Conciliaciones en justicia penal juvenil: tramas socio-institucionales y sensibilidades legales

Mayra Nair Salazar

Doctoranda en Antropología Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aire, Argentina



Resumen

Este trabajo presenta un conjunto de reflexiones empíricamente informadas acerca de la gestión local de los acuerdos conciliatorios, modalidad “alternativa” de resolución del conflicto penal juvenil, tal como es practicada en un departamento judicial de escala media de la provincia de Buenos Aires. El análisis focaliza en la caracterización y problematización de las sensibilidades legales y las tramas socio-institucionales producidas y desplegadas en el marco de las interacciones entre los actores -operadores judiciales, victimarios, víctimas y familiares-, quienes desde distintas posiciones disputan y negocian valores y sentidos en torno a este arreglo, concebido por los operadores judiciales desde un enfoque de “justicia restaurativa”. El artículo se desprende de un proceso etnográfico en curso en el marco de mi proyecto de investigación doctoral en Antropología. La información es producida mediante la combinación de técnicas cualitativas como observación participante, entrevistas y conversaciones con los actores en espacios privilegiados de los procedimientos tales como citaciones, audiencias y reuniones en el marco del proceso judicial, y en sus contextos cotidianos de vida.

Received: 2019 July 1; Accepted: 2020 February 19

5519. 2020 ; 8(15)

Keywords: Palabras clave justicia, jóvenes, conciliaciones, tramas, sensibilidades.
Keywords: Palavras-chave justiça, jovens, conciliações, tramas, sensibilidades.
Keywords: Keywords justice, youth, conciliations, sensitivity.

Introducción

El propósito de este artículo es describir y analizar las características que asume la gestión local de las conciliaciones o acuerdos conciliatorios, procedimiento específico de resolución del conflicto penal juvenil que forma parte del abanico de posibilidades resolutivas de las llamadas medidas alternativas -al proceso y/o al enjuiciamiento-basadas en un enfoque de justicia restaurativa. En este marco me centraré en analizar, a partir de la reconstrucción de casos y experiencias particulares documentadas en mi labor etnográfica, las sensibilidades legales y las tramas de relaciones socio-institucionales, producidas y desplegadas por los actores involucrados en el proceso de gestión de las conciliaciones, del modo en que son llevadas a cabo en un departamento judicial de escala media ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires. La cuestión de la escala de la ciudad interesa en la medida en que constituye un factor incidente en el proceso de vernacularización de los acuerdos conciliatorios en tanto procedimiento judicial instituido en el marco del derecho internacional y nacional como una vía alternativa para la resolución del conflicto penal que resultaría superadora de las modalidades clásicas y retributivas de administración de justicia y que garantizaría una mayor observancia de los Derechos Humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El texto es resultado de las primeras sistematizaciones de la información producida hasta el momento en el marco del proceso etnográfico correspondiente a mi proyecto de investigación doctoral en Antropología. El mismo circunscribe su objetivo central al análisis de las formas vernáculas de gestión de las llamadas “medidas alternativas” al proceso penal y/o al encierro desde un enfoque de justicia restaurativa en un departamento judicial de rango medio del centro de la provincia de Buenos Aires. El referente empírico de la investigación está compuesto por la trama de relaciones sociales e institucionales que componen este particular campo estatal (Muzzopapa y Villalta 2011, 17) o en palabras de Jacqueline Sinhoretto (2010, 110 ) este campo estatal de administración de conflictos, orientado a regular y sancionar la transgresión penal juvenil. Este entramado institucional está informado por un conjunto heterogéneo de agencias judiciales y administrativas como el Ministerio Público (Fiscalía y Defensoría del Joven), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Juzgados de Responsabilidad Penal y Juzgado de Garantías), Centro de Referencia Penal Juvenil, Servicio Local de Promoción y Protección y por actores sociales no estatales alcanzados por los procedimientos judiciales como los propios jóvenes, sus familias, las víctimas de los delitos y, eventualmente, algunas organizaciones y entidades de bien público que prestan conformidad para la realización de tareas comunitarias en el marco de procedimientos como la suspensión del juicio a prueba o probation.

En este trabajo acerco la lente de observación y análisis, como mencioné, a uno de esos procedimientos alternativos: las conciliaciones o acuerdos conciliatorios. Se trata de un arreglo singular consistente en la formulación de una propuesta por parte de la Defensoría y de la Fiscalía a víctima y victimario de rubricar -por separado- un acuerdo que haga cesar la persecución penal a la víctima ante el delito imputado y archivar la causa. Puede llevarse a cabo sin la intervención de la instancia jurisdiccional del proceso judicial, ya que en rigor se trata de una facultad del Ministerio Público, lo cual le aporta celeridad al procedimiento. En circunstancias en que la causa se encuentra efectivamente en alguno de los dos Juzgados -de Garantías o de Responsabilidad-, es preciso que el magistrado homologue el acuerdo efectuando el debido control de legalidad de la medida adoptada. Aquí, se presentan situaciones y experiencias conciliatorias documentadas tanto en el marco del Ministerio Público Fiscal como otras en las que se ha requerido el acuerdo del Juez, es decir concretadas -o rechazadas- en instancias jurisdiccionales del proceso. Los acuerdos conciliatorios -o conciliaciones- constituyen (junto con la suspensión de juicio a prueba) en el Fuero Penal Juvenil de este departamento judicial, el procedimiento de uso mas recurrente de resolución del conflicto penal. Partiendo de este dato-pista considero es posible comenzar a hurgar en la trama de sensibilidades legales y valores vernáculos que dotan de sentido a los procesos de administración institucional de la conflictividad penal juvenil, -y en particular el sentido que asumen las medidas alternativas en tales procesos-. En estos procesos los actores, desde posiciones asimétricas pero complementarias (Vianna 2012) construyen, disputan y vehiculizan significados específicos sobre los jóvenes varones de sectores populares, sobre las familias de los jóvenes protagonistas de conflictos, sobre la actuación de la justicia y, sobre las formas de tramitación de conflictos en ciudades de rango medio y pequeño como las que componen mi ámbito socioespacial de indagación.

El texto se organiza en una serie de apartados definidos de la siguiente manera: 1- Justicia Restaurativa y medidas alternativas en la justicia penal juvenil: lineamientos, debates y antecedentes en la provincia de Buenos Aires. 2- De la tramas socioinstitucionales en la administración del conflicto penal juvenil: ¿De quién son los jóvenes infractores? 3- Los acuerdos conciliatorios como arreglo restaurativo local: características del procedimiento, sensibilidades legales en los dispositivos y agentes judiciales. 4- La perspectiva de los jóvenes victimarios y sus familias. 5- La perspectiva de las víctimas. 5- Conclusiones preliminares.

1- Medidas alternativas y justicia restaurativa y en la justicia penal juvenil: lineamientos, debates y antecedentes en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires entraron en vigencia hace poco más de una década -siguiendo el movimiento de institucionalización del enfoque derechos de la infancia inaugurado con la sanción de la Ley 26061- las leyes 13298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y su complementaria, la Ley 13634, del Fuero de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil, que reorganizaron el entramado burocrático de gestión de la niñez instaurando circuitos diferenciales para el abordaje de la cuestión asistencial y de la cuestión penal bajo el precepto de adecuar los procesos de gestión al enfoque de Derechos Humanos. De esta manera se dio respuesta al compromiso internacional contraído quince años antes ante las Naciones Unidas de producir leyes y políticas de niñez acordes a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, compromiso que adquirió estatuto constitucional con la reforma de la Constitución Nacional en 1994.

La ley 13298 crea, en el ámbito del poder ejecutivo provincial, el Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y Adolescente, conjunto de organismos con competencias interventivas entre los cuales destacan los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, dependencias administrativas orientadas a la intervención “en territorio” ante situaciones de “vulneración de derechos”, en las que se considera en riesgo la integridad física y psico-emocional de los niños. La ley 13634, -cuya sanción y reglamentación fue, tal como documentó la socióloga Ana López (2010) en su tesis de maestría, producto de largos años de encendidas disputas, avances y retrocesos en el ámbito legislativo- complementaria y en parte modificatoria de la primera, crea en el ámbito del poder judicial, los fueros para la administración judicial de las conflictividades que involucran a niños, niñas, adolescentes y grupos familiares: el Fuero de Familia y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Ambas normativas sustancian la reorganización de las burocracias administrativas y judiciales con el objetivo de adecuar el entramado legislativo institucional a los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, respondiendo a uno de sus principales propósitos: la desjudicialización de los procesos de gestión de la niñez y la adolescencia en favor de la atribución de competencias de protección, promoción y restitución de derechos al sistema de políticas públicas/sociales, procurando dejar atrás la discrecionalidad y el autoritarismo atribuidos a las prácticas del poder judicial del Patronato de la Infancia en especial a la potestad omnipotente de la figura-emblema del sistema: el Juez de Menores. En el nuevo entramado, el poder judicial reserva para sí las funciones de control de legalidad de las medidas y de investigación y juzgamiento ante la infracción o presunta infracción a las leyes civiles y penales en el marco de los nuevos fueros creados.

