un proceso de reconfiguración del territorio de gobierno (Rose 2007) de lo penal juvenil.

 

II. La “comunidad” pensada: aproximaciones a las normativas vinculadas a las medidas alternativas a la prisión en el Sistema Penal Juvenil

Ramiro es uno de los 7.178 jóvenes que se encuentran en dispositivos penales juveniles en la Argentina. Y como la gran mayoría de ellos, cuenta con una medida judicial alternativa a la privación de la libertad. Según datos de UNICEF el 79,4% de los jóvenes en dispositivos penales se encuentra incluido en programas de seguimiento “en territorio” (sic) (94,2% varones y 5,8%, mujeres); 2,4%, en establecimientos de libertad restringida (91,9 % varones y 8,1% mujeres); y 18,2% en establecimientos de privación total de libertad (97,3%  varones y 2,7%) (UNICEF 2015).

De todas las provincias del país (y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ramiro reside en la jurisdicción con más dispositivos penales juveniles y más población joven en conflicto con la ley: la provincia de Buenos Aires (2.935 jóvenes, es decir el 40,8% del total del país). A su vez, vive en La Araucaria, un municipio del conurbano bonaerense  conocido popularmente como “picante”, es decir peligroso y conflictivo. Se trata de la jurisdicción con más homicidios per cápita de todo el país. Estas particularidades serán profundizadas más adelante en este artículo.

La PBA sancionó en 2007 la ley n° 13.634 de “Creación del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño”, con un sentido orientado por las convenciones internacionales en materia penal juvenil y en línea con las leyes nacional y provincial de protección integral (Ley nacional 26.061 y Ley provincial  13.634). Distintos/as autores/as han abordado las transformaciones que implicó la sanción de esta normativa (Tiscornia 2004; Villalta 2004), en especial en lo referido a lo penal juvenil (Beloff et al. 2017; López 2010) y en la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad (Fernández 2018; Graziano 2017; Rodrigo y Scocco 2015; González 2015; Nicoletti 2014; Lucesole 2013; López et al. 2009).

De las normas que regulan el campo de lo penal juvenil en la PBA, se desprende que la privación de la libertad debe ser una medida de última ratio, es decir que debe ser el último recurso a implementarse. Esto cabe a toda la población en general, pero en particular a aquella  dentro del sistema penal juvenil, ya que se reconoce a los jóvenes como una población en etapa de crecimiento, especialmente vulnerable a los efectos dañinos del encierro y a la violación de sus derechos.

En este sentido, bajo este encuadre normativo, se deben fomentar medidas alternativas a la privación de la libertad en las que cobra relevancia la “comunidad”. En este primer apartado presentaremos las formas en las que se enuncia la “comunidad” como un actor relevante dentro del sistema penal juvenil en el plexo normativo. Entenderemos esta documentación identificando dos cuestiones neurálgicas e imbricadas que hacen a su análisis socio-antropológico: por un lado que en tanto documentación estatal están dotadas de legitimidad otorgada por el “poder creador” del Estado  y que en este sentido operan como “(…) guías de acción, consagran lo que es correcto y deseable, y por tanto constriñen las prácticas cotidianas, reforzando determinadas lógicas de funcionamiento institucional y opacando otras” (Muzzopappa y Villalta 2011, 36) y por otro lado que no debe pensarse el Estado como un actor monolítico, sino como un campo  en el cual los documentos escritos son producto de tensiones y disputas que deben ser contextualizados e inscriptos en relaciones de poder. En este sentido se vuelve imprescindible conocer las formas en las que los documentos que regulan el sistema penal juvenil conciben a la “comunidad”, en tanto son las herramientas legitimadas por el poder estatal a la vez que comprenderlas en su contexto. Asimismo contemplar que en las prácticas concretas, los postulados que se establecen en las normativas no se traducen linealmente (Muzzopappa y Villalta 2011), sino que son tensionadas, resignificadas e incluso desconocidas por los/as actores involucrados/as, como veremos en el segundo apartado.

Desde este enfoque socio-antropológico, se analizaron las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores” (Reglas de Beijing), las “Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil” (Directrices de RIAD) y las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad” (Reglas de Tokio). Estas han sido incorporadas en el artículo n° 19 de la ley nacional de “Protección Integral de la Niñez y Adolescencia” (Ley 26.061, decreto reglamentario 415). A nivel provincial se analizó también la ley 13.634 de “Creación del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño” y el “Programa de construcción de ciudadanía responsable” que regula el abordaje ejecutivo para los CESOC.

De Marinis (2011) sostiene que la comunidad es un “concepto sociológico fundamental” que ha tenido distintas acepciones, es decir que se trata de un concepto polisémico (Cravino 2004) y que tradicionalmente se ha opuesto al concepto de “sociedad”. Si bien ambos son construcciones teóricas que no se encuentran a priori en el campo, podemos rastrearlos en el discurso de las políticas públicas y aproximarnos a comprender como se piensa (y se crea) la “comunidad” desde la normativa regulatoria de lo penal juvenil. En este sentido es relevante recuperar la distinción entre “comunidad” y “sociedad” siguiendo a De Marinis (2011) y Rose (2007). Distinción que tradicionalmente remitió a formas de organización “premoderna” por un lado y “moderna” por el otro, y que actualmente se está reconfigurando.

En un contexto de ampliación de los procesos de globalización y de declive de los estados sociales, la comunidad pareciera resurgir: “(…) está experimentando un impresionante boom en los últimos tiempos. Cabe también anticipar que no es justamente la vieja comunidad premoderna la que está reapareciendo, sino unas comunidades ―postsociales- de novedosos perfiles” (De Marinis 2011, 97).

Relevar el (re)surgimiento de la “comunidad” en la reglamentación en torno a lo penal juvenil, requiere presentar el “contexto del texto” (Muzzopapa y Villalta 2011; Pilotti 2001) de las normas internacionales que regulan los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA):

(…) durante los ochenta, mientras se discutía el contenido de la Convención en Ginebra, simultáneamente se negociaban en Washington las políticas de ajuste para hacer frente a la crisis de la deuda externa, medidas que en América Latina dieron lugar a la llamada ‘década perdida’ en la lucha contra la pobreza (Pilotti 2001, 63).

