Itinerario de un discurso normativo migratorio encorsetado

Itinerário de um discurso normativo migratório corseted

Itinerary of an enforced normative migration discourse

 

Elizabeth del Rosario Rojas

Especialista en Estudios de las Mujeres y de Género

 Docente e investigadora

Proyecto CEIS. Colectivo de Estudios e investigación social

Buenos Aires, Argentina

beth.abog37@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5308-068X

 

Giovanny Gilberto Leal Roncancio

Doctor (c) en Ciencias sociales

 Docente e investigador

Proyecto CEIS. Colectivo de Estudios e investigación social

 Buenos Aires, Argentina

leal.giovanny@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2788-8826

 

 




Resumen: Este trabajo tiene como objetivo identificar los proyectos políticos estratégicos de carácter financiero globalizado, que influyen en las diferentes medidas que en materia de política migratoria se han dado desde el año 2014 hasta el 2018. Ofrece pistas para evidenciar la forma como se materializan dichos proyectos financieros y las características del tenor de las tensiones y contradicciones que provocan con los proyectos políticos estratégicos locales y nacionales, específicamente, en materia migratoria. Los hallazgos permiten dar cuenta como desde el 2014 ha quedado entre dicho los postulados que fundamentan la política migratoria argentina como derecho humano y la fuerte disputa que se establece con los proyectos estratégicos financieros globales, que apartan dicha mirada de derechos e imponen el control y el orden de las poblaciones en movimiento como premisas fundamentales, al tiempo que,  se apoya de dichos xenófobos y medidas de excepción donde se criminaliza, estigmatiza, expulsa y reorienta a los poblaciones inmigrantes bajo principios económicos con fines productivos y de seguridad nacional en todo el territorio argentino.

 

Palabras clave: migraciones; derechos; estigma; decretos; expulsiones;  

 

Resumo: Este trabalho visa identificar os projetos políticos estratégicos de natureza financeira globalizada, que influenciam as diferentes medidas que foram tomadas em termos de política migratória de 2014 a 2018. Oferece pistas para mostrar como essas materializações se materializam projetos financeiros e as características das tensões e contradições que causam com projetos políticos estratégicos locais e nacionais, especificamente, na área de migração. Os resultados nos permitem perceber como, desde 2014, os postulados que fundamentam a política de migração da Argentina como um direito humano e a forte disputa que se estabelece com os projetos estratégicos financeiros globais, que assumem essa visão de direitos e impõem controle e controle ordem das populações em movimento como premissas fundamentais, ao mesmo tempo, é apoiada por esses xenófobos e medidas excepcionais onde as populações imigrantes são criminalizadas, estigmatizadas, redirecionadas e reorientadas sob princípios econômicos para fins produtivos e de segurança nacional em todo o território Argentino

 

Palavras-chave: migrações; direitos; estigma; decretos; expulsões;

 

Abstract: The objective of this work is to identify the strategic political projects of a globalized financial nature, which influence the different measures that have been taken in the area of migration policy from 2014 to 2018. It offers clues to demonstrate how these financial projects materialize and the characteristics of the tenor of the tensions and contradictions that they provoke with the local and national strategic political projects, specifically, in migratory matters. The findings make it possible to explain how, since 2014, the postulates that support Argentina's migration policy as a human right and the strong dispute established with global financial strategic projects, which separate this view of rights and impose control and order of the populations in movement as fundamental premises, at the same time that, it relies on said xenophobes and emergency measures where criminals are criminalized, stigmatized, expelled and reoriented to immigrant populations under economic principles for productive purposes and national security throughout the territory Argentinian.

 

Key words: migrations; rights; stigma; decrees; expulsions.

 

 

 

 

Fecha de recepción: 21 de febrero de 2019.

Fecha de aceptación: 6 de junio de 2019.

 

 

 



 

 

 

 

Introducción

El presente trabajo parte de la idea de entender que en el escenario global donde nos encontramos hoy, los Estados-nación están atravesados por proyectos estratégicos políticos, económicos, sociales y culturales que traspasan sus fronteras, en los cuales las corporaciones económicas transnacionales de carácter financiero global van redefiniendo sus intereses. En medio de esta intromisión potente de los proyectos globales en el ámbito local y nacional de los Estado – nación, acontece una fuerte tensión entre ambos proyectos estratégicos que se puede evidenciar, por un lado, en el auge de discursos y dichos sobre la necesidad de seguridad, control y orden en aras del bienestar y la seguridad de la población. Que son agenciados por actores políticos y en particular por los medios de comunicación masiva. De otra parte, se evidencian en medidas y decretos que regulan a las poblaciones conforme a los empeños e intereses de los mercados y los organismos económicos corporativos globales. Esta tensión entre proyectos e interés financieros globales y proyectos locales nacionales no es ajena cuando de política migratoria nos referimos. Durante el 2014 en distintos medios nacionales, como el Clarín y la Nación, en especial, en sus versiones digitales, se evidenció una serie de reiterados discursos xenófobos y discriminadores contra las poblaciones inmigrantes, que, con el paso del tiempo, fueron allanando el camino para que en el 2017 se impusieran dos Decretos de Necesidad de Urgencia (el decreto N° 70/2017 y el Decreto N° 68/2017)[1] que entraron a modificar la Ley de migraciones N° 25.871 de 2004.

