Presencia de Gendarmería Nacional Argentina y sus efectos para las y los jóvenes de barrios informales de Buenos Aires

Presença da Gendarmaria Nacional Argentina e seus efeitos para a juventude dos bairros informais de Buenos Aires

Presence of the Argentine National Gendarmerie and its effects for the youth of informal neighborhoods of Buenos Aires

 

Joaquín Zajac

Magíster en Antropología Social

Universidad de Buenos Aires

joaquinz@gmail.com

 

Resumen: Desde el año 2011, la Gendarmería Nacional Argentina (fuerza de seguridad federal con características militares, cuya función predominante en la vigilancia de fronteras internacionales), tomó a su cargo la “prevención y conjuración de los delitos” en barrios de las comunas 7 y 8, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, relegando a la Policía Federal Argentina (PFA). La presente investigación tiene por objetivo explorar cambios y continuidades de la actividad policial desplegada por la fuerza, así como las consecuencias duraderas que este despliegue tuvo para la población de los barrios informales especialmente las y los jóvenes. La investigación se apoya en la perspectiva de la gubermentalidad (Foucault 2010), y en el proyecto de una “antropología de los márgenes” (Das y Poole 2008). La metodología es cualitativa, basada en un trabajo de observación participante etnográfico entre marzo de 2016 y septiembre de 2017 en villas de emergencia de los barrios de Villa Soldati y Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Palabras clave: gendarmería; jóvenes; gobierno; violencia; márgenes.

 

Resumo: Desde 2011, a Gendarmaria Nacional Argentina (força de segurança federal com características militares, cujo papel predominante na vigilância das fronteiras internacionais), se encarregou da prevenção e conspiração de crimes nos bairros das comunas 7 e 8, ao sul da cidade de Buenos Aires, relegando a Polícia Federal Argentina (PFA). Esta pesquisa tem como objetivo explorar as mudanças e continuidades de policiamento implantados pela força, bem como as consequências duradouras que esta implantação foi para a população dos assentamentos informais, especialmente os jovens. A pesquisa baseia-se na perspectiva de gubermentalidad (Foucault 2010), bem como o projecto de uma "antropologia das margens" (Das e Poole 2008). A metodologia é qualitativa, com base no trabalho de observação participante etnográfica entre março de 2016 e setembro 2017 em bairros da favela de Villa Soldati e Flores, Buenos Aires.

Palavras-chave: gendarmaria; juventude; governo; violência; margens.

 

Abstract: Since 2011, the Argentine National Gendarmerie (federal security force with military characteristics, whose predominant role in the surveillance of international borders), took charge of the prevention and conspiracy of crimes in neighborhoods of communes 7 and 8, south of the City of Buenos Aires, relegating the Argentine Federal Police (PFA). The present investigation aims to explore changes and continuities of police activity deployed by force, as well as the lasting consequences that this deployment had for the population of informal neighborhoods, especially young people. The research is based on the perspective of governmentality (Foucault 2010), and on the project of an "anthropology of margins" (Das and Poole 2008). The methodology is qualitative, based on an ethnographic participant observation work between March 2016 and September 2017 in emergency villages in the Villa Soldati and Flores neighborhoods of the Autonomous City of Buenos Aires.

Key words: gendarmerie; youth; government; violence; margins.

 

Fecha de recepción: 1 de julio de 2019.

Fecha de aceptación: 18 de de febrero de 2020.

 

 

1. Introducción

En América Latina, existe una vasta literatura dedicada a analizar las consecuencias para las y los jóvenes que acarrea la utilización de fuerzas armadas o bien, fuerzas de seguridad militarizadas en actividades de seguridad interior. Más recientemente también, han proliferado estudios que evalúan los despliegues de fuerzas con características militares al interior de barrios urbanos informales, especialmente, los casos de Colombia y de las “Unidades de Policía de Pacificación” en Brasil (Machado Da Silva 2010; Borges, Ribeiro y Cano 2012; Dias y Zacchi 2012; Franco 2014; Misse 2014; Menezes 2014; Saborio 2017). En general, los estudios coinciden en un diagnóstico negativo de estos despliegues en términos de su decreciente capacidad para incidir en las tasas de homicidio y la desarticulación de las redes delictivas que operaban en algunos de esos territorios, así como a la multiplicación de vulneraciones de derechos, siendo las y los jóvenes las principales víctimas. En Argentina, ante la imposibilidad legal de emplear fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, el gobierno nacional ha optado por replicar algunas de las experiencias regionales previas a partir de fuerzas de seguridad con características militares preexistentes (Prefectura Naval y Gendarmería), quienes desde el año 2010 y hasta la actualidad, son empleadas en operativos de seguridad en zonas pobres de grandes del Área Metropolitana de Buenos Aires.  La actual gestión de gobierno ha derogado en 2017 el marco legal de estos despliegues. Sin embargo, entre 2016 y 2017 el despliegue de estas fuerzas en barrios informales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantuvo, y en algunos casos, hasta se vio reforzado en número. A casi 9 años desde el lanzamiento de los Operativos “Centinela” y “Cinturón Sur”, que marcaron un hito a este respecto, cabe preguntarse ¿Qué efectos duraderos ha tenido la presencia de gendarmes y prefectos para las poblaciones de estos territorios, en particular para las y los jóvenes? ¿Cómo y en qué medida han ido cambiando estos despliegues a lo largo del tiempo? ¿Qué cuestiones persisten desde los inicios hasta la actualidad?

Me centro en este artículo en el despliegue de la Gendarmería, ya que, por su antigüedad, estabilidad en el tiempo y cantidad de recursos humanos y logísticos involucrados, es mucho más significativo que el de Prefectura. La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) surgió oficialmente en 1938 a través de la ley 12.367, que la definía como una “policía militarizada”, independiente del ejército, y cuya misión era “velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública” y “asegurar el cumplimiento de las leyes de la Nación”, en “todos los lugares sujetos a jurisdicción federal” y “en cualquier parte de la Nación siempre que sean requeridas para auxiliar a las autoridades federales en el ejercicio de sus funciones”. En 1958, a través del decreto-ley 3491 es transferida a la órbita del Ministerio de Guerra y del Ejército, y expresamente asociada al control de fronteras internacionales, ambas decisiones ratificadas en 1970, con la sanción de las leyes de “Fuerzas de Seguridad” (18.711/70) y “de Gendarmería Nacional” (19.349/71). Entre 1976 y 1983 participó activamente de la represión ilegal de la última dictadura militar (1976-1983)[1]. Con el regreso de la democracia, la Gendarmería (de nuevo bajo control civil, del Ministerio del Interior), comenzó a impulsar una renovación de su imagen pública, presentándose como una fuerza leal a la democracia, capaz de contrarrestar a las policías corruptas (Escolar 2017). Este proceso se consolidó entre 1988 y 1992 con la sanción de las leyes Defensa (23.554) y Seguridad Interior (24.059), que dividieron tajantemente ambas esferas. Desde entonces, los gobiernos nacionales se valieron sistemáticamente de los gendarmes para reprimir la conflictividad social en distintos puntos del país. Como consecuencia de su rol fuertemente represivo en esta etapa, la fuerza se vio involucrada en algunas situaciones especialmente graves, en las que incluso fue acusada de haber asesinado manifestantes[2]. Por otra parte, si desde 1990 el “paradigma de las nuevas amenazas”[3], impulsó en otros países de la región (México, Colombia, Brasil) la remilitarización de la seguridad interna, en Argentina, ante el desprestigio de las FF. AA, se impuso una doctrina llamada de los “cuerpos intermedios”. Dicha doctrina postula la utilización para hacer frente a esta nueva constelación de peligros (en particular, el narcotráfico), de cuerpos policiales “con características militares”, como la Gendarmería. Así la actividad de la fuerza se ha redistribuido principalmente en dos tipos de “zonas” (en dónde se encontrarían localizadas, según la visión mediática y política predominante las “nuevas amenazas” como el “narcotráfico”): las fronteras internacionales[4], y más recientemente, los barrios informales urbanos.

En noviembre del año 2003, tan solo 6 meses después de asumir su mandato como presidente, Néstor Kirchner lanzó el “Plan de Protección Integral de Barrios” (PPIB). El mismo consistía en un despliegue de efectivos de PNA, GNA y PBA, en tres barrios informales del “conurbano bonaerense”[5]: 350 prefectos en la villa “La Cava”, en el Partido de San Isidro, 500 gendarmes en el complejo habitacional Ejército de los Andes (“Fuerte Apache”), en Tres de febrero, y 400 policías bonaerenses en la villa “Carlos Gardel”, Partido de Morón. La evaluación “positiva” del gobierno nacional respecto del “éxito” de estos operativos para disminuir la frecuencia de ciertos delitos (Frederic 2018; Centro de Estudios Legales y Sociales 2004) fue la que primó en la consideración del gobierno nacional, y probablemente, la que impulsó al gobierno de Cristina Kirchner a lanzar en diciembre de 2010 el denominado “Operativo Centinela” (decreto 2099/10), que implicó el desembarco de 6000 gendarmes en distintos puntos del conurbano bonaerense. En fechas posteriores, e incluso recientes, contingentes de Gendarmería fueron desplegados ante distintas coyunturas críticas en Provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba. El protagonismo de la Gendarmería en la seguridad de zonas socialmente vulnerables de las grandes ciudades, ha tenido consecuencias impactantes en la composición de la propia fuerza, con un crecimiento cuantitativo de 110%, pasando de 18.000 efectivos en 2003, a 38.500, en junio de 2015 (Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina 2015).  En la Ciudad de Buenos Aires la presencia de Gendarmería data del 4 de julio de 2011, cuando se puso en marcha el Plan Unidad Cinturón Sur (decreto 864/2011). Dicha política consistió en el despliegue de 1250 efectivos de Gendarmería y 1250 de Prefectura para la “prevención y conjuración” de los delitos en las comunas 4, 7 y 8 del sur de la Capital Federal. Desde 2014, la Gendarmería además participa de los “Cuerpos Policiales de Prevención Barrial”, un programa del Ministerio de Seguridad creado en 2011 pero puesto a funcionar en 2012 (Basualdo 2012; Skliar 2016), cuya especificidad más destacada e inédita es la presencia y circulación permanente al interior de los barrios informales (a diferencia de la Policía Federal, que no ingresaba a los barrios salvo en ocasiones excepcionales). En enero de 2017, mediante el decreto 66/17, quedaron formalmente derogados el OCS y el Operativo Centinela. A la fecha de escritura de este artículo, la Gendarmería solo retiene en la Ciudad las tareas de prevención y conjuración de los delitos en villas ubicadas en los barrios porteños de Flores, Nueva Pompeya y Villa Soldati.