En este contexto de crisis del Estado de Bienestar, a partir del cual se instala el “consenso” de su insostenibilidad y se despliegan una serie de políticas de ajuste y focalización, no se produce un corrimiento del Estado ante “lo social” sino una economización de sus energías (De Marinis 2011). Desde el discurso ya no se apela a la retórica común de la ciudadanía social, ni a proyectos para el conjunto total de ciudadanos y ciudadanas. De a poco “(…) la influencia de ‘lo social’ sobre nuestra imaginación política se está debilitando” (Rose 2007, 146). Aquello que antes remitía a problemáticas de la “sociedad” en su conjunto, se descentraliza a las “comunidades” (basadas en diversas dimensiones tales como la identidad, ubicación territorial, tipos de consumos, etc.).

Estas políticas se afianzan en la Argentina a partir de los años ’90 donde la cercanía del Estado y la “comunidad” se vinculaba  con la des-universalización (Medan 2019) del acceso a recursos de todo tipo. Paradójicamente es en este periodo en el que se incorporan a la Constitución Nacional una multiplicidad de normativa relacionada a los Derechos Humanos, si bien no fueron reglamentadas en ese entonces.

A comienzos del siglo XXI, se da en algunos países de América Latina un “cambio de signo” político cuyo factor común es la oposición (al menos discursiva) al consenso político reformista de los ’90 y la implementación de políticas inclusivas a través de las cuales vuelve a cobrar centralidad el Estado como garante de derechos aun conviviendo con modalidades de intervención estatal anteriores (Feldfeber y Gluz 2011). El primero (2003-2007) caracterizado por la sanción de una variedad de leyes ampliatorias de derechos en general y en particular vinculadas a la niñez como la ley de “Protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente”. Y el segundo (2007-2015) por la implementación de políticas orientadas a la “(…) inclusión, la “igualdad” y la necesidad de reinstalar políticas de inspiración universal” (Feldfeber y Gluz 2011, 349) aunque también se mantuvieron políticas focalizadas del periodo anterior. En este sentido persiste una interpelación a la “comunidad” en la resolución de sus problemas pero  “(…) no sólo en clave responsabilización, sino en vínculo con el discurso de derechos” (Medan 2019). Con esto en consideración, abordaremos las formas en las que se enuncia el lugar de la “sociedad” y la “comunidad” en relación a la administración de lo penal juvenil.

Las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores” (Reglas de Beijing) fueron adoptadas por la Asamblea general de las Naciones Unidas en 1985, y constituyen el primer instrumento jurídico internacional que regula específicamente la administración de la justicia de menores en el marco de la Declaración de los Derechos del Niño.  Este documento considera a la juventud como la etapa inicial del desarrollo la cual “(…) requiere particular atención y asistencia para su desarrollo físico, mental y social, y necesita protección jurídica en condiciones de paz, libertad, dignidad y seguridad”. Esta normativa hace foco en la importancia de garantizar el “bienestar” del “joven delincuente” por sobre otro tipo de objetivos de orden punitivo.

En las Reglas de Beijing aparece veintiuna veces la palabra “comunidad”  y tan solo la mitad de veces la palabra “sociedad”. No se trata únicamente de una diferenciación cuantitativa –si bien llamativa- sino de dos formas cualitativamente distintas de abordar estas categorías. A lo largo del texto se hará referencia la importancia de la participación de la “comunidad” en las acciones tendientes a la administración de lo penal juvenil, especialmente en referencia a las medidas alternativas a la prisión, considerando que el documento exhorta a evitar esta instancia.

Se sostiene que “Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones” (RMNUAJPM, regla 18.1) y tras enumerar una serie de posibles medidas, se enuncia: “Los ejemplos citados en la regla 18.1 tienen en común, ante todo, el hecho de que se basan en la comunidad y apelan a su participación para la aplicación efectiva de resoluciones alternativas” (RMNUAJPM, Comentario a la regla 18.1).

Por otro lado, el término “sociedad” aparece referido al orden general que debe ser protegido por la administración de la justicia de menores para el “(…) mantenimiento del orden pacífico de la sociedad” (RMNUAJPM, orientación fundamental 4).

Con un sentido similar, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), establecidas en 1990, abordan los lineamientos y recomendaciones generales para la implementación de estas medidas para personas mayores y menores de edad. Entre sus objetivos fundamentales se encuentra la promoción de “medidas sustitutivas de la prisión” (RMNUMNPL, Objetivo fundamental 1.1) y el fomento de una “(…) mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad” (RMNUMNPL, objetivo fundamental 1.2).

La “sociedad” aparece en este documento de dos maneras, en principio del mismo modo que en las Reglas de Beijing, como objeto de protección en relación al orden y la seguridad. Pero también aparece en relación a la “comunidad”. El punto VII de estas Reglas se denomina “Voluntarios y otros recursos comunitarios”, e incluye un apartado denominado “Participación de la sociedad” (RMNUMNPL, regla 17):

La participación de la sociedad debe alentarse pues constituye un recurso fundamental y uno de los factores más importantes para fortalecer los vínculos entre los delincuentes sometidos a medidas no privativas de la libertad y sus familias y la comunidad. Deberá complementar la acción de la administración de la justicia penal (RMNUMNPL, regla 17.1). La participación de la sociedad será considerada una oportunidad para que los miembros de la comunidad contribuyan a su protección (RMNUMNPL, regla 17.2).

Si bien se menciona este concepto más amplio al cual remitiría “sociedad” se lo hace en vinculación a la “comunidad” y en especial a sus miembros. Nuevamente parecería un recorte de la sociedad circunscripto a lo comunal. A su vez, se destaca la relevancia que se le otorga al trabajo “voluntario” de los miembros de la comunidad, en sintonía con lo que De Marinis (2011) identifica como “economización” de las energías del Estado características del neoliberalismo.

Para finalizar el análisis de la normativa internacional, las “Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil” (Directrices de RIAD) proclamadas en 1990, presentan algunas distinciones en cuanto a la diferenciación de responsabilidades y objetivos vinculados a la “comunidad” y la “sociedad”. En primer lugar cabe destacar que a diferencia de los otros documentos mencionados, en este se aborda la tarea de prevenir y no la de administrar acciones vinculadas al “delito juvenil”. En segundo lugar si bien se hace mención a la necesidad de crear programas comunitarios, se sostiene la responsabilidad de los distintos niveles de gobierno de realizar acciones que comprendan:

(…) cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, de ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes (DNUPDJ, prevención general G).

Esta normativa implica más a los gobiernos en la obligación de generar las condiciones básicas para garantizar el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia considerando las necesidades de la socialización en familia, del acceso a la educación, de la relación con la comunidad y del compromiso de los medios de comunicación. Como así también sostiene la necesidad de implementación de políticas sociales y de investigación científica.

