Participación comunitaria, confianza y percepción de derechos en Latinoamérica y el Caribe: evidencia de 18 países

Alexis Sossa; Francisco Olivos; Andrés Brange

Estudiante de doctorado en Ciencias Sociales Cedla/Universidad de Ámsterdam, Holanda, Universidad de Ámsterdam, Holanda , Estudiante de doctorado en Sociología Chinese University of Hong Kong, University of Hong Kong, China , Magíster en Sociología Académico de la Universidad de los Lagos, Universidad de los Lagos, Chile



Resumen

En este trabajo nos proponemos comprender la asociación entre participación comunitaria, confianza en la comunidad y percepción de protección de derechos ciudadanos en América Latina y el Caribe. Para esto utilizamos datos de AmericanBarometer 2012 de LAPOP para 18 países de la región. Nuestro estudio diferencia entre dos tipos fundamentales de participación comunitaria: institucionalizada (asociatividad) y acción comunitaria. Los resultados indican que ambos tipos de participación se relacionan positiva y significativamente con la confianza comunitaria. Sin embargo, la percepción de protección de derechos solo se asocia a la participación comunitaria institucional. En conclusión, esto da evidencias de que la confianza en la comunidad es un pilar transversal de la participación comunitaria. Sin embargo, existen también oportunidades de participación y movilización, no institucionalizadas, independientes de garantías de derechos no aseguradas por el sistema político.

Received: 2019 January 30; Accepted: 2019 April 23

5519. 2019 ; 7(14)

Keywords: Palabras clave participación, comunitaria, confianza, derechos.
Keywords: Palavras-chave participação, comunidade, confiança, direitos.
Keywords: Keywords participation, community, trust, rights.

Introducción

Actualmente la idea de participación se encuentra en auge en América Latina, pues se entiende que profundiza los valores democráticos. Si le adjuntamos la calificación de “comunitaria”, “se convierte en un importante instrumento organizacional, incluyente y dinamizador, por medio del cual las comunidades se articulan y formalizan la democracia, de tal suerte que sus prácticas e instituciones las beneficien en los procesos y luchas contra la pobreza, exclusión, ingobernabilidad y todos los flagelos que las agobian” (Ibarra 2010, 1). Es tal el valor de la participación comunitaria, que no en vano forma parte de la constitución política colombiana (Muñoz 2010) y venezolana (Berenice 2013). No obstante, su significación puede tornarse vaga. La participación es una idea polisémica, se habla de participación política, económica, empresarial, gremial, entre muchas otras y, además, la sola idea de participación ha cambiado con el paso de los años (Briceño-León 1998). Este artículo tiene por objetivo comprender la asociación entre participación comunitaria, confianza en la comunidad y percepción de respeto a derechos ciudadanos.

Este estudio es una contribución al estado actual de la literatura y a la acción en múltiples formas. A nuestro conocimiento, este es el primer estudio que busca entender los predictores de participación comunitaria con una perspectiva comparada en Latinoamérica y el Caribe. Para esto utilizaremos datos de American Barometer 2012 de LAPOP para 18 países de la región. Como se expondrá en la revisión de la literatura, existen importantes trabajos que buscan comprender la participación ciudadana considerando un país en particular, ya sea con metodologías cuantitativas o cualitativas. Sin embargo, en este artículo buscamos generalizar estos resultados para una muestra más amplia de países de Latinoamérica y el Caribe. En segundo lugar, contribuimos con una operacionalización más detallada de participación comunitaria distinguiendo entre participación comunitaria institucionalizada y acción colectiva destinada a la solución de problemas específicos. Finalmente, este artículo aporta información relevante para comprender la participación cívica en las bases. Esto es significativo para cualquier acción ciudadana o desde el Estado que busque incentivar la participación a este nivel o promover el rol pedagógico de estas organizaciones. Para generar cambios a través de las organizaciones es fundamental entender qué lleva a las personas a involucrarse[1].

El artículo se estructura de la siguiente forma. Primero, definiremos lo que entendemos por participación comunitaria y cómo se inserta en una discusión más amplia de participación política. En segundo lugar, se discute de qué forma la participación comunitaria se relaciona con el capital social y la confianza comunitaria como uno de sus elementos constitutivos. Tercero, se presenta la literatura que sustenta el efecto de la percepción de derechos en la participación. Cuarto, se describen los datos y el método utilizados para testear nuestras hipótesis. Quinto, se reportan los resultados de los análisis. Finalmente, discutimos los hallazgos en función del marco teórico desarrollado.

¿Qué entendemos por participación comunitaria?

Formas tradicionales de participación social y política incluyen instancias formales tales como la votación o la participación en partidos políticos, e informales como la protesta o la manifestación de opiniones políticas en la esfera pública. La tendencia actual es un creciente nivel de participación a través de canales menos institucionalizados (Neilson y Paxton 2010; Baumgartner y Morris 2010). A pesar de que América Latina muestra un modesto crecimiento de la confianza política a partir de 2003-2004 (Bargsted et al. 2017), los niveles de confianza en las instituciones están bajo los niveles de otras regiones del mundo (Segovia 2008). En este escenario general de desconfianza política, la comprensión de la participación en instituciones a nivel comunitario adquiere relevancia. Sin embargo, antes de discutir sobre los predictores y diferencias individuales en el nivel de participación, definiremos lo que entenderemos por participación comunitaria.

La participación social puede ser entendida como un proceso en el cuál los sujetos se involucran para la toma de decisiones en instituciones, programas, y ambientes que los afectan (Talò et al. 2014). Así, la confianza comunitaria puede ser entendida como un tipo de participación social, cívica o ciudadana. Asimismo, puede ser definida en diferencia a la participación política institucionalizada a mayor escala como partidos políticos o elecciones. Si bien la participación comunitaria puede estar institucionalizada, esta toma lugar en la comunidad de los sujetos, en su entorno inmediato fuera del hogar y con un carácter local. La participación en juntas de vecinos es un ejemplo de participación comunitaria. Pero también sistemas de ahorro colectivo o clubes de fútbol barriales.