A la hora de analizar estos operativos, las consecuencias en términos de vulneración a los derechos de las y los jóvenes han ocupado un lugar central. Algunos autores parten de manera más o menos explícita de las nociones de “seguridad ciudadana democrática”, entendida como una perspectiva de políticas públicas “centrada en la seguridad colectiva, que apunta a crear condiciones para la convivencia pacífica de los ciudadanos entre sí; el objetivo no es el ‘mantenimiento del orden (...)’ sino la ‘protección integral de los derechos humanos’” (Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina 2011, 167). En este sentido Marcela Perelman y Manuel Tufró presentan un diagnóstico ambiguo sobre el despliegue de los gendarmes y prefectos. Coinciden en el “impacto positivo” sobre la sensación de seguridad, la afectación de vínculos con las economías ilegales que mantenía la PFA, y la incorporación de estas zonas como “destinatarias” o “interlocutoras” de las políticas de seguridad, cuando anteriormente eran consideradas simplemente como “zonas peligrosas”. Pero también encuentran aspectos "negativos": principalmente, el refuerzo de la asociación entre pobreza y delito, y, principalmente, la mayor exposición a las violaciones a los DD.HH. que supone el despliegue policial más intensivo, especialmente para el caso de jóvenes varones. (Perelman y Tufró 2015,138). Así mismo, los autores diferencian los operativos de provincia y CABA, y consideran en el caso de los gendarmes, actúan según patrones de violencia punitiva estatal (Guemureman et. al, 2018). específicas, de menor intensidad, pero mayor frecuencia y con un carácter fuertemente “moralizante” (en el sentido de intentar “disciplinar” a los jóvenes, su apariencia, sus rutinas, hábitos, etc.), y que los operativos han sufrido una regresión a lo largo del tiempo, especialmente, desde la partida de Nilda Garré al frente del Ministerio (Perelman y Tufró 2015).

Otros autores (Kessler 2013; Rodríguez Alzueta 2014), llevan aún más lejos esta mirada crítica y cuestionan la consideración progresiva de la incorporación de las “zonas peligrosas” como nuevas destinatarias para las políticas de seguridad, ya que los operativos territoriales de GNA replicarían por primera vez en estos barrios, estrategias de control regresivas que la policía ya llevaba adelante en zonas más pudientes de la ciudad (las llamadas “zonas de vulnerabilidad”), como la “tolerancia cero”, es decir, prácticas policiales en las que el objetivo principal no es el “control de los delitos”, sino de otras formas menores de infracción como las “incivilidades”, los “vandalismos”, o las “contravenciones”,, e incluso modos de ser y de parecer considerados “peligrosos” (Rodríguez Alzueta 2014). Esteban Rodríguez Alzueta, por ejemplo, considera que el despliegue de la Gendarmería aparece como

(…) la contradicción principal de una gestión que pretendió calar hondo, despolicializando la seguridad con una mirada multiagencial” pero que terminó “adhiriendo a los términos simplificados que impone la demagogia punitiva”, lo que demostraría una falta de decisión política para “avanzar en procesos de reformas democráticas profundas en materia de seguridad ciudadana” (Rodríguez Alzueta 2012).

Un último grupo de investigadores señala la imposibilidad de encontrar aspectos “progresivos” en términos de vigencia de los derechos humanos en relación al “paradigma de seguridad ciudadana democrática”. Para estos “seguridad” por un lado, y “democracia” o “ciudadanía”, por otro, son conceptos contradictorios, imposibles de reconciliar (Daroqui, López y Cipriano García 2012). El Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y los Derechos Humanos (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos), en este sentido, identifica como un síntoma regresivo el creciente número de políticas de seguridad para la CABA desde 2010 a la actualidad (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 2016,63), especialmente, por la preponderancia de una perspectiva de la “prevención situacional del delito”, caracterizada por un desplazamiento del foco de control, de los individuos en general

(…) a determinados grupos o colectivos caracterizados y estigmatizados como riesgosos. Así la propuesta se centra en un diagnóstico sobre la “inseguridad” que vincula a esta noción de forma directa con (…) un sector de la población (…). Ante lo dicho comprendemos que la definición de “inseguridad” es deficitaria y políticamente intencionada, ya que son estos mismos sectores sociales los que están atravesados por múltiples inseguridades sociales y por las propias que conlleva el despliegue coercitivo y represivo de las fuerzas policiales que gestionan a amplios sectores sociales pobres (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 2016, 64).

En esta misma línea de indagación la Procuraduría de Violencia Institucional señala en base a relevamientos sistemáticos de causas penales contra gendarmes por figuras jurídicas como “apremios ilegales”, “lesiones”, “vejaciones” y “torturas” que estas situaciones no son casos aislados. Identifican patrones subyacentes, que encuadran en las denominaciones de “violencia institucional”[6], y en sus formas más brutales, en la definición internacional de tortura.  La reiteración, constancia y regularidad de tales hechos confirman una sistematicidad en cuanto a lo regular de su morfología y recurrencia, una modalidad que resulta extendida en el tiempo y en el espacio socio-urbano empobrecido, enclaves de administración selectiva de sufrimiento que conforman prácticas violatorias de los derechos fundamentales arraigadas e institucionalizadas por parte de la fuerza de seguridad GNA en los territorios de exclusión social y económica de la ciudad (Procuraduría de Violencia Institucional 2014, 5).

Es decir, la literatura tiende, más allá de las diferencias conceptuales, a coincidir en las consecuencias en términos de una intensificación de la vigilancia, el castigo y las violaciones a los derechos humanos. Partiendo de distintos modelos normativos, han contribuido a problematizar los efectos “negativos” en términos de vulneración de derechos que tienen estos despliegues de fuerzas con características militares. Sin embargo, son más infrecuentes los análisis sobre otros efectos más ambiguos, complejos y duraderos en el tiempo que ha tenido la presencia gendarme. Cambios que expresan una incipiente reformulación en las formas de gobernar los barrios informales y que podría replicarse en otros contextos (Hathazy 2016; Cozzi, Font y Mistura 2014; Carbajo, 2019). El presente artículo tiene por objetivo general describir y analizar estas consecuencias.

En el primer apartado, realizo una breve referencia al marco teórico y metodológico de la investigación. En el segundo apartado, se analiza las “Unidades de Prevención Barrial” como despliegue con características específicas con efectos notorios sobre las representaciones sociales del territorio y las rutinas de los habitantes del barrio. En el tercer apartado, problematizo la inteligencia, dispositivo montado en torno a la necesidad del poder de producir y actualizar saberes sobre los barrios y sus poblaciones en aras de ejercer sobre ellas un control más eficaz. En el cuarto apartado, reflexiono en torno a los patrullajes y controles, y sus efectos en términos de un dispositivo de control poblacional individualizado, anónimo y permanente sobre las y los jóvenes de los territorios. Por último, a partir de entrevistas con referentes territoriales de distintos territorios e ideología político-partidaria, analizo el entramado complejo y contradictorio de consecuencias que ese dispositivo ha tenido para la producción de subjetividad en adultos de los barrios (especialmente en relación a las y los jóvenes), así como en la forma en que las fuerzas de seguridad intervienen ante situaciones de conflicto intergeneracionales.

 

2. Enfoque teórico-metodológico

Considero que mi estudio se inscribe dentro del campo teórico de los estudios sobre “gubermentalidad”, partiendo del concepto de “gobierno” de Michel Foucault quien afirma que es necesario desde su punto de vista:

(…) dejar de lado como objeto primero, primitivo, ya dado, una serie de nociones como, por ejemplo, el soberano, la soberanía, el pueblo, los sujetos, el Estado, la sociedad civil, todos esos universales que el análisis sociológico (...) utiliza para explicar en concreto la práctica gubernamental (…) partir de esa práctica tal como se presenta, pero, al mismo tiempo, tal como se refleja y se racionaliza para ver, sobre esta base, cómo pueden constituirse en los hechos (...) el Estado y la sociedad, el soberano y los súbditos” (Foucault 2010, 17-8).

El concepto de gobierno reconoce en este sentido dos sentidos posibles: uno “estrecho”, según el cual “gobernar” es “guiar a los hombres, dirigir su conducta, constreñir sus acciones y reacciones, etc.” (Foucault 2010, 16), y uno amplio que refiere al gobierno como actividad que concierne (…) a las relaciones interpersonales privadas que involucran formas de control o guía, relaciones con instituciones sociales y comunidades y también a las relaciones atinentes a la soberanía política (Bianchi 2014, 231). Analizar el gobierno, significa describir los esfuerzos para alcanzar fines sociales y políticos, los cálculos de fuerzas, actividades y relaciones de los individuos que constituyen una población. La “gubernamentalidad” es un estilo de ejercicio del poder que tienen en común diversas formas, dispositivos y agencias: una racionalidad política de predominio del cálculo, de la maximización de fuerzas de la sociedad (Bianchi 2014). Por otro lado, no se puede desconocer que las “prácticas de gobierno” que analizo en esta tesis, ocurren en un contexto particular (los barrios informales) con sus particularidades específicas.

Parto en este artículo, para poder dar cuenta teóricamente de la especificidad del contexto de mi investigación (los barrios informales) de lo que Veena Das y Deborah Poole denominan una “antropología de los márgenes” (Das y Poole 2008, 20), entendiendo a los márgenes “márgenes” como supuestos indispensables para la existencia misma del Estado, de la misma manera que las excepciones son condición necesaria para que exista cualquier regla (Poole y Das 2008, 20).  Para las autoras (en una de las acepciones posibles que trabajan en su artículo), los “márgenes”, se refieren a los sitios “periféricos” de las sociedades contemporáneas, en donde residen las poblaciones consideradas por el poder como “insuficientemente socializadas en el marco de la ley”. La tarea primordial para la investigación social, en estos casos particulares sería la de:

(…) comprender las tecnologías específicas del poder a través de las cuales los Estados intentan “manejar” y “pacificar” a estas poblaciones, tanto a través de la fuerza como a través de la “pedagogía de la conversión”, intentando transformar a estos “sujetos rebeldes” en sujetos legales del estado (…) (Das y Poole 2008, 24).

En este sentido, a pesar de que los márgenes se representen como lugares “salvajes” y “descontrolados” (en el sentido de “sin regulación”), el Estado está en ellos de forma permanente, experimentando y redefiniendo constantemente sus modos de gobernar. Modos de gobernar que son al mismo tiempo colonizados “mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes de esas poblaciones” (Das y Poole 2008, 24).

En cuanto al diseño metodológico del trabajo, el mismo es cualitativo, y su alcance descriptivo. Se adopta una perspectiva etnográfica entendiendo a esta como una concepción y práctica del conocimiento social, que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, y que implica una toma de posición que abarca dimensiones metodológicas, pero también consideraciones éticas, teóricas, y epistemológicas (Guber 2001). La muestra es dirigida/intencional, siguiendo criterios teóricos y “de oportunidad”. Las fuentes principales empleadas son primarias. El método principal para la obtención de dicha información primaria, es un trabajo de “observación participante” con efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina y referentes territoriales afines, entre marzo de 2016 y septiembre de 2017.  Mi trabajo de campo se inició en marzo de 2016, gracias a la expresa autorización del comandante del OCS (a quien pude contactar a través de una ex funcionaria de Ministerio de Seguridad). Realicé observación participante en distintos contextos del Operativo (patrullajes, intervenciones, capacitaciones, reuniones con referentes comunitarios, actos conmemorativos o de inauguración de obras, etc.) y entrevistas no estructuradas con comandantes, oficiales, suboficiales y gendarmes de distintas dependencias. Así mismo, al análisis de la actividad y representaciones de los efectivos de la propia fuerza se suma el de referentes locales con los que la Gendarmería articula o mantiene una buena relación. Procuro de esta forma reponer, aunque sea de modo indirecto, aproximado y ciertamente sesgado, la visión de un sector particular de los “vecinos” adultos de villas y asentamientos.