Para lo que aquí interesa, -la administración de justicia penal juvenil en la provincia de Bs As.- repasaremos las principales figuras y procedimientos de la estructura judicial y administrativa configurada a partir de la sanción de la Ley 13634, recordando su carácter de ley complementaria a la ley principal, la ley 13298. Esto último es relevante ya que la relación entre ambas normativas, o mas específicamente entre sus agencias y unidades operativas, que en conjunto componen el campo estatal (Muzzopapa y Villalta 2011, 17; Villalta 2013, 246) de la protección de derechos de la infancia, se caracterizó desde un comienzo por acusar una serie de tensiones entre las diversas dependencias centradas fundamentalmente en el carácter disputado de las definiciones en torno a las nociones de derechos, cuidado, protección, sanción, castigo y responsabilidad (de los jóvenes y de sus familias). En el campo penal juvenil, estas disputas de sentido informan conflictos y discordancias de criterios en el orden práctico (por la orientación y pertinencia de las intervenciones, por la autoridad legítima de intervención en cada caso o situación) que inciden, como veremos, en los procesos institucionales de gestión de la transgresión penal juvenil y en la producción de las condiciones de posibilidad para la implementación de medidas alternativas.

Además de definir los actores judiciales que componen el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, -Juzgados de Garantías y de Responsabilidad Penal Juvenil en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y Unidades Fiscales y de la Defensa del Joven en el ámbito del Ministerio Público- la ley 13634 establece la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, definido como un conjunto de dependencias administrativas con actuación en el ámbito del Organismo Provincial de Niñez de la Provincia de Buenos Aires con competencias directas para la gestión de la cuestión penal juvenil: los centros de privación y semiprivación de la libertad -Centros Cerrados y Centros de Contención- y los Centros de Referencia Penal Juvenil -ahora nominalmente remozados en Centros Sociocomunitarios de Responsabilidad Penal Juvenil (CESOC)-, dispositivos territoriales con modalidad de atención ambulatoria para jóvenes de hasta 18 años de edad sometidos a un proceso penal ante el FRPJ, a quienes el juzgado interviniente ha aplicado una medida cautelar o sancionatoria alternativa a la privación de libertad. Estos servicios se encuentran geográficamente distribuidos en la provincia por departamentos judiciales, de allí que uno de los agentes del CESOC defina a este dispositivo como “la pata administrativa del poder judicial en material penal juvenil” (Dir.CESOC).

En lo que respecta a los procedimientos judiciales, la instauración del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil introduce garantías procesales y constitucionales para la adjudicación de consecuencias jurídicas a los adolescentes por actos tipificados como infracciones a la ley penal. Entre los elementos principales incorpora la noción de debido proceso, defensa técnica, principio de inocencia, entre otros. Establece un proceso penal de tipo acusatorio, con la intervención de la figura del Fiscal - quien realiza la acusación y la investigación mediante la producción de prueba de cargo- y del Defensor Oficial - quien lleva adelante la defensa técnica- ambos “especializados” en la materia penal juvenil. Además separa claramente la etapa de investigación - a cargo del Juzgado de Garantías- de la del juicio oral -a cargo del Juzgado de Responsabilidad- con las funciones y roles de cada una. Bajo el precepto de la aplicación de derecho penal mínimo, este sistema adopta la posibilidad de resolver el conflicto penal recurriendo a soluciones alternativas ya sea al proceso penal y/o al juicio. Si bien estos procedimientos no se encuentran normativizados puesto que la provincia de Bs.As carece de un código procesal penal juvenil, su implementación se encuentra sugerida y se hace posible para los agentes a través de los artículos 35 -de la convicción de los juzgadores en la responsabilidad del niños en el hecho juzgado -, 36 -de la prisión como último recurso, por el menor tiempo posible y debidamente fundada-, 40 -principio de oportunidad por parte del Agente Fiscal-,42 -de medidas cautelares -, 68 y ss. (Capítulo VIII) -de medidas judiciales de integración social- y art. 73 -del rol del Defensor en relación a las medidas impuestas-.

Los medidas alternativas para la resolución del conflicto penal incluyen un conjunto de procedimientos que pueden aplicarse tanto al inicio del proceso con el fin de evitarlo -en la etapa de instrucción preparatoria o IPP -, una vez iniciado el mismo -en la etapa del jurisdiccional-, con el fin de evitar la sanción penal, o bien puede otorgarse una medida alternativa al encierro una vez impuesta la sanción penal. Dentro del abanico de métodos utilizados encontramos la remisión, la mediación, la conciliación, la reparación del daño y la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, y el arresto domiciliario. En la práctica, es frecuente que estos métodos se implementen de manera combinada. Por ejemplo es recurrente que una conciliación sea reforzada con el establecimiento de pautas de conducta o probation.

Estos métodos alternativos emergen en la escena judicial inspirados en el paradigma de la justicia restaurativa, enfoque surgido en Estados Unidos en la década del ’70 como una tercera vía resolutiva entre la justicia retributiva y el colapso de la rehabilitación (Marshall, en Medán 2016, 80). En términos conceptuales, la justicia restaurativa ha sido definida por uno de los principales teóricos del tema, Tony Marshall, como un proceso en el cual las partes que se han visto involucradas resuelven de manera colectiva las consecuencias inmediatas del hecho conflictivo y sus repercusiones futuras (Marshall 1999, 5). Este proceso resolutivo involucra como mínimo tres actores: el ofensor, la víctima y un agente estatal facilitador del procedimiento restaurativo, pudiendo asimismo incorporar actores de la comunidad de referencia de los sujetos que se involucren en las discusiones para efectivizar aportes a la búsqueda de solución del conflicto.

En un artículo que describe y analiza un dispositivo de justicia restaurativa a través de la mediación penal para delitos cometidos por adolescentes llevado adelante por actores del poder judicial y ejecutivo del municipio bonaerense de San Martín, Marina Medán (2016) recupera otras experiencias nacionales y provinciales de gestión alternativa del conflicto penal juvenil. La provincia de Neuquén fue pionera en diseñar dispositivos y programas de mediación penal para tramitar causas penales seguidas contra menores de edad, logrando una alta adherencia del sistema judicial para derivar las causas hacia el dispositivo mediador. También se registran experiencias en curso en el partido bonaerense de La Matanza – el “Centro de Articulación y orientación en resolución de conflictos” (CAORAC)-, en el municipio San Isidro y una más -distinta a la analizada en su artículo- en el partido de San Martín. Se trata de iniciativas interinstitucionales e intersectoriales que han logrado distintos grados y tipos de formalización e institucionalización y que procuran un activo y permanente involucramiento de las comunidades.

Por otro lado, una reciente publicación de Unicef Argentina (2018) llevada adelante por un grupo de investigadores/as relevó a nivel federal experiencias, dispositivos y procedimientos de gestión en el campo de las medidas alternativas en justicia penal juvenil. Entre las conclusiones centrales, se destaca la identificación de cuatro dimensiones que inciden en la transformación de las intervenciones alternativas en las provincias estudiadas: a) la presencia de actores relevantes comprometidos con las medidas no privativas de la libertad; b) las modificaciones legislativas o procesales; c) la sucesión de coyunturas o eventos lamentables específicos; d) el desarrollo institucional (Unicef 2018).

2- De las tramas socio-institucionales ¿De quién son los jóvenes infractores?

En este apartado pretendo ofrecer una panorámica del campo penal juvenil local para contextualizar a los actores y sus prácticas. Me valeré de la descripción de una situación que considero aporta pistas sobre las dinámicas que asumen las tramas de relaciones institucionales en este campo estatal (Villalta y Muzzopapa 2011, 17; Villalta 2013, 244) compuesto por una multiplicidad heterogénea de actores e instituciones.

Históricamente considerada una justicia “diferente” o “especial”, (Villalta 2001, 96; Pitch 2003, 162) en función del propósito “educativo” o “pedagógico” que persigue además del correctivo, -consideración que aún perdura al momento de caracterizar esta justicia y que es necesario analizar en sus formas locales de semantización y actualización- las disciplinas, profesiones y actualmente las dependencias específicas de “lo social” fueron y son consideradas saberes clave en la administración de la transgresión penal juvenil, y cobran una relevancia central en la gestión de las medidas alternativas. Así, las relaciones entre la gestión social y la gestión penal del Estado, constituyen uno de los ejes centrales de tensiones, y conflictos en este campo, que se dirimirán con acuerdos más o menos inestables dependiendo de las características cada situación abordada.

La lectura del artículo “¿De quién son los niños pobres? (Villalta 2005, 71) me inspiró releer los registros para formular una pregunta similar, que mantiene el sentido de la interrogación pero cambiando sensiblemente la cualificación del sujeto de la oración, para preguntarme: ¿De quién son los niños infractores? En el texto referido, Villalta analiza las intrincadas relaciones entre la Sociedad de la Beneficencia, las Defensorías de Menores y las Casas de Corrección que incluían encendidas disputas por la “posesión” de esos niños. En mi campo, por el contrario, las disputas entre los distintos actores institucionales que componen este campo expresan atribuciones de responsabilidades y obligaciones respecto del trabajo con estos jóvenes no para sí, si no hacia las otras burocracias que componen el sistema.