En el plano local, la normativa provincial que crea el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en 2007 (Ley 13.634) menciona –considerando únicamente el apartado sobre el Fuero Penal Juvenil- tres veces la palabra “sociedad”  y el triple de veces las palabras “comunidad” y “comunitario”. Este documento reglamenta el funcionamiento de los órganos judiciales y del proceso penal en sus distintas instancias. Se afirma que la privación de libertad debe ser la última ratio ya sea como medida cautelar o sancionatoria.

Esta ley consta de un capitulo íntegro destinado a las medidas que se le pueden imponer a los jóvenes penalmente responsables, se destaca que dicho apartado lleva el nombre de “Medidas judiciales de integración social” (CFRPJ, Capitulo VIII). En este capítulo aparece la “comunidad” como un actor interviniente más en la implementación de estas medidas que:

(…) tendrán por finalidad fomentar el sentido de responsabilidad del niño y orientarlo en un proyecto de vida digno, con acciones educativas que se complementarán con la intervención de la familia, la comunidad y el Municipio respectivo, con el apoyo de los especialistas que el Juez determine. Para el efectivo cumplimiento de las medidas, la autoridad de aplicación provincial y los Municipios podrán efectuar convenios con instituciones de la comunidad (CFRPJ, artículo 69).

En el mismo sentido que las Reglas de Beijing y las Reglas de Tokio, la “sociedad” es mencionada únicamente como objeto  a ser protegido y ante quien el joven (varón) debe responsabilizarse y asumir una posición “constructiva”.

Con vistas a la ley 13.634 se crea el “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” por decreto provincial 151/2007 para la prevención y responsabilización del delito penal juvenil en la provincia. Como objetivo se enuncia en el decreto: “(…) adoptar las medidas necesarias en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial a fin de garantizar los principios rectores enunciados, con la finalidad de prevenir el Delito Juvenil y posibilitar la inserción del joven infractor en la comunidad” y “Que tal objetivo resultará sólo alcanzado a través de la comunidad de acciones entre el sector público central y descentralizado y el sector privado” (DCSRPJ).

A partir de este decreto, se crean y/o reorganizan los distintos dispositivos que abordan esta temática (con privación de libertad, semi-libertad o territoriales) los cuales dependen del Organismo Provincial de Infancia y Adolescencia, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. El Anexo IV de la resolución 166/07 de dicho ministerio establece el funcionamiento de los centros de referencia (actualmente CESOC) competentes en el marco de un proceso penal seguido a personas menores de edad.

En el 2017 se crea el “Programa de Construcción de Ciudadanía Responsable” para los Centros de Referencia (actualmente CESOC) el cual “se propone promover la rehabilitación social de los jóvenes acusados de delitos y prevenir su reincidencia en la transgresión a la ley penal, a través de la implementación de una serie de medidas sustitutivas a la privación de la libertad, que se desarrollarán en todos las fases del proceso” (PCCR). 

Este programa (junto a sus anexos) que regula las intervenciones cotidianas de los CESOC de la PBA hace referencia treinta y seis veces a las palabras “comunidad” y “comunitario” y tan solo cinco veces a la palabra “sociedad”. El abordaje contempla cuatro instancias: “Individual, familiar, grupal y comunitaria” (PCCR)  y desarrolla las diversas incumbencias de los miembros del equipo de intervención. Se destaca que se debe indagar respecto de los “recursos comunitarios significativos” en la vida de cada joven tales como centros barriales o culturales, centros deportivos, referentes locales. La “sociedad” aparece nuevamente tan solo como la instancia a la cual el joven le deberá rendir cuentas responsabilizándose de sus actos y adquiriendo una “función constructiva” (PCCR).

En esta transformación del Estado Social fuertemente vinculado a la imagen de los Estados Nación y al discurso de la política pública asociada a la “ciudadanía social” a partir de su crisis y reinvención como Estado neoliberal se transforman también las tecnologías de gobierno (De Marinis 2011) y los territorios de intervención se reconfiguran en términos de comunidad (Rose 2007).

Rose (2007) sostiene que en la reconfiguración del territorio de gobierno en términos de “comunidad” se destacan tres rasgos significativos: la destotalización, la reconfiguración ética y la identitaria. Siguiendo su propuesta, podemos sostener que en lo normativo se devela la reconfiguración del territorio de lo penal juvenil en términos de comunidad y por ende se pueden encontrar estos rasgos en nuestro objeto de estudio.

Al respecto de la destotalización, la “sociedad” y “lo social” fue “(…) imaginado como un espacio unitario, territorializado a través de una nación” (Rose 2007, 120) mientras que lo “comunitario” responde a una fracción de esa totalidad, como comunidades de estilo de vida, morales, de compromiso, y especialmente para nuestro caso –como veremos a continuación- comunidades definidas en términos geográficos y micro-locales. En la normativa podemos ver como la responsabilidad sobre la intervención con los jóvenes (varones) en el sistema penal juvenil es depositada sobre su “comunidad de origen”. Mientras que la “sociedad” como noción totalizadora no ha desaparecido por completo, sino que persiste como la entidad a la cual el joven (varón) debe responder asumiendo una “actitud constructiva” y a la cual el sistema penal juvenil debe proteger.

Al respecto de la reconfiguración ética, Rose (2007) explica que en los tiempos del Estado Social las políticas y los programas se centraban en la responsabilidad personal de los individuos sobre sus conductas pero siempre en vinculación a determinaciones externas, mientras que en la actualidad las políticas reconfiguran al sujeto que interpelan en tanto individuo con lazos familiares y comunitarios:  “La conducta es recuperada del orden social de la determinación y reconducida a una percepción ética nueva del actor individualizado y autonomizado, cada uno de los cuales tiene ataduras únicas, localizadas y específicas con su familia particular y con una comunidad moral particular” (Rose 2007, 121). De esta manera la destotalización de “lo social” a partir de la (re)aparición del discurso de “comunidad” también supone una transformación ética, en cuanto a la distribución de deberes y responsabilidades. De esta manera son los jóvenes (varones) y sus comunidades quienes deben conducir sus conductas en pos de su propio “bienestar” y de la “seguridad” general.