Como es sabido, dicha ley promueve la migración como un derecho humano en el marco de unos acuerdos regionales en la órbita de Mercosur y que fueron suscritos por Argentina a partir de 2004 en adelante. Sin embargo, lo que se observó fue que, a partir de entrada en vigor de estos dos decretos de necesidad de urgencia, se introdujo con mayor énfasis los proyectos políticos financieros globales, que con el paso del tiempo desplazaron el paradigma de la migración como derecho humano e impusieron un modelo político a través de medidas y de decretos reguladores que criminalizan, estigmatizan y expulsan a las poblaciones inmigrantes. Ambos decretos adicionalmente reforzados por disposiciones y reglamentaciones internas de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con las que se asigna a la política migratoria un carácter de seguridad nacional en el marco de una migración “descontrolada”, catalogada así por los operadores migratorios.

En el marco de este contexto el presente trabajo plantea como interrogantes: ¿Cuáles son los proyectos estratégicos políticos y financieros globales que entran en disputa con los proyectos estratégicos políticos locales y nacionales en Argentina?, ¿Cuál es la conexión entre proyectos financieros globales y los cambios en la política migratoria? y finalmente, ¿cómo se materializan estos proyectos estratégicos políticos y financieros globales en la política y ley migratoria argentina?

Para responder a estos interrogantes se optó metodológicamente por hacer un análisis jurídico a los decretos, bajo la lupa de los postulados conceptuales de lo que aquí se define como proyectos estratégicos financieros globales, teniendo en cuenta, los discursos y dichos de los operadores migratorios en la forma de argumentación de los decretos de necesidad urgencia y de la forma cómo han ido aplicando dichos cambios. Se tomó como unidades de análisis los decretos ya mencionados y el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo, donde se declara la inconstitucionalidad del Decreto N° 70/2017.

 

Acercamiento a los proyectos políticos en disputa

Cabe tener presente que en el contexto que transitamos hoy los sujetos y la multiplicidad de identidades que caminan este mundo capitalista globalizado, los contratos sociales que dieron sentido a la configuración del Estado-nación actualmente se encuentran tensionados por los proyectos económicos transnacionales globales, que muestra las debilidades de aquella institución que logro traspasar del siglo XIX a la fecha. Al respecto (De Sousa Santos 2006, 8) expresa:

El contrato social se basa, como todo contrato, en unos criterios de inclusión a los que, por lógica se corresponden unos criterios de exclusión. […] El primero se sigue del hecho de que el contrato social […] la única naturaleza relevante para el contrato social es la naturaleza humana […] el segundo criterio es de la ciudadanía territorialmente fundada. Sólo los ciudadanos son partes del contrato social. Todos los demás –ya sean mujeres, extranjeros, inmigrantes, minorías (y a veces mayorías) étnicas– quedan excluidos; viven en estado de naturaleza que puedan cohabitar con ciudadanos. El tercer y último criterio es el [de] comercio público de intereses. Solo los intereses que pueden expresarse en la sociedad civil son objeto del contrato. La vida privada, los intereses personales propios de la intimidad y del espacio doméstico, por lo tanto, quedan excluidos del contrato.

Entonces ese contrato social que vio emerger al Estado-nación está tironeado por actores económicos que logran permear sus proyectos y cooptar la institucionalidad de los Estados-nación, puntualmente, por las corporaciones transnacionales y multinacionales defensoras de proyectos políticos neoliberales, quienes logran sumergirse en los sentidos de la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva, definiendo las líneas que defienden sus intereses.

En primer lugar, cabe tener en cuenta que existen distintos proyectos políticos de carácter geopolítico y globalizado que disputan poder dentro del Estado-nación argentina y que generan contradicciones y tensiones con el proyecto dominante, el cual no termina plasmándose en forma pura, sino más bien constituyendo una lucha que va configurándolo de manera incompleta, a pesar de ser hegemónico; es decir, se construye como un producto no acabado.

En segundo lugar, es dable mencionar que, en el actual contexto geopolítico mundial, la fase capitalista que transitamos complejiza y tironea las estrategias de los distintos proyectos políticos en disputa. En consecuencia, se puede visibilizar a lo largo del globo terráqueo los distintos proyectos políticos estratégicos en disputa, en especial aquel que busca imponerse y se vale del globalismo financiero, en su versión más avanzada liderado por las transnacionales financieras y en su versión retrasada por las multinacionales, esta última por no haber desarrollado aún la tecnología y acumulación del capital en el orden especulativo que han desarrollado las primeras.

Estas dos líneas de proyectos estratégicos van definiendo la agenda de los gobiernos por doquier, librándose batallas culturales en particular en las comunicaciones, afectando las movilidades humanas, flexibilizando el trabajo, generando modo de contrataciones leoninas, financiarizando la vida, hipotecando el futuro de las poblaciones que pasan a ser expulsadas por no ser óptimas para dicho sistema.

A pesar de que estas dos líneas de proyectos estratégicos globales tienden a ser dominantes[2], existen paralelamente los proyectos propios-locales que se denominan populares y nacionales, que como se expresara no pudo plasmarse del todo en un proyecto de la gran nación latinoamericana, y por otro lado, también existe un proyecto humanista ecuménico planteado como alternativa cuyo liderazgo radica en el actual Papa Francisco, quien vienen batallando desde lo discurso y en concreto una política inclusiva en materia migratorio a nivel global, estas dos últimas líneas de proyectos mencionados con  claridad buscan construir una alternativa  a lo planteado por el globalismo financiero.