Las tensiones y acusaciones mutuas desatadas en torno al procesamiento de un joven da cuenta de estas encendidas disputas en las que, en cada acusación, los/as agentes experimentan una suerte de afrenta o cuestionamiento al ejercicio de su trabajo y a las bienintencionadas voluntades de hacer “lo que pueden” o lo que consideran “lo mejor dentro de lo que se puede”. Pedro es un joven que actualmente cumple una condena de privación de libertad en el Centro Cerrado Quiroga, por robo agravado. En el marco de una serie de audiencias correspondientes a su procesamiento por otras causas por robo -proceso que se efectuaba con el joven en libertad-, accedí a dos audiencias convocadas por el Juez de Responsabilidad para determinar el rumbo y cierre del procesamiento penal de Pedro, sobre quien ese Juez refería en una de las entrevistas: “No le puedo poner una pena de prisión a un joven que ha crecido con todos sus derechos, hasta los mas elementales como el alimento y la vivienda, atrozmente vulnerados. Estoy convocando a audiencias ampliadas para que entre los servicios administrativos y nosotros como poder judicial para ver qué se puede hacer con Pedro” (Entrevista 1 al Juez de RPJ). En la primera de las audiencias registradas estaban presentes la Defensora, la Fiscal, el Director y Coordinadora del Servicio Local, el Director y trabajadora social del Centro de Referencia y el psicólogo y trabajadora social de la Defensa Pública. El joven imputado no acudió y se activó una acalorada discusión acerca de quién era responsable de efectivizar su presencia, cuestión que requería entre otras cosas: comprobar que hubiera recibido la notificación, asegurarse que estuviera en condiciones de asistir, acompañarlo a gestionar los pasajes, acompañarlo en todo caso también desde su casa a la audiencia, etc.).Visiblemente molesto, el Juez anuncia que para la próxima audiencia convocará a autoridades provinciales del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y del programa Autonomía Joven ya que no se lograba llegar a un acuerdo respecto de la incorporación del joven al programa en su ciudad -Olavarría- Los funcionarios viajaron desde la capital provincial hasta la ciudad de Azul para la audiencia pero la escena se repitió: esta vez había más funcionarios, el joven volvía a estar ausente y las acusaciones de responsabilidad por la situación del joven subieron de tono entre los presentes. Finalmente las autoridades provinciales del Programa Autonomía Joven ordenaron la incorporación del joven a la instancia local del programa y los operadores judiciales expresaron su disgusto por el gasto de recursos que implicó el traslado de los funcionarios provinciales desde La Plata hasta Azul para hacer una efectiva la incorporación de un joven a un programa del Organismo que ya había sido solicitada y justificada en instancias previas. El equipo de Autonomía Joven por su parte argumentaba haber hecho varias visitas al joven para intentar su incorporación, sin éxito hasta el momento. Y recordaron con insistencia el carácter voluntario de la adhesión al programa, manifestando asimismo inquietud respecto de cómo el programa -único espacio institucional que incluye expresamente en el perfil de sus destinatarios el trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal- es invocado en tanto recurso institucional con cierto automatismo por los agentes judiciales, sin considerar los deseos y voluntad del joven y las condiciones existentes para una incorporación relativamente exitosa. Por su parte la Defensoría expresa indignación respecto de la utilidad del programa como recurso en instancias de comisión de primeros y leves delitos, ya que para la incorporación plena al programa es necesario que el joven cuente con la imposición formal de una medida socioeducativa o pautas de conducta: “Tengo que esperar a que robe con un arma cargada para pelearle una probation y ahí sí le puedo ofrecer Autonomía Joven, una locura ¿Y mientras?”.

Las escenas desplegadas en ambas instancias de audiencias permiten reconocer la complejidad de la trama de relaciones burocráticas activadas en el campo penal juvenil local, en especial la conflictividad entre las agencias “sociales” y “penales”. Estos intercambios expresan valoraciones en pugna acerca de a quién corresponde el “acompañamiento” del joven por las distintas instancias burocráticas en el marco del proceso, y sobre cuáles medidas serían las mas convenientes para él, y también para la comunidad. En estas discusiones se ponderan elementos como la gravedad del delito, la recurrencia en los actos de transgresión, los “recursos” -cognitivos, emocionales, psíquico-simbólicos, morales- con los que cuenta el joven para comprender la transgresión y responsabilizarse, las características de los núcleos domésticos y los contextos comunitarios, evaluando la existencia de “referentes negativos” o “referentes positivos” para el joven, y la disponibilidad de recursos institucionales y comunitarios para insertar al joven en espacios y actividades que le permitan “armar” una rutina y/o “proyecto de vida” alejado de la violencia y la transgresión.

Estas dinámicas de disputas y acuerdos inestables y/o parciales -y su dificultoso sostenimiento- no condicionan en términos prácticos la gestión de los acuerdos conciliatorios por tratarse de un procedimiento llevado a cabo por la Defensora y la Fiscal que no requiere para su concreción del acuerdo con las agencias administrativas. Aunque sí -me adelanto- su legitimidad es cuestionada por agentes de la gestión social y penal del Estado-. No obstante, al constituir las condiciones institucionales de posibilidad del campo penal juvenil, estos intercambios condicionan las posibilidades, el alcance y el éxito general de la gestión de medidas alternativas al proceso y/o a la sanción penal -especialmente de otra de las medidas mas utilizadas, la probation-. Me interesa resaltar el carácter constitutivo de esta intrincada trama de relaciones en disputa para evitar interpretaciones legalistas que concluyan en la detección de “fallas” o “errores” en la implementación de leyes y normativas. Antes bien, considero conveniente considerar las atribuciones de responsabilidad y el conjunto de expectativas mutuas no correspondidas entre unas agencias y otras como características de este campo en el sentido en que Villalta lo define:

(…) conceptualizar la red jurídico-burocrática compuesta por organismos tales como juzgados de menores, de familia, institutos y hogares, defensorías públicas, entre otros, como un “campo” permite aprehender no solo sus especificidades – esto es, sus funciones, límites de intervención, procedimientos – sino también las múltiples relaciones que sostienen, las disputas de poder que protagonizan y la forma en que construyen – a partir de esas relaciones y disputas – su objeto de intervención (Villalta 2013, 244).

Concebir esta trama burocrática como campo permite, por un lado trabajar con una perspectiva relacional que reponga la conflictividad inherente a la producción de categorías y a las disputas por atribuciones de facultades, competencias y ejercicio de autoridad legítima con que los actores de “la justicia” y de “lo social” perfilan sus actuaciones, construyen activamente al menor o al joven infractor como objeto de su intervención -recortado sobre valoraciones morales acerca de lo que debe ser un joven, un joven pobre y/o lo que deben ser y hacer sus familias- y deciden cual es la estrategia más adecuada. En definitiva, permite vislumbrar cómo los agentes construyen cotidianamente al Estado (Muzzopapa y Villalta 2011, 17) mediante la operacionalización en el análisis de una concepción dinámica de Estado tanto arena de disputas (Muzzopapa y Villalta 2011, 18) de modo de evitar enfoques totalizadores y reproductivistas, lógicas de “persecución al culpable” (Villalta 2010, 88) y perspectivas legalistas que obliteren la pregunta por el sentido de las prácticas y por la dinámica de las relaciones sociales agenciadas dentro y fuera de las burocracias analizadas.

3- Los acuerdos conciliatorios como arreglo restaurativo local: características del procedimiento, sensibilidades legales y valores vernáculos en los dispositivos y agentes judiciales

Siguiendo a Clifford Geertz (1994, 196) interesa en este apartado identificar las valoraciones y sentidos locales con que las agentes judiciales dotan la gestión, en su práctica cotidiana, de este particular procedimiento alternativo. En Conocimiento local, Geertz (1994, 196) desarrolla la idea de sensibilidad legal para identificar en los actores las concepciones localizadas en torno a las relaciones entre hecho y ley, atendiendo al trabajo de representación de acontecimientos en “forma judiciable”. En el caso de los acuerdos conciliatorios implementados en el ámbito de la justicia penal juvenil, los argumentos y valoraciones activados por los agentes judiciales para ponderar la aplicación de esta medida expresan y juzgar las conductas transgresoras como pasibles de ser juzgadas bajo mediante este procedimiento significados y valores situados en relación a los jóvenes y las características atribuidas a la transgresión juvenil en localidades de rango medio y pequeño, y a sus formas de administrarla. Asimismo, es posible identificar, en la trama de relaciones burocráticas que componen este campo estatal, ciertas formas de activismo legal (Tiscornia 2016, 26) que evidencian formas de apropiación, uso y posicionamiento de los agentes en torno a las medidas alternativas, por ejemplo en las disputas entre el Ministerio Público y la Corte Suprema por el reconocimiento de la validez y legitimidad de los acuerdos conciliatorios, como podremos ver en el desarrollo de este apartado.

Por otro lado, resulta significativo para el desarrollo de las reflexiones aquí vertidas, el aporte de Sally Engle Merry (1997; 2005) en relación a los modos de actualización y ejercicio local de legalidades consagradas en el sistema internacional de derechos humanos. La antropóloga norteamericana dio cuenta en sus investigaciones de las formas en que movimientos locales que centran su causa en la lucha contra de la violencia de género, recuperan definiciones y argumentos de organizaciones internacionales para producir normativa y programas locales de apoyo para las víctimas. No obstante, observa que la emergencia de tensiones y conflictos en la implementación de las categorías globales en los espacios locales, producen una singularización a esos procesos de activismo al dotarlos de características particulares perfiladas con arreglo a los rasgos del contexto. Engle Merry pondera la relevancia de la perspectiva etnográfica, por la posibilidad que habilita de“(...) examinar cómo los discursos globales de los derechos son apropiados en las localidades locales y como estos, al mismo tiempo, son construidos desde las peleas locales”(1997, 249). En este marco de discusión propone la idea de “vernaculización” (Engle Merry 2006, 39), concebida como la forma en que los derechos humanos son “traducidos” mediante saberes tecnocráticos, legales y sociales en apropiación y actualización local.