 

3. De las conjuraciones a las UPB: La Gendarmería y el territorio como un signo en disputa

Los “Cuerpos Policiales de Prevención Barrial” (CPPB) fueron creados en octubre de 2011 (Basualdo 2012) y oficialmente puestos a funcionar desde septiembre de 2012 (resolución 1034/12, Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina). En los considerandos de dicha resolución se plantea, acorde con la perspectiva de la “seguridad ciudadana democrática” y su articulación de los conceptos de Estado, comunidad, conflictividad social, seguridad y vigencia de derechos, era necesaria la creación de “unidades especiales” de la policía, que trabajen “de manera articulada con la comunidad”, en aquellas zonas donde la “conflictividad social” sea “muy elevada”. La relación “más cercana con los vecinos” permitiría “mejorar la respuesta del Estado” y “propiciar el desarrollo de contextos urbanos seguros”, en los que “el ejercicio de los derechos” sea posible:

(…) la presencia de la “Policía de Prevención Barrial”, un cuerpo especialmente formado para asegurar presencia policial que centra sus intervenciones en la vigilancia proactiva, promoviendo como ejes de su intervención las acciones de mediación y todas aquellas tendientes a la atención de formas menores de conflictividad que permiten una mejor convivencia entre vecinos y en el espacio público (Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina 2012, 3).

La forma principal de despliegue de los CPPB se caracterizaría por patrullajes a pie o en vehículos al interior mismo de la villa en grupos integrados por hasta tres efectivos denominados “trinomios”. Proactiva, por otro lado, porque si la PFA utilizaba el esquema preventivo llamado “paradas”, (agentes individuales estacionados en un lugar puntual, muchas veces, en función del pago de sobornos o compra informal de “servicios adicionales”), los CPPB proponían un enfoque “continuo”, “fluido”, de constante movimiento (Frederic 2014; 2018). La Gendarmería ingresó a la modalidad de los CPPB en marzo de 2014.  Según el secretario de seguridad Sergio Berni al presentar el nuevo marco de despliegue de Gendarmería, la fuerza había sido capacitada durante tres meses para intervenir no solo ante la “prevención y conjuración del delito”, sino también en una serie de conflictos “típicos de estos lugares” y que a veces pueden terminar “de una forma no deseada” (Nuevo Cuerpo de Prevención Barrial de la Gendarmería en Villa Zavaleta 2014). La Gendarmería organizó desde entonces a sus efectivos en el OCS en dos grupos diferenciados. Por un lado, las “Unidades de Seguridad” (US) continuarían a cargo de la jurisdicción de las comisarías de PFA (34, 36 y 52). Las “Unidades de Prevención Barrial” (UPB), se ocuparían de las distintas villas ubicadas en cada una de estas. Cada una de estas UPB cuenta con una jefatura propia, dependiendo a su vez de un “Destacamento de Prevención Barrial” (DESTAPREBA).

Desde el principio de mi investigación, las UPB se me presentaron como la expresión más singular del despliegue de Gendarmería en el sur de la CABA. Fueron también los lugares que más interesaban a los propios gendarmes que visitara, conociera e intentara ayudarles a entender. En momentos en que más se fortalecían los rumores de que la fuerza sería finalmente retirada de la zona sur, estos siempre tenían para los gendarmes de distinto rango una excepción: la disolución de las UPB, que según ellos “era mucho más difícil”. En este trabajo me concentro en dos de las tres UPB de Gendarmería en la CABA: aquella en la que se ubican la villa “más peligrosa” (“UPB 1-11-14”, en la villa 1-11-14 y algunos complejos habitacionales aledaños) y otra en la cual se ubican barrios que los gendarmes consideraban como más “tranquilos” (“UPB Fátima”, que incluía la Villa 3 “Fátima”,  los barrios “Los Piletones” y “Ramón Carrillo”, y otros asentamientos más pequeños). Hay dos dimensiones en las cuales me parece relevante analizar a las UPB de Gendarmería. En primer lugar, concibo a las UPB como la condensación estratégica de la presencia y la actividad de Gendarmería para el contexto específico de las villas y otros asentamientos informales. Entiendo estrategia en el sentido de Michel Foucault:

Ningún foco local, ningún esquema de transformación podría funcionar sin inscribirse, al fin y al cabo, por una serie de encadenamientos sucesivos, en una estrategia de conjunto. Inversamente, ninguna estrategia podría asegurar efectos globales si no se apoyara en relaciones precisas y tenues que le sirven, si no de aplicación y consecuencia, si de soporte y punto de anclaje. De unas a otras, ninguna discontinuidad, como en dos niveles diferentes (uno microscópico y el otro macroscópico), pero tampoco homogeneidad (como si uno fuese la proyección aumentada o la miniaturización del otro) más bien hay que pensar en el doble condicionamiento de una estrategia por la especificidad de las tácticas posibles, y de las tácticas por la envoltura estratégica que las hace funcionar (Foucault 2002, 96).

Es decir, la UPB constituye en primer lugar una lógica de organización, disposición y uso de los recursos (efectivos, vehículos, tecnologías, artefactos, etc.). Para entender a este respecto es necesario contraponer a las UPB con la modalidad específica para las villas que existía previamente a su establecimiento. En primer lugar, según un documento de “apreciación” elaborado por la propia fuerza en 2015, el “Operativo Conjuración”, de agosto de 2012, un despliegue de “patrullas móviles” en los “sectores más críticos de la villa” 1-11-14, con personal de los “Destacamentos Móviles”[7] (DM) que rotaban cada 40 días, y mantenían una presencia las 24 horas en tres “bases” fijas. Pocos meses después, se estableció otra “presencia permanente” en cuatro “bases de patrulla” (en “contenedores”, como los que tendrán las mismas UPB, y que analizo más adelante en este mismo apartado), en las inmediaciones de Villa Zavaleta. Según distintos oficiales de la fuerza con los que hablé, dado el perfil netamente represivo de los DM, eran muy frecuentes los hechos de violencia policial.  Además, el poco tiempo que los DM permanecían en la Ciudad los protegía de posibles sanciones. Las UPB nacieron como un intento de revertir esas “falencias”, con una dotación fija de efectivos, y una capacitación y funcionamiento específico para los barrios informales. Sin embargo, mi trabajo de campo me permitió observar que las UPB terminaron generando nuevas condiciones de posibilidad para que se produzcan situaciones de violencia policial. En particular llamaba mi atención la paradoja en la que incurrían los gendarmes cuando daban cuenta del problema de la rotación. En un extremo según estos, la excesiva rotación de efectivos, como en la época de las “Conjuraciones”, o la presencia de demasiados “gendarmes agregados”[8], aumenta el desconocimiento del territorio, las personas y las intervenciones, las convenciones, normas, restricciones y protocolos. Por lo tanto, la perspectiva de la “cercanía” de las UPB también se vería perjudicada, y se pueden volver más frecuentes los enfrentamientos, “apremios” y casos de “violencia institucional”. Pero, por otro lado, si los gendarmes permanecen demasiado tiempo en el terreno, se produciría en el otro extremo un “desgaste” por “sobreexposición” a mayores riesgos de “contaminación”, por el contacto con un entorno urbano percibido como degradado material y moralmente. Esta paradoja de la rotación expresaba además una tensión irresoluble del despliegue gendarme en el territorio de los barrios informales: entre un despliegue considerado como “provisorio” y uno “definitivo”, la UPB resultaba una “solución de compromiso” que reproducía a lo largo del tiempo condiciones de actividad (la incertidumbre en las trayectorias de los gendarmes asignados, la falta de capacitación, condiciones materiales de trabajo precarias, etc.) en las cuales es difícil imaginar que objetivos tan ambiciosos como los que se proponía en sus lineamientos el CPPB fuesen cumplibles.

La otra dimensión relevante de las UPB es la arquitectónica/material, con importantes consecuencias sobre el territorio, sus representaciones y el tipo de experiencia que habilita/restringe a los habitantes de los barrios (y en especial, a las y los jóvenes). Cada UPB tiene una “base” que se ubica en la vía principal de entrada y salida de cada barrio. En unos pocos metros cuadrados, se disponen allí containers de madera, chapa y material y algunos baños químicos. Es usual ver camionetas, autos o motos con el logotipo de la fuerza, estacionados en las proximidades. Además de estas “bases”, cada UPB cuenta con varios “puestos fijos”. Estos se hayan tanto en las inmediaciones de los barrios, como en ocasiones en el “interior” de estos. Arquitectónicamente hablando, no difieren de la “base” de la UPB. Son también containers de chapa, madera o material, pintados con el logotipo de la fuerza y/o del Ministerio de Seguridad. En cuanto a los criterios de su ubicación, algunos puestos (en general, los que están por fuera), existen con anterioridad a la creación de las UPB, dependiendo administrativamente de las US. La ubicación de esos puestos se determinó siguiendo consideraciones estratégicas más inespecíficas, como, por ejemplo, controlar los “accesos” de entrada y salida a las villas, o sus “avenidas de aproximación”. Pero en el caso de los puestos del “interior” de las villas, dependientes de cada UPB, pude observar cómo prevalecía un criterio que constituía otro claro signo de la lógica “híbrida” que caracterizaba a estas unidades, en este caso, entre lo “peligroso” y lo “seguro”. La elevada conflictividad, peligrosidad o frecuencia de delitos en una zona, eran consideradas por los gendarmes para la instalación de puestos de vigilancia, pero no bastaban por sí mismas. Era necesario además que la fuerza identificara en esos lugares un equilibrio entre peligrosidad, y percepción de que los gendarmes no se verían “sobrepasados” por “elementos hostiles”. El conocimiento sobre la peligrosidad de distintas zonas, se adquiría por dos canales: las conversaciones con referentes locales, y la “inteligencia”.

Pude observar esa ambigüedad en una situación de la última etapa de mi trabajo de campo, a mediados de 2017. En una de las últimas jornadas, el jefe del DESTAPREBA me informó que habían instalado recientemente un puesto en el “Gauchito Gil” de la villa 1-11-14. Este lugar de la villa era celebre entre los gendarmes, que se referían a él como el lugar “más peligroso” del barrio. Era una manzana abierta, parecida a una plaza, pero sin el equipamiento urbano correspondiente, tan solo una discreta pintada del “Gauchito Gil” [9] en una pared. Otros barrios informales observados tenían también algún lugar similar. También Gayol y Kessler describen sitios parecidos en su trabajo de campo en el Barrio Ejercito de Los Andes (“Fuerte Apache”), con sus altares, monolitos o pintadas, que representan para los autores “rituales locales” que los jóvenes llevan adelante con el propósito de lidiar con la muerte como posibilidad cotidiana, pero, sobre todo, “muestran la existencia de una memoria juvenil local y masculina (…) que evocan a los amigos fallecidos” (Gayol y Kessler 2018,  216).  Memorias públicas que son disputadas por las agencias del Estado. Los autores cuentan a este respecto cómo años después de su investigación al volver al barrio, observaron que casi todos los altares y monolitos habían sido demolidos por el municipio y las pintadas, “tapadas” (Gayol y Kessler 2018, 217-8). Había visto el lugar en varias ocasiones, en las que había pasado por allí acompañando patrullajes, pero nunca había observado nada particularmente “sospechoso”, tan solo grupos reducidos de jóvenes varones que se quedaban mirando fijo al patrullero, cuando este aparecía y hasta que se alejaba. Consulté al jefe del DESTAPREBA porqué si el lugar era considerado peligroso no se había instalado allí un puesto anteriormente, porqué se había hecho recién en aquel momento. Me dijo que hacía unos meses, el lugar era demasiado inseguro, que los gendarmes hubieran corrido peligro y se hubieran visto “superados” permanentemente. Ahora era posible porque una “investigación conducida por la Gendarmería y el poder judicial”, habían logrado encarcelar a un “capo” de la zona y desbaratar a su “banda”, que dominaba aquel lugar.