La participación de la comunidad y el sentido de comunidad están relacionados con la participación activa de los miembros de la comunidad en temas que afectan la vida de esas personas y que afectan a la comunidad en general (Briceño-León 1998; Muñoz 2010). El papel de la participación comunitaria en el fomento del desarrollo local, la justicia social y la salud de la población ha sido reconocida en múltiples áreas de investigación, como el desarrollo comunitario y el análisis de políticas de psicología comunitaria (Briceño-León 1998).

La participación comunitaria aumenta la calidad de vida, mejora el bienestar social, fomenta el empoderamiento social y refuerza el capital social (Talò et al. 2014). Ahora bien, una distinción que creemos importante es la que señalan Walgrave y Klandermans (en Talò et al. 2014), pues se debe distinguir entre comportamientos participativos estables y transitorios. Esta distinción establece un límite crucial entre "participación", un conjunto de patrones de comportamientos casi estables y repetidos en contextos y tiempo, y "movilización", un conjunto transitorio de comportamientos ligados a una situación específica (por ejemplo, elecciones, huelgas o movimientos de protesta). Participar en una junta de vecinos sería un tipo de participación estable, institucionalizada y que se asocia a la membresía de una organización barrial. Por otro lado, los vecinos también pueden participar de forma esporádica u organizarse para resolver un problema específico de la comunidad. En este último caso nos referimos a acción colectiva no institucionalizada, orientada a un fin en específico y más esporádica.

Cuando estas acciones buscan cambio social o político, la participación comunitaria es una acción política (Rothmund, Baumert y Zinkernagel 2014). En este sentido, la literatura ha presentado amplia evidencia sobre distintos factores que explican la participación política. Como sugieren Schussman y Soule (2005), uno de los predictores más importantes son las oportunidades estructurales de participación. En la evidencia presentada por los autores, haber sido invitado a participar en una protesta es el principal predictor de involucramiento, seguido por el interés en política. Desde la psicología social, aspectos de la personalidad explican distintos niveles de participación política. Al respecto Curtin et al. (2010) muestran que la apertura a la experiencia de los individuos predice el nivel de activismo en distintas esferas y a lo largo del tiempo. Sujetos que están más dispuestos a experimentar lo diferente y desconocido son más propensos a participar políticamente y, a su vez, esta participación tiene un mayor significado personal. Si bien esta literatura es extensa y no puede ser resumida en este artículo, los estudios enfocados particularmente en la participación comunitaria son escasos.

Considerando este vacío en la literatura, en las siguientes secciones discutimos cómo la participación comunitaria puede estar asociada con el nivel de confianza comunitaria y con la percepción de protección de derechos ciudadanos.

La participación, la política comunitaria o incluso las movilizaciones y las protestas, ha sido un tema de interés que ha cruzado la teoría política desde hace casi dos siglos, porque se ha sostenido que es un elemento que fortalece las democracias (Tocqueville 1835; Olson 1965; Putnam 1993; Li y Zhang 2017). Aquí se han planteado diversas teorías que buscan explicar la participación. La primera de ellas fue elaborada por Olson (1965), quien sostenía que el individuo racional no tendría motivos para invertir sus recursos personales en bienes públicos, como su tiempo o esfuerzo, si no existe un incentivo adicional que lo mueva a eso (Olson 1965).

Estudios posteriores (Verba et al. 1993; Verba et al. 1995) buscaron testear empíricamente esta teoría y evaluar así los determinantes de la participación. En esta tradición se señaló que serían los individuos con más estatus los que participan y se involucran, lo que harían porque disponen de recursos valiosos como el tiempo y el dinero.

La segunda corriente relevante dentro de los estudios sobre la participación, es la que podríamos denominar como le teoría de las asociaciones, que señala que los individuos aprenden las virtudes cívicas en las asociaciones cívicas (Tocqueville 1835; Putnam 1993, 1995). Esta perspectiva la expondremos en el siguiente apartado, ya que se vincula al tema conceptual del capital social. Sin embargo, hay académicos que han evaluado el compromiso de los individuos en las asociaciones, que se podría medir a través del tiempo que ellos dedican a participar o a través de las actividades que realizan en ellas. Así un grado de participación activa, sería relevante a la hora de la acción política o de la movilización política (Li y Zhang 2017). Somma (2010), señala que una participación activa en las protestas, lo que se podría llamar como un tipo acción cívica, estaría asociada a un mayor grado de compromiso en organizaciones cívicas, medido en dinero y tiempo invertido en ellas.

Capital social y participación comunitaria

Las asociaciones comunitarias se pueden englobar dentro del marco conceptual del capital social. Particularmente, la pertenencia a asociaciones permite a los individuos percibir a los demás miembros de la comunidad como conciudadanos y no como extraños, enemigos o extranjeros (Misztal 1996; Uslaner 2002). Asimismo, la participación en comunidades permite que las personas puedan acceder a recursos que van más allá de las familias y, generalmente, asociados a entornos inmediatos fuera del hogar, tales como el barrio.

Además de la participación y asociatividad, otro elemento central del capital social es la confianza social. Existen diferentes maneras de concebir la confianza y la confianza comunitaria. Podemos entenderla en un sentido relacional (Sztompka 1999), que es el tipo de confianza predominante en nuestra región, como muestran encuestas como Latinobarómetro. Este tipo de confianza se reduce a las interacciones cara a cara entre los individuos, es decir se presenta en la familia y entre los amigos y los vecinos, como es el caso de nuestro estudio. Sería un tipo de confianza densa (Putnam 2002) o particularista (Uslaner 2002; Traunmüller et al. 2009) y se referiría a relaciones entre personas conocidas, con las que mantenemos vínculos fuertes (Granovetter 1973), donde el cálculo racional que hemos expuesto anteriormente estaría basado en una relación previa y personal del truster con el fiduciario. Es decir, el tipo de confianza comunitaria descansaría en los vínculos previos de reciprocidad de los individuos y sería parte del capital social (Torche y Valenzuela 2011).

La confianza que se presenta sólo en la familiaridad, donde existe un conocimiento previo del fiduciario, implica un radio de confianza, en general, más estrecho y se otorgaría a las personas conocidas. De esta manera, habría un número reducido de potenciales relaciones de confianza, sobre todo teniendo en consideración la magnitud de las sociedades modernas. Bajo este presupuesto no existiría la confianza en extraños, o sólo sería posible, a lo sumo, en la medida que éstos cumplan los criterios predeterminados de pertenencia a tales grupos como la edad, el género, el origen étnico o la confesión religiosa (Uslaner 2002; Torche y Valenzuela 2011).