La conciliación es junto a la suspensión de juicio a prueba, el método alternativo más utilizado en el departamento judicial de Azul para dar curso institucional a la resolución del conflicto penal juvenil. Consiste en un procedimiento judicial-no jurisdiccional orientado a tramitar la transgresión evitando el proceso penal y/o la imposición de pena procurando un acuerdo entre víctima y victimario que ponga fin a la persecución judicial. Se aplica a delitos considerados leves, -hurtos, robos (sin armas) peleas callejeras con lesiones leves- aunque también es implementado en algunas causas consideradas “graves” como el caso de dos causas que pude documentar caratuladas como homicidio en grado de tentativa. En rigor, y como generalmente sucede en este tipo de causas, las conciliaciones son combinadas con la imposición de pautas de conducta. El proceso es llevado adelante por los agentes del Ministerio Público, que tiene la facultad de implementar este arreglo (ley 13433): la Fiscalía y Defensoría del Joven, comenzando con un corrimiento de vista de la Fiscal a la Defensora o viceversa, pudiendo implementarse en cualquier momento del proceso: ni bien ingresa la denuncia, en plena instrucción penal preparatoria (IPP) o cuando la causa ya fue elevada a juicio. Una vez acordada entre ambas dependencias la posibilidad de efectuar el acuerdo, -ponderando la gravedad de la infracción y los antecedentes de denuncias del infractor- proceden a comunicarse con las partes en conflicto. En primer lugar entrevistan al/la joven victimario. La primer entrevista suele ser con la Defensoría aunque si la Fiscalía lo considera necesario puede realizarse primero allí o bien puede que sea en conjunto o primero con una parte y luego con la otra. De igual modo, el contacto y conversación con la víctima puede hacerlo cualquiera de las dos dependencias de acuerdo a las características del caso, aunque por lo general en este departamento y por razones de mayor disponibilidad de tiempo, el primer contacto con las víctimas lo establece la Defensoría.

Si el joven infractor reconoce la falta, indagan en un posible pedido de disculpas y en una eventual compensación material reparatoria de acuerdo a las posibilidades económicas del /la joven. Se le aclara que en caso de que la víctima rechace la compensación material, puede donar un monto de dinero -por lo general fijado por la Fiscalía y no superior a $500- a una entidad de bien público. Si el/la joven admite la falta y ofrece un pedido de disculpas y -eventualmente- un resarcimiento económico, firma un acta sellando su compromiso y las agentes continúan, contactando a la víctima a quien se comunica la propuesta y la voluntad del joven de conciliar. Si esta acepta, un agente estatal -puede ser del Ministerio Público o un policía- acude a su domicilio para ampliar detalles del ofrecimiento, escuchar el descargo -si es que el encuentro se produce con un agente del Ministerio Público- y efectivizar la firma del acta. Si la causa se encuentra en la instancia jurisdiccional -en Garantías o en Responsabilidad- y/o es considerada grave, es necesaria la homologación del acuerdo por parte del Juzgado actuante y generalmente la Fiscalía solicita el cumplimiento de pautas de conducta cuyo seguimiento queda a cargo de los órganos administrativos. Luego, la causa es archivada “por 40” (Art.40 de la Ley provincial Nº 13634).

Desde la perspectiva de las agentes del Ministerio Público, las conciliaciones constituyen:

La forma más ágil y menos gravosa, menos punitiva para resolver el conflicto. Lo que evaluamos es de qué manera puede darse fin al conflicto, y muchas veces seguir con las causas no solo no resuelve, sino que escala la conflictividad. A veces ir a un juicio termina siendo no solo costoso para las partes sino que puede acelerar y escalar el problema o reactivarlo si es que pasó mucho tiempo, cuando tal vez el conflicto ya había dejado de existir, ¿entendés? Porque ha habido juicios que vos decís: ¿¿¡Qué!?? donde las partes han vuelto a tener un vínculo amistoso o donde no quieren saber nada más con la justicia. Y ni hablemos de aquellos juicios que te ponen a dos familias enteras en pie de guerra. Ahí no sirve judicializar (Agente Fiscalía Penal Juvenil).Hay que buscar métodos que pacifiquen, más en comunidades chicas como la nuestra, donde víctima y victimario se vuelven a cruzar o se cruzan todo el tiempo. Como en el caso del carnicero, que el chico que le robó es hijo de una familia a la que el tipo le fía, los conoce entendés, y te dice: “Yo sé que los padres de este pibe no van a poder pagar el vidrio, qué les voy a pedir, si yo les fío”. Ahí tenés que buscar una forma de que ese vínculo de esa familia y ese chico con el carnicero no se rompa, hay que buscar que se repare (Agente Defensoría Penal Juvenil).Después te pasa que las víctimas valoran que se los tenga en cuenta para resolver el conflicto. La mayoría de la gente no quiere saber nada con declarar una y otra vez, con ampliar denuncias. Muchos, pasa el tiempo y se olvidan, ni se acuerdan de que les hablás cuando los llames de un tiempo. Entonces no tiene sentido que la justicia caiga a reactivar una confrontación si no es significativa para las personas. En ese sentido, la conciliación como la hacemos nosotras así de “ilegal” (risas) es lo más rápido. La gente te pregunta: ¿qué? ¿en serio vienen a mi casa y listo?¿No tengo que ir a ningún lado más? (Agente Fiscalía Penal Juvenil).Claro, y además está el hecho de que la mayoría de nuestros infractores no tienen un mango y como acá nos conocemos las víctimas ya saben que plata no les van a poder sacar. Algún caído del catre tenés que te dice: “yo concilio pero quiero que me pague los 15000 pesos del arreglo de la camioneta, o de la vidriera” y ahí los tenés que ubicar, recordarles que es probable que le haya robado justamente para hacerse unos pesos, ¿de donde quiere que fulanito saque esa plata señor? Fulanito no le va a poder pagar esa plata porque no la tiene, es pobre. Si no acepta la conciliación no hay problema, lo vamos a citar y va a tener que venir y se verá si la causa se eleva a junio tendrá que comparecer también y ahí verá que puede obtener”. Y por lo general, te dicen “está bien” porque si es por la plata, no la van a recuperar. Pero así y todo ha pasado que, no $15000 pero el pibe o la familia te dicen: “a esa plata no llegamos, pero nos comprometemos a arreglarle lo que podamos con nuestra mano de obra o a entregarle lo que podamos juntar de plata”. Algunos te dicen igual: “lo quiero preso de por vida”. Eso no va a ser posible señor por el tipo de delito, por la edad, pero nos vemos en el proceso. Hasta lueeego, muchas gracias (Registro de campo Defensoría y Fiscalía Penal Juvenil, mayo de 2018).

Otra característica del procedimiento tal como es implementado localmente en este Fuero, es la evitación de contacto entre víctima y victimario; las actas siempre se firman por separado. Las agentes explican así esta característica del procedimiento:

No hacemos mediación, hemos intentado derivar casos a la ORAC (Oficina Alternativa de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio Público en la órbita del Fuero Penal de mayores de edad) pero nos los han rechazado, porque la ley de mediación de la provincia no permite la mediación con menores de edad, entonces no podemos contar con esa oficina porque te dicen eso”. Pero nosotras lo hacemos así para evitar situaciones tensas y porque además nos parece que es desigual en muchas ocasiones poner en un mismo espacio a un chico de las características de estos que por lo general terminan acá, con un adulto, un adulto de clase media-media alta azuleño, je (risas de agentes). Necesitamos una ORAC juvenil, yo tengo armado para presentar un proyecto de creación de la ORAJ (Oficina de Resolución Alternativa Juvenil). Yo vengo de ahí, profesionalmente, de la ORAC. Necesitamos eso, un espacio especializado a donde remitir los casos y que el conflicto se resuelva en lo posible más allá de lo jurídico, por eso tiene que ser interdisciplinario y tiene que estar conectado con el resto de los organismos: con Referencia, los Servicios Locales, con Empleo, con Educación. Porque acá nos pasa…con la conciliación hecha así como la hacemos nosotras, se cierra la causa, sí todo bárbaro pero después hay que seguir trabajando con los chicos porque si no, reiteran (Agente Fiscalía Penal Juvenil, mayo 2018).

Por constituir un arreglo no reglamentado para su implementación en la justicia penal juvenil, las agentes denominan al instituto de la conciliación, tal como es apropiado conceptualmente y gestionado materialmente en la instancia local, “el invento casero”, y son acusadas de “ilegales” por diversos colegas. “Con la mediación y la conciliación acá pasa esto: como no están reglamentadas, pareciera que están prohibidas. Y no es así. “Lo que no está prohibido, está permitido. No hacemos nada por fuera de la ley, lo que hacemos es poner a jugar los instrumentos que ya tenemos disponibles en la ley de manera que la resolución resulte lo menos punitiva y lo más ágil posible” (Fiscalía). Como enseñara la lectura de Crimen y Costumbre (Malinowski 1991), más conveniente que intentar derivar el sentido de las prácticas de una comunidad de sus normativas, es observar qué hacen las personas con las normas, qué arreglos prácticos y situados establecen para regular la vida en común. Siempre, remarcan las agentes del Ministerio Público, los acuerdos son posibles “Gracias a la voluntad de la víctima. A partir de ahí, empezamos el trabajo.” Aquí destaco con negrita la idea de “el trabajo” porque en efecto las agentes realizan un trabajo activo con las partes que incluye, con las víctimas, diversas formas de persuasión para procurar la conciliación y evitar que la acusa avance y con los jóvenes victimarios, distintas técnicas que, siguiendo a Lugones (2009, 169) podemos pensar como “formas de aconsejamiento” y “fórmulas de compromiso”, entendiendo por las mismas procedimientos de gestión administrativo-judicial, que permiten viabilizar resoluciones, perfilar pedagógicamente modos de conducta y de presentación de sí.