Es decir, la construcción de nuevos puestos fijos se basaba en una representación bélica del territorio y de algunos segmentos de la población (en especial, las “bandas” de jóvenes varones), en la que cada puesto fijo representaba un “hito” para delimitar “posiciones ganadas”, representando aquellas zonas como “seguras”, vedadas para que las y los jóvenes las utilicen como espacio de socialización. La construcción de puestos de vigilancia incidía significativamente en el paisaje urbano de los barrios, y modificaban las representaciones y clasificaciones acerca del territorio (Segura 2006). Una dimensión simbólica que transforma la manera en que se experimenta cotidianamente el habitar en estos territorios, las movilidades, los usos del espacio, rutinas e itinerarios de las personas. En el caso de muchos de los habitantes adultos, tener la UPB y los puestos cerca de sus casas, facilita la posibilidad de denunciar distintos hechos, así como adecuar sus itinerarios por el barrio para “pasar” por la ubicación de estos puestos y sus inmediaciones, especialmente, a la hora de salir o volver del trabajo. A la inversa, en el caso de los jóvenes, porque pierden espacios que solían ser puntos de encuentro y socialización, que se vuelven zonas peligrosas en donde la posibilidad de ser hostigados por las fuerzas se convierte casi en una certeza.

 

4. Inteligencia. Conocer para gobernar

Continuando con las representaciones de índole bélica sobre los territorios y sus habitantes mencionadas en el apartado anterior, los gendarmes de distinto rango solían referirse al despliegue de la fuerza en villas y en la zona sur en general como un “juego de ajedrez”. Señalaban que sus “enemigos” (“las bandas” o “narcos” dedicados al narcomenudeo, o los “jóvenes delincuentes”, principalmente, dedicados al robo de autos y motos para reventa de repuestos) también contaban con una densa red de recursos para hacer frente a la Gendarmería: “buchones” que les informan distintas cuestiones, “campanas” que avisan cuando hay patrullas circulando y que registran minuciosamente horarios y circuitos de los controles, o que hacen denuncias falsas para desviar la presencia de las patrullas, “soldaditos” dispuestos a atacar a los gendarmes desde ubicaciones ocultas, etcétera. También, que, por su particular disposición (pasillos angostos e intrincados) era muy fácil para los delincuentes escabullirse a pie o en moto y ocultarse (a veces, gracias a la complicidad de los vecinos). También, que las casillas asociadas a la venta de droga u otros delitos podían mudar fácilmente su ubicación. Esto lleva, según los gendarmes, a que sea necesario montar un dispositivo en espejo para hacer frente a este enemigo representado como sumamente hábil y dotado de recursos técnicos: la inteligencia.

La inteligencia no es una particularidad exclusiva de la GNA. Todas las fuerzas de seguridad poseen alguna dependencia similar, aunque presenten diferencias entre sí. En el caso de la PFA, por ejemplo, las “Brigadas de Prevención”, son una de sus divisiones más cuestionadas, asociadas con el pedido de sobornos, la connivencia con las economías ilegales, la violencia policial y el “gatillo fácil” (Centro de estudios legales y sociales 2015, 234). Sin embargo, en el caso de Gendarmería, sostengo que la “inteligencia” no se limita a una sola división de la fuerza. Es un dispositivo que articula oficinas, recursos tecnológicos, discursos, procedimientos, y rutinas, orientados en producir y actualizar saberes sobre el territorio y las personas que lo habitan. Tecnologías orientadas a la producción de saberes, que procuran hacer legible a los barrios informales, reverso de una particular estrategia de gobierno (Das y Poole 2008; Bianchi 2014). Varias oficinas del OCS están dedicadas de manera indirecta a actividades de “inteligencia”, como las de “Operaciones” o “Comunicaciones”, e incluso, gendarmes no directamente vinculados a estas tareas, dedicaban parte de su tiempo a ellas con entusiasmo. Pero son dos las oficinas que los propios gendarmes identificaban como las formas institucionales más directamente asociadas con esta actividad: la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (“UESPROJU”) y el “Centro de Reunión de Información” (CRI). Como afirma Renoldi, existe entre ambas áreas cierta animosidad. La UESPROJU es una división que Gendarmería posee en todo el país. Pone “a disposición de la justicia un equipo de gendarmes que se dedica exclusivamente a la investigación” y no está necesariamente en contacto con quienes realizan las tareas preventivas. En este sentido, los efectivos de esta división, cuando son interrogados, se diferencian:

(…) con lo que hace el sector de inteligencia de la propia fuerza. Mientras las motivaciones de los últimos no están fundadas en acusaciones, sí las de ellos. En este sentido se consideran “más legales” (…) Siempre que los gendarmes se referían a estas prácticas colocaban el acento en que eran secretas y guiadas por la propia fuerza de seguridad (…) El hecho de que se trate de información obtenida sin consentimiento de quienes son objeto de inteligencia, hace que pierda, en cierta medida, legitimidad (Renoldi 2014, 150-1).

En cuanto al CRI, existen dos tipos de tareas a las que se dedica. Por un lado, las “tareas de campo”. Se trata de la observación, escucha y registro por parte de agentes “infiltrados” en los barrios informales, que intentan “mimetizarse” para tal objeto de distintas formas (emulando la vestimenta, y el aspecto físico de sus habitantes, o haciéndose pasar por empleados de limpieza, técnicos de empresas de servicios públicos, etc.). También, obtienen información mediante una red de “buchones”, por medio de los cuales, además, consiguen entrar a los barrios, haciéndose pasar por parientes o amigos (en una época anterior, agentes de inteligencia incluso se mudaban a las villas, pero esto me dijeron, dejó de ser seguro y conveniente con el paso de tiempo). El principal objetivo de estas tareas sería el de aportar a la “prevención de los delitos”. Por ejemplo, se realizan recorridas permanentes en la jurisdicción, en las que agentes “de incognito”, es decir, sin uniforme ni identificación, buscan “detectar actividades ilegales” para avisar a los “uniformados”, poniendo especial en los sujetos qua tienen “identificados”. Esta práctica de almacenar imágenes de “sospechosos” es frecuente en otras fuerzas policiales, como por ejemplo las “carpetas modus operandi” de la Policía Bonaerense. Esteban Rodríguez Alzueta considera estas prácticas como “tecnologías de verdad”, que buscan producir y reproducir ciertas identidades como negativas y estigmatizadas, colaborar en la legitimación del “olfato policial” (Rodríguez Alzueta 2014, 237). Por otro lado, y en una muestra de cómo los objetivos de la Gendarmería en los barrios se vinculan con el gobierno en un sentido amplio de los barrios informales, y exceden los delitos típicamente asociados con la “inseguridad”. Según oficiales del CRI, este realiza a través de sus tareas de campo un “monitoreo” de distintos conflictos sociales en curso, o que a futuro puedan devenir en protestas, cortes de calle, tomas de terrenos o viviendas, etc. 

Hay otro conjunto de actividades a las que se dedica el CRI, y que tenían en el momento que hice mi trabajo de campo, una gran importancia para los propios gendarmes. La misma sigla de la dependencia (“Centro de Reunió de Información”), señala la pluralidad de fuentes de información. En este caso, la segunda clase de información que pude observar posee una escala más “macrosocial” que “microsocial”: se trata de información estadística, principalmente, proveniente del registro de llamados al 911. El CRI recibe los “partes diarios” elaborados por la oficina de “Operaciones”, y produce informes sobre estos hechos, identificando su distribución geográfica y temporal (en especial, de delitos como el robo, robo a mano armada, hurto, robo automotor y hurto automotor). La información es entregada a la Dirección Nacional de Información Criminal (DINICRI) del Ministerio de Seguridad, que elabora y vuelve a remitir a la fuerza un informe más detallado, a partir de la información que le envían las otras fuerzas (PFA, PNA, etc.). El CRI vuelve a procesar esos datos, y emite recomendaciones a las jefaturas para orientar los patrullajes y los “operativos de saturación” según días, horarios y sectores. Esta importancia del análisis geográfico y estadístico es consistente con una modificación estratégica y tecnológica muy significativa en la manera en que la Gendarmería realiza su actividad de “prevención” que analizo a fondo en el siguiente apartado.

 

5. Patrullajes. Oscilaciones y continuidades en la actividad policial de GNA en los barrios informales

Durante todo el tiempo que duró mi trabajo de campo, acompañar patrullajes en vehículo sería una de las actividades principales[10]. Salvo algunas ocasiones, los patrullajes de las UPB, siguiendo la doctrina ministerial de la “prevención barrial”, se realizaban en “trinomios”, es decir, grupos de 3 gendarmes (un chófer, un oficial, y un suboficial o gendarme más)[11]. Los vehículos se desplazaban a baja velocidad, según me explicó en una ocasión un oficial, tanto para poder observar a las personas, como para que los posibles delincuentes temieran la actitud de vigilancia y “proactividad”. A partir de la comparación entre distintos momentos de mis observaciones, y del relato que gendarmes de diferente rango realizaban su actividad en los comienzos del OCS, pude ir apreciando una serie de continuidades y modificaciones en la manera en que se realizan estos patrullajes y controles. A este respecto, el despliegue de Gendarmería en el sur de CABA parece no seguir una lógica lineal sino una alternancia coyuntural o cíclica entre dos “intensidades”, que varía además según el territorio. En los momentos de “alta intensidad” la rutina más común sería la “saturación policial”, y la prevención “proactiva” (Frederic 2014; 2018), es decir, los patrullajes constantes y los controles masivos en vía pública, por iniciativa de los propios efectivos, sin que medie denuncia previa. Con variaciones en las fechas según distintos relatos (algunos gendarmes hablaban del principio del OCS a mitad del 2011, otros, del período en el que los destacamentos móviles se desempeñaban en el “Operativo Conjuración” (es decir, octubre del 2012) estos controles se hacían por orden expresa de la jefatura y con el consentimiento de las autoridades ministeriales, en algunas áreas específicas de la villa (“zonas críticas”), empleando un gran número de efectivos y patrulleros (con sus luces y sirenas encendidas). La orden, según afirmaron varios oficiales y suboficiales que estuvieron en esa época, era “pisar fuerte” en los barrios, intimidar a los “delincuentes”. “imponer autoridad”. Para esto, se hacían requisas a todos los jóvenes que se encontraran en el espacio público después de una determinada hora, sin distinción. Y si se encontraban resistencias, los gendarmes se “hacían respetar” a través de la fuerza, o efectuando detenciones. El “toque de queda”, buscaba además impedir que los jóvenes permanecieran ocupando el espacio público, consumiendo drogas o alcohol, porque se creía que esas reuniones eran el germen del delito predatorio sobre los demás habitantes de la villa, y provocaban una sensación de inseguridad que condicionaba la libre circulación de las personas en el barrio. Así, en este caso:

(…) las “circunstancias debidamente fundadas” que exige la ley y que harían presumir la posible comisión­­ de un delito parecen quedar sujetas (…) a demandas coyunturales –muchas veces provenientes de los medios de comunicación o de grupos vecinales o sociales acotados– sobre la necesidad de vigilar y/o neutralizar a grupos de terminados, aunque éstos no re presenten amenaza cierta para la seguridad urbana, (por ejemplo, inmigrantes, jóvenes reunidos en las esquinas o en las plazas públicas, prostitutas, etc. (Tiscornia, Eilbaum y Lekerman 2004, 135).