Se ha argumentado que la membresía en asociaciones voluntarias es un activo o un bien social, propio de las sociedades modernas (Putnam 1993), que es importante favorecerlo y promoverlo, sobre todo cuando hay evidencia de que puede decaer, como sucede en Estados Unidos desde la década de 1960 en adelante (Putnam 2002). El capital social, entendido como “las conexiones sociales y normas que las conllevan, además de la confianza”, serían características de la vida social que “habilitan a los participantes para actuar juntos con más eficacia para perseguir objetivos compartidos” (Putnam 1995, 665-6).

Siguiendo a autores como Putnam (1995), Brehm y Rahn (1997), se define el capital social, como “la red de relaciones de cooperación entre los individuos que facilitan la solución de problemas de acción colectiva” (Brehm y Rahn 1997, 999). Por lo tanto, las asociaciones voluntarias, como parte del capital social, serían relevantes porque facilitarían la acción colectiva y la coordinación entre las personas.

El gráfico 1 muestra cómo el nivel de involucramiento en acciones comunitarias para la solución de problemas varía de forma importante en América Latina. Por ejemplo, 8 de cada diez personas en Costa Rica señala nunca haber contribuido en el último año, mientras que en Haití esa cifra es casi la mitad. Esto lleva a pensar que el involucramiento de los ciudadanos en acciones comunitarias tendría rasgos que varían entre los países de la región.

Pensando en la participación comunitaria, una persona desarrolla expectativas de reciprocidad en desconocidos, porque ha tenido buenas experiencias con sus compañeros de asociación y considera que esos otros miembros de la comunidad son una muestra representativa de la sociedad. Un segundo mecanismo que induce a los individuos a sostener expectativas de reciprocidad en las demás personas, y que opera tanto en las asociaciones voluntarias como en las redes más informales (como pueden ser las relaciones con amigos o vecinos) sostiene que las interacciones representan un mecanismo de socialización y una importante fuente de información para las personas (Huang 2011). De esta forma, establecer y mantener buenas relaciones sociales en la comunidad facilitaría el acceso a la información pertinente para la detección y evaluación de riesgos en un entorno cercano, pero incierto.

Ahora bien, muchos individuos al interactuar en sociedad, lo hacen con la expectativa de obtener retornos (Sztompka 1999; Hardin 2010). El capital social representa una serie de recursos a los que se accede a través de lazos sociales situados en lugares estratégicos y/o posiciones organizativas significativas. Estos recursos están arraigados en redes sociales a los que unos actores acceden y los usan para acciones determinadas, tales como la solución a problemas cotidianos en el barrio (p.e. pavimentación de una calle) o la organización de actividades barriales (p.e. loterías comunitarias, actividades de fin de año). Estos lazos sociales facilitan el flujo de información y pueden ubicar a una persona en posiciones valoradas con relación a los agentes que desempeñan un rol importante en la toma de decisiones. En distintos ámbitos de organización, los lazos sociales de un individuo pueden ser concebidos por la organización en la que se dan esos lazos o por sus agentes como credenciales, y por último, las relaciones sociales refuerzan la identidad y el reconocimiento (Lin 2001). En el caso de la comunidad, el capital social aporta un sentido de pertenencia a tal grupo. Tener lazos con otros en la comunidad, permite transformar a los vecinos desde extraños a conocidos.

El acceso a información, la pertenencia a un grupo y la reciprocidad llevan a que las personas adquieran virtudes cívicas, de lo que se podría inferir un rol pedagógico de la participación. Esta idea la ha popularizado Putnam (1993) donde sostiene que, dentro del marco de la comunicación y la cooperación con otros miembros de las asociaciones cívicas, los individuos adquieren ciertas habilidades o talentos que después se podrían emplear en otros contextos (Hardin 2010, 217). Esta teoría sugiere que las personas pueden extrapolar las experiencias localizadas y concretas en expectativas generalizadas. Es decir, las experiencias individuales en asociaciones voluntarias desarrolladas con grupos específicos de personas, como la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo o con los demás miembros voluntarios de una asociación producen expectativas que los individuos extrapolan a otros grupos (Offe 1999; Putnam 2002; Herreros 2002, 2003 y 2004; Hardin 2010).

Como consecuencia de este presupuesto, Putnam (2002) sostiene que no todas las sociedades disponen de capital social. Éste es el supuesto básico que mueve su trabajo comparativo en Italia. Es decir, una “comunidad cívica” y el civismo al que refiere (o sea, la identidad de pertenencia que generan relaciones de cooperación y confianza recíproca), concepto básico de cómo entiende el capital social comunitario, lo podemos entender como un “stock” de capital social, que existe históricamente dentro de un contexto cultural determinado. Así podemos entender que la confianza y las asociaciones voluntarias florezcan más en unos contextos culturales que en otros. De esta manera, bajo esta perspectiva, el capital social comunitario tiene raíces históricas y cualquier análisis que involucre el capital social debe considerar el elemento histórico, es decir, debe ser circunscrito a realidades geográficas concretas y a momentos específicos.

Ahora bien, situando el foco específicamente a nuestra región, podemos señalar, siguiendo a John Durston (2000 y 2002), que el capital social refiere a relaciones sociales que implican actitudes de confianza presentes en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación. Estos elementos son fundamentales a considerar en nuestro estudio, pues la reciprocidad interpersonal y la cooperación comunitaria son dos recursos inherentes a sociedades tradicionales como la nuestra (Inglehart y Baker 2000). O sea, estos dos elementos básicos del capital social son elementos que caracterizan y definen nuestra región.

De esta manera, tanto la participación como la confianza social son componentes del capital social y se encuentran estrechamente vinculados. Específicamente, la literatura en participación política ha considerado que el capital social e involucramiento cívico formarían un “círculo virtuoso” (Brehm y Rahn 1997; Shah 1998; Putnam 2002). Las teorías que sostienen una influencia de las asociaciones voluntarias sobre el capital social han sido testeadas empíricamente. Brehm y Rahn (1997) examinan la relación recíproca entre la confianza social, la confianza en el gobierno y la participación cívica en los Estados Unidos a nivel individual. Su modelo relativo al involucramiento cívico tiene una relación recíproca con el capital social, aunque la dirección desde el primero al segundo es más fuerte. Estos resultados son consistentes con los reportados por Shah (1998). Brown et al. (2014) evaluaron la relación entre participación entre clubes deportivos y confianza. Sus resultados sugieren que un mayor nivel de confianza afecta positivamente el nivel de participación en este tipo específico de organización comunitaria.