Finalmente en cuanto a la reconfiguración identitaria, la “comunidad” supone una relación que aparece más cercana a los individuos (Rose 2007). La identificación en términos de una comunidad específica cobra mayor relevancia que la identificación con pertenencias más abarcativas como la que suponía la ciudadanía nacional en otros tiempos. De esta manera la lealtad, afectos y responsabilidad son en primera instancia orientados hacia la “comunidad”.

Ahora bien, tal como hemos advertido, no podemos tomar la letra escrita como un dato que puede dar cuenta por si solo de las prácticas concretas de lxs actores. En este sentido nos preguntamos sobre las formas en las que se resignifica la “comunidad” en las prácticas de quienes conforman el campo de lo penal juvenil en un contexto situado, en este caso en el municipio La Araucaria, del conurbano bonaerense.

 

III. La “comunidad” impensada: aproximaciones a la experiencia penal juvenil en territorio

Tras analizar el marco normativo que encuadra la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad en el campo de lo penal juvenil, el tratamiento diferencial entre “comunidad” y “sociedad” y el contexto del surgimiento de los primeros documentos que lo determinan, estamos en condiciones de retomar la experiencia de Ramiro, el joven de 16 años con el cual comenzamos este artículo.

De esta manera el primer interrogante que emerge es ¿Cuál es entonces, la “comunidad” de Ramiro? O más específicamente ¿Cuál es la “comunidad” de Ramiro –y la de otros jóvenes- en el marco de su medida alternativa? Para comenzar a dar respuesta a esto, reconstruiremos el recorrido que realizan los jóvenes (varones) al ingresar al sistema penal juvenil.

Cuando un joven (varón) es acusado de cometer un delito en la Provincia de Buenos Aires, comienza un proceso judicial para determinar su participación en el hecho y posteriormente, de ser considerado penalmente responsable se procede a determinar la pena y la modalidad en que la cumplirá. Durante todo el proceso el/la juez/a o tribunal puede determinar la privación de la libertad de este joven (como medida cautelar o sancionatoria), considerando las características del hecho que del que se lo acusa y sus propias características personales, entre otras consideraciones que no profundizaremos aquí. Tal como hemos mencionado, a nivel nacional el 79,4% de los jóvenes que se encuentran en el sistema penal juvenil, se encuentran en dispositivos alternativos a la privación de la libertad (UNICEF 2015).

Existe una diversidad de medidas alternativas que incluyen la “remisión” y “mediación”, entre otras (UNICEF 2018). Pero nos centraremos en aquellas medidas alternativas que implican el involucramiento del CESOC. Existen tres grandes momentos de la justicia penal juvenil, un primer momento de investigación preparatoria, un segundo momento de juicio y un tercer momento de ejecución de la sanción (establecida la responsabilidad penal en el hecho). En todas las ocasiones intervienen el/la agente fiscal, el/la defensor/a, el/la juez/a (o tribunal en el caso de un hecho de gravedad), el/la joven y sus familias, en la primera instancia bajo la competencia del Juzgado de Garantías y en la segunda y tercera bajo el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil. El establecimiento de una medida alternativa se hace bajo el debate y acuerdo entre las partes, siendo el/la juez/a quien define.

Los Centros Socio-Comunitarios de Responsabilidad Penal Juvenil son dispositivos establecidos para el acompañamiento de  este tipo de medidas en la PBA y se encuentran distribuidos en cada departamento judicial abarcando varios municipios. De acuerdo al domicilio de residencia del joven (varón) se le asigna el CESOC correspondiente. En este sentido, una de las primeras aproximaciones para entender la “comunidad” en el marco de una MA, es el recorte geográfico.

Ramiro nació en Santiago del Estero, pero desde chiquito que vive junto a su familia en la Villa Cortázar, bien al fondo en las cercanías a un inmenso basural en el municipio de La Araucaria. Con ese domicilio, el juzgado de garantías determinó que debía concurrir al CESOC de Los Pecanes, que entre otros municipios abarca La Araucaria.

Cravino (2004) retoma a Castell (1997) para pensar las transformaciones en la relación entre el lugar de residencia y el acceso a protecciones y derechos[3]. En lo que puede definirse como sociedad salarial (nunca finalizada en Argentina) se desterritorializó el acceso al ingreso (directo o indirecto) a estas protecciones y derechos, y en este sentido, tener un lugar de residencia como una villa podía ser un obstáculo para acceder a empleos por la estigmatización que esto suponía. En cambio, en la actualidad, sostiene Cravino (2004) paradójicamente es el domicilio lo que funciona como “llave” para acceder de manera legítima a un recurso, aun ante la persistencia del estigma.

En este contexto de focalización de las políticas públicas, un domicilio funciona como “llave” diferencial para acceder (o no) a determinados recursos. Esto parecería regir también en el caso de los CESOC. Distintas investigaciones que toman como referente empírico los CESOC (Fernández 2018; Graziano 2017; Scocco y Rodrigo 2015; González 2015; Nicoletti 2014; Lucesole 2013; López et al. 2009) dan cuenta de algunas cuestiones comunes a todos los centros como la precariedad de recursos, las continuidades de ciertas prácticas tutelares, entre otras. Pero también, al contrastar estos trabajos con nuestra indagación observamos diferencias relevantes que nos permiten sostener en una primera instancia, que los jóvenes (varones) tienen una experiencia diferencial considerando el CESOC que les corresponde.  Tal como he escuchado decir a María, la directora del CESOC de Los Pecanes, en varias oportunidades: “En el país de los ciegos el tuerto es rey, nosotros seriamos los tuertos (se ríe) no estamos bien, pero hay otros que están peor”. En especial en lo referido a la cantidad de personal que conforma los equipos, las instalaciones edilicias y la relación con el sistema judicial departamental.

Ahora bien, dentro del CESOC del departamento judicial de Los Pecanes, también hay diferencias en cada municipio ya que el trabajo cotidiano consiste frecuentemente en la articulación con actores que dependen de municipios muy diversos en cuanto al signo político de quien gobierna, la densidad poblacional, los recursos, entre otros. Recurrentemente trabajadores/as del CESOC hicieron referencia a las diferencias entre La Araucaria y otros municipios en cuanto a los recursos con los que se cuenta: “En El Robledal no tenemos nada, tenemos que mandar a todos los pibes al mismo lugar y ya no dan abasto” dice la trabajadora social de ese equipo municipal. A su vez, el CESOC de Los Pecanes se organiza en equipos municipales y estos están conformados de distintas maneras (algunos tienen unos profesionales, otros no), trabajan en equipo o individualmente, tienen distintas trayectorias personales, profesionales y políticas, etcétera.