En términos analíticos, Jacqueline Sinhoretto (2010, 115) elabora un esquema clasificatorio de tipos ideales con el cual caracteriza el campo estatal de administración de conflictos en Brasil con arreglo a los tipos de personas y de conflictos juzgados y a la institucionalidad y procedimientos dispuestos para ello. Siguiendo ese esquema, podemos ubicar a los acuerdos conciliatorios dentro de una escala institucional de administración de justicia de baja intensidad, específicamente como un procedimiento de tercera intensidad que la autora define como:

A terceira escala, de baixa intensidade, é uma criação recente, introduzida como inovação para oferecer respostas aos “defeitos” do sistema judicial clássico e procura contornar as barreiras de acesso. São iniciativas de reforma que propõem simplificação processual ou informalização, que criam juizados de pequenas causas, ou juizados especiais. Os rituais de administração de conflitos apelam para a informalidade dos procedimentos, a oralidade, a celeridade e costumam se justificar socialmente pelo argumento da facilitação do acesso aos pequenos litigantes. Também, mais uma vez, fica clara a homologia entre intensidade no tratamento do conflito e posição social dos seus protagonistas.As pequenas causas são as causas dos pequenos e justificam a criação de procedimentos, delegacias e juizados especiais, de pouquíssimo prestígio no campo, em nome de reservar o sistema judicial comum a outros conflitos e outros litigantes. É a retórica do desafogamento dos tribunais, que pressupõe que haja conflitos e litigantes que não sejam tão legítimos quanto os outros. Isto não quer dizer que os usuários dos juizados e dos serviços informalizados não possam ficar satisfeitos com o desfecho, mas sim que a qualidade jurídica das soluções pode ser bastante precarizada.

En efecto, los acuerdos conciliatorios constituyen una forma de resolución del conflicto penal que contiene varias de estas características al menos del modo en que son practicados en el departamento judicial en el que desarrollo mi investigación. En primer lugar se trata de un procedimiento alternativo, concebido como una forma de resolución ágil, rápida y que evita la instancia jurisdiccional, es decir la imposición de pena. Por esto, el nivel de informalidad alcanza incluso el hecho de que muchos de estos acuerdos son alcanzados, con las víctimas, vía telefónica. Si estas aceptan cesar el proceso de persecución penal se les hace llegar el acta a su domicilio para ser rubricada. De esta manera también, se evita la congestión de personas en las oficinas del Fuero. En una de las ciudades, el trato con las víctimas está por lo general, a cargo de la Defensa. Esta característica, la Defensa tratando con las víctimas en lugar de hacerlo la Fiscalía- vinculada al hecho de que se trata de un procedimiento no reglamentado hace, como ya vimos, que la Fiscal y la Defensora que sean acusadas de “ilegales” por sus colegas. Ellas por su parte, denominan “el invento casero” a su forma vernácula de gestionar el instituto de la conciliación.

Por otro lado, las reflexiones de Sinhoretto (2010, 111) sobre las jerarquías y desigualdades en el campo de administración estatal de conflictos cuyo efecto es la generación de procesos de administración de justicia con distinta intensidad, resultan sumamente sugerentes para pensar el estatuto de los acuerdos conciliatorios y sus formas de valoración al interior de las mismas burocracias judiciales.

En este sentido la autora expresa:

A análise do campo estatal de administração de conflitos privilegia os papéis e as posições assumidos nos rituais pelos agentes estatais e seus representantes, e pelas partes em conflito, buscando compreender as relações estabelecidas entre eles, as equidades e as hierarquias produzidas, a produção e a circulação de verdades, a negociação dos significados de leis, normas, valores e direitos. Procura investigar os rituais de resolução no modo como encarnam valores e criam efeitos de produção, reprodução e modificação de relações de poder; e verificar, na prática cotidiana desses rituais, como eles são espaços de disputa de dois tipos simultâneos de monopólio estatal: o do uso legítimo da violência física e o de dizer o direito (Sinhoretto 2010, 111).

Es posible identificar estas tramas de jerarquías en la siguiente situación documentada en un audiencia en el marco de la homologación de una conciliación por una causa caratulada como “homicidio en grado de tentativa” en el Juzgado de Garantías. El joven victimario y el joven víctima rubricaron un acta acuerdo de conciliación y la Fiscal solicitó además el cumplimiento de una serie de pautas de conducta cuyo incumplimento implicaría la revocación de la medida y la elevación de la causa a juicio. Transcribo a continuación el registro de campo de esa jornada:

Comienza la audiencia. El Juez enuncia nombre y rol de los presentes en la sala. Le da la palabra a la Fiscal, que repasa la causa, menciona la conciliación que se acaba de firmar “en tanto es facultad del Ministerio Público” y lista las once pautas de conducta cuyo cumplimiento solicita para sostener la suspensión del juicio. En rigor esta resolución es una combinación de conciliación y suspensión de juicio a prueba. Entre esas pautas Constanza solicita “Donar la suma de $500 pesos a una entidad de bien público” y aclara que su Fiscalía mantiene un acuerdo con el Hogar de Ancianos de la ciudad, “cumplimentar la escolaridad del nivel medio” y “ser evaluado en el Servicio de Salud Mental a fin de corroborar la necesidad o no de que el joven sea asistido con psicoterapia” (Registro de campo, febrero de 2018. Ciudad de Loma Baja).

Finalizada la exposición de las partes, el Juez anuncia:

“Comprendo que es facultad del Ministerio Público acordar este tipo de resoluciones y este Juzgado no se va a oponer al acuerdo alcanzado entre las partes mediante este procedimiento que insisto es una competencia del Ministerio Público, especialmente del Ministerio Público Fiscal, pero sí atendiendo a la obligación y competencias de este Juzgado me tomaré unos minutos para hacer una revisión de las medidas solicitadas, que por supuesto no afectará la disposición de la inmediata libertad del joven”.A Constanza se altera y empieza a hacer gestos con las manos. Se muerde las uñas de la bronca. Paola, la madre del joven acusado me pregunta si sé que pasa, qué significa eso que dijo el Juez. Le digo que aceptó el acuerdo, que Pablo va a quedar libre pero que va revisar las pautas de conducta que puide la Fiscal: “Ahh, menos mal yo creí que no salía por las caras que empezaron a poner” (Registro de campo, febrero de 2018. Ciudad de Loma Baja).

El Juez vuelve. Y expone:

En función de lo solicitado (…) presto conformidad con el acuerdo alcanzado por disposición del Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa pero resuelvo atento a las atribuciones de este Juzgado: dejar sin efecto la pauta N°4 ya que entiendo que si la víctima se niega a recibir el dinero, el joven no tiene obligación de cumplir con esa carga. Y dejar las pautas 5 y 6 a criterio –sobre la escolaridad y la evaluación en el servicio de salud mental- del Centro de Referencia por entender que es ése el equipo con competencias y recursos para determinar si es necesario y posible el cumplimiento de esas medidas. (…) Dispóngase a partir de este momento la inmediata libertad del joven Sebastián Aroca. Damos por finalizada esta audiencia”.Constanza junta sus cosas con bronca, se levanta abruptamente de la silla, se encamina furiosa hacia la puerta y exclama: ¡En estas condiciones, si me van a anular las medidas así es el último acuerdo conciliatorio que hago! ¡Quien se cree que es! (Registro de campo, febrero de 2018. Ciudad de Loma Baja).

Y me remata:

Es importante que paguen, que hagan esa reparación simbólica de dinero. Yo pongo quinientos pero si es menos no importa. Lo que puedan pero que tengan que hacer el esfuerzo. Y la escuela y la psicóloga. Decime: ¿a vos te parece que no es importante? Cómo me va anular así las pautas. La conciliación es nuestra, ¡lo acordamos así! ¡Que se mete! Pero claro: Menores se paga bien porque nadie quiere laburar acá, porque no da prestigio. Es como jugar en la B” (Registro de campo, febrero de 2018. Ciudad de Loma Baja).En la escena, se aprecia claramente que este tipo de procedimientos que implican facultades resolutivas para el Ministerio Público, limitan parcialmente el poder del Juez como figura que encarna la autoridad máxima y legítima para impartir justicia. Estas tensiones entre burocracias interdependientes del Fuero entre actores que portan capitales diferenciales, van marcando en parte las posibilidades y los límites de estos procedimientos alternativos.

Por otro lado, “Menores” como expresa la fiscal en la escena, constituye, en el campo judicial, una burocracia “menor” que despierta poco interés en función del escaso prestigio del que inviste a sus agentes en comparación con el fuero de “mayores”.

4- La perspectiva de los jóvenes victimarios y sus familias

Una situación que se presenta como dilemática en el marco de la gestión de las conciliaciones es lo que ocurre en aquellos casos en que la víctima jurídica es un policía y en los que el joven victimario señala la existencia de violencia policial, dando lugar a la posibilidad de estar en verdad ante una “causa armada” para justificar el uso abusivo de la fuerza policial sobre los jóvenes. Los acuerdos conciliatorios constituyen una vía para desjudicializar y des- punitivizar el tratamiento de la transgresión penal juvenil. Pero en casos donde el conflicto es con agentes de las fuerzas de seguridad, el procedimiento se torna controvertido y contradictorio. Al mismo tiempo que promueve el rápido cierre y archivo de la causa y la completa desjudicialización, tiene como efecto la afirmación de la asimetría de poder entre jóvenes y policías contribuyendo en consecuencia con el aumento -en cantidad y en gravedad- de actos violentos perpetrados por policías hacia jóvenes, a través de esta suerte de garantía de impunidad a la que contribuyen al reconocer a los efectivos además del poder de pegar, el poder de “perdonar” a los jóvenes “victimarios”. Así, el ilegalismo que configura la violencia policial queda sin investigar y sin sancionar aun cuando el joven rechace la conciliación y se anime a efectuar la denuncia –una vez más, teniendo en cuenta lo que eso implica en ciudades chicas, donde es muy fácil que el policía encuentre al joven para volver a amedrentarlo-.