Sin embargo, Uslaner (2002) hace una crítica a este estudio por la omisión de variables explicativas alternativas, pues considera que, al incorporar indicadores de optimismo en el modelo, esta estrecha relación se desvanece. Además, el principal nexo de causalidad iría desde la confianza generalizada a la participación cívica y no al revés como sostiene Putnam o Brehm y Rahn (Uslaner 2002). El mismo efecto de la confianza sobre participación es sostenido por Klesner (2007) para una muestra de países de Sudamérica. Como muestra el autor, la creencia en que las personas pueden ser confiables aumenta el nivel de activismo político en Argentina y Chile. Por lo tanto, esta literatura nos lleva a hipotetizar que un mayor nivel de confianza comunitaria se asocia a un mayor nivel de participación. Dado que buscamos distinguir entre tipos de participación, esto se hipotetiza tanto para la acción comunitaria específica como la participación institucionalizada. Por otro lado, el foco del estudio es la participación comunitaria, y como la literatura no es conclusiva en cuanto a la dirección, asumiremos que la participación comunitaria es predicha por la confianza comunitaria y no en la dirección opuesta.

Percepción de derechos

La confianza comunitaria pone el énfasis en características internas de las comunidades en las cuales la participación tiene lugar. No obstante, una larga tradición en el estudio de participación ciudadana ha considerado las condiciones estructurales que la posibilitan. Las acciones de los ciudadanos dependen de la existencia o ausencia de particulares oportunidades políticas como la conciencia insurgente, fortaleza organizacional y la existencia de vulnerabilidades del sistema susceptibles a cambio (Tarrow 2011). Adicionalmente, Hilson (2002) introduce el concepto de oportunidades legales en la teoría de movimientos sociales. En su entendimiento, la teoría de oportunidades políticas subsume las leyes a la política y no es considerada como un aspecto independiente y separado. La participación ciudadana no necesariamente implica la exista de condiciones legales que la posibiliten. Las oportunidades legales están compuestas tanto de características estructurales y contingentes que deben ser entendidas en independencia a las oportunidades políticas. Los aspectos estructurales incluyen el acceso a la justicia en sí mismo, un cuerpo de leyes establecido y la garantía de esos derechos. Por otro lado, los aspectos contingentes corresponden a la receptividad del sistema judicial a los argumentos políticos.

Como un ejemplo de la relevancia de las oportunidades legales para la acción colectiva, Wilson y Rodríguez (2006) discuten cómo los cambios institucionales en Costa Rica a comienzos de los años noventa tuvieron impacto en la distribución del poder político en el país. Sus resultados indican que grupos marginalizados como homosexuales, enfermos de SIDA y sindicatos se vieron positivamente afectados por el establecimiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 1989. Sin embargo, no es la creación de esta instancia la que benefició los derechos políticos de estos grupos, sino que las reglas específicas que regularon el acceso y el costo de las acciones judiciales. Desde ese momento, se entregaron oportunidades legales a estos grupos que les permitió movilizarse en la defensa de sus derechos y efectivamente ejercer una mayor influencia en el proceso de toma de decisiones.

Por otro lado, la relevancia de las oportunidades legales radica en que la conciencia sobre conflictos económicos y sociales no se transforma necesariamente en acción colectiva (Klandermans 2002). Así, no es posible asumir que las personas estén dispuestas a involucrarse en organizaciones comunitarias o en la solución colectiva a sus problemas por el solo hecho de percibir que la comunidad está bajo algún tipo de amenaza. En este sentido, las oportunidades legales para la participación y la percepción de que existen garantías legales para la participación serían condiciones para la acción colectiva a nivel comunitario. Como ha sugerido la literatura de oportunidades legales, la garantía de acceso a la justicia y el respeto a los derechos incrementa la percepción de efectividad de la acción la acción colectiva (Ruzza 2014). Y esa percepción de efectividad es un antecedente de participación como ha sido sugerido por la evidencia empírica en estudios sobre movimientos sociales (Hornsey et al. 2006). Por lo tanto, la teoría de oportunidades legales nos permite hipotetizar que la percepción de respeto y/o protección de derechos ciudadanos tiene un efecto positivo sobre la participación comunitaria tanto institucional como específica.

En resumen, a un nivel interno de la organización comunitaria, la confianza entre los miembros de la comunidad conllevaría un aumento tanto del nivel de participación institucionalizada (asociatividad), como de la acción colectiva específica para la solución de problemas. Asimismo, las condiciones estructurales externas, a través de las oportunidades legales, también sería otro factor que se asocia a mayores niveles de participación comunitaria en sus dos formas.

Datos y metodología

Este estudio utiliza datos del AmericasBarometer 2012 del Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP). LAPOP es una de las encuestas más extensas y rigurosas de la región (Mishler y Bratton 2004). Desde 2004 ha buscado evaluar regularmente aspectos relacionados a valores y conductas democráticas en países de Latino América y el Caribe. Se utiliza la quinta ola del estudio, del año 2012, aplicada cara a cara en 26 países a 41.632 habitantes en edad de votar. Las muestras para cada país son representativas de la población en edad de votar, y en base a un diseño muestral probabilístico multietápico: cada país se estratifica por el tamaño de los municipios, área rural/urbana, y región de acuerdo con el censo más actual disponible (LAPOP 2012). A nivel de hogares se utilizaron cuotas por sexo y edad para evitar la sobrerrepresentación de hombres y adultos. Del total de países, 18 incluyeron la totalidad de las variables de este estudio y son considerados en el análisis. Luego de considerar las respuestas incompletas para cada una de las variables, la muestra analítica final es de 24.062 casos. En la Tabla 1 se pueden observar los estadísticos descriptivos de cada una de las variables. Adicionalmente, en el anexo 1 se pueden encontrar los estadísticos descriptivos antes de considerar las respuestas incompletas. No se observan importantes cambios en los estadísticos. Las muestras y errores por país se reportan en el mismo apartado.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos

Variable

Promedio

D. estándar

N

Min

Max

Participación comunitaria

1,4

0,8

24062

1

4

Acción comunitaria

1,6

0,9

24062

1

4

Percepción de derechos básicos

3,8

1,7

24062

1

7

Confianza Comunitaria

2,8

0,9

24062

1

4

Urbano

0,6

0,5

24062

0

1

Hombre

0,5

0,5

24062

0

1

Edad

39,5

15,7

24062

16

99

Años de escolaridad

9,1

4,3

24062

0

18

Católicos

0,6

0,5

24062

0

1

Protestantes

0,1

0,3

24062

0

1

Empleados

0,5

0,5

24062

0

1

Auto identificación indígena

0,1

0,2

24062

0

1

Satisfacción con la vida

3,3

0,8

24062

1

4

Izquierda

0,3

0,4

24062

0

1

Centro

0,2

0,4

24062

0

1

Derecha

0,4

0,5

24062

0

1

Sin identificación Política

0,2

0,4

24062

0

1

Importar tabla

Nota: Las muestras por países han sido ponderadas a un tamaño estandarizado de 1500 casos.

Variables dependientes

Dos variables dependientes son consideradas en el estudio. Primero, la participación comunitaria es medida a través de la asistencia declarada a reuniones de un comité o junta de mejoras para la comunidad. Segunda, para medir la acción comunitaria los encuestados respondieron a la pregunta de “¿en los últimos doce meses usted ha contribuido para ayudar a solucionar algún problema de su comunidad o de los vecinos de su barrio o colonia?”. Ambas variables tienen cuatro categorías posibles de frecuencia de asistencia: una vez a la semana, una a dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca. El análisis se realiza invirtiendo estas categorías para una lectura lógica de los resultados, siendo 1 el menor nivel de frecuencia (nunca) y 4 el máximo (1 vez a la semana). La correlación entre ambas es del 0,38 (p>0.001), lo que sugiere que, si bien existe una asociación, no estarían midiendo lo mismo. En particular, la participación en la solución de problemas no es excluyente de la participación institucionalizada, pero tiene posibilidad de realizar de forma independiente. Estas variables han sido previamente utilizadas por otros estudios pero indistintamente como medidas de participación comunitaria (Moseley, 2015; Pecha y Ruprah, 2015). Como se sugirió en el marco preliminar, este estudio busca distinguir ambos tipos de participación como sugiere la literatura en movimientos sociales.

Variables independientes

Dos variables son consideradas como predictores y foco analítico del estudio. Primero, para medir la percepción de protección de derechos ciudadanos básicos se les pregunta a los encuestados “¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político (país)?”. Los encuestados responden en una escala de 1 “Nunca” a 7 “Mucho”. Diversos autores han utilizado esta variable como una dimensión de un índice más amplio de apoyo al sistema político (e.g. Altman y Luna 2007; Corral 2008; Gômez-Campos y Villareal 2013).

Segundo, la confianza comunitaria se mide mediante la pregunta “Ahora, hablando de la gente de por aquí ¿Diría que la gente de su comunidad es:” Con cuatro alternativas de respuesta desde 1 “Muy confiable” a 4 “Nada confiable”. Los valores han sido invertidos para una lectura más simple de los resultados.

Variables de control

Dos conjuntos de variables de control a nivel de los encuestados fueron incorporados. Un primer grupo corresponde a variables sociodemográficas que de acuerdo a la literatura son predictores relevantes de participación comunitaria (Talò, Mannarini y Rochira 2014), y podrían implicar una relación espuria entre las variables dependientes e independientes. Estas variables corresponden a indicadores dicotómicos (1 = Sí, 0 = No) sobre si la persona vive en una zona urbana, es hombre, católico/a, protestante, empleado y se auto identifica como indígena. Asimismo, la edad y los años de escolaridad son incluidas como variables continuas.

El segundo grupo de variables busca capturar el sesgo que podrían tener el bienestar subjetivo y la posición política. Para el primero, la satisfacción con la vida se mide con la pregunta de cuatro categorías “En general, ¿qué tan satisfecho está con su vida?” (1 “muy satisfecho/a a 4 “muy insatisfecho/a), la cual ha sido invertida para facilitar la interpretación de los resultados. La literatura en investigación sobre felicidad ha mostrado que la satisfacción con la vida es un predictor de participación política (Flavin y Keane 2012). Por lo tanto, es una variable de control relevante que entrega robustez a la estimación. Por otro lado, la segunda variable mide la posición política declarada por los encuestados. Los sujetos se ubicaron en un rango de valores entre 1 a 10, siendo 1 de izquierda y 10 de derecha. Estos valores se han recodificado en 4 categorías. Aquellos que se ubican entre 1 y 4 se han categorizado como “Izquierda”, los ubicados en 5 corresponden al “centro”, entre 6 y 10 a “derecha”. Mientras que quienes no se clasifican en el eje o no responden a la pregunta son agrupados en “sin identificación política”.

Estrategia analítica

El análisis se realiza en dos etapas para cada una de las variables dependientes. Primero, se estiman una serie de regresiones logísticas ordinales para medir el efecto de las variables independientes en la participación y acción comunitaria. Específicamente, se estimó una secuencia de modelos en donde el modelo 1 incluye la percepción de derechos como único predictor, un modelo 2 incorpora la confianza comunitaria para evaluar la variación del efecto de la percepción de derechos al tomar en consideración la confianza. En el modelo 3 se incluyen los factores sociodemográficos y un modelo 4 incorpora la satisfacción con la vida y la posición política. Todos estos modelos consideran efectos fijos a nivel de país. En otras palabras, los modelos son insesgados por factores observados y no observados a nivel de país tales como PBI, GINI o características del sistema político, entre otros. Los modelos 5 a 8 reportan el mismo análisis, pero para la variable dependiente de acción comunitaria.

En la segunda parte del análisis, se estiman los modelos de regresión logística ordinal para cada uno de los países de la muestra con el objetivo de evaluar la heterogeneidad de los efectos.