De esta manera podemos sostener que el recorte geográfico de la “comunidad en acto” (Cravino 2004) es doble: en primer lugar el dispositivo “socio-comunitario” que da seguimiento a la MA depende del departamento judicial donde el joven se domicilie, y en segundo lugar el equipo que lo acompañe y los recursos con los que se cuente dependerán del municipio más específicamente.

Ahora bien, existe un tercer recorte geográfico menos “pensado” a partir de considerar los barrios de los jóvenes (varones). A medida que me fui insertando a comienzos del 2018 en el equipo de La Araucaria, del CESOC de Los Pecanes, fui registrando que los jóvenes (varones) –y también las pocas jóvenes mujeres- provenían de distintos barrios: de Villa Cortázar como Ramiro había varios, pero también Villa Chapita, Villa Libertad, Barrio Agosto, Barrio Mayo, etcétera. Al desconocer la zona, una de las primeras tareas que realicé fue la de mapear los domicilios de los jóvenes y sus barrios de pertenencia. Esto me permitió observar gráficamente la distribución social del municipio. Todos estos barrios se encontraban pegados entre sí, siguiendo la línea de un arroyo que funciona como límite natural del municipio. En sentido literal, los jóvenes residen mayoritariamente en uno de los márgenes del municipio y es esta, en los términos de la normativa analizada, su “comunidad de origen”. De esta manera, podemos considerar que la “comunidad” se presenta en su tercer recorte geográfico: el margen.

Este margen conformado por una concatenación de villas/barrios precarios también tiene características que lo diferencian del resto de la “comunidad” municipal. A la precarización de las condiciones materiales de vida que se suelen dar en las villas ubicadas en los conglomerados urbanos, se le suman las representaciones negativas de la población “marginal” que reside allí (Merklen 1997) en especial de los jóvenes varones a quienes además se les agrega la representación de la peligrosidad. Así  también, el estigma territorial que se deposita sobre estas zonas funciona en forma de pares opuestos y alteridades excluyentes (Kessler 2012) o exclusiones recíprocas (Saraví 2015) respecto de otros espacios sociales.

Recapitulando, la “comunidad” expresada en la normativa se configura en la práctica como un recorte geográfico en tres niveles: departamental, municipal y barrial. Estos niveles no operan como simples coordenadas que delimitan una superficie, sino que en ellos se desarrollan tramas de relaciones sociales diversas. Nos centraremos en aquellas que se despliegan a partir de la sanción de una MA.

Cuando a un joven (varón) se le sanciona una MA durante una audiencia oral, a continuación se realiza una comunicación telefónica con el CESOC departamental que le corresponde. En el CESOC de Los Pecanes por lo general, el teléfono es atendido por una trabajadora administrativa que consulta el domicilio del joven (varón) y dependiendo del municipio de pertenencia informa que día debe concurrir a una primera entrevista, ya que cada equipo municipal tiene distribuidos sus días y horarios de atención en la sede central. A su vez se recibe por fax el oficio judicial que da cuenta de la MA y las “reglas/compromisos de conducta” que se establecieron en la audiencia.

La sede central del CESOC de Los Pecanes se encuentra ubicada desde hace dos años en una localidad residencial del partido de La Araucaria, una zona de casas bajas ubicada geográficamente en el centro del municipio pero bastante alejada por un extremo de la zona céntrica y por el otro del margen donde reside la mayoría de los jóvenes (varones).

Cuando Ramiro llegó por primera vez al CESOC a comienzos del 2018, fue recibido por Víctor, quien se presentó como el operador social que estaría acompañándolo en el transcurso de su medida alternativa cautelar. En las entrevistas de admisión, Víctor por lo general les preguntaba a los jóvenes (varones) si sabían a qué se habían comprometido o qué se les había impuesto en la audiencia y tras reconstruir sus recuerdos procedía a leer el oficio. En el oficio judicial de Ramiro figuraban las siguientes reglas impuestas:

1) constituir domicilio en el de su progenitor, y someterse a su cuidado, quien informará al centro de referencia en relación al sometimiento del joven a las reglas impuestas; 2) concurrir al Centro Socio-Comunitario de Responsabilidad Penal Juvenil, para ser incluido en los talleres que allí se imparten, con la periodicidad y modalidad que los profesionales estimen corresponder; 3) continuar con su escolaridad en el presente ciclo 2018, debiendo aportar constancia de inscripción y cada tres meses el de alumno regular; 4) abstenerse de salir en horarios nocturnos, salvo que lo haga en compañía de un adulto responsable, y las salidas diurnas solamente a los fines de concurrir a sus actividades recreativas y siempre que lo sea supervisada por un adulto responsable; 5) continuar con el curso de mecánica iniciado (Legajo de Ramiro 2018).

Como se observa, al sancionarse una medida de este tipo, el/la juez/a dispone una serie de pautas que el joven debe cumplir y que involucran a una diversidad de actores e instituciones. Estos incluyen a parte del sistema penal juvenil, como así también a otros/as que no integran este sistema en lo formal, pero que se reconfiguran como parte del campo penal juvenil a partir de la sanción de estas MA.

A partir de la lectura de las reglas impuestas (que implican articulaciones institucionales) y de la observación participante como parte del equipo de La Araucaria, se pudo establecer que a  partir de la sanción de una MA se configuran nuevas y viejas relaciones sociales entre actores e instituciones.

Los/as actores involucrados/as en el desarrollo de la MA en el municipio de La Araucaria, pueden clasificarse a priori de la siguiente manera: 1) instituciones orientadas a toda la población: tales como centros de salud, centros de prevención de consumo problemático, policía, oficinas de empleo, centros de formación profesional, entre otros; 2) instituciones orientadas a los/as jóvenes en general: escuela, centros juveniles, programas de transferencia de ingresos condicionados, entre otros; 3) instituciones orientadas a los jóvenes (varones) con medidas penales: CESOC, ONG’s especializadas, defensorías, fiscalías y juzgados en lo penal juvenil, cuerpo técnico auxiliar, etc.; 4) sujetos particulares: jóvenes (varones) en conflicto con la ley, sus familias, parejas, vecinos/as, amistades, organizaciones delictivas barriales, etc.