Ahora bien, ¿es posible afirmar sin mas que la agente judicial lleva adelante prácticas institucionales violatorias de los derechos de los jóvenes? Si bien puede resultar tentador atribuir irresponsabilidad o indolencia a estas formas de “aconsejamiento” (Lugones 2009, 169) , es preciso antes comprender el sentido de esas expresiones en los contextos locales e institucionales específicos. En localidades pequeñas como en la que llevo adelante mi trabajo, es sabido que jóvenes y policías conviven a pocas cuadras de distancia. Por otro lado, es también sabido que, al igual que ocurre en grandes ciudades, los procedimientos y procesos judiciales seguidos contra policías o nunca se activan o avanzan muy lentamente -salvo en casos de violencias “espectaculares”. En el siguiente intercambio registrado en la oficina de la Defensoría se puede apreciar esa tensión:

Lalo: ¿Cómo una conciliación? ¿Qué seria?Analia: es lo mas simple: vos firmas un acta, donde reconoces el hecho, ofreces una disculpa y si el policía acepta firma también y archivamos la causa, a vos no te quedan antecedentes. Y por supuesto vos no te tienes que cruzar con él, lo hacemos por separado.Lalo: jaja, ¿yo le tengo que pedir perdón al cana? El me tiene que pedir perdón a mí. Por eso y por todas las veces que me molesta. ¿Es el chino Benitez el que hace la denuncia? No tienen cara ¿No se puede hacer otra cosa? ¿Qué pasa si no acepto? ¿Cómo la voy a pedir perdón yo? Esto es injusto, está mal...Analia: Sí, yo se. Pero a ver... (me mira, conflictuada). La otra es que vos declares ante la Fiscalía, cuentes todo lo que pasó...hagas una denuncia en la Fiscalía en Olavarría por violencia policial ...pasa que tenés que sostener todo eso, vas a tener que volver a declarar y te digo la verdad: estas denuncias no avanzan, y quién te asegura que este policía no tome represalias contra vos ¿o que te deje de moelstar? Vamos a hacer una cosa si te parece: vos pensado pero por las dudas firmame la planilla, así tenemos una posibilidad de resolución mientras lo tensas y por otro lado yo voy preguntando si él firmaría. Esto, yo se que te da bronca, que te puede parecer injusto, pero es lo mas conveniente me parece porque no te quedan antecedentes a vos.Lalo: Naaa, bue. (Agarra la planilla, toma la lapicera y la lee. Sacude la cabeza y mientras se muerde el labio exclama: “¡Que país generoso, todo molido a palos y el que le tiene que pedir perdón al rati soy yo. Te arma causa y encima le tengo que pedir perdón. Pedirle perdón a un rati es lo menos, me quiero morir. Firma). Ahí tiene. Digale a ese puto que muchas gracias si me perdona.Analia: bueno, bueno. Pero ya está. Vos pensalo igual, hablamos de nuevo la semana que viene.Lalo: Bueno, gracias señora. Chau. (Registro de campo Defensoría Penal Juvenil, junio 2018).

En ese contexto intrincado y desfavorable para los jóvenes, la agente interpreta como una suerte de “mal menor” ensayar una conciliación que desjudicializa al joven aún cuando implique el reconocimiento de una falta cuya comisión se ignora de manera certera -porque al cerrarse la causa, no se investiga- y aun cuando implique desestimar jurídicamente la violencia policial en tanto ilícito, poniendo en duda la validez de la radicación de la denuncia por desconfianza en el circuito institucional que debe investigar y sancionar eventualmente el accionar policial.

No obstante, aunque con sentidos o intenciones "protectivas" estos aconsejamientos, acaban por contribuir a la generación de las condiciones politico- institucionales para el ejercicio de la violencia institucional y, claro, a su inmunidad/ impunidad legal. Es por ello que, siguiendo a Medán (2014, 314) y Llobet (2015, 12) considero necesario reponer un análisis de estas escenas que considere las articulaciones posibles y localizadas entre las dimensiones productivas y represivas o de control desplegadas por las burocracias -en este caso penales- para identificar los modos en que los procesos de gestión institucional que administran juventudes desaventajadas -y en conflicto con la ley penal en este caso- pueden contribuir tanto a la protección y/o la ampliación de derechos como a la reproducción de las desigualdades vía el refuerzo de las jerarquías como las escenas descritas.

Por otro lado, más allá de las conciliaciones con policías, pude registrar otros modos diversos de ponderar las conciliaciones. Aníbal, -acusado por hurto- por ejemplo se sorprendía: ¿Qué una firma y listo? ¿Ya está? ¡Que pavada! ¿Y qué, no pasa más nada, en serio? ¿Esto era “venir a Azul”? ¡ jaja, que pavada! (Registro de campo, marzo 2018).

El caso de Paulo, por otro lado, es interesante para observar como el honor opera como mediación moral ante el pedido de disculpas que implica la firma del acuerdo. Recupero una conversación que mantuvo con su defensora en ocasión de una citación para responder por tres causas: dos por robo, uno agravado y otro simple y otra por hurto con lesiones leves y resistencia contra la autoridad. Fueron tres hechos sucedidos en el transcurso de veinte días, luego de cerrarse otras tres causas previas mediante conciliaciones.

Carolina:- Otra vez por acá. Tres causas, dos graves y la otra no pero son tres.Paulo: - Porque en la otra no hicieron la denuncia sino serían cuatro, jaja.Carolina: - (Levanta las cejas y hace un asentimiento con la cabeza). Buó. A ver. Dos cosas: primero: estas muy complicado: Yo diría que al filo de la detención porque por causas como estas, más los antecedentes que tenés, están pidiendo detención. Estoy mirando y capaz que una la podemos conciliar, capaz pagando los daños de la moto. Hacemos el acta, que ya sabés: pedís disculpas, expresas arrepentimiento y pagás los daños. Estas laburando ahora…Paulo: ¿El qué? Naaa… ¿Qué arrepentimiento? No, y disculpas tampoco y pagar menos.Carolina: Bueno. En las otras seguramente pidan una probation, pero no te veo en condiciones de cumplir. Y la probation, una cagada mínima que te mandás y chau. Detención. Entonces: O me empezás a hacer caso y te dejás de joder o bancáte las consecuencias porque llega un punto en que sos indefendible. Yo magia no hago. Lo otro que hay que ver acá es qué te pasa a vos con el delito. Por qué lo hacés. Necesidad no tenés, ¿Lo hacés porque te gusta, por tus amigos plagas, porque querés llamar la atención, porque querés ir al Lugones? No tenés idea lo que es estar ahí. Acá todavía podes decidir. Ahí adentro no decidís nada. Na-da. Y la vas a pasar mal. Sos un pibe con potencial Paulo y me da lástima porque vas camino a ganarte una temporada en el Quiroga (un centro cerrado juvenil de máxima seguridad emplazado en esa misma ciudad). Empezá a pensar, a hablar de lo que te pasa, cómo te podemos ayudar. Si empezás a hacer las cosas bien y a hacer lo que yo te digo… si no me vas a hacer caso a mí que soy tu defensora…Paulo: Eu eu, pará pará. Vos antes no eras así. Vos a mí me tenés que defender Carolina, no decirme lo que tengo que hacer. No sé por qué lo hago no sé. Estoy resentido, que se yo. Y me da adrenalina. Cuando tenés el poder sobre alguien, así en ese momento…me gusta. Y si tengo que ir al instituto voy, no pienso en eso. No pienso en nada, no sé por qué lo hago. No me quemes los pelos diciéndome que tengo hacer en la vida. Ya parecés esta (señala a su mamá que solloza en la silla de al lado y se levanta y sale afuera, visiblemente quebrada).(Registro de campo Defensoría Penal Juvenil, junio 2018, Loma Baja).

Acompañar todas estas situaciones me permite conocer en profundidad las vivencias, emociones y valoraciones de sentido que los jóvenes y sus familias experimentan en relación a su contacto con el universo delictivo y con el universo del sistema penal. En relación a las madres –hasta ahora he registrado la presencia activa de un solo padre- gran parte de esas vivencias emotivas se relacionan con el temor - a que al hijo le hagan daño, a que el hijo haga daño o a que alguien se presente en la casa a hacer daño- la vergüenza -especialmente cuando el patrullero lleva notificaciones o cuando se realizan allanamientos, ya que son ocasiones en que suelen salir varios vecinos a la vereda a ver qué hace el patrullero, en qué casa está, que pasó-, la angustia –al ver al hijo esposado, golpeado, al no saber “que va a pasar”, o cuando los chicos pasan noches sin volver a la casa-, el cansancio –recuerdo un día que fui a las 15 hs a la casa de Nora, la mamá de Lalo. Recién se levantaba porque se había acostado a las 9 de la mañana: pasó toda la noche sentada en la cocina abrazada a las zapatillas de su hijo para evitar que este se fuera “con los chorros del barrio a drogarse y hacer quilombo”-. La ambigüedad de sentimientos, sensaciones y decisiones constituye la forma mas frecuente de hacer frente a la gestión de la incertidumbre y el malestar que implica tener un hijo en problemas con la legalidad en estas familias, que en su mayoría tienen seriamente afectadas sus condiciones de vida: problemas habitacionales por falta de vivienda propia o mal estado de la misma, problemas económicos derivados de la insuficiencia de ingresos por falta total, escasez o precariedad del trabajo, problemas de salud -me llamó la atención la recurrencia de psicopatologías que afectan la salud mental como depresión, crisis de pánico, alcoholismo y drogadepencia, fudamentalmente pastillas-, relaciones de pareja con ejercicio de violencia por parte de los hombres. En tales contextos es que creo hay que comprender lo que que significan los pedidos de “asustar” a los hijos, para que “sientan miedo” que describo en los registros que transcribo a continuación.