Resultados

La Tabla 3 reporta los análisis para la variable dependiente de participación comunitaria. Los coeficientes se reportan en términos de odds ratio. Esto significa que los coeficientes sobre 1 indican una asociación positiva, mientras que valores entre 0 y 1 indican una asociación negativa. Los modelos indican consistentemente un efecto positivo de la percepción de protección de derechos básicos de los ciudadanos (OR= 1,043, p<0,01). Es decir, que un aumento en una unidad en la percepción de derechos ciudadanos implica un aumento de la participación comunitaria en un 5,5%. Este efecto se reduce al incluir el resto de las variables, pero la variación no es estadísticamente significativa. En cuando la confianza comunitaria, un incremento en una unidad en el nivel de confianza se asocia a un aumento del 20,8% en el nivel de participación comunitaria.

Los efectos de la percepción de respeto de derechos y la confianza comunitaria son representados en el gráfico 2. Ambos paneles representan la probabilidad de “nunca” participar para los distintos valores posibles de las variables en cuestión para poder visualizar de forma simple los resultados. Esto considera todo el resto de las variables del modelo en su valor medio. El panel A indica que a medida que las personas perciben que los derechos son respetados, la probabilidad de nunca haber participado va a disminuir. De la misma forma, el panel B sugiere que a medida que las personas confían más en la comunidad, la probabilidad de nunca haber participado va a disminuir de la misma forma que la percepción de derechos.

Si bien las variables de control no son parte del análisis central de este estudio, también entregan información relevante para entender la participación comunitaria de los ciudadanos en Latino América. Vivir en un área urbana reduce las chances de participar en una organización de mejora comunitaria, mientras que ser hombre, de mayor edad, mayor escolaridad, empleado y autoidentificarse con un pueblo indígena aumenta las chances. Por otro lado, ser católico o protestante no tiene una asociación estadísticamente significativa con la variable dependiente, al igual que la satisfacción con la vida. En cuanto a la posición política, no tener identificación reduce las chances de participación comunitaria.

Tabla 2. Modelos de regresión logística ordenada para participación comunitaria

(1)

(2)

(3)

(4)

Variables

OR

OR

OR

OR

Percepción de derechos básicos

1,055***

1,046**

1,044**

1,043**

(0,016)

(0,016)

(0,016)

(0,016)

Confianza comunitaria

1,208***

1,147***

1,148***

(0,042)

(0,036)

(0,034)

Urbano

0,637***

0,636***

(0,072)

(0,073)

Hombre

1,207***

1,195***

(0,043)

(0,044)

Edad

1,015***

1,015***

(0,002)

(0,002)

Años de escolaridad

1,028***

1,027***

(0,008)

(0,008)

Católicos

1,001

0,997

(0,057)

(0,056)

Protestantes

0,956

0,957

(0,070)

(0,071)

Empleados

1,236***

1,233***

(0,067)

(0,067)

Autoidentificación indígena

1,559***

1,558***

(0,134)

(0,132)

Satisfacción con la vida

1,000

(0,037)

Izquierda

1,026

(0,125)

Derecha

0,988

(0,061)

Sin identificación Política

0,790*

(0,073)

Constante 1

4,659***

7,563***

13,979***

13,177***

(0,314)

(0,998)

(2,021)

(2,465)

Constante 2

9,743***

15,877***

29,832***

28,140***

(0,706)

(2,186)

(4,837)

(5,679)

Constante 3

49,023***

80,262***

153,116***

144,580***

(7,348)

(17,266)

(37,636)

(39,062)

N

24.062

24.062

24.062

24.062

Nota: Error estándar robustos clusterizados por país entre paréntesis. Los cuatro modelos violan el supuesto de proporcionalidad (p<0,05). Modelos logísticos ordinales generalizados han sido estimados sugiriendo similares resultados. Efectos fijos por país incluidos. *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05. Muestras por países han sido ponderadas a un tamaño estandarizado de 1500 casos.

Importar tabla

El análisis de la acción comunitaria presenta resultados distintos a los de la participación. Como se observa en la tabla 2, la percepción de derechos básicos no tiene un efecto significativo en ninguno de los modelos. Esto sugiere que, a diferencia de la participación institucionalizada, la percepción de protección de los derechos ciudadanos no incrementa la participación comunitaria instrumental y/o específica. Por otro lado, el mayor nivel de confianza en la comunidad sí tiene un efecto significativo y positivo sobre la acción comunitaria. Un incremento en una unidad de la confianza comunitaria implica un aumento del 15,9% en las chances de ayudar a resolver un problema de la comunidad. Este efecto es consistente a través de los modelos incluyendo las variables de control.

De la misma forma que para la participación, el gráfico 3 representa la probabilidad de nunca realizar acción comunitaria de acuerdo con los valores de percepción de derecho y confianza en la comunidad. El panel A ilustra como la probabilidad de “nunca” involucrarse en acción comunitaria disminuye cuando la percepción de respeto de derechos aumenta. De la misma forma, la probabilidad de nunca participar disminuye cuando el nivel de confianza comunitaria aumenta.

La diferencia en cuanto al efecto de la percepción de derechos tiene un contraste relevante con lo que ocurre con el resto de las variables. Si bien este es un predictor significativo en el caso de la participación y no en la acción comunitaria, el resto de las variables, incluyendo las variables de control, son predictores significativos. De esta forma, la protección de los derechos incentivaría la participación institucionalizada, no así una acción comunitaria aislada o transitoria.

Tabla 3. Modelos de regresión logística ordenada para acción comunitaria

(5)

(6)

(7)

(8)

Variables

OR

OR

OR

OR

Percepción de derechos básicos

1,033

1,026

1,032

1,030

(0,024)

(0,024)

(0,022)

(0,022)

Confianza comunitaria

1,159***

1,115**

1,113**

(0,045)

(0,045)

(0,044)

Urbano

0,776***

0,776***

(0,057)

(0,057)

Hombre

1,225***

1,214***

(0,046)

(0,047)

Edad

1,014***

1,014***

(0,002)

(0,002)

Años de escolaridad

1,050***

1,048***

(0,005)

(0,005)

Católicos

0,919

0,914

(0,048)

(0,047)

Protestantes

1,068

1,069

(0,070)

(0,071)

Empleados

1,317***

1,314***

(0,053)

(0,053)

Autoidentificación indígena

1,400***

1,399***

(0,124)

(0,122)