En el caso particular de Argentina, se observa el despliegue de todas las líneas de proyectos políticos en disputa, dándose una claridad notoria desde lo institucional desde los años 70 en adelante, profundizándose en los años 1990, con los lineamentos de la apertura del mercado regional como primer paso. Si bien esta apertura permitió la integración con la conformación del El Mercado Común del Sur (Mercosur), se fundó como el anhelo de proyecto de una integración económica, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en coherencia con lo que estaba pasando en otras regiones a lo largo del globo. En ese marco se evidencian líneas económicas globales que postulan el libre mercado, que luego sería respaldadas por legislaciones, dándose la paradoja de vanguardias en derechos civiles y comerciales, pero con el condimento de un escenario donde no se alejan de los proyectos estratégicos políticos que se sustentan en valores que plantea el neoliberalismo.  Estos trataran de estar presentes entonces en las futuras normativas, la ley de migración 25.871 no escapara a esta regla, por lo cual puede verse las contradicciones con las que reniega la misma, siendo evidente la disputa de intereses de los proyectos políticos al momento de su sanción.

Posteriormente, en el 2004 por iniciativa de los presidentes de América del Sur surge la Unión de Naciones Sur Americanas (UNASUR), la cual entra en vigor como tratado en el 2011, con el propósito de establecer un plan estratégico para consolidar una agenda común en la región, con postulados que bregan por los derechos humanos en materia de movilidad humana, con una marcada sintonía hacia una unidad donde predominaba el respaldo del proyecto político latinoamericano. Además de establecer medidas tendientes a la sincronización política y económica entre las naciones, también postuló cooperación en materia de migración, bajo el respeto y la garantía de cumplimiento de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria.

Este era el contexto político y económico regional en el que suscribió Argentina las bases para profundizar un proyecto popular nacional, que se quedó con un sinsabor al no lograr profundizar la cuestión latinoamericana. Todo el empuje en dicho sentido se llevó adelante hasta finales de 2015, hasta cuando en Argentina los ciudadanos optaron por un modelo político y económico diferente, que se concretó haciendo énfasis en la apertura de los mercados, arrojando como resultado el beneficio directo de corporaciones globales y de esta manera reforzando el capitalismo financiero por estas tierras. 

Al respecto, Dierckxsens y Formento sostienen:

El capital financiero globalizado puja desde Wall Street y la City de Londres, más todas unas redes de cities financieras globales (Hong Kong, Bombay, Buenos Aires, Sao Pablo, Qatar, Teheran, etc.) por un Estado global sin fronteras o “barreras” nacionales a la libre circulación del capital financiero. Puja por un Estado sin ciudadanía, es decir, sin una participación del pueblo más allá de las a menudo alienantes redes sociales y redes de medios de la televisión transnacional. Donde los pueblos que producen-trabajan directamente son parte de redes de plataformas que proveen bienes y servicios a ETN’s (empresas transnacionales). Son pueblos y “ciudadanos” sin mayores derechos económicos y sociales (es decir, sin ciudadanía) en relación con ETN’s, que son parte de GBF (plataforma de servicios financieros) que pujan por dominar directorios de Bancos Centrales (BC) y que los BC sean dominantes respecto de los gobiernos –locales– nacionales (municipales es su objetivo para consolidar su dominación). De modo que el gobierno del Estado se instrumente a partir de una administración estatal que ascienda-descienda por la burocracia financiera de los BC, de los GBF y de las ETN’s […] De aquí que la relación entre el par local-global es orgánica a la nueva forma de capital global, por lo que construye y lo que diluye-des-articula (2016, 18-9).

En Argentina, a partir del 2016, se acelera el ingreso del país a la forma dominante de los proyectos que responden a la línea hegemónica global, tanto en su versión avanzada, es decir, el auge de lo económico financiero como principio ordenador de las políticas locales, como en su versión más retrasada, que se refiere a medidas políticas globales basadas en el control, el orden, la seguridad, dando paso incluso a la legitimación del uso armamentista como lógica por parte del Estado- Nación. Pero ¿cómo se materializan estas dos líneas de proyectos que buscan ser hegemónicas y globales? ¿Cuáles son las conexiones que tienen con el cambio de paradigma en la política migratoria argentina?

En una línea zigzagueante, la política migratoria que había sido tomada como modelo en otras zonas del mundo, cuya Ley de Migraciones N° 25.871 en el año 2004 logra materializar las voces de la población migrante, pero teniendo presente que la disputa de los proyectos quedo encuadra en los articulados del texto legal, la interpretación y la mirada hacia los derechos humanos provocó un respiro a las antiguas prácticas de la doctrina de “seguridad nacional”, en estos últimos años (2014 en adelante) ha sido objeto de cambios que han implementado una agenda de política migratoria que oscila de un lado hacia otro: ahora el derecho humano a la movilidad es observado bajo la lupa de la sospecha y, por ende, la migración es vista como una amenaza o un chivo expiatorio de las crisis económicas globales. En el caso argentino, se ha implementado a través de discursos de “seguridad nacional y control” que han dado pie a la promulgación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) antes mencionados (N° 70/2017 y N° 68/2017), emanados del Poder Ejecutivo Nacional.