En 2017 pude observar cómo dicha modalidad de “alta intensidad” había vuelto a cobrar vigencia en la UPB 1-11-14, que había sido reforzada con un gran número de efectivos (según me confió un oficial cercano a la jefatura, serían alrededor de 600, entre 3 y 4 veces más de los que había observado previamente). Por primera vez desde que inicié mi trabajo de campo en 2016, pude observar patrullajes a pie (según los gendarmes, estos no se venían haciendo porque no había suficiente personal disponible), pero no en “trinomios”, sino en grupos de hasta 20 efectivos, que recorrían la villa uniendo los puestos, tal y como lo hacían en la frontera. Un esquema de vigilancia alejado del esquema de “policía de proximidad” y mucho más cercano a una modalidad militarizada de ocupación territorial (Verbitsky 2016), consistente con la interpretación que Didier Fassin realiza respecto del sentido estructural que tienen las permanentes y violentas “verificaciones de identidad” a jóvenes de origen migrante en las periferias parisinas: una rutina mortificante, “educación física” mediante la cual los policías, buscan que los jóvenes interioricen su lugar dominado en un orden social injusto, su relación de subordinación con respecto a las agencias del Estado (Fassin 2016, 104). Los gendarmes llevaban además casco, escudos y fusiles, un conjunto mucho más impactante visualmente que lo que había visto hasta entonces. Según el comandante de la UPB 1-11-14 un oficial de turno de la misma UPB, e incluso, los gendarmes de una unidad de patrulla con la que pude salir a recorrer el barrio, no solo el número de gendarmes era mayor. La decisión era además volver a la modalidad “proactiva” de prevención, incluso, de controlar al consumo personal de drogas, que era anteriormente tolerado. En ese entonces, me fue negada expresamente la posibilidad de acompañar patrullajes de dicha UPB. La explicación que me dio el comandante era “que, al haber más trabajo, también hay más posibilidad de que se arme lío”, es decir, conflictos violentos con la población.

Durante el 2016 se observaba otro panorama. En ese primer año de trabajo de campo recordaban con nostalgia el comienzo del operativo y revindicaban esas tácticas de requisa masiva, comparándolas con el BOPE de las “favelas” brasileñas[12], y considerando los controles arbitrarios “herramientas” indispensables, no solo para prevenir los delitos, sino para “imponer autoridad” y “tranquilizar” al barrio. La mayoría de los gendarmes con los que hablé, afirmaban que, en ese momento, el operativo atravesaba un momento de “repliegue” hacia una modalidad de “baja intensidad”. Por un lado, había una menor disponibilidad de efectivos (alrededor de 130 por UPB, según el “documento de apreciación” antes mencionado). Según los gendarmes esto se debía a que la cantidad inicial del 2011 nunca se había reforzado, pero las tareas se habían diversificado (con otros operativos como “Vigía”[13], “Operativo Accesos CABA”[14], o la vigilancia en la feria de ciencias estatal “Tecnópolis”), además de que los gendarmes que obtenían licencias por distintos motivos no eran reemplazados. 

Pero no solo el número había menguado. También, existía según ellos una menor disposición de los gendarmes a controlar “proactivamente” a las y los jóvenes en la vía pública. La explicación que una parte significativa de los gendarmes con los que pude hablar del tema encontraban para esta situación era, por un lado, culpar “a los derechos humanos”, la “violencia institucional” o “la portación de cara”, como ideas que se habían extendido y habían llevado a un cambio negativo por arriba y por abajo. Por arriba, porque los agentes del sistema de justicia penal tendrían “miedo” de castigar a los jóvenes (“los tratan como bebés”, “los detenemos y los sueltan a las dos horas”), pero pocos pruritos para castigar a los propios gendarmes acusados de cometer “apremios”. Mencionaban varios factores como causantes. Nuevos y más fácilmente accesibles canales de denuncia como el 0800 del Ministerio de Seguridad (número en el que sería muy común la recepción de “denuncias falsas” de las familias de los “jóvenes delincuentes”), la proliferación de cámaras de video y muy especialmente, la aparición de nuevos reglamentos, leyes y protocolos. En particular, el protocolo ministerial relativo al trato con niños, niñas y adolescentes –NNyA[15]-), aparecía como una instancia normativa particularmente criticada por algunos gendarmes. En un escenario de actuación como el de CABA, que se seguía percibiendo como temporal y próximo a disolverse, una falta podría significar un riesgo innecesario en sus posibilidades de continuar y de ascender en la carrera profesional.

Por otra parte, existía un cambio “por abajo”: en los barrios. Según los gendarmes, había en los últimos años un decreciente “respeto al uniforme” producto del “acostumbramiento” que se había ido produciendo con el tiempo, superado el “shock” del primer momento del desembarco de la fuerza en los barrios. Además, había según los gendarmes una concientización cada vez mayor “de los derechos, pero no de las obligaciones” entre las y los jóvenes de los barrios, que, ante detenciones injustificadas, los increpaba con amenazas de denuncia si los tocaban. Según ellos gracias a la actividad de organizaciones sociales ahora la misma gente que se negaba a testificar o colaborar con la fuerza y la justicia en diferentes casos, reaccionaban excesivamente ante prácticas de control que consideraban necesarias, como las requisas o detenciones[16]. La población de los barrios tendía para ellos a “proteger a los delincuentes”, especialmente a los jóvenes, cuando ellos intentaban detenerlos, llegado incluso a formar “barreras humanas” de niños y mujeres para que los gendarmes no pudieran avanzar como en este caso, que intentaban recuperar un auto robado. Los vecinos mantendrían hacia ellos una actitud ambigua. Los requerían constantemente, juntaban firmas y hacían movilizaciones cuando se esparcían rumores respecto de su retirada del barrio, etc. pero luego, se negaban “colaborar” testificando en la justicia o denunciando formalmente distintos delitos. Incluso en ocasiones, ante el intento de detención de jóvenes acusados o “sospechados” de haber cometido delitos, o ante la manifestación de distintas formas de violencia policial en el espacio público, la reacción era de resistencia colectiva violenta. Esta ambigüedad se puede interpretar como indicio de un fenómeno que analizo más en profundidad en el último apartado: la extendida legitimidad de la Gendarmería como recurso válido para regular los conflictos violentos en el barrio (incluidas ciertas conductas de las y los jóvenes mal vistas por los vecinos), pero no de la violencia policial que muchos gendarmes aducían como necesaria, ni del sistema penal (justicia penal, cárcel) en su conjunto.

Por último, tanto oficiales en puestos de mando como gendarmes “de calle”, afirmaban que se controlaba y detenía menos a los jóvenes por averiguación de identidad, porque habían cambiado las prioridades. Para el Ministerio de Seguridad ya no sería prioritario “garantizar la libre circulación” en el barrio como al comienzo del operativo sino la prevención de delitos que “terminaban” en las villas, pero que “afectaban” al resto de la Ciudad. La compra-venta de drogas, y el robo de autos o motos, ya sea para el mercado de autopartes, o para cometer otros robos (los vehículos se robaban en otras comunas, pero luego se abandonaban adentro de los barrios informales).

Sean cuales fuesen los motivos, esto tenía una diversidad de consecuencias. Algunos gendarmes aducían que directamente evitaban por completo los controles “en vía pública” por propia iniciativa. Otros, que realizaban controles, pero a partir de prácticas de cierto hostigamiento reiterado de “baja intensidad”, que les permitía evitar procedimientos formales: pedir documentos, revisar vehículos, “hablar” o hacer preguntas (a dónde se dirige, porqué, etc.) o pedir a las y los jóvenes que se alejaran hacia un lugar menos visible (especialmente, a personas en situación de calle consumidores problemáticos de drogas, a los que llamaban despectivamente “fisuras”). Otros afirmaban que seguían realizando controles, pero no de manera indiscriminada, sino selectivamente, apoyándose en criterios de “olfato policial”. Como ya mencioné, el robo de autos y motos y la compra y venta de drogas aparecían como cuestiones prioritarias, por no decir, las únicas importantes a ser controladas. Cuando preguntaba cómo hacían para detectar posibles compradores-vendedores de droga, o autos y motos robados, las explicaciones eran, un eufemismo para referir a los varones jóvenes, de piel oscura y ropa deportiva (Rodríguez Alzueta 2014). Quienes circularan en motos, eran los más frecuentemente señalados como sujetos peligrosos, vinculados al delito y a las economías ilegales (“estos, seguro vienen de hacer alguna”, “este seguro en alguna anda”, “lo sacás por la junta”.). En estos casos, lo “perseguido” no eran acciones o delitos, sino la apariencia física, una manera de vestir, la pertenencia a un grupo, el consumo de alcohol o drogas, el hábito de estar en el espacio público, etc. Estas actitudes, prácticas o características vuelven a los jóvenes automáticamente “sospechosos”:

A la hora de referirse a las razones por las cuales los gendarmes detienen a alguien mencionaron como la principal sus formas de vestir: visera o gorrita y zapatillas deportivas (…)  Otra de las formas de estar, de vestirse, de lucir que son perseguidas por los gendarmes según los jóvenes, es el tener claritos en pelo; a quienes los lucen los gendarmes los instan a normalizarse Los jóvenes además de ser sospechosos de haber robado, también son sospechosos de consumir algún tipo de droga (Garibaldi Noya 2012, 7).

Otros gendarmes, (tanto si rechazaban estos criterios por considerarlos “prejuiciosos”, como si los sostenían, pero sumaban otras estrategias: señalaban que su “olfato” consistía principalmente en observar quienes “se palpaban los bolsillos”, “tiraban algo al suelo”, “caminaban más rápido”, se veían “nerviosos” cuando aparecía la patrulla, etc. En estos casos, el olfato implicaba una serie de habilidades intuitivas, una apreciación de:

Gestos nerviosos, miradas esquivas, presencias fuera de lugar, actitudes sospechosas, autos que circulan con las luces apagadas, estacionados en lugares incorrectos, personas que no se comportan o visten según el patrón esperado para determinados lugares: he aquí los indicios que constituyen el fundamento de la intervención policial, el primer paso que desencadena el andamiento de un proceso penal (Eilbaum 2004, 86).