Este criterio de clasificación permitió a los fines analíticos, visibilizar que no todos/as los/as actores involucrados/as en la MA ciertamente fueron pensados para tal fin. Tomaremos como ejemplo a la escuela. La escuela tiene un lugar central en las MA  ya que a todos los jóvenes (varones) se les exige ya sea continuar o retomar sus estudios. De esta manera los jóvenes (re)establecen una relación con sus referentes escolares pero esta vez en el marco de una MA y la mayoría de las veces mediatizada por un/a referente del CESOC.

Retomando la primera escena presentada en este artículo, los/as referentes escolares de Ramiro se muestran preocupados/as por el joven, conocen en detalle su historia personal, se han reunido con él y su familia varias veces, parecen que intentan que Ramiro sostenga su escolaridad y hasta se preocupan por su seguridad, como nos contó el director:

Cuando tenía 14 años, y lo vinieron a correr y se metió acá, deben pensar que me estoy confundiendo de día pero es que lo corrieron varias veces, me dijo que lo iban a matar. Entonces yo llame por teléfono a la mamá y le dije ‘véngalo a buscar’ y me dice ‘no lo voy a ir a buscar, ocúpese usted.’ Entonces eran como las 9 de la noche y lo llevé en mi auto a Villa Cortázar al fondo, en el auto me dice ‘si me pegaban un tiro me dejaban tirado’ y yo le decía ‘no, seguro está ocupada’ y el pibe sabía ‘no, me pegaban un tiro y me dejaban morir’. Cuando llegamos, me dice ‘para que aviso acá así no te afanan’, entramos, lo acompaño a la casa, entro y la madre estaba charlando ahí con una amiga y me dice ‘viste que lo tuviste que traer’, imagínate la madre, y cuando me fui también me acompaño Ramiro, hizo una señas para que no me choreen (Director de escuela, observación participante 2018).

En esta anécdota la escuela se torna para Ramiro, el lugar de protección y cuidado ante el peligro, cuyo sentido se vuelve aún más fuerte al comprobar que su propia madre no fue a buscarlo. A su vez nos permite visibilizar la complejidad de las relaciones de Ramiro con otras personas cercanas a él, como su madre y otras personas que “chorean” (roban) en su barrio.

A estos/as referentes además de preocupados/as se  les nota desorientados/as porque nada de lo que hacen parece tener el resultado deseado. Tras una serie de anécdotas complejas que involucraban a Ramiro, y de afirmar que hasta “la preceptora le tiene miedo,” y encima “es re líder… negativo, ¿no? Pero re líder, las chicas mueren por él” Silvia, la orientadora educativa dice “Lo que pasa es que acá no hay lugar para Ramiro (…) hay que agarrarlo (hace gesto con las manos como de pinzas que mueven a alguien de un lugar a otro) y ponerlo en otro lugar (mientras niega con la cabeza como lamentando lo que está diciendo)”.

Días después de esta reunión en su escuela, Ramiro concurre al CESOC con su mamá.  Se lo ve enojado y a su madre seria, Víctor le dice también serio:

V: Mira Ramiro, nosotras[4] hablamos con la escuela, y vos no estas cumpliendo. Tenes una medida judicial… y no estas yendo a la escuela.

R: Es que a las  tres de la tarde no es horario para ir a la escuela (hace un gesto con el brazo como desestimando esa idea, habla exaltado), yo a la escuela nunca falté, si me ponen a la mañana o a la tarde pero normal yo no falto, no soy de faltar.

V: Pero ¿vos cuantos días tenés que ir ahora?

R: Tres.

V: Ah, porque no entendíamos (muestra su celular en el cual se ve un mensaje de la operadora educativa de Ramiro y me mira) ¿viste como era? Porque yo me escribo permanentemente con Silvia, la orientadora, y me dice que faltaste un montón.

R: Ah... Sí… (baja el tono de voz) Es que ese horario no puede ser… (dice con la voz más baja y negando con la cabeza).

En diversas ocasiones hemos observado que las relaciones que se pretenden establecer entre los jóvenes y la “comunidad” a partir de la MA, son relaciones preexistentes y conflictivas.  Uno de los “efectos” de gobernar a la población mediante la “comunidad” es para De Marinis (2011) el “recalentamiento” de los vínculos. Este podría ser el caso de la relación entre Ramiro y sus referentes escolares. Se espera que las instituciones, como parte de la “comunidad” de los jóvenes, acompañen la implementación de medidas, sin considerar que no solo las relaciones preexistentes ya vienen siendo conflictivas sino que tampoco han sido pensadas para tales fines[5].

Sebastián, otro operador social de La Araucaria y compañero de Víctor afirma que la articulación con otras instituciones es compleja:

Lo que le pasa mucho a algunas instituciones es que al no conocer cuál es el objetivo de una institución como esta (el CESOC) lo primero que te dicen es ‘uh, no… pibes con medida…’ ¡Qué se yo!... Y también… Propuestas concretas para estos pibes como que son escasas... Te tiran... Fútbol... Murga... (Parece disgustado) En un montón de programas hace años la propuesta para pibes adolescentes es fútbol callejero… Que está bien… Pero, ¡qué sé yo! (Entrevista a Sebastián 2019).

Sebastián llama la atención sobre dos cuestiones distintas pero vinculadas: el desconocimiento y la escasez de propuestas específicas. Tanto este operador social como otros referentes del CESOC han manifestado en algunas oportunidades también un desgaste de los vínculos interinstitucionales, por ende el “recalentamiento” de los vínculos es también entre referentes institucionales de la “comunidad”.

Retomando las reflexiones de Sebastián y a partir de nuestro trabajo de campo se sostiene que este desconocimiento se expresa en dos sentidos: un desconocimiento del CESOC, por lo general pocas personas con las que interactúe lo conocían y quienes si lo hacían era porque ya venían articulando con sus referentes pero no tenían del todo claro las funciones y modalidad de trabajo. Este desconocimiento del CESOC se inscribe dentro de un desconocimiento más amplio que es el del sistema penal juvenil de la PBA. Se observó  que para referentes escolares, de centros de salud y algunos familiares no parecía del todo clara la especificidad del sistema penal juvenil en relación a otras formas de “judicializar” a los/as chicos/as como por ejemplo las “medidas de abrigo”.

El segundo sentido, viene en línea con el primero pero es relevante mencionarlo de manera específica, es el desconocimiento del propio rol protagónico como actores de la “comunidad” en la implementación de una MA de un joven (varón). Tal como mencionamos en el primer apartado, toda la normativa internacional y local menciona la responsabilidad de la “comunidad”, pero en lo concreto quienes conformarían dicha “comunidad” lo desconocen. De esta manera algunas articulaciones se hacen en el marco de “favores” o de “buen vínculo” entre los/as referentes institucionales del CESOC y otros espacios, en lugar de ser consideradas en el marco de una tarea colectiva o de “co-responsabilidad” como se menciona en la normativa.