Al abrazar el Estado-nación argentino las lógicas de los proyectos financieros de carácter global, la agenda migratoria sufre importantes transformaciones en su concepción y aplicabilidad. Al respecto se observó en los argumentos que sustentan la necesidad de emergencia de los decretos arriba expuestos, que las poblaciones inmigrantes ahora son vistas como potenciales criminales o delincuentes, al tiempo que se instala la vieja idea, de épocas de la dictadura, que los inmigrantes son vistos nuevamente como un problema y utilizados como chivos expiatorios para explicar los diferentes problemas sociales, económicos, entre otros. Las evidencias así lo demuestran, por lo menos, cuando se argumenta en el decreto N° 70/2017, que hoy en día en la Argentina presenciamos una migración descontrolada o cuando se mencionan datos estadísticos donde se sostiene que el 33% de las personas encarceladas por “narcocriminalidad” son inmigrantes, dando por sentado una sobre representación de dicha población en la comisión de delitos. Datos que, fueron puestos en duda por representantes del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), entre otros organismos no gubernamentales quienes a través de un amparo confirman que las personas extranjeras en Argentina son apenas el 4.5% de la población total del país. Previo a dichas acciones jurídicas, a su vez, diferentes organizaciones de poblaciones inmigrantes y de la sociedad civil, como, por ejemplo, la Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo en Argentina, entre otras, fueron las primeras en denunciar a través de comunicados oficiales, la falta de legitimidad y los perjuicios que traería dicho decreto para el conjunto de la población inmigrante.

Otro ejemplo notorio de contradicción del paradigma de la agenda de la migración como derecho humano, por lo menos desde la perspectiva de la libre movilidad, es la Disposición N° 4362/2014 “Procedimiento para la resolución de casos sobre sospecha fundada en la subcategoría de turista”. Si bien es una disposición que se desprende del ámbito institucional de la Dirección Nacional de migraciones (DNM), es una evidencia empírica de una forma particular como se materializan los proyectos financieros globalizados. En esta disposición se establece lo necesario para determinar la calidad de turista a partir de elementos observables a circunstancias externas que evalúan los agentes migratorios en el control de ingreso y egreso de personas. Esto quiere decir que está en la discrecionalidad de la agente migratoria para determinar si le aplica o no a un viajero esta alerta de falso turista. 

En dicha disposición se observó que en el artículo dos se regula el procedimiento para la resolución de casos sobre sospecha fundada en la subcategoría turista (concordante con el artículo veinticuatro de la Ley de Migraciones)[3]. En su artículo tres se establece el formulario de declaración en frontera a seguir. En el artículo cuatro el procedimiento de constatación de salida y registración y en el artículo quinto se regula el parte diario operativo-descriptivo, todo en consonancia con la Dirección de Movimientos Migratorios y Dirección General de Sistema y Tecnologías de la Información.

En ese orden de ideas, puede entenderse cómo dicha disposición que regula la subcategoría “falso turista”, en su aplicabilidad no contempla la posibilidad de argumentar la libre movilidad o el simple hecho de venir a la Argentina en busca de opciones o mejoras en la calidad de vida. Supuestos que estarían en consonancia con el derecho a la migración y a la libre circulación. Lo que hace de esta medida contraproducente para el intercambio en la integración regional. Todo ello, en el marco de un mundo financiero globalizado donde no se establecen obstáculos para la libre movilidad de mercancías y flujos económicos, pero si para las personas. He aquí la evidencia empírica de la forma como los proyectos financieros globalizados se imponen por encima de otras agendas o proyectos, en este caso, regionales donde se propenden por la integración entre los países del sur del continente.

 

Decreto 70/2017

Los proyectos políticos estratégicos que responden a la línea del globalismo financiero que han penetrado para disputar y marcar la agenda nacional en Argentina, se han venido materializando a través de diferentes formas y prácticas en el ámbito político, económico e incluso tecnológico[4]. Por ejemplo, durante los últimos cuatro años la gestión política de turno en Argentina ha decidido insertar el país con mayor énfasis en las dinámicas y flujos de los mercados financieros – globalizados, lo que le ha llevado a tomar la decisión de suscribir acuerdos y solicitar préstamos de dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de nivelar la economía nacional con base a los estándares económicos y financieros internacionales. Estas medidas han puesto en tensión y contradicción los proyectos locales – nacionales políticos y económicos, que desde el 1991 se suscribían en el marco de los convenios y acuerdos establecidos en la Región a través de instancias supranacionales como Mercosur o lo que fue en su momento UNASUR entre los años 2004 - 2011.

Estas decisiones de orden político y económico han llevado a que la Argentina refuerce sus relacionales internacionales con diferentes estamentos globales (ONU, FMI, entre otros) que marcan directrices con impacto mundial. En el ámbito que nos ocupa, la migración, por ejemplo, uno de los más recientes e importantes proyectos políticos mundiales en torno a la atención de poblaciones en movimiento que suscribió Argentina, es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se llevó a cabo en la ciudad de Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018. Todos los países adoptarían este pacto como marco político para el tratamiento y manejo de la migración en el mundo. En el caso argentino ya se evidenciaban importantes transformaciones en la política migratoria, en su fondo y forma, cuándo estos proyectos globales impulsaron el tema de la seguridad en la agenda migratoria de todo el planeta[5].