Por último, había gendarmes que definían al olfato a partir de lo que Kant de Lima denomina como “manyamiento” del territorio, consistente con lo analizado en el aparto anterior sobre la “inteligencia”: imágenes y saberes predefinidos institucionalmente sobre ciertas acciones, zonas, o incluso, reacciones o conductas frente a la aparición sorpresiva de la policía (Kant de Lima 1995). En dichas representaciones estereotipadas, lo que está en juego son imágenes compartidas de “normalidad” que permiten a las policías comparar e intervenir cuando las situaciones concretas no se asimilan con estas en algún aspecto (Tiscornia, Eilbaum y Lekerman 2004, 139-41). Para establecer la “extrañeza” los gendarmes se basaban tanto en el conocimiento supuestamente adquirido cotidianamente sobre quiénes son o no de una determinada zona, quiénes parecen o no parecen “venir de afuera”. También, en la correlación entre una clasificación étnica propia del territorio (tal o cual zona es de los inmigrantes bolivianos o paraguayos, tal o cual de los argentinos) y las características fenotípicas y los signos culturales de las personas que transitaban el barrio (nuevamente, la forma de vestir -como el uso remeras deportivas de distintos países-, los deportes que practicaban, el tipo de música que escuchaban, las comidas o bebidas, etc.)[17]. También, señalaban motos y autos que se veían “sospechosos” (si eran demasiado nuevos o demasiado viejos, si no tenían patente o la tenían tapada, etc.).

Finalmente, estaban quienes aparecían dispuestos a realizar controles solamente a demanda de los propios vecinos adultos de los barrios. Cuando los interrogaba al respecto, “cumplir” con esas denuncias de los vecinos aparecía como la principal justificación para controlar de muchos gendarmes que aducían preferir no hacerlo por iniciativa propia. Una situación de campo me parece particularmente relevante al respecto. Estaba en una de las UPB de noche. Casi llegando al final de la jornada, un “trinomio” de gendarmes que me había recibido debieron partir a atender un llamado al 911. Un grupo de jóvenes presuntamente armados estaban intentando entrar a una casa, el vecino denunciante afirmaba que podía verlos desde su auto, estacionado allí mismo. Por motivos de seguridad, no me dejaron concurrir a la intervención. Cuando otra patrulla me estaba llevando a la parada del colectivo, pasamos por el lugar del procedimiento. El oficial de servicio que me estaba llevando a la parada de colectivo, se bajó a preguntar qué había sucedido. Al volver, contó que estos chicos no estaban armados, ni estaban intentando entrar a ninguna casa. Habían consumido paco. Tres de ellos, con domicilio en el conurbano bonaerense, tenían un “pedido de paradero” de sus padres desde hacía 2 semanas. Según el gendarme, eran chicos que se habían escapado de sus casas para una “gira” de paco en la villa, y no delincuentes o infractores como parecía al principio.

El 911 se habría convertido, como afirmaban varios efectivos, en la “columna vertebral” del OCS. Y atender llamados, era considerada la tarea más importante y la que más tiempo infundía. Esta tendencia de creciente importancia de las demandas vecinales se reflejaba en la modalidad que adoptaban los patrullajes en vehículo. Antiguamente predominaban los patrulleros “prevencionales”, con aparatos de radio que sintonizaban únicamente la frecuencia de radio “interna” de la propia fuerza, y equipo de geolocalización que iba “pintando” un camino prefijado a recorrer en un determinado tiempo (dicho itinerario, era acordado por autoridades del Ministerio, la fuerza y organizaciones sociales en las "mesas barriales de seguridad”, y era fiscalizado por medio de un software especial, por personal del Ministerio). En el momento en que hice mi trabajo de campo, si bien estos patrulleros seguían existiendo, en verdad casi todos habían sido “reconvertidos” en “patrulleros 911”, que también poseen geolocalización, pero no monitoreo de recorridos, y cuyos equipos de radio eran capaces de sintonizar no solo la frecuencia interna, sino también la “frecuencia federal” (compartida con la PFA y la PNA). En dicha frecuencia, un operador del “Departamento Federal de Emergencias”[18] podía requerir directamente su intervención ante alguna incidencia, según la cercanía al lugar de los hechos. Mientras esto no ocurriera, los gendarmes manejaban los patrulleros por dónde consideraran más apropiado, según lo que les dictara su “olfato”. Pero los gendarmes manejaban “con un oído en la radio”, que sonaba de fondo, permanentemente. La priorización de actividades reactivas, en particular, del 911 podría interpretarse como un intento de los gendarmes de llevar acabo lo que Dominique Monjardet denomina “manipulación del acontecimiento” (Monjardet 2010,53), la maximización del margen de autonomía a partir de la priorización de las “demandas espontáneas”:

Contra todo intento de codificar, programar y prescribir el trabajo policial, tanto en el abanico de sus tareas como en la manera de ejecutarlas [las llamadas] garantiza[n] una indeterminación irreductible, aquella misma que alimenta como principio de definición (…) división y organización del trabajo policial atravesando un previo proceso de selección, todos los empleos, todos los grados y todos los acontecimientos (Monjardet 2010, 60).

Pero, por otro lado, la importancia creciente del 911 frente a los controles proactivos, podría estar diciendo algo sobre ciertos efectos que ha tenido el despliegue de fuerzas policiales en la propia población de los barrios: efectos de subjetividad, de reforzamiento de creencias, sentimientos y actitudes favorables a la presencia y actividad de las fuerzas de seguridad y/o del sistema penal en su conjunto. Tal y como pude observar en diversas ocasiones, Gendarmería promovía activamente esos efectos “de subjetividad” en los barrios. Particularmente significativo son los “Corredores Seguros” que intenta promover la fuerza entre representantes zonales de los distintos barrios. Según un oficial de la oficina de “Operaciones”, se alienta en reuniones informales a los vecinos a mantenerse alerta y “colaborar” con la fuerza, llamando al 911 o al contacto directo de los propios gendarmes, si ven alguna situación vinculada a la “inseguridad”. Sin embargo, el “éxito” de estos intentos de producir subjetividad es, como ya he adelantado en este apartado, bastante relativo. Precisamente, esta cuestión será abordada en el último apartado.

 

6. “Encontraron a su papá”: Encuentros y divergencias entre expectativas de la Gendarmería y adultos de los barrios

Durante mi trabajo de campo, mantuve, como ya había anticipado en el apartado metodológico conversaciones con referentes comunitarios con diversos posicionamientos político-ideológicos (una fuertemente vinculada al gobierno nacional, otra al kirchnerismo y finalmente, un sacerdote católico afín al colectivo de “curas villeros”), que mantenían una buena relación con la Gendarmería. En todos los casos, aparecía en primer lugar, una asociación entre la proveniencia del “interior” de los gendarmes, cierta “inocencia” e “ingenuidad”, así como una “superioridad moral”, que es sostenida por la propia fuerza como una representación propia, la “materia prima” de la que está hecha (los jóvenes que ingresan a las escuelas de formación), ya es de por sí “buena” en términos morales:

(…) existe en las escuelas la idea de que los jóvenes provenientes de las provincias del noroeste y noreste del país, son portadores de una inocencia o “pureza” necesaria para llegar a ser un buen gendarme, ellos los consideran como “diamantes en bruto” que es necesario “pulir” durante su paso por las escuelas. Al mismo tiempo entienden que los jóvenes que provienen del Gran Buenos Aires carecerían, en su mayoría, de este aspecto considerado virtud (Melotto 2016, 46).

Existe en este sentido una mirada mítica sobre la Gendarmería, articulada en dos tiempos. En primer lugar, el "mito de la frontera”, entendiendo a esta no como límite nacional, sino como un "espacio de resistencia cultural conservadora, donde persistirían valores que ellos creen custodiar y encarnar: la vida tranquila del campo, la honestidad, el respeto a las jerarquías, la colaboración, la “gauchada” (Escolar 2017, 100). Y, en segundo lugar, el del “gendarme empático”, es decir, la idea de que el “trabajo” del gendarme en frontera implicaría una cotidianeidad compartida con la población, la trabazón de múltiples vínculos con ella. En la medida que los gendarmes no provienen de familias de la elite política-económica como los militares (y, por lo tanto, no serían parte de una institución cuya cultura los aísla de los valores democráticos como el Ejército) tendrían una mayor capacidad de “convivencia con la gente” (Hathazy y Schnyder 2018, 142). En este sentido, Gendarmería se ubica   a sí misma y es ubicada por algunos referentes y vecinos adultos que la apoyan en un lugar de superioridad moral. Además, la fuerza es ponderada positivamente por los referentes, en comparación con la PFA. Los referentes coincidían en que los gendarmes eran más honestos (no pedían mercadería “fíada”, sobornos, no están asociados con el delito, etc.), eficaces (vienen cuando se los llama, no ignoran las denuncias), y de apariencia y conducta más “imponente” y “respetable” (mencionaban desde el color del uniforme, a la “actitud” que adoptan cuando están en el barrio, la postura, el trato, etc.). Aparece además una idea compartida (claramente en 2 de los 3 casos, mostrando el cura villero una mirada más matizada al respecto) de que las y los jóvenes no deberían estar en la calle después de cierta hora de la noche, y que si están allí “no debe ser para nada bueno”, además de coincidir en la utilidad de esos controles en la vía pública como un medio legítimo para desarmar esas reuniones nocturnas de jóvenes, sacarles las armas o las drogas. Es decir, aparece una reivindicación de las mencionadas tácticas de saturación y requisas masivas de comienzos del despliegue. En un caso (la referente cercana al kirchnerismo) incluso criticaba con dureza a las organizaciones y vecinos (según ella, vinculados a las economías ilegales), que realizaron “denuncias falsas” al 0800 del Ministerio de Seguridad, y “juntaron firmas” para exigir que cesen los controles.

No obstante, quedaba claro analizando sus discursos más en profundidad, que, si bien estos referentes podían mostrar coincidencias con los gendarmes, no sostenían otros posicionamientos más punitivos que sí defendían estos. Por ejemplo, dos de los tres referentes apoyaban controles como medio para que les saquen a los jóvenes las armas y las drogas, pero luego, consideraban como el mejor desenlace no que los detengan y les inicien una causa, sino que simplemente los “manden a su casa”. Una de las referentes (la más afín al kirchnerismo) destacaba una expresión que una vecina le había dicho una vez: que los jóvenes con los gendarmes habrían “encontrado un papá” (también el cura mencionó que los gendarmes representaban para las y los jóvenes “una figura de autoridad contra la cual rebelarse”). Esta expresión, pone de manifiesto como los gendarmes (sin buscarlo), eran clasificados por una parte de los habitantes de los barrios a través de categorías de parentesco. En este sentido, para una parte significativa de los vecinos adultos, los controles de Gendarmería eran un instrumento justificable no porque permita capturar y enviar a prisión a los jóvenes, sino porque sirven para “mandarlos a casa”, “imponerles límites”, ayudar a que las madres puedan “dormir tranquilas”, etc. Rechazaban en este sentido la violencia policial, las detenciones, e incluso la baja de la edad de imputabilidad. Esta discordancia ya ha sido identificada como una tendencia más general por otros autores como Otamendi quien afirma a partir del análisis de estudios de opinión en el AMBA que:

La punitividad pública de los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (…) es relativamente baja a moderada entre el 2000 y el 2010 (…) en todos los relevamientos alrededor de un tercio de los encuestados se inclina por las opciones menos punitivas, ya sea por medidas sociales, por rechazar la pena de muerte en general, por no encarcelar a un delincuente reincidente y por no penar a un joven como a un adulto (Otamendi 2014, 167).