Satisfacción con la vida

1,027

(0,026)

Izquierda

1,029

(0,068)

Centro

0,982

(0,069)

Sin identificación Política

0,795***

(0,051)

Constante 1

2,920***

4,256***

10,809***

11,053***

(0,285)

(0,672)

(1,852)

(2,123)

Constante 2

7,801***

11,412***

29,584***

30,295***

(0,758)

(1,863)

(4,893)

(5,658)

Constante 3

35,759***

52,469***

137,663***

141,163***

(4,944)

(10,647)

(26,743)

(28,284)

N

24.062

24.062

24.062

24.062

Nota: Error estándar robustos clusterizados por país entre paréntesis. Los cuatro modelos violan el supuesto de proporcionalidad (p<0,05). Modelos logísticos ordinales generalizados han sido estimados sugiriendo similares resultados. Efectos fijos por país incluidos. *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05. Muestras por países han sido ponderadas a un tamaño estandarizado de 1500 casos.

Importar tabla

Finalmente, la Tabla 3 busca evaluar la heterogeneidad de los efectos a través de los países. Lo que se observa, es que tanto la participación y la acción comunitaria tendrían distintas relaciones con los predictores de interés de acuerdo con el país que se esté considerando. Destaca que, en el caso de Guatemala, una mayor percepción de protección de derechos ciudadanos aumenta tanto la participación como la acción comunitaria. Asimismo, la confianza comunitaria también lo hace y en la misma dirección. Otro país con un patrón particular es Panamá, en este caso solo la participación de derechos es un predictor de ambos tipos de involucramiento comunitario. Asimismo, destacan Haití y República Dominicana. Si bien ambos países tienen una gran cercanía geográfica y la confianza comunitaria aumenta la participación y acción, una mayor percepción de protección de derechos ciudadanos desalienta la acción comunitaria en el caso de República Dominicana y la aumenta en Haití. El mismo efecto negativo se aprecia para Perú.

En general, la confianza comunitaria tiene un efecto positivo sobre los niveles de involucramiento comunitario. Sin embargo, la percepción de protección de derechos ciudadanos tiene efectos heterogéneos si consideramos a los países en particular.

Tabla 4. Coeficientes de percepción de derechos básicos y confianza comunitaria según país

Participación

Acción

OR

OR

OR

OR

País

Derechos

Confianza

Derechos

Confianza

México

1,039

1,153

1,067

1,245**

Guatemala

1,116**

1,353***

1,140***

1,252***

El Salvador

1,030

1,086

0,960

1,149*

Honduras

1,040

1,064

1,087*

1,031

Nicaragua

1,093**

1,211**

1,060

1,123

Costa Rica

1,036

1,093

0,954

0,952

Panamá

1,167**

0,964

1,282***

0,947

Colombia

0,968

1,004

0,957

1,045

Ecuador

0,933

1,286**

1,052

1,312***

Perú

0,929

1,127

0,908*

1,135

Paraguay

1,018

1,042

1,082**

0,991

Uruguay

1,025

1,171

0,966

1,148

Brasil

1,117*

0,871

1,025

0,954

República Dominicana

1,031

1,274***

0,894**

1,179**

Haití

1,048

1,283***

1,181***

1,692***

Jamaica

1,100*

1,241*

1,005

1,000

Guyana

0,996

1,071

0,988

0,985

Belice

0,962

1,153

0,952

0,889

Nota: Los modelos por país se estiman de forma independiente. Todas las covariables han sido incluidas. *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05. Muestras por países han sido ponderadas a un tamaño estandarizado de 1500 casos.

Importar tabla

Conclusión

Este estudio tuvo por objetivo comprender la asociación que existe entre participación comunitaria, confianza comunitaria y percepción de protección de derechos ciudadanos para una muestra de países de América Latina y el Caribe. Además del enfoque comparado, este estudio buscó diferenciar entre dos tipos fundamentales de participación comunitaria: institucionalizada (asociatividad) y acción colectiva. Los resultados indican que ambos tipos de participación se relacionan positiva y significativamente con la confianza comunitaria. Es decir, un mayor nivel de confianza entre los miembros de la comunidad se traduce en mayores niveles de participación institucionalizada o en la solución colectiva a problemas específicos. Sin embargo, las oportunidades legales para la acción colectiva solo predicen el primer tipo de participación. En este sentido, la percepción de protección de derechos ciudadanos aumenta las probabilidades de participación institucional, pero no así la acción colectiva para la resolución de problemas comunitarios.

Una importante contribución de los resultados es lo que se puede desprender de las variables de control de los modelos. Si bien no son el foco central de la teoría que buscamos desarrollar, sí permiten entender la dinámica de participación comunitaria en América Latina y el Caribe. Esto es fundamental a la hora de poder comprender el rol pedagógico de las organizaciones comunitarias: ¿Quiénes son los que están participando? Hombres, personas de mayor edad, más educadas, con identificación indígena y de sectores rulares serían quienes tienden a participar más.

Esto habla de que la participación no es homogénea y no está involucrando a todos los grupos sociales. Las mujeres no están participando en las comunidades de la misma forma que los hombres; los jóvenes viven una situación de desafección política y las personas con menos años de escolaridad están siendo también marginalizadas. Por lo tanto, estos resultados aleccionan sobre la necesidad de extender e incentivar la acción comunitaria en estos grupos. La mayor participación de hombres en relación a las mujeres es consistente con otros estudios que buscan identificar los determinantes de participación social y política en la región (Desposato y Norrander 2009) y con estudios referidos a otros contextos culturales (Brehm y Rahn 1997; Inglehart y Baker 1998)[2]. Sin embargo, los resultados entregan información que contribuye a entender en mayor profundidad la participación de los grupos indígenas en América Latina. Como señala Madrid (2005), la población indígena ha tendido a tener una menor participación política mediante mecanismos formales como el voto. No obstante, nuestros resultados indican que las personas que se identifican con algún pueblo originario tienen mayor probabilidad de participar en la comunidad. Si identificamos teóricamente a los indígenas dentro de los grupos socioeconómicos más bajos de América Latina, podríamos entender y explicar su mayor participación, pues hay estudiosos que han observado que los grupos socioeconómicos más bajos de nuestra región poseen una alta capacidad de movilización y de recursos asociativos, que no están presentes de igual manera en capas sociales más elevadas (Atria 2003; Güemes 2011).