Recién iniciado el año 2017, la herramienta jurídica usada para llevar a cabo la presente modificación de la Ley 25.871 de Migraciones acorde a los mandatos internacionales de la seguridad y el control de las poblaciones en movimiento, fue el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, emanado del Poder Ejecutivo nacional, conforme las facultades de la Carta Magna, pero que sin embargo va a violentar la misma por regular temas que están fuera de su alcance. Pero dicho decreto tiene su antecesor que viene a plasmar desde el territorio en concreto cómo se llevará a cabo dicho control, nos referimos al Decreto N° 68/2017, a través del cual crea la Comisión Nacional de fronteras, la cual, entre otras funciones tiene como objetivo la actualización sistemática de los registros de aptitud migratoria en los referido a pedidos de captura nacionales e internacionales a través del Sistema Mundial de Comunicación Policial I-24/7.  

De esta forma se van materializando los proyectos financieros globales en sus dos líneas de acción, en este caso, aquella que se cataloga como la retrasada, es decir, la que tiene que ver con posturas donde prima el control de la población en aras de la seguridad nacional e internacional, y la otra que promueve la entrada, pero bajo las lógicas de aprovechar las ventajas de entrada de trabajadores abaratando los costos económicos. En sentido se observa que cada vez más queda desplazada la idea de la migración como derecho humano o el derecho a la libre circulación. Toda vez que, se impone este nuevo orden mundial, donde la migración debe ser segura, ordenada y regulada.

De otra parte, al estudiar los considerandos del DNU N° 70/2017, se encontró repetición constante de la técnica jurídica de fundamentación, que está en consonancia con lo que repiten los medios de comunicación masiva en Argentina, en especial con el imaginario que se instala y vienen construyendo cada vez que tratan una noticia. Según el trabajo titulado: la construcción mediática del sujeto inmigrante: el caso del Clarín y la Nación (Leal y Rojas 2016)[6], es sistemático encontrar en la producción de información de medios, por ejemplo, como el Clarín y la Nación, una asociación entre delincuencia e inmigrante y en particular el que proviene de la región. Esta sistematicidad se observa a través del uso de palabras tales como: “narco criminalidad”, “delincuencia”, “seguridad”, “fraude a la ley”, “orden público”, “expulsión”, “extranjero”, entre otros, adjetivos que estigmatizan y se usan para fundamentar jurídicamente.

Que el Estado Nacional debe velar por el orden internacional y de la justicia […] Que ante recientes hechos de criminalidad organizada, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera […] la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del servicio penitenciaría federal se ha incrementada […] que el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el derecho comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancia por regla general de manera expedita […] y regulación inmediata de procedimiento sumarísimo […] se aplica a personas de nacionalidad extranjeras involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado de forma clandestina al territorio nacional eludiendo el control migratorio.  DNU N° 70/2017.

Estos considerandos del DNU N° 70/2017, son la evidencia empírica de la forma como se plasman los proyectos estratégicos financieros globales a los que hicimos referencia, resultando ser un “modus operandi” para accionar el aparato de “control de la migración”. El solo hecho de “ser extranjero que puede que haya cometido un delito y/o no”, para ser pasible de ser sometido al “procedimiento sumarísimo” aplicable más allá del argumento que reza incluso los considerandos de dicho DNU. El paradigma que se vislumbra es generar un velo de “sospecha” asociado por “ser extranjero” para activar los aparatos de “control de la migración”, y así respaldar el discurso de seguridad nacional.

Cuando indagamos sobre: ¿qué entiende por seguridad el Estado-nación actual?, salta a la luz que es una seguridad asociada con un proceso de neocolonización, con construir un territorio ceñido a las lógicas de los proyectos que imperan en la institucionalidad. Pero ese concepto de seguridad no tiene nada ver con la seguridad que el Estado-nación debe brindar, pues el Estado-nación, bajo las lógicas de los proyectos globales financieros, pasa a privatizar servicios y deja de ser garante de seguridades: alimentarias, laborales, sociales, económicas, jurídicas, y pasa a plasmar una lógica de la inseguridad basada en una población (en este caso la población inmigrante) que se toma como chivo expiatorio.

Con el DNU N° 70/2017, la población migrante está nuevamente en alerta. Asimismo, diversos colectivos sociales, como organismos no gubernamentales, asociaciones internacionales y especialistas en la materia han emitido sus opiniones en contra del decreto, coincidiendo que tiene un trato discriminatorio injustificado hacia la población migrante por el solo hecho de ser extranjeros, pudiendo incluso llegar a ser expulsados del país por causales por las cuales un nacional ni siquiera sería procesado. Tanto las estadísticas como los argumentos que se vierten en los considerandos que fundamentan el DNU N° 70/2017 contienen, por un lado, índices de medición de unas estadísticas mezclándolos con los indicadores de otras, obteniendo así una tergiversación de la realidad, asociando el ser extranjero con la delincuencia. Esta técnica es utilizada por los proyectos globalistas financieros que recurren a las matemáticas para disociar la realidad y fundamentar sus proyectos con la lógica de la eficiencia y el control (Sassen 2015).