Nos preguntamos al comienzo de este apartado “¿Cuál es la “comunidad” de Ramiro –y la de otros jóvenes- en el marco de su medida alternativa?” y nos hemos aproximado a conocer su respuesta. En primer lugar nos encontramos con el recorte espacial: departamento, municipio y barrio. En especial en estos últimos dos se encuentran prácticamente todos los recursos y los/as actores que se involucran en la MA. En este sentido la proximidad entre los/as actores cobra relevancia. Como hemos visto, esta delimitación geográfica trae consigo una trama de relaciones novedosas y preexistentes. En este sentido barrio y municipio, como recortes espaciales físicos, se configuran en territorios, es decir espacios de relaciones sociales y políticas en los cuales se desarrolla la vida cotidiana y que suponen la imbricación entre el espacio habitado y el espacio social y que se inscriben en una historia de relaciones que contienen pero trascienden el período de implementación de la MA.

 

IV. ¿Repensar lo (im)pensado? Algunas reflexiones finales

Con todo este recorrido podemos afirmar que la “comunidad” en el sistema penal juvenil se traduce en una superposición entre espacios físicos y sociales en la cual se desarrolla la MA. A su vez es una categoría polisémica, que reviste sentidos distintos de acuerdo al contexto social y político de su utilización.

En este sentido, proponemos re-pensar la relación entre la “comunidad” y el sistema penal juvenil desde el concepto de “experiencia penal juvenil territorial” que hemos acuñado para aludir a la trama de relaciones y articulaciones que se establece -a partir de la sanción de una MA- entre el contexto social, las políticas públicas, los actores institucionales, los jóvenes (varones), sus familias, quienes habitan sus barrios, etc. en este espacio social delimitado por las coordenadas del departamento-municipio-barrio y que se inscribe en una historia situada que contiene a la MA pero la trasciende.

En este territorio, transcurre la vida cotidiana (Achilli 2005; Heller 1982) como conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los/as sujetos de manera tal que se posibilita la reproducción social. En este sentido, entendemos la escala cotidiana de la experiencia penal juvenil territorial, como aquella que nos permite acceder a las relaciones sociales que hacen al mundo social de los/as sujetos y que por lo tanto nos permite conocer “(…) en los entramados de sus prácticas y representaciones tanto aquellas tendencias que hegemonizan un tiempo como las posibilidades de transgredirlas, de crear nuevas formas, de zafar a imaginarios cristalizados, preconstruidos, de escapar a mecanismos coercitivos” (Achilli 2005, 26).

Este trabajo de indagación sobre la relación entre la “comunidad” y el sistema penal juvenil ha sido orientado principalmente por las reflexiones aportadas por De Marinis (2011) y Rose (2007). Ambos autores nos han permitido inscribir este “boom” de lo comunitario en un contexto de políticas neoliberales, de economización del Estado y de redireccionamiento de las lealtades, identidades y responsabilidades hacia sectores de la población más acotados y desconectados entre sí. Pero también ambos finalizan sus trabajos reflexionando sobre las posibilidades de escapar de las “(…) injusticias y las desventajas que conlleva la des-socialización del gobierno” (Rose 2007, 146) y preguntándose “¿Cómo hacer, en suma, para distinguir los potenciales elementos emancipatorios de la comunidad de nuevas modalidades de sujeción heterónoma, presentes y coexistentes, a menudo, en las mismas comunidades ―empíricas a las que a viva voz se invoca?” (De Marinis 2011, 121).

Siguiendo estos interrogantes organizaremos las reflexiones finales de este artículo en dos ejes. Por un lado en los efectos limitantes de la relación entre la “comunidad” y el sistema penal juvenil, considerando el encuadre neoliberal de esta correspondencia. Y por otro, las posibilidades que ofrece como “potencial elemento emancipatorio” considerando que en la vida cotidiana se reproduce el orden social, pero también se produce la posibilidad de transgredirlo.

La primera limitación que mencionaremos es el de la incongruencia entre lo que podríamos denominar “problema-macro/ respuesta-micro” de modo simplificado. Es decir, los jóvenes (varones) ingresan al sistema penal juvenil por una multiplicidad de razones que se imbrican y dificultan su abordaje. Por un lado la selectividad de las agencias de control de aquellos sujetos estigmatizados como los “sospechosos de siempre”  (Guemureman 2014; 2015), por otro las características culturales  y expresivas vinculadas al delito juvenil (Tonkonoff 1998; Kessler  2004) y su relación con mandatos de masculinidad (Tonkonoff 2001; Montero, 2013; Cozzi 2015), el maltrato desde temprana edad de las agencias de seguridad (Montero 2010; 2013) y las condiciones socio-económicas precarias (Tonkonoff 2001) entre otras.

De esta manera nos encontramos ante una problemática atravesada por mandatos culturales, de género y de juventud en un sistema capitalista neoliberal que promueve el consumo pero que les quita las posibilidades a estos jóvenes de acceder al mismo. A su vez se insertan en barrios donde las relaciones sociales están fuertemente signadas por adultos (varones) vinculados a actividades delictivas en connivencia a la vez que en disputa con las fuerzas de seguridad. Mantienen vínculos complejos con las instituciones que los acogen y/o expulsan como la escuela y espacios juveniles, a la vez que estas instituciones están atravesadas por las mismas problemáticas (y otras) que vivencian los jóvenes cotidianamente. A su vez, los medios de comunicación reproducen representaciones de los jóvenes varones como peligrosos  (Martinuzzi 2011; 2018), entre tantas aristas que hacen a las cuestiones de lo penal juvenil.

A esta “problemática” del orden de lo “macro”, se le pretende dar una respuesta  que podemos caracterizar como “micro” desde la “comunidad”. Como hemos ido mencionando en este trabajo, en primer lugar depende del domicilio del/a joven el recorte de su “comunidad” y por ende los recursos con los que cuente; en segundo lugar, quienes forman parte de esta “comunidad” por un lado desconocen el sistema penal juvenil y su supuesto rol protagónico y por otro cuentan con una larga historia de relaciones complejas previas que se ven “recalentadas”. Esto genera que las intervenciones de los/as actores sean vivenciadas desde lo “artesanal” a partir del despliegue individual del capital social (Bourdieu 1991) con el que se cuenta, mediante los “favores” personales y/o que por el contrario, debido a esta misma historia dichas articulaciones individuales se vean obstaculizadas. El efecto secundario de esta individualización de las intervenciones es la sobre-responsabilización –en lugar de una co-rresponsabilización- de lo/as referentes institucionales que vivencian personalmente la “frustración” ante el fracaso de alguna de sus estrategias.