Como señalábamos en el marco teórico, la participación y la asociatividad, son dos de los elementos que, junto a la confianza, han sido relacionados con el capital social (Coleman 1990; Brehm y Rahn 1997). Nuestro estudio determinó que hay una fuerte y robusta asociación entre la confianza con la participación comunitaria. Sin embargo, lo novedoso y particular de nuestro estudio es que la confianza considerada es de tipo particularista, o sea, enfocada en vínculos fuertes o en conocidos, como es la confianza en los vecinos. El dato sorpresivo que arroja nuestro estudio radica en que este tipo de confianza particularista, sí está asociada a mayores niveles de capital social, a diferencia de lo que ocurre en contextos de países desarrollados (Traunmüller et al. 2009).

Este dato puede deberse a una condición histórica y cultural de nuestros países latinoamericanos, donde predominan los vínculos fuertes y la sociabilidad está basada en una relación previa y personal entre truster y fiduciario, es decir, en vínculos de reciprocidad, conforme hemos sido comunidades más tradicionales (Inglehart et al. 2000; Torche et al. 2011). Debemos estar conscientes de esta fortaleza cultural, para promoverla desde instancias más formales, como puede ser el estado. Asimismo, un estudio multivariado a nivel agregado por países podría darnos más luces sobre esta dirección.

Si bien la principal fortaleza de este estudio es la posibilidad de evaluar la relación de confianza, derechos y participación para una muestra importante de países, también existen ciertas limitaciones que futuros estudios deberían considerar. Por de pronto, la primera limitante es que nuestros datos provienen de una muestra del año 2012, por lo que no se consideran eventos posteriores importantes y que podrían ser de relevancia en nuestras conclusiones, como puede ser el movimiento “Ni una menos”, que ha movilizado a buena parte de nuestra región. Es posible que estos eventos hayan sido factores que puedan haber reforzado nuestras conclusiones. Aunque para hacer una afirmación más certera al respecto, es necesario analizar datos más actualizados y que estén disponibles.

Por otro lado, los datos utilizados no permiten identificar la posibilidad de establecer de forma cierta la dirección de los resultados. Para eso es necesario medir estos conceptos en distintos momentos del tiempo y sobre los mismos sujetos, o bien variables instrumentales no disponibles para esta base de datos. Por lo tanto, no podemos asegurar si la confianza causa la participación, o la participación causa la confianza. Sin embargo, si podemos observar claramente que existe una asociación entre ellas.

Otra dirección que podrían tomar futuros estudios es la inclusión de variables a nivel país que pudiesen explicar la heterogeneidad de resultados. La metodología utilizada es robusta a variaciones entre países y permite estimar los efectos condicionales a cualquier característica del país. No obstante, en el futuro se podría evaluar cómo el nivel de desarrollo del país interactúa con las variables en cuestión, o bien cómo el nivel de corrupción a nivel país potencia o ecualiza el efecto que las oportunidades legales tiene sobre la participación. Como se ha estudiado para países europeos, un mal gobierno y corrupción tienen efectos negativos en el involucramiento cívico (Hooghe y Quintelier 2014). Estas hipótesis permitirán una comprensión aún mayor de los determinantes de la participación comunitaria.

Apéndice

Tabla 6. Estadísticos descriptivos antes de eliminación de casos incompletos

Variable

Promedio

D. estándar

N

Min

Max

Participación comunitaria

1,4

0,8

27848

1

4

Acción comunitaria

1,6

0,9

27628

1

4

Percepción de derechos básicos

3,8

1,7

27018

1

7

Confianza Comunitaria

2,8

0,9

27429

1

4

Urbano

0,6

0,5

28020

0

1

Hombre

0,5

0,5

28019

0

1

Edad

39,8

15,9

27844

16

99

Años de escolaridad

9,0

4,4

27663

0

18

Católicos

0,6

0,5

27254

0

1

Protestantes

0,1

0,3

27254

0

1

Empleados

0,5

0,5

28020

0

1

Auto identificación indígena

0,1

0,2

27267

0

1

Satisfacción con la vida

3,3

0,8

27736

1

4

Izquierda

0,3

0,4

28020

0

1

Centro

0,2

0,4

28020

0

1

Derecha

0,4

0,5

28020

0

1

Sin identificación Política

0,2

0,4

24062

0

1

Importar tabla

Nota: Las muestras por países han sido ponderadas a un tamaño estandarizado de 1500 casos.

Tabla 7. Tamaños muestrales por país y errores muestrales

Tamaño muestral

Error muestral

México

1560

+2,5

Guatemala

1509

+2,5

El Salvador

1497

+2,5

Honduras

1728

+2,4

Nicaragua

1686

+2,4

Costa Rica

1498

+2,5

Panamá

1620

+2,4

Colombia

1512

+2,5

Ecuador

1500

+2,5

Perú

1500

+2,5

Paraguay

1510

+2,5

Uruguay

1512

+2,5

Brasil

1500

+2,5

República Dominicana

1512

+2,5

Haití

1836

+2,3

Jamaica

1500

+2,5

Guyana

1529

+2,5

Belice

1512

+2,5


Notas
[1].

fn1 En un contexto latinoamericano, Valenzuela y Cousiño (2000) sostienen que la sociabilidad (relaciones entre desconocidos) sería un atributo propio de la cultura de Estados Unidos, y estaría explicada por una particularidad social igualmente propia de ese país: la asociatividad. Es decir, la sociabilidad norteamericana descansaría en el tipo de vínculos “débiles” o “asociativos”, los cuales serían una propiedad cultural e histórica de EE.UU. De esta manera, la comparativamente baja sociabilidad de países latinoamericanos como Chile, respecto de EEUU, se explicaría por el predominio de otro tipo de vínculos, los llamados “vínculos fuertes” (Granovetter 1973), que son las relaciones con conocidos y familiares.

[2].

fn2 Distintas investigaciones (Delhey y Newton 2003 y 2005; Traunmüller 2009 y 2011) muestran que en general, la mayor participación de hombres y de personas con más años de escolaridad es un resultado consistente con las teorías del capital social en el mundo desarrollado (Europa Y EEUU).

Referencias
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