Por otra parte, se observó que la medida de expulsión fáctica, hoy acelerada por el DNU N° 70/2017 y el control del DNU N° 68/2017, no es más que un mecanismo propio de los proyectos globales financieros que influyen en los distintos ámbitos de la vida en sociedad y en particular, en las poblaciones que se encuentran en movimiento, las cuales, a partir del 2018 se encuentran reguladas a través de las directrices que se han estipulado en el pacto mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y que ha puesto en tensión los proyectos locales nacionales en Argentina, que hasta el 2014 se inscribían en el modelo regional de entender la migración como un derecho humano. Ideario que entró en contradicción con dicho pacto mundial, toda vez que la migración como derecho individual, pasó hacer un ámbito para regular y controlar en aras de la seguridad mundial.       

Premisa que en la Argentina se adoptó en nombre de la seguridad nacional del Estado-nación y que encuentra su regulación a través del Decreto de Necesidad de Urgencia N° 70, en el cual se establece importantes cambios que revierten el principio fundamental del debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto instalan la idea de la culpabilidad como instancia previa que responde a la sospecha, sin entrar a profundizar sobre los dictámenes o medidas de expulsión o encarcelamiento que las autoridades migratorias le imputan a un ciudadano inmigrante. A su vez, la aplicación de este pacto mundial sobre migraciones se ha conjugado con la necesidad de direccionar a estas poblaciones hacia las provincias del país que demanda mayor fuerza de trabajo, para alimentar los sectores económicos y de producción. De esta forma se evidencia en tinte financiero globalista de la forma particular como en Argentina se aplicó este pacto mundial sobre poblaciones en movimiento.

Finalmente, el articulado del DNU N° 70/2017 viene a plantear una lógica jurídica donde no se respetan los principios procesales, entre ellos, el debido procedimiento, el cual queda por este decreto modificado, por no decir inexistente. El procedimiento sumarísimo viene a poner escollos para la regularización de cualquier extranjero en Argentina, alejándose totalmente del paradigma de la migración como derecho humano. El mecanismo de expulsión tiene la paradoja de que se expulsa a quien no puede de uno u otro modo hacer efectivo el ejercicio de su derecho, por no contar con los recursos económicos que estos procedimientos demandan y, más aún, cuando no se cuenta con un proceso de notificación ineficiente por parte del ente expulsor, para este caso la DNM, que establece solo tres días (3) para presentar cualquier recurso en defensa y protección de decisiones que atentan contra los derechos de los poblaciones migrantes.

La expulsión como técnica jurídica afecta todos los derechos del Estado democrático al no ofrecer este una garantía que permita un ejercicio efectivo de los derechos de la población migrante, ya que quienes pueden acceder de forma privada a la defensa son en su mayoría quienes se encuentran organizados desde la lógica económica capitalista que los beneficia, induciendo a la evasión constante de aquellos que forman parte del crimen organizado, que tiene la característica de ser transnacional.

Al respecto, Sassen sostiene:

Necesitamos un nuevo lenguaje. Utilizo el término “expulsiones” para señalar la radicalidad de ese cambio necesario. […] Históricamente, a menudo los oprimidos se han levantado contra sus “amos”. Hoy en día, a pesar de los movimientos de resistencia en todo el mundo, tal oposición a menudo es frenada por la forma en que los oprimidos han sido expulsados, ya que sobreviven a una gran distancia de sus opresores. Abordar esta realidad de forma completa requerirá reconocer el carácter radical de estas expulsiones un ligero crecimiento del empleo, un poco más de ayuda para la vivienda: nada de eso será suficiente para restaurar las dimensiones de la justicia social en este mundo (2015).

El extenso articulado del DNU vulnera la Constitución Nacional, tratados internacionales, convenciones tales como la de los Derechos de los Niños y Niñas, la de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, leyes que hacen a la identidad de género[7], entre otros, y fundamentalmente garantías procesales, procedimientos de forma y fondo, violentan el Código Penal al regular en esta materia. También acarrea vicios en el derecho administrativo y, por ende, en la lógica que hace a la reglamentación de actos administrativos, atribuyéndole facultades a la DNM que van más allá de los límites establecidos para los mismos, siendo pasible de control de constitucionalidad por excesos de atribuciones.

 

A modo de conclusión

Las poblaciones en movimiento durante los últimos años han estado bajo la mira mundial de diferentes organismos supranacionales que encarnan lo que aquí se define como proyectos globales financieros. Que no son más que corporaciones que promueven el ordenamiento de la sociedad en el ámbito mundial, bajo directrices de seguridad, control y principios económicos, las cuales, ponen en tensión y contradicción los proyectos locales – nacionales, en el caso particular de la Argentina, todos aquellos proyectos que se enmarcan en los idearios de la integración regional en términos económicos y societales.