Es decir, allí donde algunos verían rápidamente un simple aumento en la punitividad de algunos sectores de la población de las villas, o incluso, una simple demanda de “más seguridad”, el análisis etnográfico revela una trama de expectativas, creencias y representaciones mucho más compleja. Los pedidos de controles más frecuentes y con mayores prerrogativas para los gendarmes por parte de los vecinos, pueden vincularse a demandas securitarias y punitivas, pero también a otras preocupaciones, como la crianza de los hijos, o las estrategias que los habitantes de estos barrios utilizan para “lidiar” cotidianamente con los riesgos y las violencias (Auyero y Álvarez 2014). En este sentido, Victoria Castilla analiza el significado que el castigo físico ocupa en la crianza de niños, niñas y adolescentes en barrios socialmente vulnerables. La autora, destaca en su trabajo una situación en la cual, una madre encadena a su hijo a la cama para evitar que este acuda a un enfrentamiento violento con otros jóvenes. En este caso, una forma de violencia extrema, se justifica como “necesaria” para prevenir otras formas de violencia aún más graves. De tal forma, para la autora:

Los castigos físicos aceptados y entendidos como propios de los cuidados que realiza una madre con sus hijos exigen replantear la propia noción cuidados y de “buena madre”. Una “buena madre” procura evitar la violencia futura a la cual sus hijos/as pueden quedar expuestos, como, por ejemplo, daños físicos o muerte por ajustes de cuentas, enfrentamientos con la policía, encarcelamiento, violaciones o violencia doméstica. Y si para ello es necesario el uso de los castigos físicos, los insultos o la violencia, todo lo enumerado entra dentro de las acciones permitidas y de cuidado (Castilla 2017, 46).

Sin embargo, no hay que desestimar que, a contramano de estas expectativas amplias y no necesariamente punitivas, oficiales y suboficiales de la fuerza con los que conversé reiteradamente no se veían a sí mismos ejerciendo el rol más amplio y complejo que se les intentaba asignar. Los jóvenes, serían para ellos incorregibles (“ya nacieron torcidos”), especialmente porque sus familiares, en lugar de ponerles los límites que habrían necesitado, suelen ser cómplices, o están involucrados ellos mismos en el delito. Para ellos la solución sería "meterlos presos", pero no por las funciones “resocializadoras” del encierro punitivo, sino simplemente por sus funciones de incapacitación (“menor que está preso, no puede volver a robar”). Este posicionamiento guarda relación directa con el rol estructural que ocupan las fuerzas de seguridad como primer eslabón institucional de una "cadena punitiva" (junto con el poder judicial y el custodial), cuyo sentido es la producción y reforzamiento de determinadas "trayectorias penales" en la biografía de los sujetos:

La cadena punitiva articula un proceso relacional de diferentes niveles de sujeción que son instrumentados por las distintas agencias (…) el encadenamiento de lo policial, lo judicial y lo custodial supone un proceso de acumulación de sujeciones punitivas, que produce marcas (…). Se trata de un encadenamiento de sujeciones y entregas, donde el sujeto circula por tramas discursivas y prácticas institucionales diversas, pero que se corresponden a un mismo proceso que lo atraviesa y moldea, constituyéndolo como delincuente (Daroqui, López y Cipriano García 2012, 102).

 

7. Consideraciones Finales

Este artículo busca aportar a la literatura sobre fuerzas con características militares en primer lugar, a partir de la descripción y análisis de datos empíricos actualizados sobre las modalidades que adopta la presencia y actividad de la fuerza entre 2016 y 2017, permitiendo así constatar cambios y continuidades desde su implementación (2011) a la fecha. En este sentido, es notable como desde la adopción de la modalidad de “prevención barrial” (2014), ha persistido y se han intensificado la contradicción entre los proyectos de las autoridades políticas de dar mayor consistencia al despliegue de la fuerza en estos barrios (siendo el más reciente de estos intentos el “Programa Barrios Seguros”[19]), y una resistencia a las modificaciones institucionales definitivas por parte de la propia fuerza. La oscilación entre bajas y altas “intensidades” del despliegue policial de los gendarmes (mayor o menor “proactividad”; centralidad de la “prevención” o la “reacción”, mayor o menor cantidad de efectivos disponibles, etc.), puede ser vista como una solución de compromiso en diversos sentidos. Tanto para resolver la paradójica “provisoriedad permanente” del despliegue de Gendarmería y Prefectura que se extiende hasta la actualidad, como entre la vocación punitiva de la propia fuerza y las demandas y expectativas, menos punitivos, y más complejos y diversos de la población local. En cuanto a las consecuencias que la presencia y actividad de la Gendarmería para la población de estos barrios, y en particular para la vigencia de los derechos de las y los jóvenes, el cuadro observado es ambiguo. Por un lado, se observa la aparición de restricciones normativas e institucionales contra el hostigamiento y la vulneración de derechos (aunque en paulatino retroceso en los últimos años del gobierno de Cambiemos) y mayores niveles de concientización sobre los derechos por parte de las y los jóvenes. Sin embargo, aunque pueda tener remisiones coyunturales, el hostigamiento policial basado en el “olfato” permanece, modula su intensidad, adopta nuevas modalidades, en suma, se adapta a las nuevas condiciones institucionales y políticas.

El artículo busca abordar otro conjunto de consecuencias menos coyunturales, con efectos más duraderas, que el despliegue de Gendarmería ha tenido para los habitantes de estos barrios. Es decir, he intentado aportar no solo en el sentido de identificar prácticas de control, hostigamiento y violencia policial, sino también de aportar a la descripción, comprensión, y análisis de la actividad de los gendarmes en tanto “tecnología de gobierno de los márgenes” (Das y Poole 2008). Son sumamente significativas al menos tres cuestiones: 1. La construcción de “puestos de vigilancia” y el modo en que estos alteran el paisaje, la arquitectura, y las representaciones sociales sobre el territorio (en un sentido fuertemente atravesado por una concepción “bélica”) en los barrios informales. Esta dimensión territorial del impacto de la presencia gendarme tiene consecuencias muy tangibles en la manera en que es experimentado, transitado y habitado cotidianamente el barrio para diferentes segmentos de la población local.  2. La manera en que, amparada en estas imágenes bélicas sobre los barrios y sus habitantes, la fuerza pone en funcionamiento un “dispositivo de inteligencia” que genera y actualiza un corpus de saberes, informaciones y datos sobre los barrios intenta volverlos “legibles” (Das y Poole 2008) para una optimización en los modos de gobierno de estos territorios y su población (especialmente, de sus grupos representados como “peligrosos”).

3. La manera en que la presencia continua de los gendarmes al interior mismo de los barrios produce y refuerza ciertas disposiciones subjetivas favorables a la presencia y actividad de las fuerzas de seguridad y la reproducción de miradas policiales altamente estereotipadas y arbitrarias sobre las y los jóvenes, el “olfato policial”, en forma de un “olfato vecinal”. Sin embargo, el análisis comparativo de entrevistas con referentes locales afines a la fuerza (aunque de distinta filiación política e ideológica), me llevó a problematizar ese último emergente:  si bien aparecen entre ambos (Gendarmería y referentes), algunas coincidencias significativas (los jóvenes varones aparecen señalados como responsables de la “inseguridad” en los barrios,  los controles masivos en la vía pública son defendidos, etc.) otras cuestiones (como la defensa de la baja de edad de imputabilidad y la prisionalización), no generan los mismos consensos. Así mismo, demuestro como en torno a la “presencia” de Gendarmería, se enredan demandas específicamente securitarias, con otras expectativas que las desbordan. Conflictos ajenos a los delitos contra la propiedad típicamente asociados a la noción de “inseguridad” (Lorenc Valcarce 2009) y del rol que la propia fuerza desea para sí mismo, es decir, cumplir eficazmente como eslabón primario, de captura en la “cadena punitiva” del sistema penal (Daroqui, López y Cipriano García 2012).

En un contexto de brutal ajuste presupuestario de las áreas sociales del Estado, mientras se mantiene y/o incrementa el de las agencias de seguridad, estos hallazgos constituyen más que una mera distinción analítica. Permiten ponderar y reivindicar, pese al auge de los discursos punitivistas en toda la región, la necesidad de priorizar otras políticas públicas orientadas a la ampliación de derechos, con un horizonte de inclusión e igualdad. 

 

 

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Verbitsky, Horacio. 2016. “Ni Seguridad ni Defensa”. Pagina12. 16 de octubre. http://bit.ly/2QaSq4w

 



[1] Aunque la propia fuerza se jacta de haber tenido un rol meramente secundario -custodia y traslado de detenidos- (Escolar 2017), investigaciones judiciales y científicas han demostrado diversas instancias de involucramiento directo, como, por ejemplo, el “Operativo Independencia” contra grupos insurgentes en la provincia de Tucumán, y, además, varios escuadrones de Gendarmería se convirtieron en Centros Clandestinos: Escuadrón 34 de Bariloche y el Escuadrón 35 de El Bolsón, Rio Negro; la Agrupación “Mesopotamia Sur” de Curuzú Cuatiá, Corrientes; los escuadrones 9 de Oberá, 50 de Posadas, y 8 de “Alto Uruguay” en Misiones; y en el Ingenio Ledezma en Jujuy el llamado “Centro Guerrero” (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 2018).

[2] Tales son los casos de Teresa Rodríguez, en Cutral-Có -provincia de Salta- en abril de 1997 (Lasa 2016), de Francisco Escobar y Mauro Ojeda en Corrientes en diciembre de 1999 (Esquivel 2016) o de Aníbal Verón, en General Mosconi, provincia de Salta en junio de 2001 (Meyer 2012). Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, si bien volvió a verse involucrada en distintos casos de represión, la frecuencia y magnitud de estos fue menor, y atravesó el período sin nuevas acusaciones de asesinatos. Algunos hechos de gran trascendencia fueron la represión a trabajadores petroleros de Las Heras (Provincia de Santa Cruz) y Kraft (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 2018; Conflicto de Kraft: El Gobierno mandó la policía y Gendarmería e impidió cortes 2009); la represión a grupos que llevaron adelante saqueos en Bariloche (Maradona 2012); el caso de espionaje a organizaciones y referentes políticos conocido como “Proyecto X” (Advierten sobre el Proyecto X, una red de espionaje en Gendarmería 2012) la de represión a protestas de trabajadores y partidos de izquierda como en la autopartista norteamericana Lear (Benjamín 2014), o los trabajadores de la línea 60 (Grave represión de la gendarmería nacional a los trabajadores de la línea 60 2015).  Por último, el actual gobierno de la Alianza Cambiemos ha vuelto a colocar a la represión de manifestaciones como la actividad principal de Gendarmería, con casos resonantes y de graves consecuencias, especialmente, la represión a la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo en la villa 1-11-14, y el de la comunidad Pu Lof Cushamen en Chubut. Esta última, terminó con la muerte del joven activista Santiago Maldonado, (Reclaman a Gendarmería por un joven que desapareció 2017), provocó un intenso repudio en todo el país, especialmente, durante los más de dos meses que duró la desaparición del cuerpo de Santiago.