Por otro lado la “comunidad” o mejor dicho, la experiencia penal juvenil en territorio presenta algunos elementos interesantes a destacar, aun considerando estas limitaciones. En primer lugar el abordaje en territorio de una medida penal se opone principalmente a una medida en una institución total de encierro. En este sentido, las MA permiten que los jóvenes (varones) mantengan sus vínculos sociales y afectivos, no interrumpan (del todo) su cotidianeidad y por sobre todo no sean expuestos a los efectos negativos del encierro ni a las posibles experiencias de maltrato institucional.

De esta manera, recuperar el contexto histórico local del establecimiento de estas formas de intervención nos remite necesariamente a dar cuenta de que este dispositivo que prioriza que los jóvenes (varones) permanezcan en su comunidad ante una medida penal, es parte de una concepción más amplia de modalidad deseada y aceptable de intervención con NNyA. Esta modalidad es denominada en lo cotidiano como “paradigma de derechos”, y se opone a la institucionalización discrecional, arbitraria y masiva de niños, niñas y adolescentes propias del paradigma de abordaje de la niñez del patronato.

En un encuentro grupal de jóvenes (varones) en el CESOC, tras conversar sobre qué cosas les gustaba de sus vidas y qué cosas no, uno de los jóvenes dijo “no me gusta venir acá” y otro le contestó “mejor es estar acá que encerrado” a lo que los otros seis chicos asintieron enérgicamente con sus cabezas. Inclusive otro joven sumo “a algunos sí nos gusta venir”. Este pensamiento es compartido por los/as trabajadores/as del CESOC quienes a pesar de tener cuestionamientos al dispositivo, sostienen que es mejor que estar encerrados.

En segundo lugar, la experiencia territorial se basa por sobre todo en la cercanía, lo que posibilita que quienes forman parte de esta “comunidad” conozcan a los jóvenes (varones) más allá de sus acciones vinculadas al delito, permitiéndoles verlos de una manera más integral y establecer un vínculo personal. En este sentido la mayoría de las interacciones que observé entre los/as referentes institucionales del territorio eran en el marco del afecto y la genuina preocupación por los jóvenes (varones). Como ha observado el operador social Víctor sobre los referentes de la escuela de Ramiro “son pro-pibes, pero están desbordados”. Es decir que si bien existe este recalentamiento de las relaciones sociales, persiste aún una mirada “pro-pibe”, es decir a favor de los jóvenes, que permite que se sigan buscando estrategias de acompañamiento.

Diversos trabajos problematizan estos dispositivos basados en los “vínculos” entre jóvenes y referentes, por considerarlos como nuevos mecanismos de disciplinamiento y moralización (Lucesole 2013; Scocco y Rodrigo 2015; Medan 2019) y si bien es relevante retomar estos cuestionamientos, lo es también considerarlos en contexto. Nos encontramos en la actualidad en latinoamérica, ya no bajo gobiernos de “nuevo signo” que nos permitían resignificar las relaciones entre las personas y el Estado en términos de derechos, sino que nuevamente se ha instalado en la región y en nuestro país un discurso neoliberal, meritocrático y de fuerte responsabilización en los individuos. Los/as referentes del gobierno actual han hablado públicamente en diversas ocasiones en favor del accionar de las fuerzas de seguridad en situaciones irregulares (gatillo fácil) e inclusive sostienen un discurso de mayor punitividad hacia la población en general y hacia los jóvenes en particular.

Al acercarnos a la comunidad-territorio, nos encontramos no solo con esta realidad, sino también con muchas personas que trabajan en instituciones y que tienen historias de militancia social y/o política vinculadas a los derechos de NNyA, a reivindicaciones de Derechos Humanos, y/o al activismo partidario opuestos a la gestión actual  (nacional y provincial). En este sentido su enfoque político y humano al respecto de los jóvenes (varones) es mayoritariamente crítico. Los/as trabajadores/as del CESOC han manifestado que por lo general “adaptan” el protocolo de intervención a su propia visión y a la del equipo en general. Y si bien en lo cotidiano se observan intervenciones que académicamente podríamos catalogar como de control o de tutelaje están también revestidas de afecto y preocupación genuina, que es percibida así por los jóvenes, y que puede pensarse no como “emancipatoria” pero si como restitutiva de la condición humana de jóvenes (varones) a quienes la “sociedad” ve como peligrosos e indeseados y para quienes tan solo reserva sus balas.

 

 

 

Referencias

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[1] Tanto los nombres de las personas como de los lugares (municipio, barrio) han sido modificados.

[2] Entenderemos en este artículo como Sistema Penal Juvenil al circuito que comprende instituciones, prácticas y normativas (judiciales y administrativas) que intervienen a partir de la apertura de un proceso judicial de índole penal (por la presunta comisión de un delito).

[3] Es menester destacar que se trata de un debate vigente tanto en el ámbito académico como en el de las políticas públicas, si el sistema penal puede garantizar derechos y protecciones. Supera a las posibilidades de este articulo profundizar en dicho debate, pero sostendremos para nuestro caso que se observaron efectivamente acciones vinculadas a garantizar el acceso de los jóvenes a derechos como el de la educación, la salud, la recreación, la vinculación familiar, ente otros.

[4] Víctor habla en femenino cuando el plural lo incluye a él y a una mujer, aunque sean mayoría varones.

[5] Podríamos problematizar también esta relación con la “comunidad” considerando que es en los barrios de los jóvenes (varones) en donde se encuentran una diversidad de personas con quienes los jóvenes se han involucrado en actividades vinculadas al delito, como pares, familiares, y/o personas pertenecientes a organizaciones tales como la comercialización de drogas o a la policía. Por el contrario a los demás vínculos, a partir de la MA se esperaría se dé un “enfriamiento” de estos vínculos preexistentes, no profundizaremos en esta cuestión en este trabajo. Se recomienda la lectura del trabajo de Medan (2019) quien profundiza sobre los “vínculos indeseables” de los jóvenes en su comunidad en el marco de un programa de prevención social del delito.

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