En el ámbito de la migración, se observó que en Argentina la política migratoria expresada en la Ley N° 25.871/2004, estaba fundamentada bajo la premisa de entender la migración como un derecho humano, esto en el marco de una integración regional que cruzaba la política local y nacional del país. Posteriormente, aproximadamente a mediados del 2014 se empezó a evidenciar la intromisión de proyectos financieros globales que fueron marcando algunos cambios en la forma de percibir a las poblaciones en movimiento. Esto se evidenció a través de la puesta en escena de diferentes dichos xenófobos por parte de políticos de turno y de algunos medios de comunicación masiva. Para finales del 2016 estos dichos se incrementaron y dieron pie para que en el 2017 se impusieran los Decreto N°68 y N°70.

En particular, ambos decretos de Necesidad y Urgencia complejizan, desdibujan la división de poderes, las facultades del Ejecutivo y de los organismos y ministerios en miras del control de la movilidad migratoria. Por consiguiente, el control de los cuerpos de un colectivo determinado como es el de las migrantes, viene a poner en el tapete una lesión grave y violenta a la institucionalidad democrática del Estado-nación argentino.

En el 2018 con la firma del pacto mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, se afianzó en Argentina esta premisa del control de las poblaciones migrantes en aras de la seguridad. A su vez, se implementó una directriz adicional con fundamentos económicos. Se trató de la necesidad del gobierno argentino de direccionar a las poblaciones inmigrantes hacia las provincias que demandaban fuerza de trabajo en diferentes sectores de producción y rubros económicos. En términos generales, estas transformaciones en la política migratoria evidencian la forma como los proyectos financieros globales tensionan y contradicen los proyectos locales- nacionales y humanistas- ecuménicos a nivel global. En consecuencia, tenemos tres mecanismos que materializan estos proyectos y pactos globales de corte financiero. Por un lado, están los dispositivos mediáticos que activan discursos y dichos que en el caso argentino criminalizan a las poblaciones inmigrantes. De otra parte, están los mecanismos basados en estados de excepción como son los decretos de necesidad de urgencia N° 68 y N° 70/2017, basados en el control y ordenamiento de la población en aras de la seguridad del Estado nación. Por último, el establecimiento de fundamentos económicos para aplicar medidas de reorientación de las poblaciones inmigrantes, hacia donde el Estado considere conveniente de acuerdos a intereses de producción y necesidad de crecimiento económico.  Todo ello, da cuenta de forma empírica, como sucede la tensa disputa entre estos proyectos financieros globales y los proyectos locales nacionales, que propenden hoy en día por una agenda más regional y donde la migración sea considerada como un derecho humano. La tensión sigue vigente.

 

 

 

Referencias

CEDAW. 2016. Situación de los Derechos Humanos de las travestis y trans en la Argentina. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_NGO_ARG_25486_S.pdf

 

Comisión episcopal de Migrantes y turismo en Argentina. 2017. Reflexión sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la ley de Migraciones. Buenos Aires. http://wordpress.migracionesfccam.org.ar/index.php/reflexion-sobre-la-emision-del-decreto-de-necesidad-y-urgencia-que-modifica-la-ley-de-migraciones/

 

Diario Clarín. 2014.  En medio de la polémica por extranjeros, Migraciones refuerza controles sobre falsos turistas. Clarín, 7 de noviembre, sección Política. https://www.clarin.com/politica/extranjeros-turistas_0_SyodSmdqwme.html

 

Disposición Nº4362. 2014. Argentina: Dirección Nacional de migraciones. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000239999/237942/norma.m

 

DNU N°68. 2017.  Argentina: Poder Ejecutivo Nacional. https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/158309/20170126

 

DNU N°70. 2017.  Argentina: Poder Ejecutivo Nacional. https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/158336/20170130

 

Ley N°25.871. 2004. Argentina. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm

 

Rosario Rojas, Elizabeth del y Giovanny Leal Roncancio. 2016.La construcción mediática del sujeto inmigrante: el caso del Clarín- la Nación”. En Jornadas: un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea: 1914-2014, compilado por Nadia de Cristóforis y Susana Novick, 756-73. Buenos Aires: Gino Germani.

 

Sassen, Saskia. 2015.  Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires: Katz.

 

Walter Formento y Win Dierckxsem.  2016.  Geopolítica de la crisis económica mundial. Globalismo vs. Universsalismo. Buenos Aires: Fabro.

 

 



[1] Crea una Comisión Nacional de Fronteras en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del cual surgen los llamados “Centros de Fronteras”. Forjándose de esta manera y a través de estos decretos una arquitectura armónica para la intervención de la migración en pos del lema “control, vigilancia y seguridad”.

[2] Se sigue aquí la tesis expuesta por Win Dierckxsens y Walter Formento (2016) en Geopolítica de la crisis económica mundial. “Hoy dos grandes campos de capital financiero se enfrentan en un conflicto de carácter estratégico para ambos, que conmociona y sacude al mundo. Este es el enfrentamiento entre el campo de capitales financieros multinacionales (que emergieron dominantes en el Bretton Woods de 1944, resultado de la guerra financiera de 1929 y de la guerra militar de 1939) y el campo de capitales financieros globales (que emergen entre 1990-1999 y lo observamos confrontando en la crisis financiera de 2008 y que hoy pretenden imponerse como dominantes a cualquier precio […] un gobierno global privado, con el dinero global y sin mediación alguna de los Estados-nación, sería la solución al caos financiero que ello provocará. Los medios masivos controlados por esa élite financiera nos comunican con cada vez más frecuencia que un colapso financiero está golpeando nuestras puertas. (2016, 80-90). ¿Amenaza de guerra mundial para crear un gobierno global?