[3] Este ideario, que postula la existencia de un orden global amenazado por una serie de organizaciones ilegales de origen no estatal y naturaleza transnacional, dedicados a actividades económicas o políticas ilegales, principalmente, el terrorismo y el narcotráfico (Centro de Estudios Legales y Sociales 2016).

[4] En años recientes, el despliegue de gendarmes en la línea de frontera ha sido prioridad para los sucesivos gobiernos. Por ejemplo, el Operativo “Escudo Norte”, lanzado a fines de 2011, que se basa en el despliegue masivo de efectivos y recursos logísticos de GNA, PNA e incluso, de las fuerzas militares (CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES 2013), o el “Operativo Fronteras”, incluido en el decreto 228/16 que declara la “emergencia pública en seguridad”

[5] Se llama conurbano bonaerense a las 24 “partidos” que rodean a la CABA, y que conforman junto con esta la denominada “Área Metropolitana de Buenos Aires” (AMBA)

[6] Si bien considero que el término posee un valor y una historia importantes, como categoría política local, en el plano del activismo de derechos humanos, contra la violencia policial, y las demandas de justicia, considero que el uso de “violencia institucional” como categoría analítica es problemática y debe ser evitado, principalmente, porque tiende a omitir el rol del Estado en la producción de violencias sobre determinados colectivos (Guemureman et al. 2018).

[7] Los Destacamentos Móviles Antidisturbios de la GNA se encargan de la contención y represión de alteraciones al orden público, en particular manifestaciones. De los seis distribuidos en todo el país, dos se asientan en el área metropolitana de Buenos Aires, donde la intensidad y cantidad de protestas en la vía pública es mayor. Si bien están a más de 30 km de la CABA, pueden llegar en poco tiempo al lugar del conflicto (…) Los gendarmes de las más altas jerarquías los consideran los “más militares”, distintos a otras unidades de la GNA por su disciplina, su actuación colectiva y porque fortalecen a diario su unidad cuando sus efectivos están en apresto en el cuartel, o sea, a la espera de órdenes. Cada móvil tiene cuatro escuadrones de entre 70 y 90 elementos, y una Sección de Empleo Inmediato de alrededor de 20 personas, armadas con lanzagases y escopetas con municiones de goma. Tanto sus integrantes como los del resto del móvil perciben a la Sección como “más militar”, porque su función y armamento exigen una disciplina más rígida y porque es el recurso antidisturbios de alzada, cuando las primeras líneas de bastoneros y escuderos han sido superadas (Frederic 2019, 16).

[8] Los “agregados” son gendarmes que, por un plazo de tres meses, prestan servicio en una jurisdicción diferente a la que fueron asignados como “destino”, cobrando una bonificación en concepto de viáticos. Se considera la “agregación” como un beneficio, ya sea como “premio” al buen desempeño, como “favor” en caso de necesidad extraordinaria

[9] Santo popular, es decir, no reconocido oficialmente por la Iglesia Católica, pero ampliamente venerado en toda la Argentina, especialmente, entre las personas de menos recursos. “Se sabe poco con certeza del “Gaucho Antonio Mamerto Gil Núñez”. Nació en Pay Ubre, cerca de Mercedes, en la provincia de Corrientes (…) en algún momento del siglo XIX. Para algunos, era un cuatrero, un gaucho alzado, un fugitivo culpable de todos los delitos sin resolver. Para otros, era "Robin Hood", gaucho justiciero, vengador de paisanos. Dicen que lo condenaron por desertor (…)  Antes de morir, le dijo al sargento que lo ejecutaría: "No me mates, que te va a llegar una carta que dice que soy inocente". El verdugo respondió: "No te vas a salvar" y el Gauchito dijo: "Cuando llegue la carta vas a recibir la noticia de que tu hijo está enfermo y morirá; rezá en mi nombre y tu hijo se va a salvar". Después de matarlo, el sargento volvió a su casa y encontró a su hijo enfermo. Rezó por él al Gauchito Gil y su nene se curó. Desde entonces, el lugar donde murió el Gauchito se convirtió en santuario de peregrinación. Allí, año a año miles de personas se acercan para rendirle homenaje y dejar sus ofrendas: oraciones, velas y cintas rojas. Pero no es el único templo. Los devotos fieles del Gauchito Gil ya diseminaron otros miles de santuarios por las rutas del país, desde Jujuy hasta Ushuaia” (“Quién fue el Gauchito Gil, el santo de los pobres que murió hace 140 años”, 2018).

[10] La mayoría fueron en horas de la mañana, y muy pocos siguieron un recorrido “normal”. Asociado al hecho de que casi siempre acompañaba a patrullas formadas por gendarmes que no conocía, y de que las actividades de patrullaje estaban muy reducidas en el momento en que hice mi trabajo de campo, con mucha frecuencia sentía que los patrullajes se realizaban solo porque yo estaba ahí, y sus recorridos parecían estar diseñados especialmente por los oficiales de turno para enseñarme lugares “importantes” de la “jurisdicción” y explicarme diferentes aspectos del trabajo, como si yo estuviera viendo todo por primera vez.

[11] Los patrullajes de las US eran un poco más laxos, en una ocasión, hasta acompañé a un oficial de la US34 que patrullaba solo, por su cuenta.

[12] Batalhão de Operações Especiais (BOPE), cuerpo de policía reconocido por la violencia con la cual actúa dentro de las favelas de Brasil (Savorio 2017, 120).

[13] Desde el 31 de diciembre de 2011, por disposición ministerial, la Fuerza se hizo cargo del control, vigilancia y seguridad ciudadana en la estación terminal de ómnibus de Retiro, de manera exclusiva y excluyente, ocupando las instalaciones dejadas por la policía Federal, cuya dependencia orgánica es del Operativo “Cinturón Sur”.

[14] El día 28 de marzo de 2012, el Ministerio de Seguridad dispuso el control efectivo y permanente de todos lo accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la provincia, resultando 59 puestos en total, empleando para tal fin las tres fuerzas federales (GNA, PFA, PNA), aportando la ciudad la Policía Metropolitana para cubrir algunos de ellos. Gendarmería tuvo inicialmente a su cargo el control de 21 puestos con el empleo de cinco hombres y un vehículo las 24 hs en cada uno, tanto sobre la Avenida General Paz como algunos puentes que comunican con la provincia. Desde el 7 de junio de 2012, la Fuerza se quedó con el control de 10 puestos desde Puente La Noria hasta el Puesto Alberdi, inclusive, y controles en los peajes de Dock Sud y Autopista Richieri.

[15] De octubre de 2014 data la resolución 906/14 del Ministerio de Seguridad, que ponía en vigencia un “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad e instituciones policiales nacionales, en procedimientos en los que participen niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Dicha resolución, ratificaba al Centro de Atención y Derivación (CAD), en el ex Instituto Inchausti, como único sitio legal para la detención de personas en la CABA, y explicitaba claramente los límites en el uso de la fuerza durante procedimientos con niños, niñas y adolescentes

[16] El cuidado de intervenir, según diversos testimonios, iría incluso más lejos de lo que prescriben las leyes y protocolos vigentes. En capacitaciones al respecto del trato con NNyA que pude presenciar, algunos gendarmes sostenían la idea de que desde que se lanzó el protocolo, “ya no se podía tocar a los jóvenes”, y que estos lo sabían, y los increpaban con esa misma acusación. Sin embargo, el protocolo no prohibía tocar, ni reducir en casos extremos. Prescribía un uso “racional” o “adecuado” de la fuerza según cada situación, conceptos que eran significativamente desconocidos por parte de los efectivos con los que conversaba. Según la capacitadora del Ministerio, era este mismo desconocimiento lo que los llevaba luego a actuar de manera impulsiva o improvisada cuando se enfrentaban con la situación.

[17] Un “subcriterio” muy común en este sentido, era, a partir del hábito muy extendido entre los gendarmes de clasificar a los barrios como mayoritariamente habitados por tal o cual comunidad étnica (Frederic 2014), considerar extraña la presencia de miembros de otras colectividades.

[18] Es destacable en este sentido el reemplazo del antiguo “Comando Radioeléctrico” por el “Centro de Comando y Control” (2013), que alteró la lógica de respuesta ante los llamados. Según el comandante de la oficina de “Operaciones”, anteriormente, ante una denuncia, el operador recibía y comunicaba la denuncia a la comisaría correspondiente. Esta a su vez, decidía si dar aviso o no a la Gendarmería, quienes, por último “modulaban” el pedido. Toda esta cadena presentaba posibles “filtros”, y demoras muy importantes. A partir de los cambios introducidos, haciendo uso de tecnología GPS, operadores civiles asignan las intervenciones directamente, en base a la cercanía geográfica de los efectivos. Además, por un mecanismo informático, toda la comunicación entre operador y agentes policiales queda registrada. Tenemos entonces, en primer término, una modificación tecnológica (en el sentido foucaultiano del término de “tecnologías de poder”) con consecuencias drásticas para la actividad y despliegue de los gendarmes.

[19] Hay poca información disponible públicamente al respecto de dicho programa. La resolución de creación no se encuentra en el sitio web. Quizás porque la producción y difusión de materiales de comunicación de las políticas públicas, aparece como una cuestión no prioritaria para la actual gestión en comparación con la anterior, o porque la tensión entre la conducción actual el Ministerio y distintos organismos de la sociedad civil (entre ellos, el periodismo y la comunidad científica), aumentó desde la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, dicha información me resultó inaccesible. El lanzamiento del programa se dio en las villas 31 y 31 bis en abril de 2016, con 42 allanamientos simultáneos realizados por 600 efectivos de PFA y GNA (Comenzó el Operativo ‘Barrios Seguros’ con 42 allanamientos y 13 detenciones 2016), que fue cuestionado por organizaciones de la sociedad civil. Según el CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, además de carecer de consecuencias relevantes en términos de investigación criminal, “testimonios de vecinos y referentes sociales coinciden en que los allanamientos fueron violentos (…) [Además] se implementaron duras medidas de control que muestran que, lejos de tener un mapa claro de los negocios ilegales, se tomó a todo el barrio como sospechoso” (Centro de Estudios Legales y Sociales 2017,106-107). Recién en la segunda mitad de 2017 pude observar en la UPB 1-11-14, la instalación de un container del programa, con 4 trabajadores civiles del Ministerio cuya función sería la de facilitar el vínculo entre comunidad y fuerzas de seguridad. El análisis de los lineamientos de esta política pública, así como su impacto en el despliegue de GNA y PNA en barrios informales de la CABA, exceden el marco de este artículo (por haber sucedido en fechas posteriores a mi trabajo de campo), y quedarán como tema pendiente para futuras investigaciones.

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