Estoy en la oficina de Analía y Elena -abogadas del equipo de la Defensoría Penal Juvenil-. Ahora están entrevistando a un chico de Bolívar y a su madre. El pibe está acusado de hurto y de ocasionar disturbios en la vía pública. Elena lee partes centrales del expediente, aquellas donde se narran los hechos. Que tres jóvenes saltaron un paredón y sustrajeron un par de zapatillas. Que la policía lo intercepta a él con una de las zapatillas. Y dice mirando a Cristian, el joven en cuestión: “Que complicado, hay un montón de personas acá”. El chico ni se inmuta. La madre toma la palabra. “Es que señora, el es un chico bueno, el problema es que toma y se junta con los vagos de los amigos los fines de semana. Yo lo mandé al campo del tío cerca de San Jorge para sacarlo de las malas juntas, que esté ahí toda la semana, pero el fin de semana viene y que se yo, tiene 15 años no lo puedo tener encerrado, pero sale con los plagas de los amigos y siempre termina metido en quilombos. Todos los fines de semana una nueva. Si no vuelve borracho, a veces no se si drogado porque no sé, a veces vuelve al mediodía y una no sabe donde anda, yo le hablo y le hablo pero no sé. Lo que sí le digo es que no es malo, no es de hacer maldades o de ser rastrero. En el campo trabaja muy bien, al tío le hace caso. Josefina pregunta si el chico concurre a la escuela. “Me echaron”, espeta el joven en la primera de las dos únicas frases que articula a lo largo de toda la entrevista. “Es que hubo un episodio de una pelea y le echaron la culpa a él entonces él no quiso ir más”.Elena: - Bueno, sigamos con esto. Puede ser que vos no seas pero siempre estas metido donde hay problemas. Estoy viendo que tenés otra denuncia del año pasado, por romper un vidrio. Madre:- ¡Ay, sí! Caza palomas torcazas con la honda. Y las comemos. Esa vez sin querer le dio a un vidrio en una casa donde pensamos que no vivía nadie. Y vino la policía e hizo un despliegue como si fuéramos narcotraficantes porque siempre lo agarran y lo molestan a él, la policía. La mujer me dijo que iba a retirar la denuncia porque yo le pagué el vidrio…Rosana:- Sí, bueno pasa que no hemos todavía hecho nada, podemos firmar una conciliación. Despues vemos, no se preocupen por eso. Vamos con este ahora. Bueno mirá el hecho no es grave, y más complicado está tu amigo pero vos siempre estás metido donde hay problemas y eso tiene que cambiar, ¿entendés? Vos sos no punible porque tenés 15, significa que no se te puede poner una pena y menos por este hecho que es bastante menor. Ahora bien eso no significa que hay que dejarlo pasar, señora.La mujer, responde que sí asintiendo con la cabeza y pide permiso con cierta aflición para ir al baño. Me ofrezco a acompañarla para indicarle donde es. Ni bien cerramos la puerta y enfilamos para el pasillo, la mujer me agarra del antebrazo con firmeza, me detiene en seco y me dice suplicante: “Por favor doctora, ayúdenme. Asústenlo un poquito, ¿como que no va a pasar nada? Yo ya no se cómo hablarle, él no es malo, es un gordo bueno pero no le digan que no pasa nada, no sé diganle que lo van a llevar a algun lugar la próxima”. Le digo que su desconcierto y que necesita ayuda. Pero que las leyes establecen que a los 15 por ese hecho no puede aplicarse una pena y menos que sea privativa de libertad. Me responde que bueno, pero que no importa. Que se lo digamos para que se asuste nomás. “Es para asustarlo nomás, si se lo dicen ustedes se va a asustar y se va a dejar de joder, si se lo digo yo es como si nada” (Registro de campo, 7 de mayo de 2018. Loma Baja, Defensoría Penal Juvenil). Me llama Nora a las 19 horas. Ultimamente no me manda watssap. Me llama directamente. Noto que lo hace cuando está angustiada, desbordada. Atiendo y me cuenta en efecto con la voz afectada: “Hola, te llamo porque otra vez el Lalo se mando una cagada me parece, apareció con una moto que no se de donde carajo la sacó, yo no le permití que la guarde acá, lo saqué cagando y ahora hace la pasadita por casa con uno de los de Basualdo atrás, me quiero morir. Con esos malandras anda. Pasan hechos unos sanputa en la moto, yo le grito y el otro borrego este de Basualdo me hizo fuck you. Lautaro nunca me hizo una cosa así. Que hago, decime que hago ¿Cómo mierda lo educo a este pibe? ¿qué tengo que hacer? ¿llamo al Servicio Local de nuevo? Podrida de llamar estoy, pero no. Vienen antes de las dos de la tarde, y siempre lo encuentran durmiendo si este se acuesta nunca antes de las 5 de la mañana. A esta hora, a la noche los necesitamos a los del servicio local, para que vayan hasta allá, hasta el fondo y me ayuden a sacarlo de ahí. Pero no. En la guardia del Servicio Local te dicen: ¿esta drogado? ¡Y que se yo! No, no sirve, y tampoco sirven esas conciliaciones. Decime, ¿vos te acordás cuanto estuve para juntarte los $200 pesos que pedía la Fiscal para depositar en el banco, esos que vos llevaste? Dos semanas, ¿y para que? Para nada, pareciera que cuanto mas de esas conciliaciones firma, peor, es como si el dijera. “Listo, sigo si total no pasa nada”. Esta bien, quedan limpios con eso, no les quedan antecedentes y eso está bueno, pero ¿y después? Simple. Te llamo para que me digas donde lo puedo internar, lo quiero meter en un colegio ¿El Quiroga es? Le digo que el Quiroga es una cárcel de menores. ¡No-me-im-por-ta! (eleva el tono de la voz). Que sea una cárcel, que vaya a la cárcel! Va a terminar muerto o matando a alguien y ahí ¿que hago? Yo necesito que me escuchen, que me ayuden, que lo internen en un lugar porque no puedo más, me están volviendo los ataques de pánico, mi pareja se canso de la situación y me dejó. No puedo más. Que reaccione, que sienta el miedo que siento yo cuando desparece o cuando aparece re drogado que no se que anduvo haciendo ni con quien. El problema es que no le tiene miedo a nada. Encara. Se tiene que pegar un flor de susto, pero no sé porque ni a la policía le tiene miedo, mirá que lo fajan eh. Si está en la carcel o en un colegio pupilo capaz reacciona. Este no sobrevive en la cárcel, si viste que es medio boludo. Pero se tiene que llevar un buen susto para dejarse de joder. Dos, tres meses y que le toque estar en la celda con algun chico pesado de una villa de allá de Buenos Aires a ver si se deja de hacer el guapo. Le explico que los “colegios” no existen más y que salvo que cometa un delito grave a la cárcel no va a ir. Me dice que la mato con lo que le digo, que entonces hay que esperar que se mande una cagada grosa. Le digo que al dia siguiente voy a ir a la casa (Registro de campo 8 de mayo de 2018. Conversación telefónica con Nora, Los Pinares).

En efecto, transcurrida una semana Lalo volvió a ser noticia, publicación en el diario local incluida. Fue acusado de robo agravado por el uso de armas de fuego y amenazas. Pasó una semana en el Centro Cerrado Quiroga (de máxima seguridad) durante la cual Nora no paró de llorar pero al mismo tiempo de repetir: “así va a aprender”. Dos días después del hecho delictivo y de su detención, tuvimos esta conversación:

Nora: Me llamó Lalo estaba llorando. Dice que hay uno de Quilmes que se pasa el dedo por el cuello cada vez que lo ve, como una amenaza. Que el no le hizo nada, mirá si lo lastiman. Carolina (la defensora) no me atiende ¿Vos la podés llamar? Esta muerto de miedo.Mayra: ayer me dijo Carolina que la semana que viene lo llevan a Tandil a un centro semicerrado, que se llama centro de contención, Nora. Te iba a llamar me dijo. Que se maneje con los maestros del lugar y que no responda a las provocaciones que en dos o tres días se va de ahí. O llamá y pedí hablar con el Director.Nora: Ay, bueno. Yo me desesperé porque obvio como mamá no quiero que lo lastimen, aunque por un lado sigo pensando que con todo esto, estar ahí le va servir para aprender a portarse. Aunque me cueste decirlo, la verdad es que estoy mas tranquila. Hace un monton que no dormía una noche de corrido ¡Gracias!Mayra: Bueno, hablamos Nora. Descansá. Un beso (Registro de campo 15 de mayo de 2018, Los Pinares).