[3] En este artículo se estipula que los extranjeros que ingresen al país como “residentes transitorios” podrán ser admitidos en algunas de las siguientes subcategorías: a) Turistas; b) Pasajeros en tránsito; c) Tránsito vecinal fronterizo; d) Tripulantes del transporte internacional; e) Trabajadores migrantes estacionales; f) Académicos; g) Tratamiento Médico; h) Especiales: Extranjeros que invoquen razones que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial.

[4] Con respecto a lo tecnológico nos referimos a la incorporación de tecnología para facilitar los procedimientos de control, seguridad y permanencia. En el caso particular de las políticas migratorias se encuentra, por ejemplo, para el control de ingreso de las personas el Sistema Mundial de Comunicación Policial I-24/7, que es la base de datos de Interpol Internacional, con la cual, se controla quien posee o no antecedentes judiciales a través de estas bases de datos que disparan alarmas. Para el caso del trámite administrativo para la regularidad migratoria a finales de 2018, se implementó el Módulo de Radicación a Distancia Para Extranjeros (RADEX). El cual consiste en un sistema de radicación que la misma persona realiza a través de esta plataforma virtual y el uso de un correo electrónico vigente. Este sistema se utiliza para obtener una radicación transitoria, temporaria o permanente en país. El RADEX, según observaciones de campo realizadas durante el 2019 y que no se consignan en detalle en este trabajo por razones de extensión, excluye a dos grupos poblaciones de inmigrantes. Por un lado, a aquellos que no tienen el dinero para pagar las tasas de radicación, porque el acceso al sistema está condicionado por el pago previo de las tasas de residencia. Por otra parte, a todas aquellas personas que no poseen los conocimientos informáticos suficientes para utilizar esta plataforma y hacer su radicación. Sumado a lo anterior, se contempla el problema de la falta de conectividad que existen en algunas provincias del país, en especial, aquellas que cuentan con población campesina. En este sentido, según los mismos usuarios entrevistados durante el 2019, este sistema obstaculiza sus trámites y dejan en forma irregular a cientos de personas que desean establecerse en Argentina.             

[5] Aquí seguimos la línea de análisis que se desarrolla en el trabajo titulado La construcción mediática del sujeto inmigrante: el caso del Clarín y la Nación (Leal y Rojas 2016), donde se identifica qué información circula en relación con poblaciones inmigrantes de la región y con qué temas o situaciones son relacionados en la presentación y desarrollo de los contenidos noticiosos que se difunden en los portales virtuales de los diarios Clarín y La Nación durante el año 2015. En dicho trabajo se logra identificar que la imagen del sujeto inmigrante que proyectan dichos medios es hostil e infunde miedo, en definitiva, sataniza a la población inmigrante, creando sistemáticamente la dicotomía amigo/enemigo, una forma directa de enfrentamiento con un enemigo y/o adversario, en este caso interno.

[6]En este trabajo se utilizó para el análisis del contenido noticioso, una matriz de observación con tres variables a saber: el nombre del medio digital que produce la información, el título y la bajante de la noticia con una descripción general del contenido y las nacionalidades que se mencionan dentro del cuerpo de la noticia.  Esta matriz se aplicó a veinte (20) noticias que se publicaron en distintas fechas desde febrero hasta octubre de 2015 con intervalos, es decir, que no se recopiló información de manera constante o lineal, sino eligiendo día y hora de forma aleatoria. La búsqueda de las noticias se realizó en cada una de las páginas web de los diarios objeto de estudio y se efectuó a través del buscador de noticias del día usando como palabras claves: ―noticias sobre migrantes en Argentina, indicador que llevó hacia otras noticias de interés relacionadas con la temática de búsqueda. Para mayor detalle consultar: Leal, G y Rojas, E (2016). la construcción mediática del sujeto inmigrante: el caso del Clarín y la Nación. Jornadas: un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea: 1914-2014. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Buenos Aires. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20170530080906/LibroMigraciones_compr.pdf

[7] Puede visibilizarse el paradigma de las políticas de control basadas en la doctrina de seguridad nacional ha llevado a que colectivos de diversidad de género hagan la denuncia de la persecución por la que atraviesan desde el año 2016, incrementándose la encarcelación injustificada en especial de mujeres trans que transitan en la vía pública, las cuales muchas veces se encuentran en falta de alguna contravención de orden municipal. Esta afecta en especial a migrantes trans, travestis y mujeres migrantes. Por ello, se realiza un informe en octubre de 2016 denunciando la situación de los derechos humanos de las personas travestis y trans en Argentina, ante la CEDAW, específicamente por detención arbitraria y maltrato policial. La Organización OTRANS ha realizado el seguimiento de dos causas elevadas a juicio en las que se imputó a mujeres trans y travestis migrantes afrodescendientes e indígenas. Las dos causas se iniciaron con requisas policiales vejatorias en la vía pública, con revisaciones anales bajo la afirmación de que las travestis introducen la droga en sus años para luego ser comercializada. Ahora dichas prácticas de control están avaladas por el art. 4 del DNU N.º 70/2017, que sustituye íntegramente el art. 29 de la Ley Nº 25871.

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