Siguiendo a Sirimarco y L’Hoste (2018, 12) la emoción en el contexto del trabajo etnográfico puede tornarse una valiosa herramienta de producción de conocimiento. Procurando superar aquellas perspectivas que postulan lo emotivo como una dimensión o bien intrascendente u obstaculizadora del proceso cognitivo, o bien relegada al estatuto de producto residual del conocimiento sociocultural científico, las autoras apuestan por una puesta en valor de la dimensión emotiva desde una concepción que recupere su carácter de hecho social y por tanto colectivo (Mauss 1979, 326) y su condición de vehiculizadora de modos de relacionamiento (2018, 12). Lo emotivo es producto de a la vez que produce relaciones sociales. En mi trabajo de campo, una emoción concreta como el susto me permitió analizar por un lado mis actuaciones y valoraciones (las valoraciones que yo hacía de mis interlocutores) en función de mi posición en el campo. Por otro lado, me permitió identificar lo que representa esa emoción -en tanto posible recurso- en el orden práctico de gestión de la vida cotidiana para las madres de los jóvenes infractores a la ley penal. En relación al susto en los contextos de interlocución con las madres de los jóvenes, esta emoción es invocada con vehemencia y con tonos y gestos de súplica, como recurso posible y demandado a los agentes estatales mediante el cual hacer cesar la violencia delictiva en la que estan inmersos sus hijos. Así además, se podría prevenir una inminente escalada a acontecimientos de mayor gravedad que pongan en riesgo la vida de sus hijos, de su entorno familiar y de terceros. Asustar, marcar un límite con la amenaza del encierro punitivo, implica para las madres también un auxilio en el ejercicio de la frustrada autoridad parental sobre los hijos, aunque sea a costa de sufrir ya que como expresa Natalia entre sollozos:“¿A qué madre le gusta o quiere ver a su hijo preso?Aunque me parta el alma,(se pone la mano en el pecho) es mejor que se quede ahí” (Nora, madre de Lalo) En su estudio sobre la socialización emocional de los niños Inuit Jean Briggs (2018, 173) postula la importancia de observar los modos en que construimos, socializamos y utilizamos la paleta de emociones socialmente disponibles en contextos de situación especificos. Los significados de la emoción, dice la autora, estan profundamente moldeados por los contextos en que les damos uso. Así, en el caso particular de las madres el susto, -en la amenaza del encierro- con la condición de ser enunciado/provocado por agentes estatales, es invocado como recurso práctico para torcer la posibilidad concreta de una eventual fatalidad. También implica la posibilidad de experimentar cierto alivio en la frenética agenda cotidiana de las madres de estos jóvenes, para quienes ocuparse de un hijo en conflicto con la ley penal significa ponerle el cuerpo a toda una serie de complicaciones prácticas como moverse con recursos escasos para cumplir con citaciones en diferentes oficinas en la ciudad de Olvarría y Azul como el Servicio Local de Protección de Derechos de Niños, Salud mental, el Centro Provincial para las Adicciones, comisarías, Defensoría, Fiscalía, tribunales, oficinas de peritos para evaluaciones psicológicas. A esto se suman situaciones de mucha tensión como la presión de saber que su comportamiento como “madre” es permanentemente evaluado por muchas de estas dependencias, pasar noches enteras sin dormir o en comisarías, y los episodios de violencia verbal y física que en ocasiones los jovenes descargan contra ellas.

Así, en el contexto de mi investigación, poner el lente en la experiencia emotiva de las madres me permite observar que, contra una asunción de sentido común negativizante sobre estas familias que afirma que “no hacen nada” frente al comportamiento delictivo de sus hijos, muchas de esas madres sí hacen y mucho. Dentro de esas acciones se encuentran estas enérgicas y suplicantes demandas de ayuda al Estado con las que en situaciones límite piden “asustar” a los chicos con la amenaza del encierro, o bien piden el encierro mismo como forma de lección moral (“que aprendan a portarse”), como forma de protección (“me lo van a matar”),como medida preventiva (“antes de que se mande un cagadón y mate a alguien”) y como forma de auxilio en el ejercicio de la autoridad parental (“Ayúdenme, no puedo más, no se que mas hacer ¿cómo lo educo?”).

Aquí, el acuerdo conciliatorio emerge como una medida que despierta una ambigüedad de sensaciones: por un lado es valorado como un recurso desjudicializante que deja “limpios” a los chicos -de antecedentes- pero después sume a las familias en una suerte desamparo frente a la conflictividad en la que están inmersos los jóvenes.

5- La perspectiva de las víctimas: las distintas razones de “renunciar a la denuncia”

Las víctimas, por su parte, esgrimen argumentos variados al momento de justificar la firma de la conciliación. Horacio, víctima de robo simple -sin uso de violencia y armas- explicaba: “Yo lo conozco de chico, no es una mala familia, son gente trabajadora pero tienen que hacer algo con ese chico que se les va de las manos” (Registro de campo, agosto de 2018, Los Pinares).

Por su parte, Miqueas, un joven de 19 años al que fui a ver a su domicilio por encargo de la Defensoría ya que la policía decía no encontrar la dirección, me decía: “Yo no lo quiero perjudicar, solo quiero que no me moleste, que se dejen de joder, no puede ser que no puedas estar en tu casa con tu novia porque este se hace el pistolero del Lejano Oeste y anda tirando tiros. En serio, lo único que quiero es que se calme. Si quiere dialogamos, yo no tengo nada que ver de lo que él me acusa, es una bronca vieja ¿Esto cómo es? ¿Yo puedo renunciar a la denuncia? (Registro de campo, julio de 2018, Los Pinares).

La madre de un joven víctima por su parte argumentaba: “A ver, acá nos conocemos todos. Estos guachos se conocen de chiquitos, ya sabemos como se maneja su familia y necesitan ayuda, porque van a terminar mal. Este -por su hijo-no es ningún santo. Pero estoy yo, está la abuela, hay familia. Ese pibe en cambio, si no sale de esa familia está frito. Le vamos a dar una oportunidad, lo tiene que tomar así para que reflexione y mejore. Un juicio con esa familia además ni locos. Va a empeorar todo. Pero ustedes, no sé, alguien tiene que intevenir porque está bien, lo perdonamos no va a juicio, que por otro lado a mí me complica también por el trabajo. Pero si no hacen algo con ese pibe y controlan esa familia, esto va a ser como si nada” (Registro de campo, agosto de 2018, Loma Baja).

Un carnicero que sufrió la rotura de un vidrio, a causa de un intento de robo me explicaba en una conversación: “Ya está, ya pasó, no voy a recuperar nada. Por lo menos no pierdo mas tiempo. Tener que ir, ampliar, declarar, hasta capaz que vas a juicio. Y la pérdida de tiempo no me la paga nadie. Firmo esto y listo” (Registro de campo, julio de 2018, Loma Baja).

Agustín, la víctima de uno de los robos de Paulo, me explicó por WhatsApp: “Mejor así, al menos puedo recuperar algo de plata para salvar parte de los arreglos de la moto. Si voy a juicio anda a saber cuanto tarda, en cambio así la madre me paga algo todos los meses. Me dijeron que no es mal pibe el Paulo, tenemos conocidos en común, pero anda re empachado y se viene a robar acá a los pueblos chicos el gil, ni un código. El otro día -por el intento de robo de otra moto- casi lo revientan los vecinos, va a terminar mal. Yo esto lo arreglé con la madre” (Registro de campo, julio de 2018, Loma Baja).

6- Conclusiones preliminares

La implementación de este tipo de arreglos de resolución del conflicto penal juvenil permite desplegar una serie de consideraciones e interrogantes para debatir en torno a los alcances y límites de los acuerdos conciliatorios en tanto método alternativo de resolución del conflicto penal juvenil en contextos socio-institucionales en los que derechos y punición o lo social y lo penal coexisten conflictivamente en los procesos de administración burocrática de justicia penal para jóvenes, y en los que la pregnancia de las narrativas hegemónicas en torno a la delincuencia juvenil modela una opinión pública a favor del endurecimiento punitivo. En primer lugar, la consideración de la escala espacial. En tal sentido, el desarrollo de los acuerdos conciliatorios fue emergiendo para los agentes judiciales como un tipo de resolución que atendiendo a las características del contexto espacial y al desenvolvimiento de la vida cotidiana de los actores procesales –localidades de mediano y pequeño rango de no más de 100.000 habitantes- adquiere relevancia en términos de las posibilidades para la pacificación social en tanto las personas que poseen los conflictos que originan los procesos penales, conviven en ámbitos donde se encuentran y reencuentran en diferentes situaciones. En segundo lugar, puede pensarse en estas formas de resolución como una forma eficaz de contención del poder punitivo (Zaffaroni 2002, 5) por parte del ejercicio de los funcionarios penales y del derecho penal –juvenil en este caso- máxime teniendo en cuenta que, en la relación niños, niñas, adolescentes y justicia, históricamente y en nombre de la protección y la buena socialización, ha predominado el despliegue de las funciones punitivas latentes en agencias administrativas y judiciales recurriendo a la institucionalización en tanto función manifiesta de tutela (Zaffaroni 2002, 38).

Reconociendo su potencialidad como método de resolución de un conflicto penal en el Fuero Juvenil, la etnografía por estos espacios sociales de vida/trabajo de los actores permite avizorar también otras cuestiones no menores como lo que implica aplicar este método en conflictos que involucran a policías, la dimension moral del honor implicada en el acto de “pedir disculpas” que en muchos jóvenes resulta humillante, más aún si se trata de un acuerdo con un policía, la falta de reconocimiento y formalización institucional de estos procedimientos, dentro y fuera del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil local llevados adelante básicamente por activismo de las agentes, las cuales reconocen que necesitan complementar la eficacia de este método con intervenciones posteriores de tipo “social” para evitar la reincidencia; y por ultimo la experiencia de las familias, que sienten que esta medida es insuficiente para regular la conducta de sus hijos y demandan intervenciones mas “duras” que deben ser, desde mi perspectiva, interpretadas en clave de demandas de ayuda al Estado.


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